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Hace falta promover la perspectiva de género en la producción nacional

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 4 septiembre 2017.- La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, afirmó que el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de actualizar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión al mismo ritmo de los avances tecnológicos, para garantizar que la población goce de sus derechos en condiciones de igualdad y con los mecanismos necesarios para la exigibilidad de su aplicación.

Así lo sostuvo durante el foro “Telecomunicaciones y Radiodifusión: los retos que vienen”, donde también destacó que el Senado de la República ha recibido una minuta de la Cámara de Diputados que modifica diversos preceptos de la legislación en materia de telecomunicaciones, la cual deberá analizarse con absoluta responsabilidad y con el acompañamiento de expertas y expertos en este campo.

Destacó que entre los pendientes en esta materia se encuentran tanto la paridad en la integración del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la protección de la identidad y el libre desarrollo de la personalidad de todas las personas, pero especialmente, de niñas, niños y adolescentes.

De igual forma, puntualizó que hace falta promover “la perspectiva de género en la producción nacional, independiente, realizada por mujeres, necesarios para complementar esta importante reforma”, aprobada entre 2013 y 2014.

Cabe recordar que el principal objetivo de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, consistió en realizar cambios impulsados por los poderes Ejecutivo y Legislativo para establecer los fundamentos constitucionales y legales para crear una nueva arquitectura jurídica, institucional, regulatoria y de competencia en este sector.

Los principales fundamentos de dichas modificaciones estuvieron basados en principios de certidumbre jurídica, promoción de la competencia, regulación eficiente, inclusión social digital, independencia, transparencia y rendición de cuentas.

Ahora, frente en la transformación digital, indicó la senadora perredista, son muchos los retos en materia de telecomunicaciones; de los más complejos, son las resistencias de todo tipo a las nuevas directrices de la propia Ley a partir de los mandatos de la Constitución, oposición a la transparencia, oposición a legitimar lo que establece la ley.

“Cualquier modificación incidiría en una serie de preceptos y principios que caracterizan los derechos de usuarios y de las audiencias y el fortalecimiento de instituciones, particularmente, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros importantes aspectos”, explicó.

Angélica de la Peña recordó que definir al IFT como un organismo autónomo requirió de un gran esfuerzo que partió de las propuestas y opinión de especialistas y significó un gran avance, “hoy que el IFT está a punto de iniciar una segunda etapa, de consolidación, con un proceso para elegir o reelegir a quien lo dirige, es momento de realizar un balance y para ello, debe rendirnos cuentas”.

“Frente a la transformación digital tenemos que garantizar que todas y todos entremos con mayor equidad”, dijo.

Indicó que otra de las prioridades del Congreso es que los distintos grupos que conforman la sociedad mexicana, especialmente aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, conozcan la Ley, sus derechos, y las obligaciones que tienen con ellos las autoridades y concesionarios, así como los instrumentos para su plena aplicación.

“Seguiremos trabajando y, por supuesto, vamos a incluir a otras senadoras y senadores, especialistas e instituciones, porque tenemos que estar prestos con toda la información que necesitamos para hacer una correcta evaluación para las determinaciones que el Senado de la República tiene que hacer en esta materia próximamente”, puntualizó la senadora Angélica de la Peña.

También participaron en el foro María Elena Estavillo, comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones; Elisa Mariscal, consejera del IFT; Raúl Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; María Teresa Arnal, CEO de Google México; Alejandro Pisanty, de Alfa Redi/ UNAM/ NIC México; Areli Cano, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información; y Patricia Ortega Ramírez, UAM Xochimilco.

SEM/am/lr

Inicia periodo Cámara de Diputados sin nueva Mesa Directiva

Alicia Mendoza

SemMéxico, Cd. de México, 2 septiembre 2017.- En el año que precede a la sucesión presidencial, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos inició ayer formalmente los trabajos del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, sin nueva Mesa Directiva en la Cámara de Diputados y con críticas por la elección del presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

El problema fue que las representaciones de las bancadas del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena en la Cámara de Diputados dieron a conocer que no votarían la integración de la Mesa Directiva, hasta que en el Senado de la República se asegure la realización de ajustes legales para evitar que el procurador General de la República pase de manera automática a ocupar la Fiscalía General de la Nación.

Por lo que la apertura del periodo ordinario de sesiones la dirigió la Mesa Directiva saliente, que preside la diputada panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, quien informó que seguirá en funciones hasta el próximo 5 de septiembre; asimismo precisó que en la próxima sesión de la Cámara de Diputados será discutida la nueva elección “a efecto de buscar mejores condiciones” para que los coordinadores de los grupos parlamentarios lleguen a un acuerdo.

Después, en sesión del Congreso General se dio paso al posicionamiento de las bancadas, donde cada grupo parlamentario dio a conocer la agenda legislativa que impulsará en el último año de la 63 Legislatura; en la que destacaron los temas de la designación del fiscal General de la República, el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Seguridad Interior, la Ley General de Desaparición Forzada, la contienda electoral del 2018, combate a la pobreza, seguridad nacional, corrupción, violación de derechos humanos, salud, educación.

En cuanto a los derechos político-electorales de las mujeres y la minuta del Senado que sanciona la violencia política en razón de género, pendiente de aprobación en la cámara baja, las únicas referencias directas fueron del PRD y del PRI.

“Exigimos de inmediato se aprueben las minutas en materia de violencia política contra las mujeres, a ellas se les sigue escatimando su participación en todos los sentidos y en todas las esferas, y ayer en el Senado vivimos una más contra las mujeres, porque a ellas se les sigue limitando y porque en el PRD entendemos que las mujeres son más de la mitad del mundo, pero también son madres de la otra parte”, afirmó el diputado perredista Diego Valente Valera Fuentes.

De igual forma, desde la tribuna la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo Parlamentario del PRI, al resaltar los logros de la administración actual dijo “la participación paritaria de las mujeres está garantizada en nuestra ley fundamental.

De igual significado es la legislación para prevenir y combatir de manera efectiva la violencia política por razones de género que ya salió del Senado y está aquí con ustedes, con los diputados federales lista para su discusión y aprobación”.

También hubo un par de referencias generales a los derechos de las mujeres y la situación de creciente violencia feminicida en el país.

Una fue de la senadora Layda Sansores San Román, del grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, quien al criticar al gobierno federal afirmó que “en su gobierno se encadenan hechos amargos, la corrupción arraigada en las altas esferas del poder, despojo, violencia, violación a los derechos humanos, sumados a los de Calderón, tenemos muertos y desaparecidos como en una guerra. Saquean al país, asaltan en las calles y en las casas, asesinan mujeres, reprimen o matan periodistas, los expían, y se permite que en los Estados Unidos humillen a nuestros hermanos migrantes”.

También, la diputada Norma Rocío Nahle García, del grupo Parlamentario de Morena, afirmó que su partido continuará enarbolando causas como “los salarios mínimos, los derechos de las mujeres, la revisión de concesiones mineras, el derecho al referéndum, las pensiones de trabajadores, la prevención de desperdicio de alimentos, temas sobre anticorrupción, fiscalización y control de recursos públicos y otras más; muchas de las cuales siguen congeladas en las Comisiones”.

Durante toda la sesión se hicieron evidentes las diferencias dentro de la bancada del PAN, cuyas legisladoras y legisladores el jueves 31 de agosto se dividieron ante la designación del senador Ernesto Cordero Arroyo como presidente de la Mesa Directiva del Senado. Desde la tribuna y desde las curules hubo manifestaciones en contra y a favor de su elección, y en contra del pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General.

Sobre los principales temas de la agenda legislativa, la senadora priista apuntó que su partido busca atender temas como la seguridad, específicamente la Ley de Seguridad Interior; el combate a la corrupción; los derechos de las mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad; el desarrollo económico, y la defensa de los intereses del país en el exterior.

A su vez, la senadora del PT Layda Sansores cuestionó los resultados del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en temas de seguridad, derechos humanos, economía y desarrollo social, entre otros.

Durante el posicionamiento del coordinador del PAN, Marko Cortés Mendoza, legisladoras y legisladores de su grupo parlamentario se pronunciaron frente al presidium en contra del “pase automático” del procurador General de la República, con pancartas que contenían la leyenda “No al #FiscalCarnal”. Cortés Mendoza dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto se caracteriza por ser el “gobierno de la corrupción” y por ello buscan poner un Fiscal General “a modo”, que encubra toda su red de corrupción, a pesar de que reconocieron que la ley estaba mal.

El diputado perredista Valera Fuentes indicó que su bancada también pugnará por la anulación del dicho pase automático, “dejaremos reglas claras para que el próximo fiscal sea libre y autónomo, para no heredar un Sistema Nacional Anticorrupción que sea una farsa”, asimismo dijo que impulsarán la minuta que expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la de violencia política contra las mujeres, y defenderán el mandato constitucional para universalizar el derecho a la salud.

La coordinadora de la diputación de Morena, diputada Rocío Nahle García, sostuvo que su partido se abocará en propuestas que mejoren la situación económica, y que un eventual recorte en el presupuesto de 2018 no impacte a los sectores de salud y educación; además que analizarán las propuestas en materia de seguridad y de las Fuerzas Armadas.

Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de la diputación del Movimiento Ciudadano, rechazó también el nombramiento automático del procurador de la República como Fiscal, y se pronunció por el combate al derroche de recursos públicos y la corrupción, así como el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad pública, la modernización del sistema de procuración de justicia y la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo.

El diputado Abdies Pineda Morín, del PES, señaló que su bancada no está en la disposición de aprobar un Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 que conlleve a un déficit fiscal, y pidió a la legislatura aprobar mayores recursos para los estados, para asuntos de seguridad.

El diputado independiente Manuel Jesús Clouthier Carrillo hizo un llamado a las y los legisladores a aprobar una ley que reduzca y transparente el financiamiento a los partidos políticos y otra que fiscalice el financiamiento de las campañas políticas, “no es posible ganar la lucha contra el crimen organizado sin combatir la corrupción organizada, la narcopolítica y el lavado del dinero”; además lamentó que el Sistema Nacional Anticorrupción haya nacido sin la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En la sesión se destacó que la siguiente semana será clave para poder llegar a acuerdos en la discusión legislativa, porque el viernes 8 de septiembre se conocerá el proyecto de presupuesto para 2018 que será entregado por el gobierno federal al Congreso, además que serán discutidos por cada fracción los temas del Quinto Informe de Gobierno.

Tras el posicionamiento de los nueve grupos parlamentarios y del diputado independiente, la presidenta saliente de la Mesa Directiva clausuró la sesión del Congreso General y citó a las diputadas y a los diputados para la siguiente sesión, que se realizará el martes 5 de septiembre a las 11:00 horas.

Cabe destacar que al término de la sesión, el senador del PRI, Emilio Gamboa Patrón anunció, frente al Canal del Congreso, que dejará la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), designación que hizo el pleno del Senado apenas este jueves, para que sea una senadora quien presida la Jucopo.

Afirmó que “el martes que convoque a la Junta de Coordinación entregaré la Junta de Coordinación Política para que la presida una mujer. Una de las que me acompañan a mí. El PRI en la Jucopo tiene tres miembros: una mujer y dos hombres, dos senadores y una senadora. Lo voy a hacer consciente de que haya un hombre y una mujer que presidan los dos órganos de gobierno más importantes del Senado de la República. A partir del martes dejaré de ser presidente de la Jucopo. Sé que lo va a hacer muy bien Ana Lilia Herrera (Anzaldo), es una mujer muy bien preparada, fue una de las mejores secretarias de educación en los estados”.

SEM/am/lr

Se cometieron omisiones e ilegalidades en el proceso pasado

Josefina Aguilar Pastor,

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 1 septiembre 2017.- El salario no es motivo para remover a los consejeros del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC), considera el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Nicanor Adame Serrano, pues se debe evaluar su desempeño dentro del proceso electoral, opinó.

El recurso de impugnación que algunos consejeros electorales interpusieron por considerar que la observación de la Auditoría General del Estado (AGE), hacia el IEPC, para que los consejeros reduzcan su salario, es una violación al principio de autonomía e independencia que como organismo autónomo tiene dicho órgano electoral; el Tribunal Electoral del Estado aun no resuelve, indicó el representante perredista.

Sin embargo, considera que este tema de los salarios no es un elemento importante para pedir su destitución, como lo ha planteado el diputado local de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja. “Más que el elemento del salario, yo considero el actuar en el proceso electoral, es decir, la omisiones e ilegalidades que se cometieron en el proceso pasado, en los distritos 16, 18, 28 y 14”, en los que el PRD perdió.

Adame Serrano comentó que aún falta el dictamen que emita el Instituto Nacional Electoral (INE), respecto al recurso de remoción que interpuso Morena. Opinó que al órgano electoral en el país “le falló” la designación de los actuales consejeros del IEPC.

Sin embargo, el representante del PRD ante el IEPC insistió que más allá del tema de los salarios, los consejeros electorales deben de ser evaluados en cuanto a su desempeño frente al mismo, porque es ahí donde se miden realmente los resultados que estén dando y su compromiso con la democracia y la ciudadanía; el salario es importante pero no tanto como su cargo al frente del órgano garante.

Esta es la primera vez que los integrantes del órgano electoral son cuestionados respecto al salario que perciben, el cual ha declarado la consejera presidenta Marisela Reyes Reyes, fue aprobado por sus antecesores, y solo lo retomaron.

SEM/ja/lr

Desde el 14 de julio presentó un exhorto al secretario de Salud de Guerrero

Josefina Aguilar Pastor,

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 1 septiembre 2017.- La Secretaría de Salud de Guerrero no ha atendido el exhorto aprobado por el Congreso de la Unión hace poco más de un mes, para garantizar el abasto de medicamento en los centros hospitalarios del estado que dependen de dicha instancia, informó la diputada federal, Lluvia Flores Sonduk.

Al asistir este jueves a la conferencia de prensa que ofrecieron integrantes de la corriente interna del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la que pertenece, la legisladora federal comentó que durante los recorridos que ha realizado en distintos municipios de la entidad, una de las situaciones generalizadas que ha encontrado es el desabasto de medicamentos, por lo que el pasado 14 de julio, presentó ante el pleno del Congreso de la Unión, un exhorto para conminar al titular de la Secretaría de Salud del Estado, atender esta situación.

Sin embargo, dijo que a poco más de un mes de haberse emitido este llamado, no ha sido atendido por parte del secretario; “en esta administración hay un desabasto generalizado medicamentos, y es nuestra crítica, no hemos tenido respuesta desde que se hizo el exhorto”.

Dijo que ha buscado al Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, sin respuesta alguna “lo vamos a seguir buscando, porque es el bienestar de los guerrerenses”, afirmó la legisladora perredista.

El desabasto de medicamento, es generalizado, en todas las regiones del Estado, principalmente en la Montaña, la Costa Chica y Tierra Caliente, incluso en Acapulco, y no se puede estar jugando con la salud de los guerrerenses, insistió.

“La gente está preocupada, desde presidentes municipales, comisarios, la sociedad en general nos ha hecho llegar ese tipo de preocupaciones”, afirmó Flores Soduk.

A pesar de los avances en el sistema de salud en el país que se refleja en una mayor esperanza de vida y menor mortalidad infantil desde el año 2000 a nivel nacional, la población de Guerrero sigue en espera de poder acceder a servicios oportunos y de mayor calidad, acusó legisladora federal.

SEM/ja/lr

Manifestantes en Palacio Legislativo contra recortes presupuestales

Redacción

Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 1 septiembre 2017. Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, entregará esta tarde el Quinto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto al secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara.

En un comunicado la Cámara de Diputados, precisó que el evento se llevará a cabo alrededor de las 16:30 horas en el salón Protocolo, del edificio C, del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Con ello, la Cámara de Diputados abrirá el primer período ordinario de sesiones del tercer, y último, año de trabajos de la LXIII Legislatura, así como para recibir el Quinto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Ayer, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta de la Cámara de Diputados, abrió la Sesión Preparatoria del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, con un quórum de 376 diputadas y diputados, y declaró un receso, en espera de recibir de manera formal el acuerdo de coordinadores de los grupos parlamentarios para la elección de la Mesa Directiva que funcionará en este periodo ordinario.

Por lo que esta tarde se reanudaría la sesión preparatoria donde se instalará la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aunque aún no da inicio dicha sesión.

Mientras tanto desde las 10 de la mañana, diversas organizaciones sociales, sindicales, campesinas y estudiantiles comenzaron a manifestarse, alrededor del Palacio Legislativo de San Lázaro, en contra de “cualquier proyecto de Reforma Laboral que viole los derechos” de la población trabajadora, por un aumento salarial de emergencia, en contra de los recortes presupuestales en educación, vivienda, salud y empleo, y para decir “no a la renegociación secreta y entreguista del TLCAN”, como se lee en sus consignas.

SEM/am/lr

“Este Senado habla tanto de la defensa de las mujeres y está protagonizando violencia política de género” Marcela Torres Peimbert

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 1 septiembre 2017.- Anoche el pleno del Senado de la República eligió al senador Ernesto Cordero Arroyo como presidente de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura que da inicio hoy.

Ayer, la Cámara de Senadores realizó su Junta Previa para elegir la nueva dirección de la Mesa Directiva, en la cual el legislador del grupo Parlamentario de Acción Nacional (PAN) recibió 77 votos a favor, de todos los grupos parlamentarios, de un total de 82 votos que se emitieron por cédula, dos fueron abstenciones y tres a favor de tres distintos senadores.

Además, el Senado también designó, con 77 votos a favor, dos abstenciones y dos en contra, de un total de 81 votos que se emitieron, a la senadora Graciela Ortiz González, del PRI; César Octavio Pedroza Gaitán, del PAN; y David Monreal Ávila, del PT, como vicepresidentes de la Cámara Alta, y por Acuerdo del pleno, también se designó como Vicepresidente al senador Luis Sánchez Jiménez, del PRD.

Como secretarias y secretario de la Mesa Directiva se eligieron a las senadoras Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del PRI; Rosa Adriana Díaz Lizama, del PAN; Lorena Cuéllar Cisneros, del PT; y al senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del PVEM.

Por tanto, Cordero Arroyo rindió protesta como presidente de la Mesa Directiva y posteriormente tomó la protesta correspondiente a las y los demás integrantes de este órgano rector de la Cámara de Senadores.

La elección de la presidencia del Senado estuvo rodeada de disputas y acusaciones de traición por senadoras y senadores del PAN, ya que el grupo Parlamentario del PAN había propuesto a las senadoras Laura Rojas Hernández y Adriana Dávila Fernández como presidentas de la Mesa Directiva, pero esta propuesta fue “vetada” por el PRI, quien impulsó a Ernesto Cordero; la mayoría de la bancada del PAN se abstuvo de votar.

Después de la votación, en tribuna la senadora panista Adriana Dávila dijo lamentar “mucho la falta de solidaridad entre nosotras. Hablamos siempre de género, hablamos siempre de igualdad y de equidad, y no se respetó lo que el grupo parlamentario había planteado”.

“Enfrenté al coordinador de los senadores del PRI para preguntarle los motivos por lo que nosotras, Laura y su servidora no podíamos ser presidentas de esta Mesa Directiva. La respuesta, por supuesto me extrañó, porque lo pensaba más progresista, pero no me asombró, porque evidentemente en el PRI también muchas mujeres tienen que agachar la cabeza para poder seguir avanzando. Y, la respuesta fue, porque se necesita alguien con mayor estatura, con mayor experiencia”, denunció.

Por su parte, la senadora Marcela Torres Peimbert afirmó que “esta sesión ya está escribiéndose como una página negra y triste en nuestra historia, hay dos cuestiones que lamentar el día de hoy. La primera la llamaría traición en todo su esplendor, este Senado que ha peleado tanto y habla tanto de la defensa de las mujeres está siendo protagonista de lo que es la violencia política de género”.

Por lo que anunció que impugnará la designación de Cordero “sólo por el hecho de la violencia política de género, es impugnable y que lo buscaré a partir de mañana, y que los tribunales me van a escuchar, a eso me comprometo aquí públicamente”.

El coordinador del PAN, senador Jorge Luis Preciado también tomó la palabra para reclamar a Ernesto Cordero “no tienes ningún derecho a vender al Partido Acción Nacional como lo has hecho el día de hoy”.

“Nunca se nos dijo que había un veto de género. Nunca se nos dijo que estaba prohibido que una mujer del Partido Acción Nacional encabezara esta Mesa Directiva, y con ese mandato nos fuimos al pleno de nuestro grupo parlamentario y propusimos que una mujer, por segunda vez en la historia de este Senado, desde que fue restaurado hace dos siglos, encabezara la Mesa Directiva de este Senado”, apuntó.

A su vez, el coordinador de la bancada del PRI, senador Emilio Gamboa Patrón, negó haber vetado a las dos senadoras del PAN, precisó que después de 10 horas de negociación la bancada del PRI no avaló a las panistas.

Como la votación a favor de Cordero fue de 77 senadoras y senadores del PRI, del PRD, del Partido Verde, algunos del PT y Morena y cuatro del PAN; después de esta discusión entre las bancadas se declaró legalmente constituida a la Cámara de Senadores para el desempeño de funciones durante el último año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Cordero Arroyo ya fue presidente del Senado de la República en el Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, también se ha desempeñado como secretario de Hacienda y Crédito Público del 2009 al 2011, secretario de Desarrollo Social en 2008, subsecretario de Egresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 2006 al 2008, subsecretario de Prevención y Desarrollo Tecnológico, titular de la Secretaría de Energía del 2003 al 2004 y director de Administración Integral de Riesgos en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos en 2003.

Por otra parte, el Pleno del Senado de la República también aprobó un acuerdo para que el senador Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario del PRI, se desempeñe como presidente de la Junta de Coordinación Política para el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.

De igual forma, también se acordó que integren este órgano de gobierno, la senadora Dolores Padierna Luna, coordinadora del grupo parlamentario del PRD; el senador Fernando Herrera Ávila, coordinador del grupo parlamentario del PAN, y Manuel Bartlett Díaz, coordinador del grupo parlamentario del PT, y Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM.

También formarán parte de la Junta de Coordinación Política, el senador Miguel Romo Medina y la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del PRI; así como Sonia Mendoza Díaz, del PAN.

En la misma reunión, el Pleno eligió al senador Manuel Bartlett Díaz, como presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez, así el coordinador de la bancada del PT ocupará este puesto durante el último año de la LXIII Legislatura.

SEM/am/lr

La aplicación de protocolos es responsabilidad de la Fiscalía al haberse emitido la alerta de género: Yuridia Melchor

Josefina Aguilar Pastor,

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 1 septiembre 2017.- Persiste la indiferencia de la Fiscalía General del Estado, para investigar las muertes de mujeres como feminicidios, no se están aplicando los protocolos establecidos, señaló la diputada presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, Yuridia Melchor Sánchez.

Los casos de violencia contra las mujeres, feminicidios, se siguen registrando en la entidad, y deben ser investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE), de acuerdo a la conformación del Banco de Datos mandatado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), comentó la legisladora.

Melchor Sánchez señaló que no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios, pero tampoco todos se vinculan con la delincuencia organizada; la FGE debe analizar aspectos importantes para determinar si es un feminicidio y en consecuencia documentarlo.

La diputada destacó la falta de sensibilidad de parte de la FGE, al investigar las muertes de mujeres, porque no comprende bien la aplicación de protocolos que todavía no han sido actualizados, pero que son parte de la responsabilidad que dicha dependencia tendrá que generar, al haberse emitido la alerta de género.

Desestimó un incremento de homicidios de mujeres, “porque siempre han existido, pero no se les tomaba en cuenta, ahorita se están visibilizando más”, en consecuencia ya se incluyeron en la agenda gubernamental “y no es por voluntad, es por la insistencia de las organizaciones de la sociedad civil que están poniendo el tema en la agenda”, recalcó.

En cuanto a las recomendaciones que la Conavim hizo al Congreso en materia legislativa, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, compartió que del paquete de iniciativas presentadas al inicio de este año, la mayoría ya fueron aprobadas, sólo está pendiente la relacionada con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que no pudieron afinarla en el periodo anterior, debido a que se presentó una reforma integral solicitada por la diputada priista, Flor Añorve Ocampo.

Todas las reformas al Código Civil, Código Penal, la Ley de Divorcio, de Igualdad, y contra la Discriminación, ya fueron dictaminadas y publicadas en el periódico oficial, “todo lo que corresponde al Poder Legislativo se cumplió, sólo había una observación que nos hizo Conavim, acerca de una situación en el Código Penal sobre el estupro, estábamos olvidando a las mujeres víctimas de violencia de entre 15 y 18 años, pero ya se presentó la iniciativa y estamos en espera de que la resuelva la Comisión de Justicia”, puntualizó Melchor Sánchez.

SEM/ja/lr

La ruta de la democracia paritaria

La república feminista

En el proceso electoral de 2018, 3 mil 326 cargos se elegirán de acuerdo a las nuevas reglas de paridad

Rita Imelda Fernández

SemMéxico, 1 septiembre 2017.- En 1910 Las hijas de Cuauhtémoc demandaron los derechos políticos para las mujeres. Hermila Galindo, quien fue colaboradora de Venustiano Carranza, presentó la demanda formal de sufragio femenino al Congreso Constituyente en el periodo de 1916-1917, dicha petición fue rechazada. El Congreso Constituyente argumentó que sus actividades estaban sujetas al hogar doméstico y la familia, por lo que no tenían desarrollo de conciencia política, entre otras sinrazones de la época.

En 1935 se crea el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que reúne a 800 agrupaciones femeninas de todo el país y de diversas posturas ideológicas que comparten un mismo objetivo: conquistar el derecho a votar y ser elegidas, desde este frente impulsaron la candidatura de Cárdenas, quien a cambio les prometió el derecho al voto. En 1937 el ya presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el Artículo 34 constitucional, como primer paso para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía, este hecho fue histórico y para muchos significó que había cumplido su palabra. Aunque el derecho al voto aún no había sido conseguido.

Pero las mujeres persistieron a pesar de los obstáculos, las mujeres de izquierda, las mujeres del entonces Partido Comunista, se mantuvieron en la lucha organizada por abolir la burguesía y el sistema capitalista, aunque ellas ya veían que la lucha de clases está íntimamente ligada a la desigualdad de género. Así lo denunciaba Cuca Sánchez en sus discursos, lo veía Adelina Zendejas, Consuelo Uranga y muchas más que se escapan a este resumen. Ellas veían que no eran reconocidos sus esfuerzos y que muchas veces las ponían a trabajar en cosas de “mujeres” adicional a las propias actividades del partido, muchas de ellas sufrieron estragos en su vida personal por su compromiso con la vida política.

Fue el 17 de octubre de 1953, cuando se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del Artículo 34 Constitucional; año en que la mayor parte de Latinoamérica y Europa Occidental, hasta la URRS, China o la República popular de Corea ya habían aprobado los derechos políticos de las mujeres.

A 64 años de ese hecho, México incorporó la paridad política de género. El primer país fue Francia en el año 2000, a México llegó hasta el 2014. La paridad política transforma la dinámica democrática a través de una nueva propuesta de contrato sexual que sostenía a las mujeres en el ámbito doméstico y a los hombres en el ámbito político, en ese sentido la paridad busca equiparar roles y funciones para ambos sexos tanto en el ámbito público como privado. 
Por tal motivo es que se ha acuñado no solo el concepto de paridad política sino también el de democracia paritaria.

Hace unos años cuando empezaron los mecanismos de cuotas era frecuente que a las mujeres candidatas se les obligara a renunciar a sus puestos para que los suplentes varones ocuparan finalmente el espacio, este fenómeno fue conocido como “juanitas”. Con las nuevas reglas los y las suplentes deberán ser del mismo sexo que el candidato. Lamentablemente las resistencias son fuertes y hoy en día hay casos donde las candidatas son elegidas por la cercanía o probabilidad de manipulación respecto a los hombres que sienten que deberían haber ocupado los cargos.

En el proceso electoral de 2018 se elegirán 3,326 cargos de elección popular en total. Estos cargos deberán sujetarse a las nuevas reglas que establecen paridad en las candidaturas, es decir, deberán ser mitad mujeres y mitad hombres. Será la primera vez en la historia de México en la que las mujeres tendrán mayor posibilidad de acceder a los espacios de representación popular tanto en los gobiernos municipales como en los congresos.

Ahora tenemos nuevos retos pero también viejos retos que se resisten a ser superados. En 1930 las mujeres, entonces comunistas, eran muy pocas y el reconocimiento a su trabajo nunca llegó, casi después de un siglo el reconocimiento a sus trayectorias políticas es una tarea pendiente.

Hoy la asignación a las candidaturas se da por su afinidad o cercanía con los líderes de las cúpulas de partido y se olvida a las mujeres de base que han mantenido esfuerzos constantes, su trabajo no es valorado. Los problemas de hoy son la violencia política en medios de comunicación y en redes sociales y sortear las desigualdades en los presupuestos y campañas.

Urge un frente amplio de mujeres de todos los partidos por los derechos políticos y la democracia paritaria.

Twitter @RitaIFdz

Promoverán 11 ejes de trabajo en el periodo ordinario de sesiones que inicia este viernes 1 de septiembre

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 31 agosto 2017. El grupo parlamentario del PRD de la Cámara de Diputados aprobó impulsar acciones prioritarias en 11 ejes de trabajo durante el periodo ordinario de sesiones que inicia mañana viernes, 1 de septiembre.

En su reunión plenaria la fracción perredista acordó entre sus prioridades impulsar la aprobación de la minuta del Senado sobre la Ley General de Desaparición Forzada, y demandan “aprobar la Minuta en materia de violencia política en razón de género, que ha sido obstruida por el PRI. El tema debe ponerse a debate y votación cuanto antes, para revertir la discriminación política contra las mujeres”, se lee en un boletín del grupo parlamentario. 

La minuta del Senado pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados reforma y adiciona diversas disposiciones a cinco leyes federales, para que la violencia política en razón de género quede plasmada y sea sancionada por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de Delitos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Los otros temas que el grupo parlamentario del Sol Azteca acordó impulsar son respaldar las reformas constitucionales garantistas aprobadas en 2008, el fortalecimiento de los derechos humanos y el juicio de amparo de 2011; desaparecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI); no dar permanencia a las fuerzas castrenses en una Ley de Seguridad Interior; la supresión del fuero a los altos funcionarios, incluido el Presidente de la República.

Rechazaron “la intención de designar al actual procurador General de la República, como Fiscal General, porque lesiona gravemente la autonomía de ésta. La asociación del Ejecutivo con el PRI y sus aliados no cumple, sino que destruye, los mínimos de una designación imparcial”, asimismo, señalaron que impulsarán reformas constitucionales y legales para garantizar la autonomía de la Fiscalía, como parte básica del combate a la corrupción.

Impulsarán la aprobación de las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico, y por último, defenderán la soberanía nacional y los intereses de México en particular con Estados Unidos, así como la integridad de las personas migrantes mexicanas en aquél país, además de estar atentos a las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

SEM/am/lr


Las propuestas serán recibidas hasta el 15 de diciembre de 2017

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 30 agosto 2017.- La Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República emitió la convocatoria para recibir las propuestas y entregar el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” 2018, a las mujeres que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política y económica en favor de los derechos humanos, de las mujeres y de la igualdad de género.

La comisión que preside la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo puntualizó que las fechas para hacer llegar las propuestas serán del 15 de agosto al 15 de diciembre de 2017, a fin de que se lleve a cabo el análisis, discusión y aprobación al interior de la Comisión para su dictamen.

También, precisó que las propuestas las podrán hacer: la Cámara de Diputados, los organismos públicos y las organizaciones de la sociedad civil, dedicados a la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género, así como a los poderes legislativos estatales y municipales, las universidades e instituciones de enseñanza, los medios de comunicación y en general, la sociedad.

Además que todas las postulaciones deberán contener: nombre de la aspirante al reconocimiento; una reseña breve de los logros y contribuciones en la aportación, promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos humanos de las mujeres.

De igual forma, se indicó que la reseña deberá plasmar las aportaciones en el ámbito social, político, cultural, tecnológico, científico, económico o académico que haya tenido por objetivo el empoderamiento de las mujeres y el logro de la igualdad de género y la sustentación por la cual debe ser elegida como la mujer merecedora del reconocimiento. 

Finalmente, las propuestas deberán ser entregadas a la Comisión para la Igualdad de Género, al correo igualdaddegenero@senado.gob.mx; o en la dirección Paseo de la Reforma N. 135, Torre de Comisiones, piso 10, oficina, 1, Col. Tabacalera 06030 Cuauhtémoc, Ciudad de México, a la atención de la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género.

SEM/am/lr


“Lograr la verdad, la justicia y la reparación del daño” demandan miles de familias de desaparecidos

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 30 agosto 2017. Organismos de derechos humanos y 49 colectivos de familiares de personas desaparecidas en México integrantes del “Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México”, exigieron a diputadas y diputados federales la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto de cada año, las familias, organizaciones e instancias solicitaron a la legislatura a dictaminar la minuta aprobada en abril pasado por el Senado de la República y dotarla de recursos suficientes para su implementación.

Así, por primera vez se realizó un evento en el Palacio Legislativo de San Lázaro con diversas organizaciones sociales mexicanas e internacionales, relacionadas con la desaparición de personas, para conmemorar y honrar este Día Internacional.

Las organizaciones participantes pidieron a la legislatura que al iniciar el periodo ordinario de sesiones, el 1 de septiembre, apruebe la ley en la materia, con presupuesto para instrumentar dicha norma, por ejemplo, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se propone en la minuta.

Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló la necesidad de concluir ese proceso legislativo, para avanzar en la lucha contra la desaparición de personas, a fin de “lograr la verdad, la justicia y la reparación del daño”, como lo demandan miles de familias de desaparecidos.

El funcionario urgió al Estado mexicano a que reconozca la competencia del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias individuales.

SEM/am/lr

Recursos asignados han pasado de 9,631.4 mdp en 2008 a 27,424.6 mdp en 2017

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 28 agosto 2017.- El Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República informó que los recursos para proyectos y acciones enfocados a impulsar la igualdad entre mujeres y hombres han ido en aumento cada año, ya que han pasado de 9,631.4 millones de pesos (mdp) en 2008 a 27,424.6 mdp en 2017, que implica un crecimiento promedio anual real de 12.3 por ciento para este periodo.

En el artículo “Evaluación del presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres”, elaborado por la Dirección General de Finanzas, que fue publicado en el Número 31 de la Revista Pluralidad y Consenso del IBD, se destaca que para 2017, las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres representan 0.6 por ciento del gasto neto total aprobado.

Dicho presupuesto para el presente año está distribuido de la siguiente manera: 38.7 por ciento para desarrollo social; 18.7 por ciento para salud; 13.5 por ciento para educación pública; 8.9 por ciento en agricultura, ganadería, desarrollo social, pesca y alimentación; 8.7 por ciento en desarrollo agrario, territorial y urbano; 4.8 por ciento para Entidades no sectorizadas y el 6.6 por ciento restante para otros ramos y entidades.

El estudio recuerda que desde el año 2006, cuando publicó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), se estableció que la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Hombres y Mujeres deberá considerar lineamientos que aseguren que “la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad entre hombres y mujeres”. 

Por ello, en el año 2008 se incluyó un anexo específico en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en el cual se establecen de manera transversal los recursos destinados a este tema.

El análisis indica que el Anexo Transversal del PEF contempla una asignación de 17,661.9 mdp en programas presupuestarios de las Entidades de Control Directo (ECD) y las Empresas Productivas del Estado (EPE) que están vinculados con la igualdad entre hombres y mujeres; de este monto, el análisis destaca que el 98.2 por ciento corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por otra parte, el documento incluye una comparación entre el presupuesto aprobado y el ejercido para este tema, de donde se desprende que en 2011, 2012 y 2013 se ejercieron menos recursos de los presupuestados por 9.6 por ciento, 1.8 por ciento y 0.3 por ciento, respectivamente, mientras que para 2014 el gasto ejercido fue 1.8 por ciento mayor al presupuestado. 

En 2015 el gasto ejercido fue 122.2 por ciento mayor al presupuestado, lo que representa un sobreejercicio de 31,552.6 mdp, en pesos de 2017.

La diferencia entre los presupuestos aprobados y ejercidos se explica fundamentalmente por la ampliación de asignaciones a diversos ramos presupuestarios y por la reorganización de funciones que se llevó a cabo en la Administración Pública Federal, explica el análisis.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que, para 2015, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) impulsó la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional y en los programas presupuestarios del PEF, señala el artículo. 

De igual forma, se indica que de los 109 programas registrados por el INMUJERES, 103 se vincularon con la igualdad entre mujeres y hombres y 6 no contaron con indicadores que se relacionen con el tema, mientras que dos programas ejercieron recursos sin que las dependencias proporcionaran información sobre su ejercicio ni acciones e indicadores.

Finalmente, el documento retoma un señalamiento del Consejo Nacional de Evaluación de la policía de Desarrollo Social (CONEVAL) que indica que para conseguir que el presupuesto con perspectiva de género tenga un resultado positivo, es indispensable examinar las necesidades de la población, la estructura y aplicación del gasto público.

SEM/am/lr

Llama Beatriz Rojas Martínez a erradicar discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 28 agosto 2017. La diputada Beatriz Rojas Martínez, y los diputados César Cravioto, Felipe de la Cruz y David Cervantes, de Morena, e integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), advirtieron que defenderán los derechos humanos, la equidad de género y la buena administración, plasmados en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Hoy, durante el Foro ‘Derechos Humanos, Equidad de Género y Derecho a la Buena Administración’, la diputada Beatriz Rojas Martínez destacó el trabajo de las y los diputados de la Asamblea Constituyente, quienes redactaron la Constitución de la CDMX, en la cual se reconoció la contribución fundamental de las mujeres al desarrollo de la ciudad y promovieron la paridad de género.

Con los derechos plasmados en la primera Constitución de la capital, aseguró, que las autoridades de la Ciudad de México deberán adoptar las medidas necesarias, temporales y permanentes para erradicar la discriminación, desigualdad y toda forma de violencia contra las mujeres.

Además, la diputada recordó que en abril del año pasado, presentó una Iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la administración pública y la ley de igualdad sustantiva entre las mujeres y hombres, a efecto de garantizar una verdadera paridad de género en la administración pública de la ciudad.

A su vez, el legislador Felipe de la Cruz afirmó que en la ALDF la alianza del PAN y PRD ha hecho retroceder las Leyes Secundarias “para hacerlas vagas e imprecisas”.

Sobre esta alianza, sostuvo que el PAN y PRD quieren conformar un frente amplio, el cual calificó de contradictorio, ya que ambos partidos tienen una ideología muy diferente, uno es de derecha y otro de izquierda, dijo.

En su participación, el diputado David Cervantes llamó a la ciudadanía a informarse más sobre la Constitución de la CDMX, además destacó la importancia de la participación ciudadana en la defensa de los derechos a la igualdad, la vivienda, el patrimonio, el medio ambiente, entre otros.

Por su parte, Mayela Delgadillo Bárcena, diputada constituyente, apuntó que el gran avance de la Constitución de la CDMX es que las y los ciudadanos podrán hacer exigibles y justiciables a sus derechos, pues establece a quién le corresponde velar por los derechos humanos, qué instancias son las responsables y a quiénes acudir en caso de violación.

Sin embargo, expuso que para una defensa eficaz de los derechos humanos es necesario que las recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos sean obligatorias, que el titular tenga un perfil ciudadano para defender a las y los capitalinos y no hacer alianzas con los gobiernos para retener por años las recomendaciones.

En su participación, Netzaí Sandoval, director de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, hizo un llamado a las y los diputados a legislar con perspectiva de género, los invitó a analizar sanciones a Ministerios Públicos que ordenen el arresto de las mujeres que denuncian violencia, los exhortó a garantizar órdenes de protección inmediata para mujeres víctimas de cualquier tipo de agresión.

Finalmente, Sandoval pidió a la diputación a reflexionar acerca de las candidaturas independientes, ya que consideró es necesario que exista una ley que obligue que un porcentaje de candidaturas independientes sean para mujeres, pues en las elecciones de 2015, sólo el 9 por ciento de candidaturas postuladas fueron mujeres.

SEM/gm/lr


A nivel municipal se presenta el mayor desafío, sólo hay 14.2 por ciento de presidentas: Lorena Cruz

Alicia Mendoza

SemMéxico, Cd. de México, 28 agosto 2017. Senadoras de la República, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el Instituto Nacional Electoral (INE), destacaron que los retos del proceso electoral de 2018 son eliminar la violencia política de género y garantizar el principio de paridad.

Así lo señalaron al inaugurar el Seminario-Taller ‘La paridad de género rumbo al 2018’, organizado por el Senado de la República y el TEPJF; donde la senadora Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, advirtió que en la víspera del proceso electoral los riesgos son la violencia política de género y la amenaza de la simulación mediante la figura de las juanitas en el otorgamiento de candidaturas.

Por lo que, sostuvo, se requiere ampliar el principio de paridad reconocido por la Constitución federal, no sólo en la integración de candidaturas al Congreso de la Unión y los congresos locales, sino para el tercer orden de gobierno.

De igual forma, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del INMUJERES, destacó que las elecciones del siguiente año representarán un reto para los órganos electorales y para las mujeres, ya que deberán ser unas elecciones incluyentes, limpias, justas y paritarias.

Para ello, recordó que el INMujeres, TEPJF y el INE crearon el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, mecanismo para la vigilancia y monitoreo del cumplimiento de la paridad, de la permanencia de las mujeres en los puestos de elección y en la toma de decisiones; además, informó que serán creados observatorios locales en todo el territorio nacional.

A nivel municipal, indicó, se presenta el mayor desafío, pues actualmente sólo hay 14.2 por ciento de presidentas municipales, “en 2018 esta cifra tiene que cambiar significativamente”, “las mujeres mexicanas buscan la paridad en todas las esferas de la vida pública y privada, y ejercer todos los derechos con plenitud y libres de Violencia”.

Al lamentar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado eliminar de la Constitución de la Ciudad de México un par de artículos, entre los que se encontraba la violencia política de género como causal de nulidad de elecciones, afirmó que “aún tenemos tiempo de incidir en el tema”.

“Ya no estamos dispuestas a callar ni a sufrir ningún tipo de violencia por participar. La paridad no es una dádiva, es un derecho exigible y obligación ética para enfrentar la impunidad, corrupción, injusticia e insensatez política”, lo que hace falta en México es que se “cumpla la ley como debe ser”, para que logremos que se respeten los derechos políticos electorales de las mujeres, apuntó.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, adelantó que “vamos a hacer nuestro último esfuerzo para modificar la Constitución” y establecer la paridad no sólo en la integración de candidaturas al Congreso de la Unión y los congresos locales, sino en el tercer orden de gobierno, “pero hay muchas resistencias” que se pueden vencer con las alianzas conformadas con legisladoras de todos los partidos políticos, dijo.

Janine Madeline Otálora Malassis, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solicitó a la legislatura a no cesar “en su anhelo de impulsar la paridad de género al interior de sus institutos políticos, porque una democracia sin paridad de género es una democracia a medias”.

Sostuvo que frente a la elección de 2018, los partidos políticos están divididos para ver quién gana, pero deberían estar unidos en lograr que triunfe el principio de paridad de género, porque “los fundamentos de este son el derecho humano a la igualdad entre hombres y mujeres, y también el derecho humano a una vida digna”.

“Se trata de que los mismos partidos sean los motores del cambio, que impulsen con convicción la paridad de género en todas sus representaciones y puestos directivos”.

A su vez, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), destacó que para eliminar la violencia política de género hace falta la aprobación de las normas que sobre el tema se encuentran pendientes en la Cámara de Diputados, y también establecer el tipo penal de violencia política en contra de las mujeres.

Desde 2015, puntualizó, se presentó “un problema de violencia política en contra de las mujeres que no podemos soslayar ni minimizar” y es importante eliminar ese lastre para mejorar la calidad del sistema democrático.

El fiscal afirmó que en el tema de paridad no basta con que las mujeres accedan a las candidaturas, sino que tengan más posibilidades de llegar al ejercicio del poder real y de competir por los cargos en los lugares de mayor trascendencia política.

Mónica Maccise Duayhe, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, destacó un estudio que la instancia electoral realizó en 2016, el cual señala que los principales obstáculos para las diputadas federales de acceder a la toma de decisiones es la conformación androcéntrica de las jerarquías de los grupos parlamentarias, pues están mayoritariamente integrados por hombres.

Coincidió en que se debe llevar a cabo un esfuerzo constante por mostrar los beneficios de la paridad al interior los partidos políticos, democratizar el espacio de lo doméstico y eliminar los estereotipos para que los hombres se incorporen a esas tareas.

A su vez, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, manifestó que la paridad se trata de un derecho que no está a discusión, “democracia paritaria ya, sin adjetivos, así como se oye, completito todo lo que corresponde a las mujeres, ya sean jóvenes, indígenas, mujeres de la tercera edad, con alguna discapacidad o que pertenezcan a otro sector de la población”.

La senadora Marcela Torres Peimbert, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, advirtió que se necesita paridad, no por la clase política, sino porque se quiere hacer una política real.

Al participar en la Mesa 1, ‘Los derechos políticos de las mujeres y la paridad de género. Experiencias institucionales’, Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del TEPJF, indicó que las decisiones tomadas por el Tribunal Electoral en materia de paridad de género han puesto en evidencia las prácticas reiteradas de los partidos políticos de cumplir con las cuotas sin incorporar una visión de redistribución de oportunidades entre géneros real.

Actualmente, dijo, existe un esfuerzo reiterado del órgano jurisdiccional por enderezar esas prácticas a fin de igualar las oportunidades de acceso al poder político y no sólo de cumplir con un registro cuantitativo de 50-50 de candidaturas.

Finalmente, subrayó que “la paridad es un principio que exige un nuevo entendimiento del poder y el ejercicio de la política, ya que se trata de impulsar un poder público compartido igualitariamente entre hombres y mujeres”.

SEM/am/lr

La alerta fue solicitada por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblos de Oaxaca (DDHPO)

Zaira Hernández

SemMéxico, Oaxaca, Oax. 26 julio 2017.- Un grupo de trabajo analiza la solicitud de alerta de género hecha por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblos de Oaxaca (DDHPO), que tomó como base las mil 279 muertes violentas de mujeres registradas en los últimos 18 años.

El coordinador Jurídico del Instituto Nacional de Mujeres (INMUJERES), Pablo Navarrete, hizo una visita “in situ” al grupo de trabajo instalado el 20 de julio. En 30 días deberá preparar el informe.

Este grupo está integrado por dos académicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), una de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma de México, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y tres representantes de los gobiernos federal y estatal, quienes elaboran un informe en el tema.

Mientras tanto, en el Congreso local, la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, presentó un punto de acuerdo donde exhorta a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), para declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Oaxaca.

Solicitó al Poder Legislativo sea tratado de obvia y urgente resolución, ante situaciones en las que se amerita esta declaratoria, como resultado de una acumulación de omisiones, acciones y aquiescencia del Estado, incluido el incumplimiento a la capacitación a investigación con perspectiva de género, la elaboración de peritajes especializados para visibilizar los contextos sociales de la violencia de género, y los mecanismos de evaluación a la cadena de justicia para las mujeres.

Existen 11 alertas en el país -la más reciente para 3 municipios de Quintana Roo- y sirven para hacer visible una situación atroz de violencia, para coordinar esfuerzos y repensar el papel que juegan las mujeres en los estados desde los tres niveles de gobierno, expresó.

“Con esto, se coloca en el centro de las políticas públicas el tema de género, lo que significa un fortalecimiento institucional en todos los sentidos”, dijo Pablo Navarrete.

Para el caso de Oaxaca, la solicitud hecha por la Defensoría, da cuenta documentada de las mil 279 muertes violentas de mujeres en últimos 18 años, sumados los 70 que van de la actual administración.

El funcionario federal, abundó que una alerta servirá para modificar las instituciones así como las estructuras sociales que permiten la discriminación y la violencia contra las mujeres, y para combatir la impunidad.

En 2015, Oaxaca estaba en el octavo lugar en incidencia feminicida. “La violencia sigue siendo uno de los grandes desafíos”, señaló, para reforzar con datos que en México 7 de cada 10 mujeres ha experimentado un acto de violencia, de los cuales, 4 los vive en el hogar.

“El hogar de las mujeres se ha convertido en el lugar más peligroso y eso lo tenemos que ir cambiando con políticas de prevención, de intervención, con un esfuerzo institucional para que vaya cambiando”, dijo el representante de Inmujeres.

Los gobiernos deben trabajar con firmeza, sin vacilar, ya que cada 4 horas una mujer es asesinada, 6 víctimas al día en el país, remarcó.

Los estados con mayor número de muertes violentas de mujeres con presunción de
feminicidios son: Guerrero, Chihuahua, Colima, y las Bajas Californias.

Mientras tanto, Pablo Navarrete criticó que, en el aspecto jurídico, la tipificación del delito respondió en muchas ocasiones a un tema de legitimidad política, más que de utilidad jurídica.

“Se hicieron malas tipificaciones, se les pusieron muchos elementos subjetivos y con eso las fiscalías no pueden hacer milagros. Se requiere la participación decidida del Poder Legislativo para adecuar el marco normativo, porque el feminicidio nos tiene que servir para ponerle un cerrojo a las prisiones, no para abrirle las puertas a los delincuentes, sobre todo con el nuevo sistema penal acusatorio”, mencionó.

Sumado a esto, el Poder Judicial tiene que revisar los procesos para juzgar con perspectiva de género.

SEM/zh/lr