Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 8 septiembre 2017. El diputado Carlos Gutiérrez García, del grupo parlamentario del Nueva Alianza, indicó la necesidad de impulsar en México programas que aumenten la comprensión lingüística y cognitiva, además de reducir el analfabetismo, porque aún seis de cada 100 mujeres y cuatro de cada 100 hombres no saben leer ni escribir.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, este 8 de septiembre, el legislador destacó que en el país se redujo el porcentaje de personas analfabetas mayores de 15 años, al pasar de 25.8 a 5.5 por ciento de 1970 a 2015, pero falta mucho por hacer.

En un comunicado, indicó que a pesar de que México cuenta con programas para combatir el analfabetismo, como los del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) o el programa “Jóvenes por un México Alfabetizado”, que impulsa el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), es necesario que más instituciones se sumen a combatir esta problemática social.

“La alfabetización es también una fuerza motriz del desarrollo sostenible, ya que incentiva la participación de mexicanos en el mercado laboral, mejora la salud, la alimentación, reduce la pobreza y amplía las oportunidades de desarrollo a lo largo de la vida”, sostuvo el diputado.

A nivel mundial, dijo, el analfabetismo aqueja a 750 millones de jóvenes y personas adultas quienes carecen de conocimientos de lectura y escritura, así como a 250 millones de niñas, niños que no consiguen adquirir las capacidades básicas de lectoescritura.

Finalmente, afirmó que “el analfabetismo es un problema mundial y su erradicación debe ser abordada desde los tres niveles de gobierno”.

SEM/am/lr

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 9 septiembre 2017. La Cámara de Diputados y el Senado de la República recibieron el Paquete Económico 2018, de manos del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, quien destacó que se considera un Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por cinco billones 236 mil 400 millones de pesos (mdp), superior al aprobado para 2017.

Primero, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el secretario de Hacienda entregó al presidente de la Mesa Directiva, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, quien afirmó que la Cámara analizará el Paquete Económico 2018 y, en su caso, lo aprobará puntualmente, con la voluntad de las fuerzas políticas; ya que la Cámara de Diputados detenta la facultad exclusiva de la aprobación del presupuesto. 

El secretario de Hacienda precisó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018, asciende a cinco mil 236.4 miles de millones de pesos; un crecimiento de 113 mil 0.4 miles de millones de pesos, respecto a la cifra aprobada para 2017.

Sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2018, subrayó que los programas sociales se mantienen en sus términos y ningún beneficiario de padrón se verá afectado.

Enfatizó que los recursos para los programas de seguridad nacional y seguridad pública se fortalecen en el Paquete Económico, y que el presupuesto combinado de las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y de Gobernación, así como de la Procuraduría General de la República, suman 191 mil 778 mdp.

Asimismo que se fortalece, con 200 mdp, el fondo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.

Y que se robustece, en 5.0 por ciento real, el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de proteger a la población mexicana en el extranjero.

Además que se incorpora un anexo transversal por tres mil 399 mdp para dar seguimiento al Sistema Nacional Anticorrupción.

En apoyo a la cultura, se propone crear un Fondo para la Modernización del Patrimonio Cultural Federal por 725 millones de pesos; un programa para resaltar la riqueza histórica y cultural de México en el Canal 11, por 150 millones de pesos, y un Fondo para el Aseguramiento de Exposiciones Internacionales de Obras de Arte por 250 millones de pesos.

De igual modo, expuso, se incluye un Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad.

Indicó que también se plantean reducciones para los techos de endeudamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para la Ciudad de México se propone un nivel de endeudamiento de cuatro mil 500 millones de pesos.

Meade Kuribreña apuntó que el Paquete Económico se construyó sobre tres pilares: la estabilidad, basada en la trayectoria de consolidación fiscal; la certeza, sustentada en la reforma fiscal de 2013-2014, y el sentido social, al privilegiar los programas que han demostrado su contribución en la disminución de la pobreza.

El paquete contiene la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y los Criterios Generales de Política Económica.

En esta ocasión, dijo, no se presentó una miscelánea de reformas legislativas de carácter fiscal, por lo cual se mantendrán los mismos impuestos y tasas tributarias.

José Antonio Meade recalcó que la Secretaría de Hacienda dará a conocer oportunamente la información relacionada con el ejercicio del Presupuesto y la ejecución de los proyectos de inversión, a través del portal de transparencia presupuestaria y por primera vez se dará a conocer este Proyecto de Presupuesto hasta el nivel de partida de gasto en ese mismo portal.

Después, en el Senado de la República, el presidente de la Mesa Directiva, senador Ernesto Cordero Arroyo, recibió del secretario José Antonio Meade, la propuesta de Paquete Económico 2018, con lo cual también se inició el proceso de análisis por parte de las y los senadores.

Cordero destacó que es la primera vez que el secretario de Hacienda asiste al Senado para entregar los criterios generales de política económica, el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos que componen el Paquete Económico del siguiente año. 

El secretario José Antonio Meade recalcó que para 2018 la SHCP espera un rango de crecimiento de la economía de entre 2 y 3 por ciento.

SEM/am/lr

Alicia Mendoza

SemMéxico, Cd. de México, 8 septiembre 2017.- La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre del grupo Parlamentario del PRI, presentó ayer ante el Senado de la República un punto de acuerdo para solicitar a los gobiernos de las 32 entidades federativas un informe de las acciones, avances y resultados de la promoción de la no violencia contra las mujeres.

En la segunda sesión del periodo ordinario del Pleno de la Cámara de Senadores, la senadora Diva Hadamira Gastélum destacó que a pesar de los esfuerzos realizados tanto por los poderes Legislativo y Ejecutivo, con la emisión de leyes y programas, aún se presentan prácticas discriminatorias por género, que van en detrimento del desarrollo de México.

Aún se cometen violaciones en el ejercicio de los derechos reproductivos, hostigamiento y acoso sexual, mientras que la disparidad en la carga del trabajo doméstico y cuidados no remunerados, y desigual participación en los puestos de decisiones y liderazgo no disminuyen.

La iniciativa pide exhortar respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que presenten un informe pormenorizado sobre las acciones realizadas para promocionar e impulsar la no violencia en contra de mujeres y niñas en el marco del Día Naranja, conmemorado el 25 de cada mes, así como los avances y resultados que se han alcanzado para erradicar este fenómeno.

Además de exhortar “a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan y amplíen sus acciones, planes y programas en materia de prevención, combate y erradicación de la violencia en contra de mujeres y niñas”.

Entre los esfuerzos para erradicar los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, el texto indica que el 30 de abril de 2014, el Pleno del Senado aprobó modificaciones a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de sancionar la violencia obstétrica para dar mayor protección en la atención médica durante el embarazo, parto y puerperio; y de ofrecer mayores garantías a las trabajadoras y más certera, al incentivar la equidad de género en la actividad empresarial.

También se destaca que el 9 de marzo pasado, el Pleno del Senado aprobó un dictamen para prevenir, atender y sancionar la violencia política en razón de género, así como promover y proteger los derechos político-electorales de las mujeres.

Entre otras cuestiones dicha minuta del Senado sobre violencia política en razón de género, que está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, incorpora al orden jurídico nacional el concepto de violencia política de género; y reconoce las modalidades, y estipula las infracciones y sanciones correspondientes, así como los agravantes.

Finalmente, el punto de acuerdo puntualiza parte del marco normativo nacional e internacional que se debe cumplir en México para erradicar la violencia contra las mujeres, así, destaca, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 5 fracción VIII, establece que los Derechos Humanos de las Mujeres son los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia.

SEM/am/lr

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 8 septiembre 2017.- El PRD, su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y organizaciones civiles de México y Estados Unidos, anunciaron la conformación de la Red Binacional de Mujeres Migrantes Progresistas, que buscará una vinculación con legisladores estadounidenses para hacer frente a las políticas migratorias del presidente de la Unión Americana, Donald Trump.

La red binacional, Estados Unidos – México, tiene el objetivo de implementar acciones de protección y asistencia integral a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

En un mensaje en sus redes, la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del grupo parlamentario del PRD, afirmó que “haremos todo lo posible por cambiar el presupuesto de México para que incluya una suma extra para la defensa legal de los y las Dreamers en los Estados Unidos”.

En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora Cecilia Soto y el diputado Rafael Hernández Soriano informaron que la bancada del PRD tomó la decisión de unir esfuerzos para ayudar a las y los connacionales radicados en Estados Unidos “ante una respuesta débil del gobierno mexicano frente a la ofensiva de Trump contra las personas migrantes”.

La diputada Soto González, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, argumentó que la última ofensiva fue la cancelación del Programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que otorgaba permisos a los y las jóvenes migrantes para trabajar y estudiar.

“Hemos tomado la decisión de unir esfuerzos de ambos lados de la frontera, redes y organizaciones con legisladores de ambas partes, para cambiar esta situación”, expresó la diputada.

Añadió que tienen planeadas reuniones en Atlanta, Georgia, para buscar “acciones legislativas globales e impacto en los medios”.

A su vez, Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Alianza por los Derechos Humanos en Georgia, Estados Unidos, e integrante de la red, destacó que están buscando lazos de ayuda que apoyen a las mujeres que luchan contra las políticas antiinmigrantes, racistas y discriminatorias.

“Para nosotros es muy importante crear esta red, y estamos aquí precisamente buscando crear esos lazos de ayuda. Necesitamos el apoyo de todos y todas los interesados y, desde luego, el rescate de nuestras mujeres”, expresó la activista.

El diputado Hernández Soriano, secretario de la Comisión de los Derechos de la Niñez, dijo que su partido comparte esta visión e intención de que las organizaciones de la sociedad civil que defienden a las personas migrantes se vinculen con los y las legisladoras para “darle mayor fuerza y contundencia al trabajo que desarrollan en Estados”.

Ayer, se llevó a cabo el Seminario Binacional México – Estados Unidos por el Empoderamiento y los Derechos de las Mujeres Migrantes, organizado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, donde activistas, académicas, defensoras de derechos humanos y diputadas de México y Estados Unidos urgieron una acción decidida del gobierno mexicano para hacer frente a la posible deportación masiva de la población joven migrante en el país vecino del norte, llamada ‘dreamers’.

Las participantes criticaron la decisión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de derogar el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el cual afectará a unos 600 mil mexicanas y mexicanos que llegaron a EU siendo infantes.

En el seminario, integrantes del PRD sostuvieron que EU debe respetar los tratados internacionales, proteger a migrantes y respetar sus derechos a la documentación migratoria y el derecho a la identidad.

Además en el seminario también se analizaron los aportes de las mujeres migrantes y las mujeres de origen mexicano a la economía local, nacional y binacional.

La senador Angélica de la Peña Gómez consideró que la política migrante de Donald Trump tiene la clara determinación de golpear a las y los mexicanos, por lo que defendió el derecho de estas poblaciones a vivir dignamente en EU.

Por su parte, Amalia García Medina, titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, criticó que en el Tratado de Libre Comercio los derechos de las y los migrantes “no están en la mesa”; además consideró que el salario mínimo en México es insuficiente para una vida digna, con el cual el gobierno mexicano mantiene una política de expulsión de su ciudadanía.

SEM/am/lr

Alicia Mendoza

SemMéxico, Cd. de México, 6 septiembre 2017.- Aprobar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y dotarla de presupuesto suficiente; ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras del hogar; el matrimonio igualitario; al desplazamiento forzado, y las reformas para prevenir y sancionar la violencia sexual contra niñas y niños, violencia política de género y trata de personas, son algunos pendientes legislativos que se destacaron durante el Informe de Actividades 2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.

En la Casona de Xiconténcatl, ante legisladoras, legisladores y representantes de organismos políticos y de defensa de derechos humanos, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó las leyes de derechos humanos que desde el Senado han trabajado junto con sociedad civil, colectivos de familias y organismos de derechos humanos, como la ley contra la tortura y la ley contra la desaparición forzada de personas.

Esta comisión, indicó, ha realizado trabajo en conjunto con organismos de derechos humanos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de “la Organización de los Estados Americanos, como de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente, la relación muy cercana para seguir trabajando en la
armonización”, revisión y aprobación de los Tratados en materia de Derechos Humanos”.

De igual forma, la legisladora del PRD resaltó que su trabajo legislativo tiene el tamiz de las organizaciones de la sociedad civil, además de las propuestas y análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN).

Al dictaminar las reformas a la Ley General de Víctimas, las organizaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas fue imprescindible, señaló Angélica de la Peña.

En el informe de la comisión que preside destacó la aprobación de la Ley General para Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, “tuvimos que reformar la Constitución para otorgarnos el mandato al Congreso de la Unión para hacer una sola Ley Nacional para todo el país, que nos unifique a todo el pacto federal, Federación, estados y municipios, para prevenir, para sancionar y para erradicar este grave flagelo a los Derechos Humanos”.

De igual forma, la senadora indicó que es fundamental apoyar a la CNDH, dándole con claridad desde la ley cuáles son las tareas para cumplir la gran responsabilidad de prevenir la tortura; el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura debe tener libertad y autonomía para trabajar de manera transversal en esa materia, sostuvo.

La senadora del PAN Diva Hadamira Gastélum Bajo, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, reconoció que es urgente atender el tema del desplazamiento interno forzado, así como lo relativo a la violencia política de género.

La secretaria de la Comisión, Adriana Dávila Fernández, afirmó que a pesar de los logros se debe reconocer que muchas de las iniciativas que se aprobaron se encuentran detenidas en la Cámara de Diputados, como la relativa a la trata de personas y la de desaparición forzada y por particulares.

Por su parte, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, llamó al Poder Legislativo a abordar, desde una perspectiva integral, los problemas que enfrenta nuestro país en materia de seguridad y justicia, les exhortó a impulsar una ley en materia de desplazamiento forzado, y también exhortó a la Cámara de Diputado a aprobar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares.

Además, destacó más pendientes del trabajo legislativo, como la armonización normativa para que los organismos de derechos humanos gocen de los recursos suficientes y capacidades necesarias en el desempeño de sus funciones, la formulación de leyes como la relativa a la consulta previa de pueblos y comunidades indígenas, al matrimonio igualitario, al desplazamiento forzado interno y las adecuaciones normativas para prevenir y sancionar la violencia sexual contra niñas y niños en centros educativos.

También se pronunció por la eliminación del arraigo en el sistema jurídico y la necesidad de modificar la Ley del Seguro Social, para eliminar las disposiciones que restringen el acceso a la pensión por viudez a los varones, por su carácter discriminatorio, que reproduce estereotipos de género contrarios a la igualdad entre mujeres y hombres.

Puntualizó que la Comisión de Derechos Humanos del Senado tiene el reto de contribuir a garantizar que los postulados del artículo 1° constitucional se preserven y materialicen en las leyes que se emitan para beneficio de toda la sociedad; afirmó que “se requieren soluciones integrales que propicien el respeto y vigencia de los derechos de todas las personas, al igual que el cumplimiento y aplicación de la ley”.

En su oportunidad, Leticia Bonifaz Alfonzo, titular de la Dirección General de estudios, promoción y desarrollo de los derechos humanos de la SCJN, recordó que el Senado tiene pendiente la ratificación de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, así como el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajadoras del hogar.

Por su parte, Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, exhortó respetuosamente también a la Cámara de Diputados a aprobar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y a dotarla de presupuesto suficiente, al Senado también solicitó la ratificación del Convenio 189 de la OIT.

Igualmente, expresó su preocupación por la situación que vive el país, e indicó que México necesita una transformación profunda y merece un sistema de impartición de justicia eficaz, profesional e independiente de todos los intereses políticos.

Sobre la seguridad interior, dijo que se necesita un debate profundo y público en torno de ese modelo para el país, así como revisar los avances y lo que no se ha logrado, y el impacto que se ha tenido en los derechos humanos.

En cuanto a la situación de las personas migrantes dijo que urge que las leyes de migración y refugio se armonicen con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Finalmente, pidió a las y los presentes a sumarse a la campaña para reconocer la competencia del Comité de Naciones Unidas para recibir y examinar denuncias individuales de las víctimas de violaciones a los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales contra las desapariciones forzadas.

En el evento estuvieron la senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Adriana Dávila Fernández, María Marcela Torres Peimbert y Layda Sansores San Román, secretarias de la Comisión de Derechos Humanos; María Verónica Martínez Espinoza, María Lucero Saldaña Pérez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela Cuevas Barrón, Lorena Cuéllar Cisneros, Jesús Casillas Romero, Miguel Ángel Chico Herrera y David Monreal Ávila, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos.

También, Mohammad Taghi Hosseini, embajador de la República Islámica de Irán en México; Antonio L. Mazzitelli, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México; Mohamed A. I. Saadat, embajador de Palestina en México; y María Eugenia Venegas Renauld, embajadora de Costa Rica en México. Así como, Beatriz Mojica Morga, Mary Thelma Guajardo, Claudia Castelo Rebollar; Verónica Juárez Piña, y Antonio
Medina Trejo, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.

SEM/am/lr

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 7 septiembre 2017.- El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del PRI, rindió protesta como presidente de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.

En la sesión de este jueves, el Pleno cameral logró superar la crisis parlamentaria y avaló la Mesa Directiva con la mayoría calificada de 388 votos a favor, 40 abstenciones y cero en contra.

Así, Ramírez Marín tomó protesta como presidente de la Mesa Directiva; posteriormente tomó protesta a las dos vicepresidentas y dos vicepresidentes: Martha Hilda González Calderón, del PRI; María Ávila Serna, del PVEM; Javier Bolaños Aguilar, del PAN, y Arturo Santana Alfaro, del PRD.

También, a las seis secretarias y dos secretarios de la Mesa Directiva: Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del PAN; Isaura Ivanova Pool Pech, PRD; Ernestina Godoy Ramos, Morena; Verónica Delgadillo García, Movimiento Ciudadano; María Eugenia Ocampo Bedolla, Nueva Alianza; Ana Guadalupe Perea Santos, Encuentro Social; Marco Antonio Aguilar Yunes, PRI, y Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del PVEM.

Por otra parte, durante la sesión, el diputado Ramírez Marín informó que mañana viernes 8 de septiembre, a las 11 horas, se recibirá la iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y disposiciones que conforman el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2018, remitidas por el Ejecutivo federal, en cumplimiento a lo dispuesto a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política.

Informó se turnará de inmediato estos documentos a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social, para efecto del trámite respectivo a su dictamen.

SEM/am/lr

Alicia Mendoza

SemMéxico, Cd. de México, 7 septiembre 2017.- Beatriz Rojas Martínez, diputada de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), dio a conocer que en el Periodo Ordinario de Sesiones presentará una reforma al Código Penal local para precisar el delito de feminicidio, ya que los casos de feminicidio en la Ciudad de México quedan sin resolver.

Así lo adelantó hoy durante el Foro “Violencia feminicida; impunidad y falta de acceso a la justicia en la Ciudad de México”, en el que participaron Irinea Buendía Cortés, luchadora social y madre de Mariana Lima Buendía, y Araceli Osorio Martínez, trabajadora de la UNAM y madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio.

Ambas luchadoras denunciaron que en los casos de los asesinatos de sus hijas las autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México, respectivamente, no aplicaron los protocolos de investigación con perspectiva de género y calificaron las muertes en primera instancia como suicidio.

Por lo que la exigencia de justicia llevó a Irinea Buendía hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien solicitó a las autoridades mexiquenses volver a investigar como feminicidio el asesinato de Mariana Lima. Mientras que Araceli Osorio sigue a la espera de la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX sobre la solicitud que presentó para reclasificar como feminicidio el asesinato de Lesvy Berlín. Ambas buscan justicia para que Julio César Hernández Ballinas, esposo de Mariana Lima, y Jorge Luis González Hernández, novio de Lesvy Rivera sean sentenciados como feminicidas.

De acuerdo con la legisladora Rojas Martínez de manera arbitraria las autoridades de procuración de justicia en la Ciudad de México determinan si la muerte de una mujer fue por feminicidio u homicidio y ocultan la gravedad de los asesinatos de mujeres en la capital; de esta forma, explicó que los asesinos son sentenciados por homicidio y no por feminicidio que es un delito mayor.

Por ello, la diputada de Morena advirtió sobre la urgente necesidad de declarar la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en la capital del país, pues es una medida de emergencia que ayudará en el esclarecimiento de los hechos ante tan alarmante incremento de casos de feminicidio, porque “la negación del problema no ayuda en su solución”.

De esta manera la asambleísta coincidió con la solicitud la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México que organizaciones de la sociedad civil Justicia Pro Persona A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos para Todas y Todos” y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), hicieron hoy a la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Por ello, Rojas Martínez exhortó a CAPEA y a LOCATEL para atiendan de manera inmediata las investigaciones por desaparición de mujeres porque hasta la fecha solicitan esperar hasta 72 horas, tiempo en el cual las mujeres pueden perder la vida.

En su intervención, María Salguero, geofísica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), creadora del mapa de feminicidios en Google Maps, puntualizó que en este año hasta la fecha ha registrado 45 feminicidios y 37 muertes violentas de mujeres, dando un total de 82 asesinatos de mujeres, sin embargo, la Procuraduría de la CDMX sólo reconoce 20 feminicidios, los restantes los califica como homicidios o suicidios.

La especialista indicó que de las 82 muertes violentas de mujeres, 58 de las víctimas son adultas, dos son menores de edad, cuatro adolescentes, cuatro de la tercera edad y de 14 se desconoce, agregó que sólo 14 agresores fueron aprehendidos, seis vinculados a proceso, cuatro se suicidaron y 58 se encuentran prófugos.

Rodolfo Manuel Domínguez Martínez, coordinador de la asociación civil Justicia, Derechos Humanos y Género, lamentó que la impunidad que caracteriza al gobierno de la Ciudad, permita que se deje sin castigo a los responsables y sin justicia a las víctimas.

De igual forma, destacó que el incremento de asesinatos de mujeres con arma de fuego no significa más que el fortalecimiento del crimen organizado en la capital del país, y criticó que en la Procuraduría local se premie la incompetencia y la ineptitud, dijo que urge que en esa dependencia labore gente sensible y capacitada, que garantice el cumplimiento de los protocolos y la objetividad en las Investigaciones.

David Peña Rodríguez, especialista en derechos humanos y violencia contra las mujeres, afirmó que la Procuraduría local y el gobierno de la Ciudad se encuentran en complicidad institucional para reducir el impacto de los feminicidios en la Ciudad de México, por ello mantienen una política de comunicación en la que criminalizan a las víctimas a efecto de tener un control de daños, reducir el impacto de las muertes y cuidar la imagen pública de los gobernantes, finalizó.

SEM/am/lr

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 7 septiembre 2017.- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República acordó que la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, sustituya a partir de este día al senador Emilio Gamboa Patrón en la presidencia de este órgano de gobierno.

Hoy, al instalar los trabajos de la Jucopo, el presidente asignado el pasado 31 de agosto, senador Emilio Gamboa Patrón, como lo informó el 1 de septiembre, pidió a las y los integrantes un voto de confianza para que la senadora Ana Lilia Herrera presida la Junta, propuesta que fue aprobada por unanimidad.

También se aprobó la designación de Héctor Ortega Celis, como secretario técnico de la Jucopo, y la instauración de un programa legislativo con temas de interés de todos los grupos parlamentarios.

Asimismo, la Jucopo abordó lo referente al Quinto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, acordó la presentación de 45 preguntas parlamentarias, así como la actualización en la composición de comisiones legislativas.

Después, en la sesión del Senado, el acuerdo por el cual la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo asume la presidencia de la Jucopo fue aprobado también por unanimidad por el Pleno de la Cámara Alta.

Cabe señalar que integran la Jucopo el senador Fernando Herrera Ávila, coordinador del grupo parlamentario del PAN, Manuel Bartlett Díaz, coordinador del grupo parlamentario del PT, y Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM; el senador Miguel Romo Medina, la senadora Sonia Mendoza Díaz, del PAN, y el senador Emilio Gamboa Patrón, del PRI.

María de los Ángeles Moreno Uriegas fue senadora durante las LVI y LVII Legislaturas; Presidió la Gran Comisión y fue Presidenta del Senado y de la Junta de Coordinación Política. Fue la primera mujer en desempeñar la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional.

SEM/am/lr

Alicia Mendoza

SemMéxico, Cd. de México, 4 septiembre 2017. Este fin de semana, la senadora Dolores Padierna Luna y la diputada Maricela Contreras Julián informaron el término de su militancia de cerca de 30 años en las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y por tanto su salida de las bancadas de ese partido tanto en el Senado de la República, como en la Cámara de Diputados.

Ambas renuncias se dieron a conocer horas antes de que el Consejo Nacional del PRD aprobara la conformación del Frente Amplio Democrático con el PAN. Las legisladoras dirigieron sus cartas de renuncia a la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, a la Comisión de Afiliación y a la militancia del PRD.

Así, Dolores Padierna renunció también a la coordinación del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, “con la plena convicción de que el partido habrá de retomar muy pronto su proyecto histórico de transformación del país, presento mi renuncia como militante del Partido de la Revolución Democrática, fuerza a la que he consagrado los pasados 28 años de mi vida”, expresa en su carta.

De igual forma, Maricela Contreras afirma que se va “agradecida del PRD porque durante mucho tiempo he compartido la agenda a favor de las personas, sigo firme en mis ideales y me comprometo por ellos, sobre todo para que las fuerzas democráticas y de izquierda vayan en unidad a los comicios de 2018”.

Ayer mismo, ambas legisladoras suscribieron el Acuerdo Político de Unidad encabezado por Andrés Manuel López Obrador, junto con otras políticas y políticos como Ifigenia Martínez y Hernández, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia la Nación, Olga Sánchez Cordero.

“El desastroso escenario de crisis que vive México, obliga a las fuerzas de izquierda a estar preparadas y a la altura de la oportunidad que nos ofrece el año venidero para enderezar el rumbo del país, y así conducirlo a un verdadero camino de desarrollo, libertades e igualdad”, afirma la senadora Dolores Padierna en otra carta dirigida al grupo parlamentario del PRD en el Senado.

A su vez, la diputada Maricela Contreras informó esta tarde su separación de la bancada del PRD en la cámara baja, así mismo que ha solicitado formar parte del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

SEM/am/lr

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 4 septiembre 2017.- La senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, afirmó que la elección de la Mesa Directiva del Senado de la República y el proceder del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional durante las negociaciones previas, son un mal augurio para el proceso electoral del próximo año.

Lo anterior porque el 31 de agosto el pleno del Senado eligió, con 77 votos a favor, al senador Ernesto Cordero Arroyo, del grupo parlamentario del PAN, como presidente de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura que dio inicio el 1 de septiembre.

Pero dicha elección estuvo rodeada de disputas y acusaciones de traición por senadoras y senadores del PAN, ya que el grupo Parlamentario del PAN había propuesto a las senadoras Laura Rojas Hernández y Adriana Dávila Fernández como presidentas de la Mesa Directiva, pero esta propuesta, afirmaron las legisladoras, fue “vetada” por el PRI, partido que impulsó a Ernesto Cordero; ante lo cual la mayoría de la bancada del PAN se abstuvo de votar.

Por ello, la legisladora del PRD expresó, en un comunicado, que “debemos señalar que no se valoraron las capacidades de las senadoras propuestas por Acción Nacional y con ello se vulneró el principio de paridad en la designación de los espacios de dirección en una de las dos cámaras del Congreso de la Unión”.

Apuntó que “durante cinco años hemos trabajado para que las mujeres sean consideradas, en igualdad de condiciones que los hombres, para ocupar espacios de poder y decisión, y la noche de ayer quedó demostrado que los prejuicios y discriminación prevalecen y se desdeñó a dos legisladoras altamente capaces de conducir el trabajo de la Cámara de Senadores”.

En este contexto, advirtió que si esto ocurrió en el Senado de la República, donde se ha aprobado la legislación más avanzada en la protección y reconocimiento de los derechos de las mujeres, es muy probable que en el proceso electoral del 2018 se busque la manera de darle la vuelta a la ley y relegar a las mujeres candidatas a los distritos y municipios menos importantes
y más difíciles de ganar.

De la Peña Gómez informó que “las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no votaron a favor del senador Ernesto Cordero, entre otras cuestiones, porque se debió respetar la decisión del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y dar tiempo a que sus propuestas fueran incorporadas en el acuerdo general”.

Finalmente, lamentó que el Grupo Parlamentario del PRI no respetara la representación que en 2012 el voto de la ciudadanía le otorgó al PRD en la Cámara de Senadores como tercera fuerza política, la cual, pese a salida de algunos de sus integrantes para militar en otro partido político, prevalece hasta la conclusión de la actual legislatura.

SEM/am/lr