En México, tan solo entre 2011 y 2018, más de 300,000 hogares, conformados por más de un millón de personas, cambiaron de vivienda o lugar de residencia a consecuencia de la inseguridad.

Elda Montiel

SemMéxico. Tijuana. 26 de junio de 2019.- Las personas desplazadas no solo son personas migrantes, son hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes que tienen que abandonar su tierra y trasladarse a otros lugares para preservar su vida, su integridad personal y la de su familia.

En México, tan solo entre 2011 y 2018, más de 300,000 hogares, conformados por más de un millón de personas, cambiaron de vivienda o lugar de residencia a consecuencia de la inseguridad (excepto en el año 2016 cuando la cifra fue menor). En la ENVIPE 2018, representaban 0.91% de hogares.

Situación por la que en 2013 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos instó al gobierno mexicano a crear políticas específicas para cuantificar y atender a la población que ha huido de sus hogares y localidades por la violencia derivada del narcotráfico.

En opinión de Gabriela Navarro Peraza, directora de INMUJERES Tijuana, no se ha visibilizado el desplazamiento interno de mujeres, ya que en los pocos estudios que existen sobre desplazamiento forzado, no se hace explícita la especificidad de género y la vulnerabilidad particular de las mujeres.

Aun cuando la experiencia internacional y nacional reporta que cada vez más las personas desplazadas son mujeres.

Navarro Peraza destaca que, en 2016, Casa Madre Asunta, organización de la Sociedad Civil que atiende mujeres migrantes y desplazadas en Tijuana, Baja California recibió aproximadamente 7,000 mujeres desplazadas por la violencia que se vive en México, especialmente en Guerrero y Michoacán, para solicitar asilo en Estados Unidos, aunque saben que son pocas las probabilidades de ser aceptadas.  

Indicó que se tiene referencia por parte de las mismas albergadas en Madre Asunta, así como de sus directivas Mary Galván y Esmeralda Siu (quienes les apoyan con los trámites) que solo 1% de las mujeres que llega consigue que les den asilo en Estados Unidos.

Las demás se quedan en esta frontera, sin que tengan redes de apoyo, ni existan políticas públicas para estas.

Es necesario considerar que el desplazamiento forzado, posiciona a las mujeres en una circunstancia de pobreza y vulnerabilidad extrema, donde es necesaria la inversión de recursos para mitigar estas condiciones.

Así como definir, diseñar e instrumentar políticas públicas en nuestro país, de respeto a sus derechos humanos, la protección de su vida, seguridad, integridad, salud, libre circulación, unión familiar durante el desplazamiento hasta llegar al lugar de acogida.

Consideró que se requieren políticas publicas integrales con perspectiva de género para los estados expulsores como para los receptores, y tomar medidas en los tres niveles de gobierno para la prevención, atención y protección durante el desplazamiento forzado interno, y con estadísticas cuantitativas y cualitativas.   

Por su parte, Carlos Javier Echarri Cánovas, Secretario General del Consejo Nacional de Población, explicó que, en México, las fuentes de información que recaban datos sobre migración o los movimientos territoriales no logran identificar con toda exactitud a las personas desplazadas (PD), aunque sí constituyen el mejor acercamiento a una medición indirecta.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE),

que aplica el INEGI, indaga las medidas tomadas en los hogares para protegerse de la delincuencia durante el año anterior, sobresaliendo el cambio de vivienda o lugar de residencia entre las respuestas.

En la edición de junio del suplemento TODAS del INMUJERES, el titular del CONAPO, señala que la ENVIPE no se restringe a documentar los movimientos en términos políticos-administrativos, pues recolecta cualquier cambio de vivienda o lugar de residencia.

Del mismo modo, permite diferenciar el sexo de las personas que se movieron. En 2018 fueron más mujeres que hombres que se movieron (52% vs 48%), e igual sucedió entre las que no se movieron (51% vs 49%).

Por grupos de edad, en el periodo 2011-2018 la población que se movió es más joven que el resto, predominan los grupos de 0 a 11 años y de 12 a 29 años. Mientras las personas que no se movieron son los grupos de personas mayores de 60 años y más.

Concluye que la tarea es continuar estudiando a las poblaciones desplazadas o “que se mueven”, pues su conocimiento facilita el diseño e políticas públicas de prevención, atención, retorno o reinserción.

Se estima que el 70% de las mujeres migrantes sufre algún tipo de violencia.

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 26 de junio de 2019.- Ante un escenario de crisis humanitaria es urgente que el Estado implemente un programa emergente de atención migratoria, negar la naturaleza de esta crisis no ayuda al país y sí demerita al gobierno que enarbola un discurso humano, de justicia social y respetuoso de los Derechos Humanos.

México se ha negado a atender el desplazamiento forzado mediante una mirada respetuosa de los derechos humanos con perspectiva de género, señala la antropóloga Verónica Ruíz Lagier, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien aborda el tema de “Las mujeres en las caravanas migrantes”, en el suplemento TODAS del Instituto Nacional de las Mujeres, del mes de junio.

Señala que las mujeres en política migratoria, son doblemente víctimas, porque además de que vienen de una violencia estructural, por la marginación y la amenaza de los “maras”, también en los albergues registran un alto índice de violencia intrafamiliar, sin que puedan acudir a ninguna institución que las auxilie y defienda sus derechos fundamentales.

Las mujeres en las caravanas migrantes “cargan a sus hijos y caminan en grupo sin más protección que su cuerpo y una inimaginable voluntad”. Se integran para eludir el pago de “coyotes o extorsión”, pero no han logrado evadir violencia sexual o el secuestro.

Es ilustrativo el testimonio de mujeres hondureñas: “Cuando crucé la frontera mexicana caminamos desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde que llegamos al primer albergue en Tapachula. No permitían que los autos nos dieran “jalón” decían que la policía los detenía y les quitaban sus papeles, y en las casas nos hacían señas de que la policía los tenía amenazados para que no nos dieran agua.”

Entonces, “decidimos en Arriaga irnos en tren, pero lo pararon en un pueblo llamado Jesús Nazareno. Nos querían bajar los federales y agarraron a muchas mujeres.”

“Nosotros vimos como agarraron a una mujer y a su hijita, como de cuatro años, y las golpearon contra la malla para que el padre se bajara del tren; después lo golpearon a él porque no les quería entregar a la niña, y cuando bajaron otros hombres para defenderlos los policías sacaron la pistola. Descargaban balas al aire y también a los pies. A la niña y a sus padres se los subieron muy golpeados a las perreras”.

Ruíz Lagier sostiene que las caravanas migrantes que iniciaron su camino de Centroamérica a los Estados Unidos en octubre del 2018 han incomodado tanto a las instituciones federales como a la sociedad civil en general, porque visibilizan lo que nadie quiere ver.

Finalmente señala que se tienen que generar políticas congruentes con lo expresado por Andrés Manuel López Obrador cuando en octubre de 2018 ofreció ayuda humanitaria, trabajo temporal y regularización migratoria a los miembros de la caravana.

Las mujeres migrantes desconocen los riesgos de las caravanas.

El principal problema que enfrenta la mayoría de las mujeres, una vez que han abandonado su país, es que desconocen sus derechos y están totalmente desinformadas respecto de los riesgos que correrán al entrar a la caravana migrante, expresa la diputada Mónica Lara del Congreso de Puebla, presidenta de la Comisión de Migraciones.

La petición de asilo, sólo es una de las opciones con que cuentan, sin embargo, es imposible prevenir que las mujeres migrantes no se vean envueltas también en la vorágine que viven diariamente las mujeres nacidas en este país.

Tanto ellas como las que cruzan México en busca de una mejor vida, son presas de la violencia que predomina en los entornos más hostiles por los que atravesarán una y otra vez en busca de alcanzar la frontera norte. 

Se estima que el 70% de las mujeres migrantes sufre algún tipo de violencia.

Otro de los retos a que se enfrentan las mujeres migrantes en las caravanas son la vulnerabilidad a sus derechos sexuales y reproductivos, ya que no tienen acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que incluyan métodos anticonceptivos; acceso a la profilaxis post-exposición y anticoncepción de emergencia en caso de violencia sexual; servicios prenatales, o asistencia para tener un parto seguro.

Por lo que, Alba Adriana Jiménez, directora de la Red por los derechos sexuales y reproductivos en México (Ddeser), sostiene que es necesaria una política pública que atienda a las mujeres migrantes, sin que exista la posibilidad de repatriación, y una opción podría ser implementar algunos servicios de salud sexual y reproductiva en las caravanas de las cuales son integrantes.

Las defensoras de Derechos Humanos y del territorio también sufren formas específicas de persecución.

Redacción

SemMéxico/Asociación de Mujeres de Guatemala. Guatemala. 25 de junio de 2019.- Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de los 70,8 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo, más del 70% son mujeres, niñas y niños.

Además de las violencias generalizadas, las mujeres y las niñas son víctimas de violencias específicas por el hecho de ser mujeres. Entre estas: violencia sexual, en los ámbitos público y privado, así como en el marco de las distintas modalidades de conflicto —esclavitud sexual, esterilización forzada y embarazo forzado—, mutilación genital femenina, crímenes en nombre del honor, matrimonio forzado o precoz, planificación familiar forzada y trata con fines de explotación, entre otras.

Las defensoras de Derechos Humanos y del territorio también sufren formas específicas de persecución con las que se reprimen sus acciones destinadas a transformar y eliminar prácticas, costumbres y normas sociales y jurídicas discriminatorias.

Las mujeres que huyen de Latinoamérica:

Latinoamérica es una de las zonas más violentas del mundo. Y de las más letales para nacer y ser mujer. En 2017, fueron asesinadas 2.795 mujeres en la región, de las cuales 1.012 lo fueron por su pareja o expareja. Según la Cepal, 14 de los países con mayor número de feminicidios en el mundo, son latinoamericanos. Los países con las más altas tasas de feminicidios fueron los que componen el militarmente llamado “Triángulo Norte” de Centroamérica: El Salvador, 10.2 por 100.000 habitantes; Honduras, 5.8 y Guatemala, 2.55.

Las violencias física, sexual, laboral, psicológica, económica e institucional se exacerban contra la vida y los cuerpos de las mujeres y las niñas, en aquellos países donde actúan diferentes grupos armados como el crimen organizado, las maras y pandillas, el narcotráfico, los grupos guerrilleros y paramilitares, las redes de trata y tráfico de personas, con la connivencia de agentes estatales. O donde el aparato del Estado es el instrumento directo de represión política, comunitaria y social, como es el caso de Nicaragua, Venezuela y más recientemente de Honduras.

Especial atención merecen las mujeres que huyen para poner a salvo a sus hijas e hijos menores. Las y los niños, especialmente quienes proceden de Centroamérica, huyen de agentes perseguidores que pueden ser, el padre u otro miembro de la familia, reclutadores de maras o pandillas, crimen organizado en colusión con agentes estatales, entre otros.

Los contextos de violencia e impunidad generalizadas, en países con conflictos de altos niveles de intensidad, donde la imposibilidad de acceso a la justicia y de obtener una protección eficaz son la norma para las mujeres y menores, las expulsan, las obligan a huir si quieren sobrevivir o intentar alcanzar una vida digna. En 2018, las personas solicitantes de protección internacional procedentes de Venezuela fueron las más numerosas en todo el mundo: 341.800 peticiones. Las procedentes de El Salvador se ubicaron en el puesto 6 (46.800) y las de Honduras en el puesto 8 (41.500).

(Des)protección internacional en el Estado español:

El número de solicitudes de protección internacional en el Estado español ha aumentado en proporción geométrica en los últimos años. En 2018 fueron 55.668 las personas que solicitaron asilo: el 43 % fueron mujeres y niñas.

El sistema de protección internacional se muestra ineficaz para proteger y garantizar los derechos de las mujeres y las niñas que consiguen llegar a España: los casos no se estudian de la manera diferenciada que legalmente se requiere, de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

De manera más específica:

Desde 2014 sólo se han concedido 154 estatutos de asilo a personas procedentes de Latinoamérica: Colombia, 79; Venezuela, 49; Honduras, 23; Nicaragua, 5; y El Salvador, 3. Y únicamente 3 de protección subsidiaria a personas procedentes de Guatemala.

El porcentaje de denegaciones para las solicitantes de asilo procedentes de Latinoamérica es superior al 95 %.

Esta práctica restrictiva se reitera en la instrucción de las solicitudes de protección internacional realizadas en puesto fronterizo, en particular con las peticiones de personas procedentes de Colombia y Centroamérica.

En general, el Ministerio del Interior deniega de manera casi automática las solicitudes de protección internacional derivadas de la violencia de las maras o pandillas, de grupos del crimen organizado, de grupos paramilitares o guerrilleros, cuando las víctimas no tienen un determinado perfil político. Lo hace bajo la asunción de que sus Estados de origen pueden ofrecerles protección eficaz. Y lo hace contraviniendo resoluciones de la propia Audiencia Nacional de España, que en el caso de Honduras y El Salvador, ha calificado la situación de estos países como de “conflicto interno”.

No existe jurisprudencia del Tribunal Supremo de España que reconozca que las víctimas de la persecución perpetrada por maras son susceptibles de protección internacional: por el contrario, este le da el tratamiento de “delincuencia común”.

Además de los altos porcentajes de denegación, el procedimiento de protección internacional se convierte en un instrumento revictimizante:

1. Se obstaculiza/impide el acceso al procedimiento mediante prácticas administrativas restrictivas como el retraso de meses en poder realizar la solicitud de protección internacional y la incoación de expedientes de expulsión de las solicitantes.

2. La instrucción de los expedientes se lleva a cabo de manera restrictiva: las entrevistas iniciales no suelen cumplir con los requerimientos mínimos y suelen ser realizadas por personal no suficientemente cualificado, con manifiesto desconocimiento de los contextos de violencia que afectan a los países latinoamericanos; hecho constatable ante la escasa y no pertinente utilización de información del país de origen en los fundamentos de las decisiones. En general, no se realiza una segunda entrevista de instrucción en la casi totalidad de las solicitudes y, en el caso de las mujeres y niñas, no se aplica con pertinencia el enfoque de género exigido, entre otras medidas, por el artículo 46 de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

3. La falta de previsión de la Administración ha generado que, a 31 de diciembre de 2018, 78.810 expedientes de protección internacional estuviesen sin resolver: tales procedimientos administrativos duran actualmente, por lo general, más de tres años.

4. Los recortes de derechos económicos y sociales para las personas solicitantes de protección internacional se han traducido en obstáculos e impedimentos para acceder al sistema de acogida y de ayudas, lo que ha generado que muchas de las personas solicitantes, a pesar de tener legalmente reconocidos estos derechos no hayan podido ejercerlos.

5. La Administración está incumpliendo con su obligación de documentar en fecha a las personas solicitantes, lo que ha supuesto que muchas de estas hayan tenido su documentación caducada o se haya demorado meses la posibilidad de tener un documento en el que se recoja la autorización de trabajo.

Estos incumplimientos por parte de la Administración han supuesto desde pérdidas de empleo y dificultades a la hora de acceder al sistema de atención sanitaria, hasta el cierre de cuentas en entidades bancarias por tener la documentación caducada, entre otros daños que impiden el ejercicio pleno de los derechos más elementales.

Vídeo protagonizado y realizado por mujeres migrantes y refugiadas.