Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 14 de marzo 2019.- Vía el Poder Judicial se va a poder sacar adelante el programa de estancias infantiles declaró el senador Samuel García del Movimiento Ciudadano al sumar ya cinco las suspensiones colectivas que amparan a estancias infantiles ante las nuevas reglas de operación publicadas el pasado 28 de febrero.

Preciso que él promovió cuatro de esos amparos que son de Nuevo León y exhortó a las demás estancias a ampararse, porque se tienen 30 días a partir de la publicación de las nuevas reglas de operación, y las estancias amparadas que logren la suspensión serán cobijadas por el Poder Judicial.

Explicó que en tanto se resuelvan en definitiva los amparos se deberá seguir aplicando el apoyo y hacer retroactivos los pagos de enero, febrero y marzo de 2019. Por lo anterior el senador exhortó al Gobierno Federal a dar marcha atrás a las nuevas reglas o de lo contrario tendrá que acatar los amparos conforme a los recursos etiquetados en el Presupuesto.

Por otra parte, el legislador informó que ya están en proceso alrededor de mil 323 amparos, algunos ya presentados en 22 estados, por lo que la cifra ascendería a mil 700, luego de que el PAN diera a conocer un total de 500 casos en días anteriores.

Asimismo, el legislador Samuel García expresó que le dio gusto que el Presidente haya confirmado y corregido que se van a acatar las sentencias que han ido ganando.  

En cuanto al incidente de suspensión por desacato se notificó el lunes a la Secretaría y Subsecretaría de Bienestar y al Diario Oficial de la Federación. Las sanciones son destitución y cárcel a los responsables que afectaron a más de 300 mil familias y 9 mil estancias. 

La medida cautelar deberá ser acatada por las autoridades responsables, apercibidas que, en caso de desobediencia, se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 262 (delito de desacato).

Redacción

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Cd. de México, 13 marzo 2019.- Tanto Silvia Guadalupe Palazuelos y Gabriela Vargas Gómez, autoras del libro Violencia Política contra las Mujeres: el precio de la paridad en México, al igual que diputadas de Acción Nacional, se pronunciaron porque se tipifique ese tipo de violencia como delito.

Durante la presentación del libro, Palazuelos afirmó que se requiere tipificar el delito de violencia política hacia las mujeres de acuerdo con lo establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU), si bien no es la solución absoluta, ayuda porque inhibe o establece un marco de referencia institucional a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y a las procuradurías o fiscalías en los estados para evitar que se normalice.

Llamó a las diputadas “a hacer más ruido” para impulsar esa reforma jurídica y retomar las propuestas existentes, porque es lo que espera la sociedad civil.

Destacó el uso de la tecnología, como las redes sociales, para cometer actos de agresión en contra de las mujeres que aspiran a ocupar cargos públicos, como sucedió en las elecciones del 2018.

“Se inmiscuyeron en la vida personal de las candidatas para señalarlas, distraerlas, detener su campaña y neutralizarlas, lo cual es una forma de violentarla para frenarla en un camino de éxito, es un golpe bajo para ganar tiempo y sacarla de la competencia electoral”.

El reto es unirse en favor de la paridad de género, planteó al tiempo de urgir a que los varones se convenzan y respeten los derechos políticos de las mujeres.

A su vez, Gabriela Vargas Gómez, también autora del libro Violencia Política contra las Mujeres: el precio de la paridad en México afirmó que las mujeres que ingresan al ámbito político son sometidas a diferentes modalidades de violencia.

“Es un problema de todos y es necesario acompañarlas para evidenciar estas circunstancias”. El objetivo del libro es que no quede en el olvido lo que sucede y lo que viven las mujeres que deciden incursionar en este ámbito, dijo.

Citó algunas de las condiciones de desigualdad que enfrentan las aspirantes, tales como menos presupuesto ni peso ante la opinión pública, esto comparado con lo que si reciben los candidatos.

“De acuerdo con reportes del INE, la cobertura que se hace de las mujeres en campaña es 300 por ciento menor a la de los hombres y lo único que tienen garantizado en igualdad de condiciones es en los debates y esa es otra modalidad de violencia política: invisibilizarlas”.

Además, se enfrentan al tratamiento en los medios, que circunscriben su vida personal al aspecto físico y demeritan su discurso o posicionamiento, y en el caso de los hombres sí destacan su plataforma y posicionamiento.

“Desvirtuar la capacidad intelectual de las mujeres en esos espacios públicos y no reconocer su compromiso político en el ámbito de lo público, también es violencia política y es otro reto que deben vencer” y quienes ganan la elección y asumen el cargo, son agredidas al desempeñar sus actividades.

Las diputadas panistas analizan los obstáculos

Para la diputada del PAN, María de los Ángeles Ayala Díaz el reto es crear estrategias de solución efectivas para abatir ese fenómeno, a través de políticas públicas construidas con propuestas provenientes de la sociedad civil.

Reconoció que las agresiones a mujeres candidatas o aspirantes no es un problema nuevo, sin embargo, hoy es más visible y frecuente resultado de la reforma mediante la cual se alcanzó la paridad en 2014.   

La legisladora del PAN, Silvia Guadalupe Garza Galván aseguró que todavía hay mucho camino por recorrer para que se reconozca la capacidad de las mujeres, a fin de que ocupen más cargos públicos donde se tomen decisiones, como por ejemplo la Junta de Coordinación Política, donde no hay paridad, cuestionó.

La también integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, señaló que el tema es apasionante y analizarlo a través de este libro, prende una luz para encontrar alternativas que resuelvan la problemática. Desde la trinchera en que cada quien se encuentra se tienen historias propias de violencia política, desde la casa, escuela y en el desempeño de los cargos, tendencia que debe abatirse, apuntó.

La diputada Marcela Torres Peimbert, también del PAN, destacó que es imperioso tipificar la violencia política contra las mujeres. “Viví lo difícil y la resistencia enorme que hay dentro de los propios partidos políticos y ámbito político para tipificarlo”.

Otro factor que incide en la política, es la situación económica que vivimos las mexicanas, y explicó que las campañas políticas realmente libres para gobernadoras, alcaldesas y presidentas son carísimas. Eso, añadió, es un obstáculo para que más mujeres entren a las contiendas políticas.

Muchas entran subordinadas a un gran líder varonil y si son lo suficientemente dóciles, sucede en todos los partidos políticos, las designan como candidatas, porque por sí mismas es muy caro que una mujer solvente el costo de una campaña.

De la misma bancada, la legisladora Annia Sarahí Gómez Cárdenas, secretaria de Cultura y Cinematografía, celebró que se escriba un libro sobre la participación política de las mujeres y se realice desde la sociedad civil. Resaltó que también “hay un precio por legislar desde la paridad, porque cuesta mucho. Se creería que no y fuera al revés, pero no”.

Planteó la necesidad de definir la sinergia entre las mujeres que participan en política y la sociedad civil, para impulsar estos temas y establecer los derechos por ley y no por cuota, a fin de que esta población en todo el país impacte y esté presente en la toma de decisiones en todos los niveles políticos.

“Hoy estamos en la legislatura de la paridad de género y han sido golpeados programas vinculados con el avance de las mujeres”.

Necesario hacer política pública

A su vez, el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Héctor Díaz Santana, señaló que presentar el libro no sólo habla de un tema que para algunas personas está de moda, sino de algo fundamental y necesario para un Estado democrático, culto y responsable. “La violencia de género tiene que ser una política pública que debe buscar como objetivo la erradicación de estas acciones que en un momento dado no solamente degradan a la mujer sino el ejercicio político”.

En México, la legislación en la materia habla de acciones de carácter afirmativo, pero en el tema de violencia política de género, aunque existen desde hace ocho años diversas propuestas legales, este es un tema de agenda pública pendiente porque se tienen que reformar seis leyes de carácter diferente debido a que tiene que ser una norma integral.

Este libro, resaltó, puede ser el impulso necesario para motivar a legisladoras y legisladores para que el tema de violencia política de género a la brevedad se pueda tipificar; exista una política pública integral para tutelar los derechos políticos de las mujeres, y se pueda crear una comisión especial para empezar a tutelar estos incidentes que se presenten en la materia.

SEM/lv/sj

Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 13 de Marzo 2019.- En conferencia de prensa la senadora Verónica Delgadillo, acompañada por legisladoras federales y locales; así como de integrantes de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, presentó la campaña “Es por todas”, que tiene como objetivo hacer visibles  y reconocer las luchas de todas las mujeres en México. Se  busca alzar la voz en contra de la violencia de género que las mujeres enfrentan diariamente en distintos espacios.

“Esta campaña forma parte de una serie de acciones que hemos desarrollado en el marco del 8 de marzo. Se trata de impulsar los esfuerzos que las mujeres han hecho frente a la violencia, la lucha por no aceptar los estereotipos, ni los cuestionamientos que nos hacen, por buscar romper las estructuras sociales y todo lo que nos ha sometido históricamente, por buscar romper los techos de cristal.  Es una lucha que ha buscado alzar la voz frente a la injusticia y la desigualdad”, explicó.

Y agregó: “A pesar de que entre el año 2000 y 2015 se produjeron avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre los géneros, gracias a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, incluido la igualdad de género; las mujeres y las niñas sufren discriminación y violencia en todos los lugares del mundo”.

Asimismo la senadora, Patricia Mercado; las diputadas federales, Pilar Lozano y Julieta Macías; las diputadas locales, Mirza Flores y Priscila Franco así como de la Secretaria Nacional de Organización de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros; expresaron su compromiso legislativo a través de la firma de un manifiesto que pretende impulsar el objetivo 5 de la agenda de desarrollo sostenible de la ONU, que busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

 “Vivimos en un país en el que la violencia que enfrentamos se refleja en todos los aspectos: en la familia, en la calle, en la escuela; en el transporte público y el trabajo; en menos oportunidades, menos salario, menos derechos y más responsabilidades”, indicó Priscila Franco.

A su vez, la diputada federal, Pilar Lozano, dijo: “Queremos hacer que resuene el silencio de las mujeres que, por sus circunstancias, no han podido levantar la voz por ellas mismas. Porque el dolor de una mujer violentada es un estigma que avergüenza y humilla”.

 “La lucha no termina hoy, México está en una crisis de violencia contra a las mujeres, queremos también hacer un llamado a las siguientes generaciones, mujeres niñas y jóvenes, a que no se cansen, a que no se rindan, a que no se dejen. A que no olviden que no estamos solas, que esta lucha es de todas”, añadió Ballesteros.

Con la firma de este manifiesto, las legisladoras asumimos el compromiso y la responsabilidad de proponer, defender e impulsar todas las acciones y medidas que tengan como meta construir un país en el que ser mujer deje de ser peligroso, injusto e inequitativo, indicó la diputada Julieta Macías.

 “Cada acción, cada paso, cada lucha; cada vez que nos extendemos la mano, que nos apoyamos una a la otra, que nos damos un abrazo, que nos mantenemos unidas, no solo lo hacemos por una o por algunas. Es por todas”, concluyó la senadora Verónica Delgadillo.

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 12 marzo 2019.- La terna presentada por el titular del Ejecutivo Federal, para cubrir la vacante de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue aprobada por el Pleno del Senado de la República, en votación nominal -83 en pro, 37 en contra y cero abstenciones- el dictamen de la Comisión de Justicia.

De esta forma se determina la elegibilidad de las integrantes de la terna: Yasmín Esquivel Mossa, Celia Maya García y Loretta Ortíz Ahlf, quienes de acuerdo con la Comisión mencionada reúnen los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de ministra y, por ende, son elegibles para cubrir la vacante.

El senador Ramón Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia, presentó el dictamen al Pleno y señaló que las tres candidatas son mujeres valiosas con una gran trayectoria académica y profesional. Subrayó, además, que es una gran oportunidad para que la SCJN avance en la equidad de género.

Al iniciar la ronda de posicionamientos de Grupos Parlamentarios, Renata Romo, del PES, se congratuló porque la terna esté conformada sólo por mujeres. El desarrollo democrático de México, comentó, requiere de un Poder Judicial y una SCJN autónoma e independiente.

Eduardo Murat Hinojosa, del PVEM, respaldó la terna enviada por el titular Ejecutivo Federa y aseguró que la persona que ocupe la vacante requiere de una práctica jurídica apegada al Estado de Derecho y de absoluto respeto a los derechos humanos.

A su vez, el senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, señaló que su Grupo Parlamentario acompañará la propuesta de idoneidad de las aspirantes, y precisó que no hay una línea para la votación en la elección de la ministra.

Por parte del PT, la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos destacó: estamos confiados en que la persona que elijamos como ministra de la Suprema Corte de Justica hará un destacado papel y actuará con imparcialidad, y apegándose al Estado de derecho. “Estamos conscientes del reto que implica la construcción de instituciones sólidas y comprometidas con la Patria. Por eso acompañamos, de manera decidida, este dictamen y habremos de participar con absoluta responsabilidad en la designación” indicó.

Al ratificar el dictamen, el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, reconoció el trabajo de la Comisión de Justica y afirmó que la elegibilidad es el primer requisito para cumplir con el mandato constitucional. 

La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, aseguró que desde septiembre de 2018 el Poder Legislativo se ha subordinado al Ejecutivo, y denunció que durante el proceso de elegibilidad de la terna en la Comisión de Justicia, aparecieron documentos firmados por legisladores ausentes en la aprobación del dictamen correspondiente. Ante ello, adelantó el voto en contra de los integrantes de su Grupo Parlamentario.

A su vez, el senador Damián Zepeda Vidales, del PAN, manifestó el rechazo total de su bancada a las tres aspirantes a ministra de la Suprema Corte, porque tienen conflicto de intereses al ser militantes partidistas y colaboradoras del titular del Ejecutivo Federal, por lo que propuso desechar la terna, y evitar que el Senado “sea oficialía de partes”, y garantice la autonomía del Poder Judicial.

Por Morena, Lucía Trasviña Woldenrath, señaló que los perfiles de las candidatas son probados y reconocidos en el ámbito académico jurídico. Se tiene la oportunidad de no generar violencia política contra ellas, destacó. Por convicción y como conocedoras del derecho, agregó, cualquiera de ellas garantiza autonomía en su toma de decisiones.

En la discusión en lo general, los senadores Gustavo Madero, del PAN, y Emilio Álvarez Icaza, sin partido, negaron su respaldo a las candidatas al considerar que tienen una dañina cercanía con el Presidente de la República y su partido. Ellas no cumplen la idoneidad en términos de independencia y autonomía para ejercer el cargo, señalaron.

En favor de la terna, los senadores Ricardo Monreal, Óscar Ramírez y Félix Salgado, de Morena, afirmaron que las aspirantes tienen los méritos necesarios y cumplen con el perfil requerido. Manifestaron que el rechazo parece más bien una estrategia política de descalificación.

SEM/sj

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 12 marzo 2019.- La Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que preside la senadora Josefina Vázquez Mota, aprobó por unanimidad diversas modificaciones al Código Civil Federal para prohibir el matrimonio infantil a nivel nacional.

El dictamen, el cual se prevé sea aprobado por las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, se sujeta a las leyes nacionales de protección a este sector de la sociedad, así como a los tratados internacionales, de los cuales México forma parte. 

Al respecto, la senadora del PAN precisó que México ocupa el octavo lugar en matrimonios infantiles a nivel mundial. Dijo que en 2015, 24 mil 338 niñas, niños y adolescentes contrajeron nupcias. De las menores a 15 años, cuatro de cada cinco se casaron con hombres mayores de 17.

De acuerdo con un estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, anualmente más de 4.5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en nuestro país, y los principales agresores son familiares, refirió.

En las consideraciones del dictamen, la organización Save the Children refiere que en México, una de cada cinco mujeres se casa antes de cumplir 18 años, y que 49 por ciento de las menores que contraen nupcias sufre violencia física y 68 por ciento violencia sexual. 

De esta manera, se otorga la protección a niñas, niños y adolescentes para considerarlos sujetos de derechos, pero al mismo tiempo reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia siempre que tengan la edad y condiciones requeridas para ello.

Las modificaciones al Código Civil Federal obligan a los estados a armonizar su legislación interna con las disposiciones legales en materia de protección a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

SEM/sj

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 12 marzo 2019.- El ajuste presupuestal para el Programa de Estancias Infantiles para madres Trabajadoras no es el motivo por el que se cambió la política de entrega de recursos, sino los “problemas de corrupción de los funcionarios de Sedesol, porque ellos definían a quiénes se les otorgaba el apoyo y no había proceso de focalización”.

Así lo señaló en una reunión de comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, de Igualdad de Género, de Atención a Grupos Vulnerables, de Derechos de la Niñez y Adolescencia, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

La funcionaria aclaró lo que ustedes nos etiquetaron: dos mil 41 millones de pesos, no fue la determinante para ajustar la visión de este programa que desvió su sentido original.

Detalló que el Programa de Estancias Infantiles para madres Trabajadoras le otorgaba un impulso de 70 mil pesos a una persona para que hiciera las adaptaciones a su vivienda y pudiera operar como un centro de cuidado infantil, el cual a su vez recibía 950 pesos al mes por niño inscrito y el doble en caso de atender a menores con discapacidad.

“Es muy importante dejarlo en claro: la Secretaría de Bienestar no tiene las facultades de abrir o cerrar estancias; no son propiedad del gobierno y nunca lo han sido, éstas se abren, a través de un permiso en el ámbito de la autoridad local, dependiendo de la legislación de la entidad, el municipio o el estado quien otorga el permiso del establecimiento mercantil, en este caso, la estancia”.

Añadió que a pesar de que el programa de estancias infantiles estaba dirigido a las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras que no contaban con seguridad social y muchas de ellas laboraban en la informalidad o en alguna actividad que no les garantizaba esta prestación, una de cada tres beneficiarias, tenía ISSSTE o IMSS. Es decir, de las 310 mil madres de familia, 100 mil estaban afiliadas.

Además, expresó que las estancias llegaban a cobrar hasta 3 mil 550 pesos adicionales al subsidio. El monto promedio que pagaban los padres de familia era de 800 pesos. Pero tenemos registros de que mil 500 estancias recibían arriba de mil 800 y algunas cobraban mucho menos; por eso el promedio aproximado es de 800 pesos adicionales a los mil 950.

Explicó que la propuesta del gobierno federal es entregarle el recurso directamente a las madres y padres de familia, además, se brindará apoyo a los hombres solos que tengan a su cargo el cuidado de los hijos para que ejerzan el derecho a decidir a qué estancia, centro de cuidado o sistema deciden inscribir a los infantes.

Para ello, continuó, se realiza un censo de las madres y padres de familia. “Estamos preguntando también por niñas y niños, con autorización de tutores, para hacer un registro fotográfico de los beneficiarios, respetando todas las leyes. Toda esa información queda en resguardo, obviamente de la administración pública”.

Entonces, dijo, la transformación es sencilla y básica. Entregaremos los recursos directamente a las madres de familia, lo que permitirá ya no gastar en burocracia, generando un ahorro de 800 millones de pesos en supervisión.

Relató que la supervisión de las estancias infantiles se realizaba por funcionarios de la Sedesol, quienes no necesariamente estaban preparados en seguridad estructural y una serie de cosas que además no era de su competencia y los cuales nunca fueron suficientes para las 9 mil 542 áreas de cuidado infantil.

Apuntó que no todas las estancias tenían subsidio, pues de acuerdo con el registro nacional de estancias que maneja el DIF Nacional hay 13 mil 500 y 9 mil 500 tenían apoyo de Sedesol; es decir, hay cuatro mil estancias que funcionaban sin el programa.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carrillo, resaltó que la reunión con la subsecretaria busca debatir el tema de las estancias infantiles, que ha despertado el interés de muchos legisladores.

Resaltó que el gobierno federal tiene el compromiso de establecer diálogo franco con el Congreso. “Ya no es como el pasado que se evitaba a toda costa que hubiera contacto entre los funcionarios y los legisladores”.

¿Cómo lo garantizará el Estado?

La secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, Guadalupe Almaguer Pardo (PRD), indicó que si bien la dependencia asegura que con el nuevo esquema de apoyo las madres y padres decidirán la institución donde permanecerán sus hijos e hijas, “cómo se garantizará que el Estado tenga la certeza de que las guarderías posean la calidad académica que les permita acreditar el preescolar”.

Indicó que es primordial que la Secretaría de Bienestar explique con qué fundamento legal se hizo el cambio de nombre del programa, se entreguen los avances de estudios físicos y financieros que dieron origen a la transformación de la estructura programática y cuáles serán los nuevos objetivos.

“Lo que deseamos es conocer qué anomalías encontraron que fueron tan graves como para cancelar un programa completo que tenía una asignación presupuestal de más dos mil millones de pesos”.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, diputado Miguel Prado de los Santos, manifestó que los cambios suelen generar preguntas e inquietudes, por ello, esta reunión busca conocer razones y motivos de la estrategia que se determinó respecto del Programa de Estancias Infantiles para madres Trabajadoras.

Expuso que no es ningún secreto el tema del bienestar de niñas y niños de las madres trabajadoras; existe legítima preocupación, esto por los cambios del programa y la incertidumbre sobre si seguirán recibiendo a los beneficiarios de las estancias, de ahí la importancia de este encuentro.

Incertidumbre

La secretaria de la Comisión de Desarrollo Social, diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz (PVEM) señaló que han pasado los primeros meses de gobierno, pero la incertidumbre existe para las familias y las estancias infantiles, esto debido al recorte presupuestal y nuevos lineamientos de programas emitidos por la Secretaría de Bienestar.

Añadió que esto ha propiciado que estancias infantiles incrementen cuotas de recuperación para continuar su operación, por lo que algunas jefas de familias optaron por ya no llevar a sus niños, generando el cierre de varios centros infantiles. “Es un hecho que no se ha llevado a las familias a un mejor destino”.

La legisladora refirió que es fundamental conocer cuántas estancias infantiles han cerrado y si existe un estimado del número de niñas y niños que han dejado de acudir a estas instituciones.

Los derechos de la niñez no están sujetos a debates

La también secretaria de la Comisión de Desarrollo Social, diputada Lourdes Celenia Contreras González (MC), consideró que la operación de las estancias infantiles es un tema delicado, porque los derechos de las niñas y niños no deben ser sujetos de debate, sobre todo cuando ya están en la Carta Magna.

“Estamos frente a un programa que sufrió un drástico recorte de casi 50 por ciento, con la justificación de que padecía una enorme corrupción, lo cual ha ocasionado una incertidumbre sobre su ejecución, pues afectará, principalmente, a las zonas de atención prioritaria, de extrema pobreza e indígenas”.

Detalló que la metodología del programa es muy poco clara y objetiva en cuanto a cómo se entregarán los recursos, ya que no se asegura que el presupuesto se destine para el fin que fue creado.

El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Reginaldo Sandoval Flores (PT), enfatizó que el tema del cuidado de los infantes es muy sensible y lamentó que por mala comunicación se afecte la política pública. Propuso luchar para que el cien por ciento de la niñez tenga atención en educación inicial, desde los 45 días de nacido, en adelante, porque los infantes parecen no ser sujetos de derecho.

Dijo que se debe hacer un programa integral que atienda a las niñas y niños no sólo en su salud, sino en la estimulación temprana y considerar a los padres que no tienen la prestación de las estancias infantiles. “Necesitamos diseñar una política que abarque completamente el derecho de los infantes”.

Expresó que otro aspecto a considerar deberá ser revisar el presupuesto y conocer si los dos mil 41 millones de pesos le permitirán a la Secretaría de Bienestar salir adelante con el programa.

Una política incorrecta

La secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, María del Carmen Cabrera Lagunas (PES) afirmó que la política pública y social de la Secretaría de Bienestar no es la correcta para las madres trabajadoras y la infancia, ya que los está dejando en estado de vulnerabilidad.

“México tiene el primer lugar de violación de menores, no podemos mandar a la calle y al cuidado de no sé quién a la niñez, sobre todo, con estas estadísticas tan graves, por lo que esta dependencia debe asegurar a las madres trabajadoras el cuidado de sus hijos”.

Apuntó que se habla de alta corrupción, pero “no se ha dado una solución de fondo de parte de la Secretaría; es su responsabilidad este tema, sólo están dando mejoralitos y no un tratamiento eficaz”.

SEM/sj

Redacción

SemMéxico. Cd. de México.  11 de marzo de 2019.- El día de hoy en la Cámara de Diputados, se llevó a cabo la Audiencia Pública: Feminicidios, Emergencia Nacional, Impunidad Institucional.

Ahí, Karla Michel hizo un balance de las recomendaciones de la Sentencia del caso conocido como “Campo Algodonero” y exigió rendición de cuentas. Dijo que no se sabe dónde están más de 100 millones de los recursos de 2018 para prevenir la violencia contra las mujeres.

En la sesión de la audiencia, donde no llegaron las autoridades del gobierno federal, la ONU afirmó que creció 3 veces el feminicidio y que sólo en el mes de enero de 2019 se registraron 300 mujeres asesinadas. Hay 10 mujeres asesinadas diariamente y una violación cada hora y cada vez más mujeres desaparecidas.

Se escucharon los testimonios de las mujeres que han sido víctimas de violencia y la constantemente  omisión por parte de las autoridades. Caso emblemático, el de Alejandra, jovén asesinada en Ciudad Juaréz, Chihuahua, en 2001 y quién su madre Norma Andrade, ha sido víctima de atentandos al exigir justicia para su hija.  Al igual que el de María Antonia Márquez, ante ello, todos estos casos muestran que se trata de una emergencia nacional.

En esta audiencia pública ha quedado claro que tenemos 20 años analizando el feminicidio, pero lo que hoy se necesita es voluntad y no palabras para erradicarlo. Es necesario entrara a fondo y con debida diligencia.

En unos momentos más información. 

Redacción

Diputadas harán marcaje a más jueces y funcionarios

• Las y los legisladores trabajan para armonizar en la ley el tipo penal del delito de feminicidio.
• Pedirán que informen de manera detallada, avances y acciones en la aplicación de la AVG

SemMéxico. Ciudad de México. 11 de marzo 2019.- La diputada Lorena Villavicencio, coordinadora de la Subcomisión de Feminicidio y Violencia contra las mujeres en la Cámara de diputados,  anunció que harán un proceso de marcaje a cada una de las autoridades encargadas de investigar y castigar la violencia contra las mujeres.

Organizadora de la Audiencia Pública sobre Feminicidios, dijo que se dará seguimiento a los casos y pedirá a gobernadores y presidentes municipales que tienen declarada la Alerta de Violencia de Genero en 454 municipios que informen por qué matan a más mujeres, por qué no pasa nada, por qué no se aplica la ley. Qué adelantos tienen, qué han hecho y cuánto han gastado.

“No vamos a permitir que las autoridades sigan siendo negligentes u omisas en sus responsabilidades y por eso vamos a hacer este marcaje directamente a las autoridades que están involucradas en este tema”, declaró la legisladora.

La diputada de Morena, también recalcó que la Cámara de diputados trabaja para armonizar en la ley el tipo penal del delito de feminicidio. E informó que 11 estados ya han hecho esto.

Por lo que mejoraran el tipo penal, ajustado a las recomendaciones de la Suprema Corte, como ejemplo la sentencia en el caso de Mariana Lima y Campo Algodonero. Esta última de 10 años. Sigue sin cumplirse y está ahí.

SEM/SL

Redacción

SemMéxico/BillieParkerNoticias, Tabasco, 9 marzo 2019. La senadora Patricia Mercado señaló que su bancada está dispuesta apoyar la despenalización del aborto, pero no que se vaya a una consulta popular.

“En los derechos no se consulta, solo se reconoce” las personas tenemos derecho a decidir cuantos hijos, como y cuando los podemos tener, ese es el gran derecho constitucional.

En rueda de prensa en conocido hotel de la zona Tabasco 2000, acompañada de la dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Fanny Vargas, y su comité, la senadora señaló “si una mujer se realiza una interrupción que no sea criminalizada por esa interrupción. Criminalizada que no llegue a la fase, que no se juzgue por esa situación y que el aborto sea regulado en el código de salud, y no en el código penal”.

Apuntó que por eso hablamos que ya es un derecho, el derecho a decidir porque está en la Constitución, hay que ser consecuente con eso. En el cien por ciento de los estados no es delito, el aborto por violación. Hay una norma 046 que obliga a los ministerios públicos y a los sistemas de salud a brindar atención en términos de ofrecer la píldora de “un día después” cuando una mujer denuncia una violación no más de 72 horas, está legalizado en el país, pero no se hace sobre todo cuando aparecen niñas que no pueden estar embarazadas por decisión.

El Estado tiene que actuar de inmediato para salvar a esa niña cuando llega con su familia pidiendo apoyo y denunciando la violación ahí tiene que aplicarse la norma 046.

Reiteró que la consulta está demás “y yo espero que la Secretaría de Gobernación y que todas las mujeres progresistas de la nueva mayoría política que representa Morena en el país, le digan al presidente Andrés Manuel López Obrador que este tema no se va a consulta que simplemente se reconoce.

Apuntó que Movimiento Ciudadano y sus mujeres hemos dicho que el combate a la desigualdad uno de los principales ejes del nuevo gobierno y del presidente es la desigualdad, la exclusión y la pobreza. Las mujeres que son criminalizadas por realizarse un aborto no son las mujeres de clase media ni las ricas, porque ellas lo hacen con sus médicos particulares, son las mujeres pobres que afectan su salud y su vida o que llegan a la cárcel que son alrededor de 2 mil acusadas de homicidio, y que se están haciendo los estudios para saber quiénes son y donde están, porque se ha comprometido la Secretaría de Gobernación a una posible amnistía.

Si es prioridad para este gobierno darle bienestar a los más pobres, pues despenalizar el aborto y no criminalizar tiene que ver con la pobreza.

Asimismo, hizo un llamado al Congreso de Tabasco donde la mayoría es Morena que son progresistas y defensores de derechos y libertades es que haya una congruencia para discutir el tema. Ojalá que en estos estados donde la mayoría es Morena empiece avanzar la no criminalización. Esperemos que la Secretaría de Gobernación convenza al presidente que si es una prioridad para que en los Estados de la República los Congresos Locales puedan dar prioridad.

*(Corresponsal ABCnoticias Tabasco Miguel Angel Mayo)*

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