El proyecto de decreto, remitido a la Cámara de Diputados, faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio
Luego deberá aprobarse en 17 estados de la República, y la nueva ley discutirse en los próximos 6 meses
Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 15 de abril, 2026.- Senadoras de todos los partidos políticos advirtieron que una nueva ley sobre feminicidio debe construirse colectivamente, con diálogo y escuchando a las víctimas, oyendo a las madres buscadoras y del feminicidio; consultando a especialistas, fuera del escritorio y con presupuesto. Aunque dictamen asegura no será necesario.
La futura ley general prefigurada por el debate ayer en el Senado, según los discursos y muchas palabras deberá resarcir todos los vacíos para atender, prevenir y sancionar el feminicidio, “sin simulaciones”, con responsabilidad, acabar con la impunidad, la debilidad de las fiscalías y la falta de valoración del problema.
“Llegamos tarde” dijo la priista Karla Toledo Zamora.
En una sesión con más de 10 intervenciones, todas para apoyar la reforma Constitucional que da facultades al Congreso para expedir una ley general sobre feminicidio, el dictamen se votó por unanimidad de 109 votos. Tanto en lo general como en lo particular.
Los discursos, algunos amplios, otros didácticos, afirmaciones sorpresivas, todas de apoyo reconociendo que antes, lo que ha habido son fallas, pocos resultados, mucho dolor e ineficacia, durante casi 20 años, desde que se legisló sobre violencia feminicida y se crearon herramientas e instituciones. 20 años de estudios, cifras, y 20 años de inoperancia e impunidad. 20 años donde las cifras oficiales han doblado las que existían en el año 2000 y que investigó la Cámara de diputados.
Se habló de vacíos, de indiferencias, de incapacidades para coordinarse y se dijo que en 10 años 8 mil 500 vidas se han perdido según la senadora panista Imelda Sanmiguel Sánchez.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el morenista Enrique Inzunza Cázarez, criticó el diseño actual de la política para “combatir” al feminicidio. Y afirmó que “ahora si” se va avanzar.
Una nueva ley sobre feminicidio podrá ser expedida por el Congreso , eso fue lo acordado. Se reformó la Constitución, en el Senado, pero deberá convalidarla primero por la diputación federal y luego por al menos 17 congresos estatales.
Una vez vigente el Congreso de la Unión deberá expedir la nueva ley general en materia de feminicidio, dentro de los 180 días siguientes a la publicación de la reforma constitucional en el Diario Oficial.
Se aproxima un duro debate
La senadora Toledo Zamora, insistió: Que no sea una simulación, que no sea un instrumento diseñado desde el escritorio del poder para ser manipulado o utilizado políticamente y para lograrlo tiene que construirse escuchando a las víctimas, no imponiéndose desde una mayoría tiene que poner en el centro a las mujeres y no al gobierno.
La legisladora panista Verónica Rodríguez Hernández, por su parte, resaltó que de poco sirve presumir reformas si las mujeres siguen enfrentando abandono, indiferencia, omisión y tardanza por parte de las autoridades
La también panista Laura Esquivel Torres afirmó que el país tiene un grave problema de impunidad respecto al feminicidio. “No es solamente que le falte una ley, a México le falta y tiene un grave problema de impunidad, de investigaciones deficientes y de instituciones que llegan demasiado tarde o que nunca llegan”, indicó.
En comunicado oficial explica el esquema de la futura ley. El establecimiento de un tipo penal homogéneo y las sanciones para este delito; adecuada articulación de acciones desde los distintos órdenes de gobierno e instituciones; acceso a una vida libre de violencias contra mujeres y niñas y fortalecer al Estado mexicano para prevenir investigar, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.
Las intervenciones fueron críticas.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, dijo que la impunidad ha generado tanto dolor que ”se requiere una acción pública, ordenada, firme y con visión de largo plazo”, lo que no se ha hecho.
Toledo Zamora, originaria de Campeche, dijo que ahí se ha perdido la tranquilidad, hoy se vive con miedo, la paz “nos fue arrebatada desde la llegada de Morena a gobernar”, y advirtió “si realmente queremos una ley de feminicidio que marque un antes y un después, lo primero que tenemos que exigir es veracidad en los registros, porque estamos hablando de vidas humanas, porque no se puede combatir lo que se oculta” y agregó “ basta de cifras maquilladas desde el poder.. ajustar números para construir una narrativa que no corresponde con la realidad que viven millones de mujeres en este país”
Otras cosas que se dijeron:
La senadora morenista Martha Lucía Micher Camarena, dijo que el Estado debe asumir una respuesta articulada, integral, coherente y sin vacíos frente a la violencia feminicida, pues el feminicidio no es un delito más, es una grave violación a los derechos humanos.
Verónica Rodríguez Hernández, del PAN dijo que la justicia no se proclama, se construye y se cumple. Cuando el Estado discute el feminicidio no está frente una disputa ordinaria de técnica legislativa, sino frente a una de las expresiones más crueles, dolorosas e indignantes de la violencia que viven las mujeres.
Virginia Magaña Fonseca, del PVEM, dijo que el Senado no vota cualquier reforma, sino que vota con la memoria de aquellas niñas y mujeres que ya no están, y con la responsabilidad de que ya no haya ni una más, además de que esta propuesta no surge del vacío, llega como respuesta a los movimientos feministas y a exigencias concretas, pues el feminicidio no es un asunto privado.
Del PRI, Paloma Sánchez Ramos dijo que esta reforma es un paso importante porque obliga al Estado a actuar ante la impunidad. Dio que es urgente construir el andamiaje legal capaz de intervenir antes de la muerte de una mujer. Prevención pidió a gritos.
Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, dijo que una nueva ley de establecer reglas claras, homólogas y obligatorias en todo el país, para que ninguna muerte violenta de una mujer vuelva a ser interpretada desde el prejuicio, para que toda investigación se realice con perspectiva de género y para eliminar los vacíos legales que hoy permiten la impunidad.
Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, dijo que la reforma representa un paso positivo para las mujeres y las niñas, “pero se requiere de acciones más profundas, porque este problema no se va a resolver simplemente con este proyecto”.
El dictamen
El dictamen, que surge de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destaca que esta reforma no tiene impacto presupuestario adicional para el presente ejercicio fiscal ni en subsecuentes.
Refiere que es indispensable contar con una legislación general que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país, pues el delito se encuentra tipificado de manera diversa en las legislaciones penales de las entidades federativas de la República.
Con esta reforma, destaca el documento, se dota al Congreso de la Unión de facultades constitucionales que le permitan la generación de la legislación general orientada a establecer un tipo penal homogéneo, sanciones y agravantes, homologar estándares de investigación con perspectiva de género; fortalecer la coordinación entre Federación y entidades federativas.
Además de garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y la reparación de daños y fortalecer la coordinación de instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, además de contemplar la protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.
Esta población, señala el texto, enfrenta afectaciones emocionales, sociales y económicas que comprometen el ejercicio pleno de sus derechos, de ahí que el Estado debe reforzar la protección y garantizar atención integral, acceso a servicios de salud física y mental, acompañamiento psicológico, acceso a educación y mecanismos de reparación integral del daño.
Muchas palabras
La senadora panista Imelda Sanmiguel Sánchez destacó que se calcula que cada año se perpetran alrededor de 66 mil feminicidios en el mundo. En México, el feminicidio representa una crisis de seguridad con más de 8 mil 500 casos registrados entre 2015 y 2025.
Estamos frente a una crisis que no logramos superar y que por ello nos obliga a seguir buscando la forma de combatirla.
Pidió reflexionar sobre:” si la creación de leyes especializadas por delito es realmente la herramienta más útil para el entramado que previene investiga y sanciona los delitos.
Ejemplificó: sobre desapariciones forzadas, el problema radica en la impunidad derivada de la militarización de la seguridad pública, de fiscalías deficientes, del debilitamiento del Poder Judicial como consecuencia de la perversa reforma del 2025 y de comisiones de derechos humanos cooptados por el gobierno.
“Requerimos que esta ley general esté a la altura de las necesidades nacionales, que respete el federalismo, que atienda la realidad de inseguridad que vivimos en nuestro país”.
Pidió “ una corrección en la estrategia de combate a la inseguridad, una rectificación a la militarización de las policías, la recuperación de la autonomía de las comisiones de derechos humanos y la voluntad política para terminar con la impunidad que nos está carcomiendo a todas y a todos”
La senadora Rocío Corona Nakamura, del partido verde dijo que en en pleno siglo 21, el machismo sigue vigente. Aún hay espacios donde las mujeres son tratadas como objetos, donde su voz se minimiza y su dignidad se pone en duda; esa realidad no puede normalizarse. Nunca más: “Calladita, te ves más bonita”.
El feminicidio es odio, es misoginia, es desprecio hacia las mujeres. Qué triste que para algunos estados, y óigalo bien: Baja California, Michoacán, Coahuila, Hidalgo, Querétaro y Yucatán, las mujeres valemos menos, con penas por feminicidio menos severas.
Todos los estados deben tener una Fiscalía especializada de delitos contra las mujeres y valorar y legislar la tentativa de feminicidio.
“La justicia nos ha fallado a las mujeres durante años; ha llegado tarde, ha sido insuficiente y, en muchos casos, ha decidido no ver. Inclusive cuando es evidente un feminicidio, lo catalogan como otros delitos menos graves.”
Ya basta de cifras maquilladas desde el poder, ya basta de ajustar números para construir una narrativa que no corresponde con la realidad que viven millones de mujeres en este país, no podemos cerrar los ojos ni taparnos los oídos cuando organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas alertan sobre la magnitud de este problema.
Los colectivos, a las madres buscadoras, a quienes todos los días levantan la voz porque les den respuestas, en mis recorridos por Campeche y por muchas partes del país, he visto de frente esta realidad, la violencia cotidiana, el machismo persistente, el silencio forzado de muchas mujeres que creen que no tienen salida. Ese silencio es producto de violencias que llegan hasta el feminicidio.
El PAN presentó en conjunto un posicionamiento.
Hablamos tanto de feminicidios que hemos dejado de asombrarnos y de mirar el significado más profundo que representa esta tragedia.
“Nos recordamos hasta el cansancio que en México todos los días matan a 11 mujeres, 11, todos los días”,
Laura Esquivel Torres sostuvo que el feminicidio no es una estadística, sino que representa sueños que nunca se van a cumplir y familias que jamás volverán a estar completas, y representa cumpleaños que dejaron de celebrarse con fiestas y ahora se recuerdan con misas.
Eso es el feminicidio, acotó, historias rotas de la mujer a la que le quitaron la vida y la de sus seres queridos, a quienes les arruinaron para siempre la suya.
“Y, por si esta tragedia no fuera por sí dolorosa, nos enfrentamos a un sistema de justicia que está muy lejos de estar a la altura”, lamentó.
“Lo decimos con toda claridad: necesitamos y exigimos una ley que le dé presupuesto suficiente a las fiscalías y a todas las instancias involucradas; una ley que garantice investigaciones con perspectiva de género desde el primer momento y eso no se logra con discursos. Se logra con capacitación, con personal especializado y, sí, con mucho presupuesto”, puntualizó.
Necesitamos, continuó, una ley que rompa el círculo de impunidad que protege hoy a los agresores y, por supuesto, una ley que considere la reparación del daño para que todas y todos nuestros niños que quedan huérfanos por ser hijos de una víctima de feminicidio tengan una pensión mensual, atención médica y psicológica, becas educativas, protección especial en temas de tutela y custodia, y una vivienda digna y segura.
“¿Por qué?: la razón es muy sencilla, si hoy a esa niña y a ese niño le falta su madre es porque el Estado les ha fallado”, mencionó.
“No podemos crear leyes en partes. A veces, la comodidad de estar aquí nos hace olvidar que no estamos hablando sólo de normas jurídicas, sino de personas, de historias reales. No podemos permitirnos volver a llegar tarde”, enfatizó.
Que sea discutida.
De ahí que enumeró exigencias precisas como el que la futura ley general sea socializada y consensada, a fin de establecer con claridad bases homogéneas sobre el tipo penal, razones de género, agravantes, sanciones y estándares de investigación.
Juanita Guerra del Partido Verde pidió actuar con claridad jurídica, con un alto grado de responsabilidad institucional y con una profunda sensibilidad humana.
Recordó que México es un Estado que asumió la obligación de adoptar medidas eficaces para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como asegurar su derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, obligación que está en la Constitución y en compromisos firmados.
La danza de las cifras
Las cifras son brutales, en una década se denunciaron 330 mil delitos sexuales, es decir, cuatro agresiones sexuales cada hora contra las mexicanas, 28 Mil obtuvieron sentencia condenatoria, es decir, el 91% quedó impune. En feminicidio el número no mejora, el 76% de los casos no termina en condena y esas cifras, que ya son inaceptables, solo reflejan lo que se denuncia, porque el INEGI reporta que el 92% del total de delitos no fue ni siquiera investigado.
Esos números son escandalosos, cifras que son la evidencia de algo más preciso, son el resumen de cada expediente archivado de cada fiscalía que interrogó a la víctima en lugar del agresor, de cada peritaje mal levantado, de cada carpeta que no avanzó.
Se trata de un sistema que fue diseñado desde el principio sin pensar en las víctimas, porque gracias a las investigaciones y al trabajo de mujeres valientes sabemos que el feminicidio no comienza con el asesinato, sino mucho antes, comienza con el primer acoso que nadie sancionó, con la primera violación que quedó impune, con el primer expediente archivado porque nadie le creyó a la víctima.
La ineficiencia es un mensaje para el agresor que puede seguir y a la víctima que está sola, tenemos que construir el andamiaje legal que le permita al Estado intervenir en esta cadena antes de que culmine en la muerte.
Virginia Magaña sin adjetivos
La senadora Virginia Magaña expresó su respaldo a la iniciativa que busca facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Feminicidio, al señalar que en estados como Guanajuato la violencia contra las mujeres persiste y la respuesta institucional ha sido insuficiente.
Durante su posicionamiento en el Pleno del Senado, advirtió que en Guanajuato la realidad ha evidenciado un problema de fondo en la clasificación e investigación de estos delitos, lo que ha generado una brecha preocupante entre la violencia que enfrentan las mujeres y la respuesta institucional.
“En 2025, Guanajuato encabezó las cifras de muertes violentas de mujeres en el país, pero apenas el 1.6% de esos casos fue tipificado como feminicidio. En 2026 la tendencia continúa, somos primeros en la lista, pero solo alrededor del 1% se investiga como lo que es. Esto es impunidad sistematizada”, afirmó.
La legisladora subrayó que esta problemática no es reciente, sino resultado de años de omisiones institucionales que urge corregir desde la ley. “Cuando el delito no se nombra correctamente, la investigación falla. Y cuando la investigación falla, la justicia no llega”, enfatizó.
“Esta iniciativa no nace en el vacío. Es resultado de décadas de lucha feminista y de una deuda histórica del Estado mexicano con las mujeres”, señaló.
Entre los principales alcances de esta iniciativa que fue votada a favor por unanimidad , se contempla:
• Garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio desde el inicio, evitando errores de clasificación.
• Establecer sanciones de hasta 70 años de prisión, fortalecer fiscalías especializadas y mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
• Colocar al centro a las víctimas y sus familias, con medidas de protección, atención integral y reconocimiento de la orfandad por feminicidio.
• Crear registros nacionales que permitan contar con información confiable y diseñar mejores políticas públicas.
La senadora Magaña reiteró que esta reforma representa una respuesta institucional a una exigencia social que ya no admite postergaciones, y subrayó que desde el Senado se está avanzando para que los derechos de las mujeres no dependan del estado en el que viven.
