SemMéxico, Cd. de México, 14 noviembre 2017.- En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, afirmó que en el país uno de los desafíos que requieren mayor atención en materia de salud es el combate a los altos índices de diabetes.
En México, esta enfermedad que es la principal causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres, según el Instituto Nacional de Salud Pública, además es uno de los padecimientos crónicos más graves que enfrenta el país.
De acuerdo con del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los 665 mil 688 fallecimientos ocurridos en 2015, 98 mil 521, es decir, el 15 por ciento, derivaron del padecimiento de diabetes mellitus, lo cual coloca a esta enfermedad como la principal causa de muerte en México.
“Tan sólo de 2015 a 2016 se registraron en nuestro país siete mil defunciones más por esta causa, razón por la cual la Secretaría de Salud federal (SSA) emitió en 2016 la Declaratoria de Emergencia Epidemiológica por diabetes”, agregó la diputada de NA.
Por ello, la diputada planteó intensificar la estrategia de prevención y atención oportuna de diabetes, enfermedad a la que calificó como “la patología que más incrementa el número de muertes y causa la pérdida de años y calidad de vida”, indicó en un comunicado.
Además, apuntó que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 arrojó que la prevalencia de diabetes en México pasó de 9.2 por ciento en 2012 a 9.4 en 2016, esto significa que actualmente más de seis millones 400 mil personas están diagnosticadas con esta enfermedad.
Externó su preocupación por el alza en la tasa de diabetes tipo 2 entre mujeres de 15 a 19 años, la cual, según la Dirección General de Epidemiología, se posicionó en 7.73 casos por cada 100 mil habitantes en 2016.
Destacó que entidades como Aguascalientes y Morelos, “superan por mucho la incidencia nacional, con 24.18 y 21.33 casos, respectivamente, por cada 100 mil habitantes”.
Ocampo Bedolla lamentó que las estrategias de salud y aquellas asociadas al combate de esta enfermedad “no estén dando los resultados esperados, ésta es sin duda la patología que más incrementa el número de muertes y causa la pérdida de años y calidad de vida”.
Explicó que la diabetes mellitus, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aumenta el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, a largo plazo puede ocasionar ceguera, insuficiencia renal, amputaciones en extremidades, impotencia sexual, y finalmente la muerte, por el daño degenerativo que ocasiona.
Así, reiteró el llamado a las diversas instancias de salud y a la población general, para que hagan conciencia sobre el papel fundamental de las acciones de prevención, mediante la promoción de una vida saludable y de invitar a las familias a que acudan periódicamente al médico, para realizarse pruebas de glucosa en sangre.
Algunas de las acciones para evitar o disminuir muchas de estas complicaciones son tener una alimentación alta en fibra, moderar el consumo de los alimentos con alto contenido calórico, grasas, azúcares y de carbohidratos; realizar alguna actividad física con regularidad, mantener un peso saludable y reducir el consumo de alcohol y tabaco, finalizó.
SEM/am/lr
Este padecimiento aumenta el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares
Sin ayuda habitantes de San Gregorio Atlapulco tras el sismo
Ya no hay ni militares ni policías, “como si todo se hubiera terminado”
Claman por ayuda, afectadas más de mil viviendas
SemMéxico, Cd. de México, 12 noviembre 2017.- Hace más de un mes, visitamos la casa de la familia Pacheco de la Cruz, quienes afortunadamente no perdieron a ningún familiar, pero sí parte de su vivienda y la tranquilidad. En aquella ocasión, Arisandy Pacheco, una de las integrantes de la familia, nos relató que no habían recibido ayuda por parte del delegado Avelino Méndez, ni por ninguna otra autoridad local o federal. En entrevista, vuelve a recalcar que ella junto con sus familiares no han recibido apoyo por parte del gobierno: “Hace unos días, corrió el rumor de que (Miguel Ángel) Mancera vendría a visitar a los afectados. Vimos que llegaron camiones de la delegación Coyoacán e Iztapalapa, limpiaron por donde él iba a pasar pero nunca vimos que llegara, solo me enteré que vino un representante. Eso fue todo”, expuso la afectada. Asegura que fundaciones, organizaciones civiles e inmigrantes son los que continúan apoyando a los pobladores que resultaron afectados tras el movimiento telúrico del pasado 19 de septiembre. En su caso, una fundación les ayudó a construir un “cuartito” para que sus abuelitos tuvieran donde vivir. Comentó que se están tirando casas que resultaron dañadas, pero el trabajo lo están realizando brigadistas y voluntarios de la sociedad civil, los cuales fueron convocados vía Facebook. “Ya no hay militares en la calles, no hay policías, es como si todo ya se hubiera terminado”, expresa Arisandy Pacheco. En contraparte, el pasado 4 de octubre, el diputado Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, resaltaba el compromiso del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en la reconstrucción de las viviendas destruidas en dicha delegación. El legislador destacó que había mil 250 casas afectadas en San Gregorio Atlapulco, de las cuales se tendrán que reconstruir 250. Aseguró que se contaba con un fondo establecido por el Gobierno de la CDMX para hacer frente a la contingencia, el cual “servirá para reconstruir sus casas de manera gratuita, además de dar inicio con el proceso de demolición y generar un protocolo de seguridad en toda la zona afectada”. A un mes y días del sismo, la familia Pacheco de la Cruz no ha visto ningún apoyo por parte de las autoridades locales. Y su petición sigue siendo la misma: “Préstamos no, reconstrucción”.
Entregarán apoyos en Morelos a personas afectadas por sismo
Brigadas regresarán para entregar los apoyos casa por casa
Se va a garantizar la transparencia de estos trabajos: Rosario Robles Berlanga
SemMéxico, 10 noviembre 2017.- A partir del 16 de noviembre comenzará en Morelos la entrega de tarjetas a las personas que fueron registradas en el censo que se levantó para ubicar las viviendas afectadas. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que en los trabajos de reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de septiembre pasado, el objetivo del Gobierno de la República es que los damnificados regresen a la normalidad y tranquilidad. A esta administración, dijo, no lo mueve un tema político ni electoral. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, informó que una vez que Bansefi entregue los recursos, las brigadas regresarán para entregar los apoyos casa por casa correspondientes y con ello garantizar la transparencia de estos trabajos. Más adelante, el secretario Osorio Chong subrayó que existe plena coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal. “Trabajamos sin disputa y sin conflicto, porque los ciudadanos están hartos de los problemas políticos como para aumentar algunos otros”, apuntó. Agradeció las aportaciones que realizaron el sector empresarial y diversos actores de la sociedad para atender la emergencia tras los sismos de septiembre. En este sentido, aseguró que el Gobierno de la República no “meterá mano” en la administración de esos recursos, sino que serán los donantes quienes lo hagan. Acompañado del Oficial Mayor de esta Secretaría, Jorge Márquez Montes, el titular de esta dependencia resaltó que el Infonavit aportará para la reconstrucción de esta entidad 200 millones de pesos. Refirió que Jojutla será beneficiaria de estos apoyos que van más allá de edificar casas y escuelas, “será para mejorarlas y para que los sismos no puedan lastimarlas nuevamente”, indicó. Al referirse a la manera cómo se implementarán los 200 millones de pesos autorizados por el Consejo de Administración del Infonavit, su director general, David Penchyna Grub, indicó que se instrumentará, a través de la Fundación Hogares, que en coordinación con las autoridades municipal, estatal y federal lograrán que Jojutla vuelva a brillar para las familias afectadas. Penchyna Grub destacó que el plan integral de reconstrucción social, urbana y económica de Jojutla ha sido diseñado por este instituto, la Universidad Nacional Autónoma de México y ONU- Hábitat, así como otras instituciones académicas. Por su parte, el presidente de Fundación Hogares, Gerardo Cortés García, dijo que esta asociación civil a lo largo de su historia ha sabido trabajar con otras instituciones para dar forma y estructura a lo que anhela la comunidad. “En ello hemos contado con un gran aliado, el Infonavit. Una institución que es también la mejor aliada de los trabajadores para encontrar una solución de vivienda”, señaló. El gobernador del estado, Graco Ramírez Abreu, anunció que para la etapa de la reconstrucción se destinarán 358 millones de pesos para desarrollo urbano como calles, banquetas, obra hidráulica y drenaje. SEM/gr/lr
Representa un incremento de más del 68% del presupuesto propuesto: Jorge Estefan Chidiac
SemMéxico, Cd. de México, 10 noviembre 2017.- Esta madrugada el Pleno de la Cámara de Diputados concluyó la aprobación en lo general y particular del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2018, y lo envió al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el cual contempla un gasto total de cinco billones 279 mil 667 millones de pesos.
Al finalizar la sesión, la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, afirmó “hoy acabamos de aprobar un presupuesto histórico para las mujeres de México. Es el presupuesto más grande en 10 años de la existencia del Anexo 13. Va a beneficiar a las mujeres para el acceso a una vida libre de violencia, para acceder a mayores fuentes de apoyos económicos para su empoderamiento, en becas educativas para el nivel superior”.
Dijo que las fuerzas políticas al interior de la Cámara de Diputados apoyaron la opinión que la comisión que preside entregó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el Anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”.
En dicha opinión, las legisladoras integrantes de la comisión propusieron diversos incrementos y reasignaciones a programas enfocados a salud, salud sexual y reproductiva, embarazo adolescente, refugios para mujeres, violencia contra las mujeres, violencia política de género, alerta de género y trabajadoras del hogar, los cuales retomaron de opiniones técnicas que diversas organizaciones de la sociedad civil entregaron a la Comisión de Igualdad de Género.
En la sesión del Pleno, al fundamentar el dictamen del PEF 2018, el diputado Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, afirmó que “con el objeto de promover acciones para eliminar la discriminación y fortalecer una política pública con perspectiva de género, se destinarán 47 mil 918 millones (de pesos) a este propósito, lo que representa en el anexo correspondiente un incremento de más del 68 por ciento originalmente propuesto para programas que impulsan la igualdad de género entre hombres y mujeres”.
En el proyecto del PEF 2018 que entregó el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, en septiembre pasado, la propuesta de presupuesto para el Anexo 13 era de 28 mil 93 millones de pesos; y finalmente las legisladoras y legisladores aprobaron aumentar a este anexo 47 mil 918 millones 431 mil 176 pesos, según el dictamen de presupuesto que la Cámara Baja discutió ayer.
Durante la madrugada, en la presentación de las reservas al dictamen de presupuesto destacó que la diputada Concepción Villa González, de Morena, partido que entregó la mayor parte de las reservas, propuso dos reservas referentes a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, “una encaminada a la transversalidad de la igualdad en los espacios escolares y una última para disminuir la violencia contra las mujeres”.
Las reservas que presentó buscaban aumentar a “103 millones 676 mil 903 pesos al Programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva del Ramo 12 Salud, para garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de prevención y atención de salud sexual y reproductiva, y 11 millones de pesos dirigidos a la prevención del embarazo en adolescentes” y en materia de educación para erradicar los estereotipos de género y promover la igualdad, pero la reserva fue desechada.
De igual forma, el diputado Renato Josafat Molina Arias, de Morena, indicó que con la propuesta de presupuesto que el Ejecutivo envió a “esta soberanía demuestra su total y absoluta falta de compromiso para atender y prevenir la violencia que se ejerce contra las mujeres, en todos los ámbitos y de todos sus tipos”.
Por lo que propuso incrementar el “presupuesto en 150 millones de pesos de lo ya dictaminado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los cuales proponemos le sean reducidos a la oficina de la Presidencia de la República, que tiene un presupuesto grosero, un presupuesto que no entendemos el porqué de tanto gasto precisamente ahora que vienen las campañas electorales”, modificación que tampoco fue aprobada.
“Sabemos que la comisión de estos crímenes de odio y la violencia contra las mujeres se está generalizando en todo el país, lo cual nos indica que la política nacional de prevención, atención y sanción para la erradicación de la violencia contra las mujeres, política que es coordinada por la Secretaría de Gobernación, es una política fallida y es fallida en gran medida porque los recursos que se destinan a esta atención y prevención de violencia, cada vez son más mínimos”, sostuvo el legislador.
SEM/am/lr
Denuncian diputadas del PAN incapacidad del ejecutivo en Nuevo León para frenar feminicidio
SemMéxico, Cd. de México, 10 noviembre 2017.- La Comisión Especial de Alerta de Género de la Cámara de Diputados aprobó opiniones favorables a cuatro puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación (Segob) a declarar la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en la Ciudad de México, Puebla y Oaxaca, y exhortar a los gobiernos de estas entidades a revisar las medidas para combatir la violencia de género.
Ayer, en su segunda reunión de trabajo, la comisión presidida por la diputada Karen Hurtado Arana, del PRD, avaló estos documentos que serán remitidos a la Comisión de Igualdad de Género, quien dictaminará los puntos de acuerdo.
La primera opinión favorable aprobada fue sobre el punto de acuerdo de la diputada Concepción Villa González, de Morena, quien lo presentó ante el pleno, el pasado 14 de septiembre, en el cual se destaca la urgencia de revisar la eficiencia de procedimiento y ejecución de la Alerta de Violencia de Género por ser un mecanismo que “no está cumpliendo con objetivos”.
En dicho punto de acuerdo se plantea exhortar al titular de la Segob a que en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) emprendan la revisión del procedimiento para declarar alerta de violencia de género y la efectividad en la implementación de la misma para erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que en el texto se considera necesario modificar el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El documento de la legisladora de Morena destaca que entre las mujeres jóvenes de 15 a 29 años, el 10 por ciento de las defunciones registradas en 2015 fueron por homicidio, lo que representa en este grupo de edad la primera causa de muerte.
La diputada Concepción Villa señala que durante estos años, según investigaciones de organizaciones de la sociedad civil y de particulares, en el país se presentan 150 mil denuncias en forma anual por actos de violencia de género, de las cuales 16 mil 500 fueron recogidas en una averiguación previa y de éstas sólo 2.4 por ciento terminaron con una sentencia condenatoria.
La otra opinión avalada fue a puntos de acuerdo presentados por la diputada Cristina Gaytán Hernández y el diputado Omar Ortega Álvarez, del PRD, en los cuales se condena los recientes casos de feminicidio en el estado de Puebla y exhorta a la Segob a que, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), declare a la brevedad la Alerta de Violencia de Género en esta entidad.
Además, el punto de acuerdo pide al gobernador estatal, atender las recomendaciones planteadas por la Segob.
La tercera opinión aprobada es sobre el punto de acuerdo que plantea al jefe de gobierno de la CDMX a coordinar y ejecutar las medidas provisionales que pudiese implementar la Segob, en caso de una eventual declaratoria de Alerta de Violencia de Género.
El punto de acuerdo fue presentado por las diputadas Araceli Damián González y Alicia Barrientos Pantoja, de Morena, e1 19 de octubre pasado, en el cual se pide dar mayor celeridad a medidas de seguridad que proponga el grupo de trabajo que actualmente analiza la situación de violencia que viven las mujeres en la capital del país.
Finalmente, la cuarta opinión favorable fue al punto de acuerdo presentado por el diputado Luis de León Martínez Sánchez, del PAN, el pasado 26 de octubre, para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que coordine acciones con el objeto de emitir la declaratoria de alerta de género en el estado de Oaxaca.
Por otro lado, las diputadas Brenda Velázquez Valdez y Guadalupe González Suástegui, del PAN, denunciaron la incapacidad del gobierno de Nuevo León para frenar los casos de feminicidio en la entidad, que en los últimos 12 meses suman 58.
En conferencia de prensa, acompañadas de tres diputadas locales de Nuevo León, aseguraron que respaldarán las acciones de las legisladoras de esa entidad para erradicar el problema del feminicidio.
La diputada local Laura López Sánchez, del PAN, informó que este jueves acudieron a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), a fin de solicitar la intervención de este organismo y detener los feminicidios en Nuevo León, donde ayer se cometió el número 58, en 12 meses.
Expuso que en 2016 se decretó la alerta de género en cinco municipios de esa entidad, Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Monterrey, sin resultados favorables, “mientras el gobernador Jaime Rodríguez Calderón está más preocupado por su aspiración presidencial que por detener los feminicidios”.
Las diputadas locales de Nuevo León, Patricia Salazar Marroquín, del PRI; y Mariela Saldívar Villalobos, del Movimiento Ciudadano, denunciaron la falta de atención del mandatario estatal a la problemática del feminicidio.
SEM/am/lr
Necesario reformar también códigos de Procedimientos Civiles y Penales
SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 11 de noviembre de 2017.- El pleno del Congreso de Guerrero aprobó reformar el Código Civil y Penal del Estado, y establecer la figura de Alienación Parental como delito civil y penal, en aquellos casos en los que luego de una separación, uno de los cónyuges, manipule a las y los hijos para generar en ellos rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro progenitor.
La iniciativa fue presentada el 11 de mayo de 2016 por la diputada local priista Beatriz Adame Alarcón, la cual fue dictaminada por los diputados que integran la Comisión de Justicia, cuyo presidente, el legislador Héctor Vicario Castrejón, en la argumentación del dictamen emitido a favor de las reformas, dijo que éstas pretenden, en todo momento, proteger los derechos las niñas, niños y adolescentes.
“La alienación parental debe mirarse como una protección especial, como un derecho complementario a los demás, en la prevalencia del interés superior de la niñez, entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia que obliga a todas las autoridades a tomar acciones decididas en materia de prevención, subrayó Vicario Castrejón.
Al ser sometido a discusión del Pleno, la diputada de Morena María de Jesús Cisneros Martínez, coincidió con la propuesta, porque consideró que los hijos no deben quedar en medio de la disputa de los intereses de los padres o familiares.
“Ocurre ya con mucha frecuencia que los hijos son convertidos en el centro del pleito o litigio y la influencia que se ejerce de parte del padre, la madre, los y las abuelos y tías, entre otros familiares, quienes los chantajean e influyen de manera negativa para atraer su preferencia y con ello la custodia y así evadir otras responsabilidades como el pago de pensiones alimenticias”, apuntó la legisladora de Morena.
Indicó que esta iniciativa constituye un avance, pero observó que aún falta legislar para generar y mostrar la certeza con los medios de prueba idóneos que la alienación parental, “no basta que esté dispuesto en la ley, sino que se pueda demostrar en juicio y en consecuencia se sancione”, señaló, y adelantó su voto a favor, no sin antes advertir la necesidad de reformar también los Códigos de Procedimientos Civiles y Penales, para evitar que la reforma sea solo algo declarativo y letra muerta.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, se pronunció también favor de la iniciativa para garantizar que los menores vivan alejados de un ambiente de violencia, en el que se respete su persona e integridad física, psicoemocional y social, independientemente de la situación en la que se encuentren sus padres, ya sea por la disolución del vínculo matrimonial o la separación. “Ningún hijo o hija debe ser tomado como traidor simplemente por amar a ambos padres”, recalcó.
La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos.
Se entiende por alienación parental la manipulación o inducción que el padre o la madre realiza hacia su hijo o hija, mediante la desaprobación o crítica tendiente a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro progenitor.
SEM/ja/lr
Obligación del Estado, informar a los y las jóvenes sobre riesgos en la gestación
Chilpancingo, Gro., 9 noviembre 2017.- El pleno del Congreso del Estado aprobó exhortar al gobernador del Estado, a fin de que instruya a los titulares de las Secretarías de Salud, Educación, y de la Juventud y la Niñez estatales, a que implementen programas y acciones para informar a los y las jóvenes sobre los riesgos y consecuencias de no ejercer responsablemente su sexualidad.
La propuesta fue presentada por el diputado local del Partido Verde Ecologista (PEVEM), Mauricio Legarreta Martínez, quien señaló que las acciones implementadas a través la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), han resultado ser ineficaces, de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que ubica a México, en primer lugar en embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, en tanto que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), refiere que en el país, se registran 252 partos diarios en menores de edad.
El estado de Guerrero, se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional con embarazos en adolescentes, por debajo de Chihuahua, Coahuila y Durango, refirió el legislador, quien agregó que de acuerdo al Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, del registro de mujeres embarazadas que visitan las instituciones públicas de salud para llevar su control prenatal, el 20 al 23 por ciento son adolescentes de entre 11 y 18 años, y de niñas de 9 y 10 años en su mayoría producto de delitos sexuales, siendo los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y la Región de la Montaña, los de mayor incidencia.
Dentro de los factores que influyen a que se genere dicha problemática, Legarreta, señaló la desinformación por parte de los y las jóvenes en edad sexual reproductiva, así como la nula utilización de métodos anticonceptivos que les permitan mantener una vida sexual activa de manera responsable.
Entre los problemas secundarios que se generan a partir de un embarazo precoz, mencionó la deserción escolar, inserción precaria en el mercado laboral, el incremento de matrimonios o concubinatos antes de los 18 años; abortos, y en algunos casos, la muerte. Sin olvidar los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual (ETS).
“Resulta necesario y urgente que el titular del Poder Ejecutivo del estado implemente las acciones necesarias para la prevención del embarazo en adolescentes, no sólo como una cuestión de salud pública, sino como un asunto de derechos humanos, con severas repercusiones en el desarrollo social, siendo importante que dicha problemática se asuma como responsabilidad de los sectores de salud y educativo” recalcó el legislador.
La propuesta fue aprobada por el pleno del Congreso local por unanimidad.
SEM/ja/lr
Partidos y/o coaliciones deben contemplar fórmulas integradas por candidaturas indígenas
SemMéxico, Cd. de México, 8 noviembre 2017.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó –por unanimidad en lo general- los criterios y acciones afirmativas que los partidos políticos nacionales o coaliciones deberán cumplir en el registro de candidaturas federales a diputaciones y senadurías, a fin de salvaguardar el principio de paridad entre géneros y garantizar fórmulas integradas por candidatas y candidatos indígenas.
De esta forma, el Consejo General del INE aprobó para el caso de senadurías por el principio de mayoría relativa, que deberá observarse el principio de paridad vertical y horizontal: La primera fórmula que integra la lista de candidatas y candidatos que se presenten para cada entidad federativa, deberá ser de género distinto a la segunda, y de la totalidad de las listas de candidaturas por entidad federativa, el 50% deberá estar encabezada por hombres y 50% por mujeres.
Para el caso de diputaciones por el principio de mayoría relativa, los partidos políticos nacionales o coalición deberán postular, como acción afirmativa, fórmulas integradas por personas que se auto-adscriban como indígenas en, al menos, 12 de los 28 distritos electorales con población indígena, de los cuales 50% corresponderán a mujeres y 50% a hombres.
Al respecto, el consejero presidente Lorenzo Córdova, dijo que “estos criterios reflejan los aprendizajes obtenidos en más de ocho procesos electorales federales y, de manera especial, ratifican el compromiso del INE con la causa de la paridad, de la inclusión y de la igualdad política”.
Precisó que en materia de paridad horizontal, las acciones emprendidas por la autoridad electoral “no son un producto de una decisión del legislador, sino de una interpretación que del tema de paridad se ha hecho en sede jurisdiccional y en sede administrativa”, y respecto a la representación indígena, “es evidente que el reconocimiento pluricultural de nuestra nación no ha trascendido hacia los órganos de representación del Estado mexicano. Los órganos de representación política que hoy tenemos no reflejan necesariamente ese carácter pluricultural”.
Las principales innovaciones de este proyecto de acuerdo –destacó Lorenzo Córdova- “están orientadas a contribuir y a subsanar dicha asignatura pendiente del Sistema Electoral Mexicano con las comunidades indígenas, así como para contribuir a consolidar el mandato constitucional de paridad en las candidaturas.
Desde mi perspectiva, estos criterios marcan un antes y un después en el carácter pluricultural de la representación política de nuestra nación y un paso más en la lógica de la construcción de una nación 50-50”.
Este proyecto, puntualizó, “constituye un paso hacia el establecimiento de cuotas en materia de representación política de las y los indígenas de nuestro país y también de la participación política de las mujeres”.
El consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto, advirtió sobre el alcance de este acuerdo:
“La democracia no se entiende sin el valor de la igualdad. Las mujeres y grupos indígenas en el país son los sectores más sub-representados. Este acuerdo establece medidas compensatorias, acciones afirmativas, que plantean revertir la desigualdad hacia las mujeres y la integración de los indígenas a los cargos de representación política”.
Consideró que estos criterios representan “un paso más, en la construcción de una democracia más igualitaria” y dijo que el INE, como autoridad electoral, está obligada a promover los derechos humanos y aquellos de carácter político- electorales en favor de la igualdad sustancial entre los diferentes grupos de la sociedad.
La consejera Pamela San Martín hizo un recuento histórico de la representación legislativa de las mujeres y los indígenas de México: “En 2006 tuvimos 12 hombres indígenas y sólo dos mujeres indígenas. En 2009 siete hombres indígenas y sólo tres mujeres indígenas. En 2012 cinco hombres indígenas y sólo dos mujeres indígenas. Y en 2015 seis hombres indígenas y cero mujeres indígenas”.
“Me parece conveniente y relevante el garantizar que dentro de la postulación de candidatas y candidatos, siguiendo esta acción afirmativa, garantizar que también se postule en una misma condición de paridad a hombres indígenas y a mujeres indígenas”, indicó. Propuesta que no fue acompañada por la mayoría de las y los consejeros electorales.
Mientras, la consejera Dania Ravel mencionó que “el principio constitucional de paridad no garantiza, por sí mismo, los resultados. Por ello se requieren tomar medidas adicionales para que podamos ver su efectividad”.
Destacó que, por ello y para el caso de senadurías por el principio de Representación Proporcional, el INE plantea que la lista deberá ser encabezada por una fórmula integrada por mujeres “¿Pero, por qué propusimos esto? En el Senado la desproporción entre hombres y mujeres que lo han integrado es histórica: La Legislatura 2012-2018 está conformada por un total de 86 hombres y 42 mujeres; en la 2006-2012 hubo 106 hombres y 22 mujeres, y en la Legislatura anterior, es decir, 2000-2006, hubo 108 hombres y 20 mujeres”.
En el caso de la sub-representación de la población indígena, “es verdaderamente alarmante: En la legislatura 2009-2012, hubo ocho indígenas; en la 2012-2015, hubo siete indígenas, y en la actual legislatura, sólo seis indígenas y todos hombres”.
Paridad de género en registro de candidaturas
La totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a senadurías y diputaciones –se establece en los criterios aprobados- tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el INE, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros.
Las solicitudes de registro de candidaturas de partidos políticos o coaliciones, tanto para propietario como para suplente, tienen que oficializarse entre los días 11 y 18 de marzo de 2018; la Plataforma Electoral de partidos o coaliciones, deberá presentarse en los primeros 15 días de enero de 2018, y Consejos Locales y Distritales del INE sesionar para validar estos registros, por el principio de mayoría relativa, el día 29 de marzo de 2018.
SEM/sj/lr
Se propusieron 32 reformas a códigos penales y civiles de los estados, producto del primer encuentro
SemMéxico, Cd. de México, 8 noviembre 2017.- Avanzar en el fortalecimiento y armonización del marco normativo nacional para garantizar los derechos humanos de las mujeres, lograr la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia contra las mujeres, fueron los compromisos que se enunciaron durante la inauguración de la segunda Conferencia Nacional de Legisladoras (Conaleg).
Este segundo encuentro nacional se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y asistieron legisladoras de todo el país, presidentas municipales y síndicas, representantes de los tres Poderes de la Unión así como de las comisiones de igualdad de género federales, estatales y municipales de las de las 32 entidades federativas,.
Durante la inauguración, la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, instancia organizadora del evento, informó que producto del primer encuentro de la Conaleg, a la fecha se han propuesto 32 reformas a códigos penales y civiles de los estados para avanzar en la armonización legislativa en pro de los derechos de las mujeres y las niñas de todo el país.
La legisladora del PRI hizo entrega de dichas propuestas al coordinador de la Comisión de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Rolando Zapata Bello, a quien solicitó impulsar dentro de la instancia estas modificaciones en todas las entidades federativas; “las diputadas las van a impulsar en sus congresos, pero necesitamos del apoyo comprometido de los gobernadores y de la gobernadora para que esto sea una realidad”, sostuvo.
Por su parte, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), Lorena Cruz Sánchez, afirmó que el compromiso y liderazgo de las legisladoras es fundamental para impulsar y consolidar la agenda de igualdad de género en todo el territorio nacional, y advirtió que todas las leyes en todas las materias deben ser revisadas con visión de género para eliminar cualquier precepto discriminatorio que persista en ellas.
Además señaló “la importancia de contar con un marco normativo armonizado que sustente una política de Estado en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres,” para avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en las leyes de planeación, presupuestación y contabilidad gubernamental, con las cuales se logre tener realmente programas de igualdad en los estados.
Este marco, dijo, obligaría a la rendición de cuentas, auditar y evaluar las políticas públicas destinadas a las niñas y a las mujeres, así como destinar eficazmente los recursos para enfrentar retos como la reducción de la tasa de fecundidad adolescente, la mortalidad materna, el rezago educativo de las mujeres, además de incrementar su empoderamiento y autonomía económica, y combatir la violencia contra ellas, porque “hoy todavía 14 entidades no contemplan recursos presupuestales necesarios para hacer frente a las alertas de violencia de género”, agregó.
De igual forma, sostuvo que siete entidades no tienen ley contra la discriminación; cuatro no han tipificado la violación entre cónyuges, y otras cuatro aún no tipifican el abuso sexual como delito; “resulta inadmisible que algunas legislaciones estatales perdonen los delitos de rapto y estupro si el agresor se casa con su víctima, y que en cinco entidades aún se permitan las dispensas para que las niñas contraigan matrimonio”, criticó.
Expuso que el INMujeres desarrolló una plataforma digital que permite identificar leyes e instrumentos de planeación y presupuestación que requieren modificarse para que los esfuerzos estatales por la igualdad sustantiva tengan mejores resultados.
A su vez, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que en el país existe un pendiente sobre las trabajadoras del hogar pues “hoy carecen de las condiciones sociales mínimas”, “tenemos que ponernos al día en esta materia”, dijo.
Aseguró que en el país ninguna entidad federativa tiene “una ley de planeación con perspectiva de género, la cual daría coherencia a todo el proyecto de gobierno, obligaría a la canalización de recursos, a la fiscalización y a la rendición de cuentas”.
Indicó que pese a los avances en materia de género en México, aún persisten desigualdades como en el acceso a ingresos que limita la autonomía de las mujeres, además de problemas como la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, la desaparición forzada de infantes y adolescentes, la migración y la violencia extrema a la que se enfrentan las mujeres.
Por lo que señaló la necesidad de enfocar políticas públicas para resolver problemas de acceso al derecho a la salud, y a los derechos sexuales y reproductivos, para combatir las desigualdades en la materia; así como realizar compromisos para eliminar los obstáculos que aún tienen las mujeres para acceder al mercado laboral, como el trabajo de cuidados no remunerado que llevan a cabo todos los días.
La senadora Hilda Flores Escalera, vicecoordinadora del PRI en el Senado de la República, coincidió en que se debe impulsar las más profundas reformas para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Patricia Olamendi Torres, experta internacional en temas de justicia, género y derechos humanos, advirtió que México está en una emergencia que se explica en el crecimiento del fenómeno de la trata; advirtió que “estamos haciendo leyes que están beneficiando a los tratantes”, por lo que tenemos que exigir que esos códigos penales que permiten ese tipo de esclavitud desaparezcan y que entre en vigor la ley general en la materia, afirmó durante su conferencia “Armonización y homologación legislativa para garantizar los derechos de las mujeres y niñas en los códigos civiles, familiares y penales de las entidades federativas”.
SEM/am/lr
México no ha ratificado Convenio 189 sobre personas trabajadoras del hogar de la OIT
SemMéxico, Cd. de México, 8 noviembre 2017. La senadora Angélica de la Peña Gómez presentó una iniciativa que elaboró junto con las senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, María del Pilar Ortega Martínez, Martha Elena García Gómez y Marcela Torres Peimbert para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para reconocer a trabajadoras del hogar sus derechos laborales.
La legisladora del PRD expuso la iniciativa que las senadoras trabajaron durante tres años con organizaciones de la sociedad civil, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, entre otros, para adicionar y reformar diversas disposiciones de la LFT para establecer las prestaciones establecidas en la ley como vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso a seguridad social y aguinaldo de las trabajadoras del hogar.
De acuerdo con la iniciativa, que fue turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Primera, se prohíbe la contratación de personas menores de 15 años de edad para este trabajo y tratándose de adolescentes mayores de esta edad, el patrón deberá fijar jornadas que no excedan seis horas diarias y 36 horas semanales, así como evitar la contratación de personas adolescentes mayores de 15 años que no hayan concluido cuando menos la secundaria.
Se propone adicionar el artículo 331 de la LFT para definir como trabajadora del hogar toda persona que de manera remunerada realice actividades de aseo, asistencia y demás propios inherentes al hogar en el marco de una relación laboral y no lucrativa que no importe para el patrón beneficio económico directo, conforme a las horas diarias o jornadas semanales establecidas en la ley.
Además, en ese mismo artículo se establecen tres modalidades en la ley, las personas que trabajan para un patrón y residen en el domicilio; las que trabajan para un patrón y no residen en el domicilio, y las que trabajan para diferentes patrones y no residen en el domicilio de ninguno de ellos.
La iniciativa expone que según datos de la ENOE de 2016 el 96 por ciento de las trabajadoras del hogar no cuentan con ningún tipo de contrato, la mayor parte no recibe nada más que el salario por su trabajo y el 75 por ciento gana menos de dos salarios mínimos; menos del 25 por ciento recibe aguinaldo, y menos del 10 por ciento vacaciones con goce de sueldo.
Además que el 97 por ciento no tiene acceso a atención médica por su actividad laboral y el 30 por ciento ha reportado no contar con tiempo de descanso durante su jornada laboral, según datos del CONAPRED de 2015.
En el texto las legisladoras destacan que actualmente la Ley Federal del Trabajo mantiene a las trabajadoras de hogar en un régimen especial y discriminatorio, al no contar con ninguna disposición sobre seguridad, higiene, riesgos o accidentes de trabajo, así como no obligar a la regulación de la relación laboral a través de la firma de un contrato, normar el descanso, y porque tampoco establece vacaciones o aguinaldo.
Por ello, la iniciativa busca que el trabajo en el hogar se fije mediante un contrato de trabajo que incluya como mínimo la dirección del trabajo habitual, fecha de inicio, término y duración del trabajo, además el tipo de trabajo a realizar, remuneración y periodicidad de los pagos, horario de trabajo, pago de vacaciones, descansos, entre otros derechos.
La iniciativa también prohíbe solicitar constancia o prueba de no gravidez para la contratación de una mujer como trabajadora del hogar, y tampoco podrá despedirse a una trabajadora embarazada y de ser el caso el despido se presumirá como injustificado; en este mismo artículo, 331 TER, se establece como prohibido todo tipo de discriminación contra las personas trabajadoras del hogar.
En el artículo 337 bis se establece que las personas trabajadoras migrantes se les dote de protección y seguridad para no ser discriminadas, así como las mismas condiciones de trabajo que las nacionales, garantizando condiciones de vida decorosa e higiénica, atención médica, contrato de trabajo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.
Asimismo, se detalla que las personas trabajadoras del hogar que residan en el domicilio no podrán exceder de ocho horas diarias y cuando excedan deberán de considerarse como horas extra.
Al exponer la iniciativa, la senadora Angélica de la Peña recordó que el Estado mexicano aún no ratifica el Convenio 189 sobre personas trabajadoras del hogar, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que conminó al Poder Ejecutivo a enviar dicho convenio al Senado para llevar a cabo la ratificación.
Además, hoy durante el Seminario Mujeres del Siglo “Mujeres en el Siglo XXI: perspectivas y desafíos”, Marcelina Bautista Bautista, representante del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, saludó dicha iniciativa y pidió al Senado su aprobación en pro de los derechos laborales de más de 2 millones 400 mil trabajadoras del hogar.
La líder también precisó que con la iniciativa se busca modificar la ley para nombrarlas como trabajadoras del hogar y ya no como trabajadoras domésticas u otras denominaciones que las discriminen.
Por su parte, el subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, José Adán Ignacio Rubí Salazar, destacó que actualmente sólo “poco más de nueve mil personas” trabajadoras del hogar están afiliadas en el seguro social, lo que representa el 0.4 por ciento del total de trabajadoras del hogar en México.
A su vez, la Alexandra Haas Paciuc, presidenta del CONAPRED, recordó que México necesita un sistema nacional de cuidados para que el Estado, las instituciones, las empresas y las todas las persona, compartan las tareas de cuidados que recae sobre las mujeres y que representa la doble jornada de trabajo para la mitad de la población del país.
En este seminario, que fue organizado por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género; la CONAVIM; la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la legisladora del PRI afirmó que la desigualdad y la violencia de género son dos de los principales desafíos de las mujeres del siglo XXI.
El ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la SCJN, reconoció la falta de avances para consolidar la igualdad de las mujeres y dijo que se requieren determinar las responsabilidades del Estado y actuar con estrategias eficientes para eliminar la violencia estructural.
El senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado, afirmó que las mujeres se insertan en el mercado laboral en desventaja, en empleos precarios y de menor remuneración, por lo que “resulta lamentable que 17 años de este tercer milenio, las mujeres sigan siendo relegadas a un plano secundario en el mundo laboral y sufran discriminación tan sólo por ser mujeres”.
Advirtió que de acuerdo al Informe Global de la Brecha de Desigualdad de Género 2017, del Foro Económico Mundial, México se ubicó en el lugar 81 de la evaluación global, en el 124 de 144 países, en lo relativo a la participación de oportunidades económicas, en el 53 en el rubro logros educativos, en el 58 en materia de salud y en el 34, en empoderamiento político.
El magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand Arzate, al condenar cualquier tipo la violencia o agresión que se ejerza contra la mujer señaló que el Estado debe trabajar de forma conjunta para erradicar la violencia y desigualdad de género.
SEM/am/lr
Implementarían políticas públicas y programas especiales de educación, salud y asistencia social
Chilpancingo, Gro., 8 noviembre 2017.- El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) del Congreso de Guerrero propuso reformar la Ley número 812 para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero y crear el Programa de Atención de la Niñez en Orfandad por Feminicidio.
A nombre de su grupo parlamentario, la diputada local Magdalena Camacho Díaz, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 9, de la Ley número 812 para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, así como adicionar un último párrafo al artículo 43, de la Ley número 450 de Víctimas del Estado de Guerrero.
Al sustentar la propuesta, la legisladora local refirió que la violencia de género en el Estado de Guerrero es una problemática en expansión, y citó los datos de ONU Mujeres, que se señala, que, durante los años 2006 y 2007, ocupó el primer lugar; el tercero en 2008 y 2009; el segundo entre 2011 y 2012; el primero en 2013; y en el 2014, registró la mayor tasa de feminicidios del país, con 9.6 casos por cada 100,000 mujeres.
Debido a que estos asesinatos son cometidos en su mayoría de los casos por la pareja sentimental, “no es raro pensar que existen casos en que los hijos de la víctima quedan en el desamparo, cuando pierden a su madre a causa del feminicidio perpetrado, en muchos casos, por su padre”, expuso la legisladora.
Como antecedente, refirió que en mayo de 2005, la Procuraduría General de la República creó el Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, con un monto de 25 millones de pesos de la dependencia y 5 millones de la Fiscalía del gobierno estatal, en apoyo a los menores que quedan en estado de orfandad a causa del feminicidio que recaen en un caso especial de vulnerabilidad que debe ser atendido por el Estado; “sin embargo, en Guerrero no contamos con ningún sistema de asistencia especializada para tratar estos casos”, subrayó.
Por ello, Camacho Díaz destacó la necesidad de que el Estado atienda a aquellas víctimas indirectas de hechos delictivos como el feminicidio, que sufren daños irreparables, además de que ven truncadas sus perspectivas de estudio, “de ahí que proponemos la incorporación dentro del sistema jurídico guerrerense la inclusión de las medidas compensatorias en favor de este grupo vulnerable, de manera que sea posible otorgar estímulos económicos a las hijas o hijos de madres víctimas de feminicidio para que estudien en instituciones públicas del Estado”.
En la iniciativa presentada los diputados de MC, proponen establecer la obligación para las autoridades del Estado y los municipios, para que adopten las medidas de protección especial a los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en orfandad por feminicidio, implemente políticas públicas y programas especiales de educación, salud y asistencia social.
También proponen crear el programa de atención a la niñez en orfandad por feminicidio por medio del cual, independientemente de las medidas de ayuda inmediata que les otorgue el Estado, otorguen estímulos económicos que permitan la igualdad de oportunidades y acceso, permanencia y conclusión de estudios de los menores que hayan quedado en orfandad a consecuencia del feminicidio de por su madre o tutora, en el que el responsable sea su padre.
Al mismo tiempo proponen mecanismo para que los infantes que hayan quedado en orfandad, como víctimas indirectas de feminicidio, a través de sus tutores o familiares o persona de confianza puedan ante la Comisión ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), solicitar su inscripción al registro estatal de víctimas. Para ello, la Fiscalía General del Estado (FGE), deberá por obligación, recabar la información de las víctimas indirectas de la violencia feminicida y la informen a la CEAV en aquellos casos de infantes en orfandad.
Actualmente destacó Camacho Díaz, se desconoce cuántas menores en orfandad por feminicidio hay en la entidad y en consecuencia, el Estado no se ocupa de ellos. La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de justicia, derechos humanos y los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
SEM/ja/lr
“Si no estamos las mujeres en estos espacios de toma de decisiones, de qué democracia estamos hablando”
SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 7 noviembre 2017.- La junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) Guerrero, se pronunció porque los partidos políticos, al postular a sus candidatos, respeten la paridad de género tanto horizontal como vertical.
Durante la instalación del Consejo Local del INE en Guerrero, Dagoberto Santos Trigo, presidente de dicho órgano, hizo un llamado enérgico a los partidos políticos para que de manera irrestricta, respeten el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas, y eviten que los distritos y municipios menos competidos, sean destinados a las mujeres, lo cual, adelantó, constituiría un acto de discriminación.
El rezago en que han estado las mujeres, que constituyen el sector mayoritario en el país y el Estado de Guerrero, se debe erradicar con acciones afirmativas y contundentes, para lograr la plena equidad social y la verdadera democracia, subrayó el funcionario electoral.
“No es posible que la paridad de género tenga un contenido exclusivamente electoral, los partidos deben de mirar hacia adentro para garantizar al interior de sus dirigencias e instancias colectivas de decisión, que prevean sus estatutos, la paridad partidaria tan necesaria y tan ausente”, agregó.
Santos Trigo convocó a que una vez en el poder, ya sea en los congresos o ayuntamientos, velen porque la paridad de género se aplique en las instancias administrativas, a fin de garantizar el derecho constitucional a un servicio verdaderamente democrático, “porque mientras persista el rezago histórico hacia las mujeres en otros espacios de la vida institucional, no será posible vivir en un contexto democrático real y efectivo, se debe erradicar con acciones afirmativas y contundentes, para lograr la plena equidad social”, subrayó el presidente del INE Guerrero.
En tanto, María Luisa Garfias Marín, Consejera Electoral, exigió que los partidos políticos coloquen como candidatas a las mujeres en aquellos distritos y municipios en los que se garantice su triunfo y no en los perdedores, “porque si no estamos las mujeres en estos espacios de toma de decisiones, de qué democracia estamos hablando”, expuso.
Como consejeras y consejeros, agregó Garfias Marín, les corresponde la vigilancia de la aplicación de la ley y los acuerdos entre los partidos políticos, por lo que advirtió que estarían vigilantes de que el principio de paridad de género se aplique en la postulación de las próximas candidaturas.
La consejera Analid Mier Bautista dedicó su espacio a la paridad de género; “buenas tardes a todos, y digo todos, porque en realidad el lenguaje de género nunca me ha molestado, mientras se haga con el reconocimiento de las capacidades y aptitudes como persona independientemente sea hombre o sea mujer, y quiero manifestar mi emoción y agradecimiento por esta honrosa designación y por ser parte indiscutible de la paridad de género de este consejo”.
Al finalizar las participaciones de las consejeras y consejeros quedó formalmente instalado el consejo local del INE Guerrero, rumbo al proceso electoral 2017-2018 en la entidad.
SEM/ja/lr
Modelo de Prevención Social en la Violencia de Género, Mujeres Reeducando, se beneficiaría
Estas ampliaciones forman parte de la Opinión, que la comisión aprobó por unanimidad, sobre diversas modificaciones al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2018 que se entregará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la cual se plantea la ampliación de 15 millones de pesos (mdp) para el Modelo de Prevención Social en la Violencia de Género, Mujeres Reeducando, en los municipios del Estado de México con Alerta de Género.
Este modelo tiene como objetivo organizar grupos de mujeres jóvenes que se conviertan en agentes de cambio social y promotoras de convivencia pacífica, cohesión social y comunitaria en los lugares donde vivan para recuperar la seguridad, elevar el bienestar común, promover la cultura de paz e impulsar la participación ciudadana.
De acuerdo con el análisis de la comisión, las mujeres jóvenes son más vulnerables a la pobreza por circunstancias inherentes al ciclo de vida, como falta de conocimiento formal e informal y recursos limitados para enfrentar crisis económicas; además, son más propensas a desempeñar empleos mal pagados, al desempleo y a carecer de seguridad social lo cual las coloca en una mayor vulnerabilidad.
Asimismo, la Comisión de Juventud pidió 6 mdp para el Modelo de Atención Integral de la Violencia de Género desde las Juventudes, cuyo fin es diseñar acciones de cohesión social impulsadas por jóvenes y mujeres madres como agentes de paz para promover el respeto a los derechos humanos enmarcadas en la cultura de no violencia y relaciones igualitarias.
De igual forma, para desarrollar programas de detección y tratamiento de la violencia de género en el noviazgo, escuela y familia, así como diseñar acciones institucionales para fortalecer la atención a la violencia de género en los municipios.
Durante los trabajos de la comisión, se destacó que los montos etiquetados en el Anexo 18 de Recursos para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes destinados a este programa registran una disminución de casi 50 por ciento a la proyección de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Para programas en materia educativa las diputadas y diputados integrantes de la comisión propusieron una ampliación por 69 millones 124 mil pesos para fortalecer el Programa Nacional de Becas, a fin de que más jóvenes tengan acceso y permanencia a estos apoyos, que garantice la conclusión de estudios y logren superación académica.
El documento indica que el PPEF 2018 presenta una reducción de mil millones de pesos para las y los adolescentes de 12 a 17 años, que representan el 36 por ciento y no tienen acceso a su derecho a estudiar, lo que aumenta su vulnerabilidad y marginación.
El texto resalta que se ofrecen becas de alfabetización y educación básica a jóvenes embarazadas de entre 12 a 18 años de edad, para tener un acceso efectivo al derecho a la no discriminación.
Además, se solicitó una ampliación de 20 millones de pesos al Programa para el Desarrollo Profesional Docente, con el propósito de que cumpla sus funciones y avance en capacitar a más profesores, elemento primordial para elevar la calidad educativa.
Destaca el proyecto de Impulso a la Movilidad Urbana de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por 269 millones 124 mil 17 pesos para resarcir los problema; ya que en México se registraron 34 mil 509 defunciones de jóvenes por accidentes de tránsito en el 2013; el 17.2 por ciento son hombres y 10.3 por ciento mujeres; así las lesiones por contingencias de tránsito es, “la segunda causa de muerte entre jóvenes de entre 20 a 29 años de edad y concentra el 25 por ciento de los fallecimientos”, destaca la opinión.
Por ello, se explica en el documento, se necesita diseñar políticas públicas en materia de movilidad más eficientes y fortalecer los proyectos que tienen mayor impacto para proteger a la población joven.
Por otro lado, la Comisión de Seguridad Social reiteró su preocupación por “el agresivo” recorte presupuestario que han sufrido los recursos destinados al mantenimiento de la infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En su opinión sobre el Quinto Informe de Gobierno, publicada en la Gaceta Parlamentaria, la Comisión precisó que los institutos de seguridad social enfrentan una compleja situación presupuestal.
También, estimó que la asignación presupuestaria consagrada para la atención a la salud en las instituciones de seguridad social debe crecer nominalmente como mínimo al ritmo de la inflación real o proyectada por el Banco de México, criterio que no se ha cumplido en términos acumulados, se destaca en un comunicado.
Por ello, la Comisión de Seguridad Social consideró necesario exhortar a los directivos del IMSS y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a que mejoren las prácticas de asignación de recursos destinados a la compra de medicamentos, vacunas y materiales de curación, a fin de evitar casos de corrupción y malas prácticas con los recursos públicos.
Además, precisó que es de vital importancia la atención de las necesidades de infraestructura que surgieron a partir de los sismos de septiembre pasado, con el fin de restablecer a la brevedad los servicios médicos y de guarderías, y dar certeza y seguridad al personal de salud y a la población derechohabiente de las estructuras en las que se realiza la atención.
La opinión aboga para que el presupuesto en salud aumente en términos reales, de manera progresiva, hasta alcanzar el promedio de gasto en la materia observado en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Además, se advierte del recorte de más de 11 por ciento real que se comete al programa de atención a la salud en el ISSSTE, se explica que se trata de un ajuste de más de 2 mil mdp que afecta a un rubro del que depende la calidad de la atención médica para millones de derechohabientes.
SEM/am/lr
Llama #Epicentro a reconstrucción coordinada y sin secretos financieros
Parte de los recursos se movilizarán a través de fideicomisos públicos y privados
La información de censos, diagnósticos, recursos y proyectos, en una sola plataforma
SemMéxico, Cd. de México, 7 noviembre 2017.- Más de 50 organizaciones de la sociedad civil -integradas en #Epicentro- realizarán un riguroso seguimiento sobre el uso de los recursos para la reconstrucción tras los sismos de septiembre, lo cual costaría, según el Ejecutivo Federal, alrededor de 50 mil millones de pesos. El objetivo, anunciaron esas organizaciones, es lograr una reconstrucción eficiente, focalizada, transparente y efectiva, que atienda las necesidades de la población y que, en particular, no deje detrás a la población en situación de vulnerabilidad. En un comunicado, #Epicentro, que está conformado entre otras por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Libre Acceso AC, Fundar, Centro de Análisis e Investigación Gobierno Fácil, Grupo ciudadano con 3 personas de SIMO Consulting, Hábitat para la Humanidad, México Humanismo y Sociedad IMCO, subrayó que vigilarán estrechamente que sea “una reconstrucción coordinada y sin secretos financieros”. Consideró que es un hecho que en el país será necesario movilizar una cantidad importante de recursos, tanto públicos como privados para las labores de reconstrucción. Expuso que una parte importante de la movilización de recursos se llevará a cabo mediante instrumentos de financiamiento como son los fideicomisos públicos y privados, así como a través del propio presupuesto de secretarías de Estado y de organizaciones civiles. Destacó que debido a la complejidad de las labores de reconstrucción y el origen diverso de los recursos, es importante que exista transparencia y una coordinación eficiente entre los distintos actores involucrados en estos trabajos de reconstrucción, para así lograr los resultados sociales más benéficos posibles. #Epicentro invitó a los actores involucrados en la reconstrucción a tomar en consideración las siguientes medidas que avancen una agenda para afianzar que la colaboración entre gobierno, sector empresarial y sociedad civil en las labores de reconstrucción, se lleve de manera transparente y coordinada. Consideró que será necesario que la información de censos, diagnósticos, recursos disponibles y proyectos, esté en una misma plataforma. Dicha plataforma contribuirá a facilitar las tareas de focalización, planeación, y toma de decisiones para un uso eficiente de los recursos. Lo anterior, con el objetivo de evitar que haya duplicidades en las acciones que se ejecuten y que la reconstrucción sea eficiente y mantenga su sentido social. También una concentración de información, que estén en una misma plataforma para facilitar las tareas de focalización, planeación, y toma de decisiones para un uso eficiente de los recursos. Lo anterior, con el objetivo de evitar que haya duplicidades en las acciones que se ejecuten y que la reconstrucción sea eficiente y mantenga su sentido social. #Epicentro destacó la importancia de la transparencia en el manejo de los recursos públicos y privados, así como sobre las donaciones, y en cuanto a los fideicomisos público de los tres niveles de gobierno consideró que deberán garantizarse medidas de transparencia y rendición de cuentes. También habló de la importancia de la conformación de documentos, tales como contratos, convenios modificatorios, reglas de operaciones y anexos del fideicomiso, entre otros. SEM/ga/lr
Perú: la Reforma Electoral inconclusa
Propuestas feministas
Seguiremos impulsando la campaña Somos la Mitad, queremos Paridad sin acoso político
SemMéxico, Lima, Perú, 7 noviembre 2017.- Necesitamos un nuevo Código Electoral y en ese camino parecíamos caminar hasta que dejó de ser una prioridad fortalecer nuestro sistema político electoral. Por ello, organizaciones feministas como Flora Tristán, Manuela Ramos y Calandria seguiremos impulsando nuestras propuestas desde la campaña Somos la Mitad queremos Paridad sin acoso político, alcanzadas al JNE, al Congreso, con consultas a la sociedad civil, y diversas organizaciones. Insistiremos en que el horizonte de la Paridad y la lucha por la igualdad pasan por una reforma inclusiva. Por ello, estos artículos sobre la reforma electoral y las mujeres.
Nuevos enfoques y nuevos principios: Necesitamos propuestas de la reforma en el marco de nuevos enfoques, específicamente, el de género, que reconozca la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres; construidas sobre la base de las diferencias que se constituyen en una de las causas principales de las brechas y barreras de la participación política de las mujeres. El enfoque de interculturalidad que no admite aceptar prácticas culturales discriminatorias, y por supuesto, el enfoque de derechos.
Los principios que deben orientar los cambios son los de igualdad y no discriminación: Los organismos electorales y las organizaciones políticas deben garantizalos. El principio de Paridad: La participación política de mujeres y hombres es un derecho humano reconocido en una sociedad democrática, representativa, participativa e inclusiva, al amparo de estos principios. No estamos en los espacios de decisión de las políticas y los recursos públicos.
Paridad en los procesos electorales, pero también en los organismos electorales: necesitamos un Pleno del Jurado Nacional de Elecciones donde se aplique el principio de paridad y en todos sus niveles. Cualquier normatividad debe respetar el uso de un lenguaje inclusivo, en cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades (Ley N° 28983) y la Resolución Ministerial N° 015-2015- MIMP y otras políticas, y dejar de asumir que una institución de la colonia como la Academia de la Lengua tenga mandato de ley.
Flora Tristán, Manuela Ramos y Calandria plantearon “… que los partidos políticos, movimientos regionales y organizaciones locales, deben llevar a una mujer como cabeza de lista por cada tres listas que postulen a las municipalidades provinciales y distritales del respectivo departamento o provincia. Las listas de candidaturas para elegir regidores/as debe ser paritaria, estar compuestas por un 50% de mujeres y de hombres, 20% de jóvenes de hasta 29 años (…) y un mínimo de 15% de representantes de comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios de cada provincia, donde existan, conforme lo determine el JNE”.
En la actualidad tenemos 18 alcaldesas distritales en los 1,656 distritos, y 6 alcaldesas provinciales en las 196 provincias. Salvo que apliquemos una cuota horizontal que obligue a que un mínimo del 30% de candidaturas de mujeres a las alcaldías provinciales y distritales la encabecen mujeres, no se revertirá la tendencia. Las cuotas solo se aplicaron a los consejos locales.
Por ello tenemos 449 regidoras provinciales de 1,756, que son el 25.5%, y 2,567 regidoras distritales de 8,824, el 29%. Es aquí donde está el 96% de la representación femenina, que ha hecho enormes esfuerzos para desarrollar propuestas y articularse con las organizaciones de mujeres. Es necesario hacer un inventario de lo que las mujeres autoridades modificaron en todo el Perú en esta década de permanencia en los consejos locales, y por supuesto, las resistencias machistas por su presencia, las que hay que revertir, amén de tener una ley de acoso político que garantice la permanencia de las mujeres en la política.
Por ello, alternancia sin paridad es una salida corta para las mujeres. Vox Populi en su encuesta del 22 julio al 6 de agosto, destaca que el 72% de la población considera que las listas deben ser ampliadas al 50% de mujeres. Ganamos en la opinión pública, pero sigue habiendo conservadurismo a la hora de tratar los derechos de las mujeres en el Congreso.