SemMéxico, Ciudad de México, 27 de febrero, 2026.- Casi un mes después de la orden ejecutiva de Trump 14380 que implicó un bloqueo petrolero a Cuba, las tendencias del caso pueden resumirse en un laberinto de señales encontradas, en el que no hay de inmediato ni solución ni Apocalipsis.
1. El cerco energético empezó con la prohibición de que Venezuela mantuviera el suministro a Cuba después del 3E, lo cual cerraba por completo lo que ya era un exiguo flujo en esa dirección, en baja desde años antes. The New York Times reportó el 20 de febrero movimientos erráticos de tanqueros en el Caribe que, si tenían intención de llegar a la isla, no pudieron. México, el último proveedor visible, frenó las entregas.
2. El fallo de la Corte Suprema que anuló los aranceles bajo la ley IEEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) arrastró a la orden 14380. Trump emitió una nueva orden que elimina la amenaza de aranceles para los proveedores de petróleo a Cuba. ¿Qué alcance tiene el resto de la 14380, que declara “emergencia nacional” por la “amenaza” cubana? No está claro, pero sin duda es una presión vigente.
3. Como parte de su búsqueda de opciones, Cuba amplió el margen legal que permite a los privados importar hidrocarburos. Al mismo tiempo, Estados Unidos aceptó la entrega de combustible a particulares, no al gobierno ni a los militares.
4. Cuba puede sostener una parte reducida de su energía eléctrica con su propio petróleo. Sin embargo, aún si la excepción de importaciones privadas se cumple, no queda claro cómo haría la isla para adquirir las cantidades de crudo y derivados para la mayor parte de la producción y los servicios.
5. Marco Rubio hace días verbaliza un horizonte de salida: no busca cambio de régimen, sino una apertura económica en la isla (con negocios estadounidenses esperando en fila, hay que suponer). La gran paradoja es que un plan de apertura económica está paralizada en Cuba hace casi una década por resistencias en la cúpula gobernante y que mantener una relación comercial normal con Estados Unidos ha sido un reclamo consistente de La Habana por décadas.
6. En medio de las campañas de propaganda de ambos lados y las filtraciones sin confirmar sobre supuestas negociaciones, Claudia Sheinbaum deslizó una pista en su mañanera del 18 de febrero: Hay conversaciones para “ver si es factible” una conversación entre los dos gobiernos, dijo la presidenta. Pero depende de la voluntad de las partes “y de las condiciones, también, que en el marco de su autodetrminación pudiera estar estableciendo el gobierno de Cuba”. Hay que suponer que una primera condición no puede ser otra que eliminar el cerco energético.
7. Grave como es un hecho de sangre, la incursión armada en un cayo del norte de Cuba no parece entrar en la trama principal. Apunta a originarse en el extremismo anticastrista más rancio, pero es un aviso de que en este diferendo siempre habrá quien quiera descarrilar cualquier entendimiento. Es una repetición a escala del derribo de aviones de “Hermanos al rescate” en 1996, que precipitó la emisión de la ley Helms-Burton, la herramienta más vigorosa de la coerción que Estados Unidos ha mantenido por décadas sobre la isla.
8. Como último suministrador regular de petróleo a Cuba, México quedó inmerso en el conflicto. Cedió ante la amenaza de no enviar más combustible y se vio obligado a negociar con Estados Unidos -sin éxito- la posibilidad de reanudar el suministro. Está entre la presión del norte y los riesgos de un empeoramiento de la situación en la isla.
Mínimo histórico de la serie; 42.3 % de la población sin posibilidad de adquirir la canasta básica
Informalidad laboral se mantiene en 55% al cierre de 2025
SemMéxico, Ciudad de México, 27 de febrero, 2027.- En el cuarto trimestre de 2025, el porcentaje de la población en situación de pobreza laboral fue de 32.3 por ciento, su nivel más bajo de la serie, cifra que implica que alrededor de 42.3 millones de personas no puedan adquirir la canasta alimentaria para todos los integrantes del hogar con su ingreso laboral, afectando más a Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
De acuerdo con México, cómo vamos la tasa de informalidad laboral fue de 55 por ciento, menor a la del trimestre anterior (55.4 %) y mayor respecto al cuarto trimestre de 2024 (54.5 %).
Pobreza laboral
El 32.3% de la población se encuentra en situación de pobreza laboral al cuarto trimestre de 2025, mínimo histórico de la serie. Esta tasa representa una disminución de (-)3.1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024. El semáforo económico de pobreza laboral se mantiene en amarillo.
Esta cifra implica que alrededor de 42.3 millones de mexicanas y mexicanos no pueden adquirir la canasta alimentaria para todos los integrantes del hogar con su ingreso laboral.
Baja California Sur y Colima son las dos entidades con menor proporción de su población en pobreza laboral, con tasas de 14.2 y 17.3 por ciento, respectivamente.
Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las tres entidades con mayor proporción de su población en pobreza laboral, con tasas mayores al 50 por ciento
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A pesar de la baja en el nivel nacional, al 4T2025, siete entidades federativas mostraron un incremento anual en su porcentaje de población en situación de pobreza laboral: Ciudad de México, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Campeche y Baja California Sur.
La pobreza laboral afecta desproporcionadamente a las mujeres. En todas las entidades federativas del país hay más mujeres que hombres en situación de pobreza laboral.
Por cada 100 hombres en pobreza laboral en México, hay 114 mujeres en esta situación, brecha mayor que en el trimestre previo.
Colima, segunda entidad federativa con menor porcentaje de personas en pobreza laboral, tiene la brecha más amplia entre hombres y mujeres: por cada 100 hombres en pobreza laboral hay 128 mujeres en esta situación.
En el cuarto trimestre 2025, 61 por ciento de la población nacional no tiene ingresos laborales suficientes para adquirir la suma de la canasta alimentaria más no alimentaria. Esto quiere decir que casi dos de cada tres personas en México no pueden cubrir las necesidades básicas de alimentación y otros gastos esenciales no alimentarios, como transporte y vestido, con su ingreso laboral.
Informalidad laboral
En el cuarto trimestre de 2025, 55 por ciento de los trabajadores en México se ocuparon en un empleo informal (TIL1), una tasa inferior a la registrada en el trimestre anterior (55.4 %) y superior a la de un año antes (54.5 %).
La tasa de informalidad laboralfue más alta para las mujeres (55.8 %) que para los hombres (54.4 %). Ambas tasas muestran una disminución respecto al trimestre anterior.
Mientras que en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla e Hidalgo se registraron tasas por encima del 71 por ciento, en entidades como Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur las tasas de informalidad se colocaron entre 33.3% y 38.6 por ciento de su población ocupada.
En el 4T2025, en 24 de 32 entidades la tasa de informalidad laborales mayor para las mujeres que para los hombres. Los cinco estados con mayor brecha en puntos porcentuales en cuanto a informalidad laboral por sexo son Nuevo León (7.4 pp), Yucatán (7.1 pp), Colima (6.7 pp), Quintana Roo (5.7 pp) y Coahuila (4.9 pp). Los tres estados con la menor brecha son Guerrero, Tabasco y Sinaloa.
En Chihuahua hay más hombres que mujeres trabajando en la informalidad, además este estado presenta la menor informalidad para mujeres (31.63%) a nivel nacional. Por su parte, Coahuila presenta la menor tasa de informalidad para hombres (31.43%).
Panorama de la pobreza laboral en México
En el cuarto trimestre de 2025 (4T2025) el porcentaje de la población mexicana en situación de pobreza laboral disminuyó (-)3.1 puntos porcentuales (pp) en su comparación anual, al pasar de 35.4% en el 4T2024 a 32.3%. La serie se encuentra en su nivel histórico más bajo.
Se estima que aproximadamente 42.3 millones de mexicanas y mexicanos viven en una situación en la que los ingresos laborales de su hogar no son suficientes para adquirir la canasta alimentaria para todos sus integrantes.
De acuerdo con las metas del Semáforo Económico de pobreza laboral nacional, si se alcanza un nivel menor al 20.5%, el Semáforo Económico se encontraría en verde, mientras que si la tasa de pobreza laboral está entre 20.5% y 36% de la población, el color será amarillo. Si la proporción de la población en pobreza laboral es mayor a 36%, el semáforo estará en rojo.
El Semáforo Económico se encontró en rojo desde el cuarto trimestre de 2007 hasta el cuarto trimestre de 2023. En el 1T2024 cambió a amarillo y permanece en este color desde entonces.
Situación de la pobreza laboral a nivel estatal
Aunque la medición de la tasa de pobreza laboral es la misma, la meta establecida para el Semáforo Económico estatal es diferente; para que un estado tenga un semáforo en verde, su tasa de pobreza laboral debe ser menor a la nacional y, además, debe haber mostrado un mejor desempeño anual (una disminución mayor respecto al 4T2024).
El Semáforo Económico estatal de pobreza laboral se encuentra en verde en 11 entidades, ya que tienen niveles de pobreza más bajos al nacional (32.3%) y su cambio en el porcentaje de la población en esta situación tuvo mejor desempeño que el nacional, o bien, cumplen directamente con la meta de presentar un nivel menor al 20.5 por ciento.
Al cuarto trimestre de 2025, siete entidades federativas mostraron un incremento en su porcentaje de población en situación de pobreza laboral respecto al 4T2024: Ciudad de México, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Campeche, y Baja California Sur.
Situación de la pobreza laboral por sexo
Al 4T2025 el Semáforo Económico de pobreza laboral para los hombres se encuentra en amarillo, con 30.1%. La tasa de pobreza laboral para las mujeres se encuentra consistentemente más arriba que para los hombres y en el cuarto trimestre con una tasa de 34.2%. En el primer trimestre de 2025, por primera vez desde 2008, el Semáforo Económico de pobreza laboral para mujeres se encontró en amarillo, para el 2T2025 y 3t2025 volvió a rojo y en el 4T2025 volvió a amarillo. Ambos se encuentran en su nivel histórico más bajo.
Además de que el porcentaje de mujeres en situación de pobreza laboral es 4.1 puntos porcentuales mayor que el de los hombres a nivel nacional, en todas las entidades federativas del país hay más mujeres que hombres en esta situación.
A nivel nacional, por cada 100 hombres en pobreza laboral hay 114 mujeres, relación mayor a la observada en el trimestre previo (112).
Es importante destacar que de los ocho estados que presentan un menor porcentaje de personas en situación de pobreza laboral, tres de ellos (Colima, Chihuahua y Baja California) se sitúan también entre los cinco estados con mayores brechas entre hombres y mujeres.
Por otro lado, los tres estados que presentan un mayor porcentaje de personas en situación de pobreza laboral (Chiapas, Guerrero y Oaxaca), mantienen una brecha menor a la nacional.
La presencia de mayores brechas en estados de mayor ingreso por habitante denota mayor desigualdad entre hombres y mujeres en estos estados, y menor desigualdad en los de menor ingreso.
Población que no puede adquirir la suma de la canasta alimentaria y no alimentaria
Al comparar el costo de la canasta alimentaria más no alimentaria con el ingreso laboral per cápita, en México, ¿cómo vamos? estimamos que en el cuarto trimestre de 2025, el 61 por ciento de la población nacional no tiene ingresos suficientes para adquirir la suma de las canastas alimentaria y no alimentaria. En ocho estados el porcentaje de la población supera el 70 por ciento, siendo Chiapas la entidad con mayor proporción de su población (82.9%) sin ingresos suficientes para cubrir la suma de las canastas.
Panorama de la informalidad laboral en México
Una falla estructural del mercado laboral mexicano es la alta informalidad laboral. El análisis de este indicador permite evaluar el desempeño del mercado laboral a nivel nacional y en cada entidad, así como la calidad de los trabajos disponibles.
La informalidad laboral contempla a aquellos trabajadores cuyo empleo no les proporciona un vínculo laboral reconocido ni les garantiza el cumplimiento de sus derechos laborales, los cuales incluyen el acceso a una pensión para la vejez, acceso a servicios de salud, el cumplimiento de una jornada laboral, liquidación y vacaciones por ley, entre otras prestaciones.
El ingreso promedio de un empleo formal es casi el doble que el de un empleo informal, por lo que no sorprende que una menor informalidad laboral está asociada con una menor pobreza laboral en los hogares. Además de implicar menores ingresos, la informalidad está estrechamente relacionada con los niveles de pobreza laboral en cada región. Estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero no solo presentan los niveles más altos de pobreza laboral del país, sino también las mayores proporciones de trabajadoras y trabajadores en la informalidad. En contraste, entidades como Baja California Sur, Baja California, Nuevo León y Chihuahua —donde la pobreza laboral es menor— también registran las tasas más bajas de informalidad laboral.
Lo anterior deja en evidencia que las variables económicas están correlacionadas: cuando una región tiene carencias en materia de infraestructura y vulnerabilidad de la población, estas se reflejan en diversos aspectos socioeconómicos, como la pobreza y la informalidad laboral.
En el cuarto trimestre de 2025, 55% de los trabajadores en México tuvieron un empleo informal, mostrando una disminución de 0.4 pp respecto al trimestre anterior (3T2025) y un aumento de 0.5 pp respecto a la tasa observada en el 4T2024. ElSemáforo Económico de informalidad laboral –cuya meta es disminuir el empleo informal al 25% o menos– se encuentra en naranja.
Cabe destacar que, a excepción de la pandemia, cuando la tasa de informalidad alcanzó un nivel de 50.9% en el segundo trimestre de 2020 (en el contexto de una pérdida pronunciada de empleos informales y una mayor protección de los trabajadores con vínculos formales), la tasa ha sido mayor a 54% desde que se tiene registro, lo cual refleja la persistencia del problema en el mercado laboral mexicano.
Como en el caso de la pobreza laboral, al 4T2025 la tasa de informalidad fue más alta para las mujeres (55.8%) que para los hombres (54.4%).
Situación de la informalidad laboral a nivel estatal
El cumplimiento de la meta para cada entidad del Semáforo Económico estatal de informalidad depende de que su tasa de informalidad laboral sea menor a la nacional y de que el cambio en su tasa haya representado un mejor desempeño que el observado en la tasa de todo el país. Para las entidades con informalidad laboral más alta a la nacional, el Semáforo Económico se ubica en rojo.
Existe una disparidad regional en la informalidad a lo largo del país. Mientras que en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas se registraron tasas por encima del 74%, en entidades como Coahuila, Nuevo León y Chihuahua las tasas de informalidad se colocaron entre 33.3 y 36.2 por ciento de su población ocupada.
Situación de la informalidad laboral por sexo
La informalidad laboral afecta en mayor medida a las mujeres. En el cuarto trimestre de 2025, la tasa de informalidad a nivel nacional para las mujeres fue de 55.8 y de 54.4 por ciento para los hombres. En 24 de las 32 entidades la tasa de informalidad laboral es mayor para las mujeres.
Oaxaca presenta la tasa de informalidad más alta para mujeres (79.4%) y para hombres (80.49%). Estos datos indican desafíos importantes, pues en Oaxaca únicamente dos de cada 10 mujeres ocupadas cuentan con un vínculo laboral reconocido por su fuente de trabajo, misma relación que para el caso de los hombres.
Por otro lado, se observa que Chihuahua presenta la menor informalidad laboral para mujeres y Coahuila para hombres, con tasas de 31.63% y 31.43%, respectivamente.
Los cinco estados con mayor brecha en puntos porcentuales en cuanto a informalidad laboral por sexo son Nuevo León (7.4 pp), Yucatán (7.1 pp), Colima (6.7 pp), Quintana Roo (5.7 pp) y Coahuila (4.9 pp). Los tres estados con la menor brecha son Guerrero (0.3 pp), Tabasco (0.8 pp) y Sinaloa (1 pp). Las entidades en las que la informalidad laboral fue mayor para los hombres que para las mujeres en el 4T2025 fueron Chihuahua, Zacatecas, Chiapas, Nayarit, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Baja California.
SemMéxico, La Paz-Bolivia, 27 de febrero, 2026.- Hace poco, gracias a las encuestas de intención de voto, se han conocido los rostros de quienes aspiran al principal cargo de alcaldías y gobernaciones de Bolivia en las elecciones que se realizarán el 22 de marzo próximo. Muchos rostros, muy desconocidos y muchos, demasiados, hombres frente a una mínima y casi inexistente participación femenina.
Claro, sólo se mostraron los variopintos rostros principalmente masculinos de los departamentos y las ciudades capitales más pobladas. Estos señores son poco conocidos ya que hay muchas candidaturas porque, al parecer, quien se creyó en la posibilidad de ser Gobernador o alcalde decidió presentarse, todo en el marco de una crisis de partidos en la que hay siglas políticas sin militantes y sus “propietarios” las venden al mejor postor.
Es así que, en candidaturas para las gobernaciones de los departamentos más poblados, encontramos que La Paz se lleva la flor con 17 candidaturas y… ¡Todos son hombres!; Santa Cruz presenta 11 candidatos y también todos son hombres; en Cochabamba, de 10 son 8 varones. En el caso de las candidaturas a las alcaldías: La Paz nuevamente tiene 17 candidatos y todos hombres; El Alto arrasa con 18 candidaturas de hombres todos; Santa Cruz tiene 14 candidaturas donde hay tres mujeres, al fin alguna; y Cochabamba con 11 de los cuales 10 son hombres.
¿Qué se hace con una papeleta de votación con 17 o 18 candidatos? ¿A cuántos una persona media conoce porque alguna vez oyó hablar de ellos? ¿Y de tantos, por qué no hay ninguna mujer? ¿Por qué el Órgano Electoral Plurinacional no muestra como escandalosa y antidemocrática esa poca presencia femenina?
Es que trata de una verdadera vulneración de la democracia y es una vergüenza que la mitad de la población, ¡la mitad!, no tenga una representación. ¿Se imaginan que sólo hubiese mujeres candidatas para alcaldesas y gobernadoras? ¿Verdad que resultaría imposible de imaginar y mucho menos aceptar?
La presencia femenina en el espacio público y en posiciones de poder son conquistas que poco a poco se han ido ganando al patriarcado (sistema social estructurado en normativa, instituciones y maneras de pensar enfocadas por y para los varones) y en Bolivia se han traducido en leyes que, para las candidaturas parlamentarias y concejalías, establece la paridad y alternancia como obligación (se sustenta en la Constitución Política del Estado, la Ley N° 026 del Régimen Electoral, la Ley N° 243 contra el Acoso y Violencia Política y la Ley N° 348 contra la violencia hacia las mujeres).
De hecho, la paridad y alternancia fue una conquista arrancada a los varones, quienes, sin embargo, evitaron que exista esa obligación de igualdad de género para los cargos más importantes, como la Presidencia y Vicepresidencia del país, la Gobernación y la Alcaldía. A estos cargos pueden, evidentemente, presentarse mujeres candidatas; sin embargo, el hecho de que no haya prácticamente ninguna nos indica algo. Algo que huele mal.
No se trata de capacidad, no. Las mujeres han demostrado capacidad desde el primer curso de primaria hasta el último de doctorado en una gran universidad, en todos los espacios laborales y de la sociedad en general. No es capacidad. Méritos tienen y sobran.
El problema está en un sistema masculino violento (que opera de mil maneras) que frena, obstaculiza e impide que las mujeres estén al frente. Por eso es posible que haya hombres a quien nadie conoce como candidatos y no mujeres de relevancia social. Es algo que hay que cambiar.
SemMéxico, Mérida, 27 de febrero, 2027.- La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que enviaría este martes 24 de febrero su iniciativa de reforma electoral. Si lo hizo, encontrará un contexto político distinto al de hace apenas unos días. El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, no clausura la violencia que impera en el país ni resuelve el problema estructural de la seguridad, pero sí produce un efecto político inmediato: refuerza la imagen de autoridad del Estado y empodera, aunque sea de manera transitoria, a la titular del Ejecutivo. En política parlamentaria, ese momento importa. No por su duración, sino porque es el clima bajo el cual se toman decisiones.
Más allá del contenido de la reforma —que merece un análisis específico— lo relevante ahora es entender cómo puede aprobarse. No qué dice la iniciativa, sino cómo se ejecuta una decisión política cuando existe la fuerza para hacerlo. Porque en esta ocasión el debate central no está en el diseño normativo, sino en los procedimientos parlamentarios que permiten imponer una mayoría.
Desde 2019, todos los intentos de reforma electoral impulsados desde el poder han compartido un mismo eje discursivo: la austeridad. Reducir el costo de las elecciones, disminuir el financiamiento público a los partidos, “aligerar” la estructura —mal llamada burocrática— del INE y abaratar la organización de los comicios. Asociada a esa lógica aparece, casi de manera automática, la reducción del número de legisladores de representación proporcional, hasta su virtual desaparición. No se trata de una novedad técnica, sino de una reiteración política que convierte a los llamados plurinominales en símbolo de exceso y no en mecanismo de inclusión.
El primer intento serio de reforma, en 2019, reveló una tensión que sigue vigente. El Partido del Trabajo votó junto con la oposición en contra de la reducción del financiamiento público a los partidos. No fue una abstención ni una duda técnica: fue un voto en contra. La reforma electoral mostró desde entonces su capacidad para fracturar al bloque gobernante antes incluso de enfrentar a la oposición. Para los partidos aliados, la austeridad tiene un límite: su propia sobrevivencia política.
En 2022 el escenario era todavía más claro. No había mayoría calificada para reformar la Constitución y el presidente de la República lo sabía. Por eso se gestó el llamado Plan B: intentar modificar por la vía legal lo que no podía cambiarse constitucionalmente. No fue una improvisación, sino una admisión tácita de límites. La Suprema Corte de Justicia declaró procedente la acción de inconstitucionalidad promovida por los partidos de oposición y frenó la intentona. La Constitución no se podía tocar… todavía.
El 5 de febrero de 2024, López Obrador presentó 20 iniciativas de reforma constitucional. No aspiraba a que prosperaran legislativamente; buscaba imponer agenda, fijar el marco de la campaña y comprometer políticamente a quien habría de sucederlo. Claudia Sheinbaum hizo suyas todas las iniciativas. Con el nuevo Congreso, dominado constitucionalmente por Morena, las reformas comenzaron a aprobarse una tras otra, incluida la más polémica: la del Poder Judicial. Solo quedó pendiente la reforma político-electoral.
Desde 1977, año de la primera y más profunda reforma político-electoral, nunca el partido en el gobierno había decidido reformar el sistema solo, sin la oposición. Las reformas de 1989-1990, 1996 y 2014 fueron resultado de presiones opositoras y concesiones del poder. El ciclo democrático se construyó cediendo. Hoy, el rasgo distintivo es otro: imponer.
Sin unidad no hay táctica
Antes de entrar al terreno de la táctica parlamentaria conviene hacer explícita una premisa básica: Morena debe conservar la unidad efectiva de su grupo parlamentario. No basta con tener mayoría constitucional en el papel; se requiere control político sobre expectativas de reelección, candidaturas futuras y trayectorias personales. Sin esa unidad, el análisis sería un ejercicio aritmético. Con ella, se convierte en política aplicada.
Escenario 1. No ceder: ruptura administrada.
Bajo esa condición se abre un menú realista de decisiones, cada una asociada a una táctica legislativa distinta. La presidenta puede optar por no ceder nada sustantivo a sus aliados y administrar una ruptura. En ese escenario, la táctica es clara: unidad total de Morena en el pleno y ausencia acordada del PT y el Verde. Morena hace quórum por sí sola y aprueba con dos terceras partes de los presentes. Los aliados no votan en contra, simplemente no están. “Salvan la cara”, pasa la reforma y no hay ruptura formal. El pago político puede diferirse, con un “abono” inmediato: la elección de tres consejeros del INE antes del 4 de abril ofrece margen para compensaciones sin ceder el control.
Escenario 2. Ceder poco: reforma diferida.
Este escenario supone una cesión acotada. Los aliados acompañan la reforma a cambio de diferir su aplicación hasta después de la elección de 2030. La ley se aprueba, pero sus efectos estructurales se postergan. La táctica aquí cambia: presencia plena del bloque gobernante, votación abierta y narrativa de consenso interno. Es el camino institucionalmente más ordenado, pero también el más vulnerable al paso del tiempo.
Escenario 3. Comprar cohesión: el gran trueque.
El tercero es el más clásico y el más costoso: un gran intercambio político. Candidaturas aseguradas, blindaje del piso del financiamiento público y una reducción drástica de recursos a los partidos grandes, comenzando por Morena, para sostener la narrativa de austeridad. La táctica legislativa es la más cómoda: bloque cohesionado, mayoría holgada y capacidad de administrar disidencias sin riesgo para el resultado. El precio es alto y se continuará pagando durante todo el sexenio.
De la decisión a la táctica
Los tres escenarios son distintos, pero comparten una constante: la táctica parlamentaria no precede a la decisión política; la ejecuta. Quórum, dos terceras partes de los presentes y ausencias estratégicas no son trucos aislados, sino instrumentos que solo funcionan cuando existe conducción política. La reforma electoral no depende solamente de cuántos votos hay, sino de quién controla a quienes los emiten.
A partir de este punto, la discusión sobre el INE se vuelve inevitable. El próximo 4 de abril concluye el mandato de Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera como consejeros electorales. La Cámara de Diputados tiene mayoría constitucional para nombrar a sus sustitutos… o para no hacerlo. Con reforma o sin ella, el árbitro electoral enfrenta una total “colonización” que ya no depende del texto legal, sino del control de los nombramientos —o de su omisión deliberada—.
Al final, la reforma electoral puede aprobarse sin consenso, sin aliados convencidos y sin una oposición con capacidad de veto. No por una anomalía del sistema, sino porque así lo permiten las reglas del procedimiento parlamentario.
La política, reducida a técnica; el acuerdo, sustituido por el quórum; el consenso, reemplazado por la disciplina. Quizá no sea el espíritu de las reformas que abrieron el sistema desde 1977, pero sí es el método de una época y un régimen que ya no se siente obligado a disimular.
En un segundo artículo abordaré el contenido de la iniciativa presidencial y su contraste con una iniciativa ciudadana de reforma electoral que, paradójicamente, sí cumplió con todos los requisitos constitucionales. Porque si este primer texto trata sobre cómo se decide, el siguiente tendrá que preguntar qué se decide… y a quién se escucha.
La propuesta surge “ante el incremento sostenido de agresiones en entornos digitales”, dice diputada Anais Burgos
El proyecto fue elaborado por Consejo de Organizaciones Civiles del Estado de México
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 27 de febrero, 2026.- La diputada Anais Burgos Hernández del partido Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, respaldó la propuesta “Conectadas y Seguras. Prevención de la Violencia Digital contra las Mujeres”, elaborado por el Consejo de Organizaciones Civiles del Estado de México.
“Esta propuesta surge ante el incremento sostenido de agresiones en entornos digitales que afectan de manera desigual a las mujeres, jóvenes y niñas, vulnerando su derecho a la privacidad, a la integridad y a una vida libre de violencia”, detalló en conferencia de prensa.
El proyecto plantea una estrategia integral sustentada en tres ejes: talleres formativos orientados a fortalecer las capacidades de mujeres y juventudes en materia de seguridad digital; procesos de capacitación con instancias gubernamentales para mejorar la prevención y atención de casos de violencia digital; y campañas de sensibilización que promueven una cultura de respeto, corresponsabilidad y prevención en las plataformas y redes sociales, destacó.
Burgos Hernández destacó que el proyecto será presentado en el foro internacional de las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Nuestro deber como Poder Legislativo es acompañar estas iniciativas y asegurar que las políticas públicas se adapten a los desafíos que presentan las nuevas tecnologías y las formas contemporáneas de violencia”.
En su oportunidad, Alejandro León, del Consejo de Organizaciones Civiles del Estado de México, informó que la 70ª Comisión del Estatus Consultivo y Jurídico de la Mujer de la ONU se realiza del 9 de marzo al 19 de marzo. “Estaremos allá presentes en diferentes temas, en diferentes ámbitos y estas 17 iniciativas, además de la ya mencionada violencia digital, que es algo que nos conlleva y que nos afecta a todos”.
Subrayó que las propuestas siguen el eje de atención a las causas que trabaja el gabinete de Seguridad, bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Decirles que además del tema de seguridad, llevamos iniciativas de atención a las personas, que conlleven acciones humanitarias, que ayuden al pueblo que más lo necesita y me refiero en específico a salud y bienestar, cuidadores primarios y atención multidisciplinaria para niños y jóvenes”, compartió.
Por su parte, Brizeida Uri Gómez Tirado, presidenta de la Asociación “Expresión Ciudadana”, explicó una de las propuestas que pretende fortalecer el acceso a la justicia con perspectiva de género.
“Aunque existen leyes y marcos internacionales sólidos, millones de mujeres y niñas siguen enfrentando enormes obstáculos para acceder a la justicia. Los sistemas judiciales están sobrecargados, existen barreras económicas, culturales y territoriales, y muchas mujeres viven procesos de revictimización institucional.
“Frente a este panorama, proponemos un modelo de colaboración entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil que permita fortalecer el acceso efectivo a la justicia con perspectiva de género”, puntualizó.
Compartió que el proyecto busca una colaboración estructurada, certificada y transparente entre Estado y sociedad civil; así como un sistema de certificación, financiamiento etiquetado y reglas claras de coordinación institucional.
Kenia López Rabadán: una visión ideológica no es lo que el país necesita
Dos temas prioritarios en esta reforma deben ser: no condicionar los programas sociales y la intromisión del crimen organizado en las elecciones
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 27 de febrero, 2026.- Una reforma monocromática que no refleje la pluralidad democrática que existe en el país no le sirve a México, sostuvo la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien enfatizó que se debe hacer una reflexión pública y serena sobre la necesidad de que las reglas electorales sean modificadas con el aval de todos los partidos.
“Lo dije en el número uno de mi decálogo que presenté ante ustedes. Es necesario hacer una reflexión pública, serena, importante sobre que, si se van a tocar las reglas electorales, que estas sean modificadas por todos los partidos políticos”, subrayó.
Una posición única, parcial o con una visión ideológica me parece que no es lo que México necesita, afirmó.
La pluralidad clara que se vive en el país, en donde hay alcaldes, gobernadores y legisladores de distintos partidos se debe respetar si se pretenden mover las reglas del juego electoral, insistió.
Reiteró que el deber ser es que se escuche a todos los actores y haya una amplia discusión en el espacio legislativo.
“Aquí en la Cámara de Diputados, en el espacio legislativo, en las comisiones y en el pleno, hay un deber ético de escuchar a todos los partidos políticos y, por supuesto, el deber ser es que todos los partidos políticos puedan acompañar una reforma electoral”, expuso.
Si eso no sucede, advirtió, estaríamos dejando de escuchar a millones de mexicanos y a sus familias que quieren un mejor país.
“La prioridad en este país debe ser tener democracia, contrapesos, visiones distintas para que las decisiones sean mejores para las y los ciudadanos. Cualquier otra cosa, evidentemente, puede ser retórica y discurso; yo estoy absolutamente convencida de que esta Cámara de Diputados debe hacerlo bien por las familias y por un país que se merece crecer, se merece estar seguro y se merece tener democracia”, remarcó.
Finalmente, López Rabadán recordó que si bien no se ha recibido la iniciativa y hay todavía muchos temas que discutir en cuanto llegue al Congreso, destacó que dos temas de suma importancia deben ser no condicionar los programas sociales y la intromisión del crimen organizado en las elecciones.
“Es importantísimo que hablemos de cómo detener al crimen organizado (…) Me parece necesario también garantizar que a ningún mexicano o mexicana lo amenacen con perder un programa social; si vamos a entrar a hacer una discusión sobre las reglas electorales, eso tendría que ser de lo más importante”, concluyó.
La documentación de ONU Derechos Humanos indica que hubo un aumento de más del doble y medio en los asesinatos de civiles en 2025 en comparación con el año anterior.
Los últimos datos indican que al menos 11 mil 300 civiles murieron el año pasado, casi el triple que en 2024
Redacción
SemMéxico, Nueva York, 27 de febrero, 2026.- Casi tres años de guerra en Sudán han estado marcados por asesinatos, violaciones y otras violaciones, y existe el riesgo de que la violencia genocida se extienda, según escuchó este jueves el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El brutal conflicto entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) fue el centro del debate en la primera sesión del año del Consejo con sede en Ginebra.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el presidente de la Misión Internacional Independiente de Investigación para Sudán, Mohamed Chande Othman, intervinieron ante los Estados miembros.
Aumento de víctimas civiles
Türk presentó su último informe, que describe «otro capítulo en la crónica de la crueldad». A medida que los combates se intensifican, las violaciones por todas las partes han aumentado «mientras que la rendición de cuentas ha estado prácticamente ausente», dijo.
La documentación de su oficina indica que hubo un aumento de más del doble y medio en los asesinatos de civiles en 2025 en comparación con el año anterior. Los últimos datos indican que al menos 11.300 civiles murieron el año pasado —casi el triple que en 2024— mientras que miles siguen desaparecidos o sin identificar.
Los cuerpos de las mujeres «como arma»
Tanto las RSF como el ejército sudanés continúan utilizando explosivos en zonas densamente pobladas, a menudo sin previo aviso, mostrando un «total desprecio por la vida humana», dijo el Alto Comisionado. Escuelas, hospitales, mercados, lugares religiosos e infraestructuras críticas han sido atacados.
«Los cuerpos de las mujeres y niñas sudanesas se han utilizado como arma para aterrorizar a las comunidades», añadió Türk.
«En 2025, identificamos más de 500 víctimas de violencia sexual, incluyendo violación, violación colectiva, tortura sexual y esclavitud, en algunos casos con resultado de muerte. Y cuando estuve en Sudán a principios de este año, escuché los desgarradores testimonios de al menos diez de ellas».
«Masacre» en El Fasher y preocupación por Kordofán
La toma del campamento de Zamzam en Darfur del Norte por parte de las RSF en abril, y su ofensiva en la capital del estado asediada, El Fasher, seis meses después, «desencadenó una masacre que se cobró miles de vidas, lo que constituye crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad».
Türk recordó que, aunque advirtió repetidamente sobre los riesgos que enfrentaba la ciudad, la masacre no se pudo prevenir.
«A medida que el epicentro de la guerra se desplaza a la región de Kordofán, me preocupa extremadamente que estos crímenes puedan repetirse. Porque estos son patrones de brutalidad atroz y despiadada».
Señaló que ya hay «una preocupante escalada de ataques con aviones no tripulados y bloqueos tanto por parte de las RSF como de las SAF en Kordofán y más allá, incluso contra convoyes de ayuda humanitaria». Estos ataques han matado o herido a casi 600 civiles desde principios de año.
Temores de genocidio
La misión de investigación para Sudán publicó su último informe la semana pasada y Othman advirtió sobre el riesgo continuo de una nueva violencia genocida cuanto más dure la guerra.
Dijo que la situación en torno a El Fasher «presenta claras características de genocidio» por parte de las RSF contra las comunidades zaghawa y fur, como lo demuestran las matanzas masivas, los graves daños físicos y mentales, y la imposición deliberada de condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial.
El Fasher había estado sitiado durante más de un año y la misión documentó asesinatos generalizados y sistemáticos en toda la ciudad. Destacó el baño de sangre en el hospital El-Saudi, donde más de 460 personas —incluidos pacientes, médicos y heridos— fueron asesinadas.
«Vídeos grabados y difundidos por los perpetradores muestran ejecuciones acompañadas de insultos étnicos», dijo.
«Los supervivientes relatan declaraciones como: ‘¿Hay algún zaghawa entre vosotros? Si encontramos zaghawa, los mataremos a todos’, y ‘Queremos eliminar todo lo negro de Darfur'».
Los crímenes en El Fasher «reflejan la continuidad y escalada de patrones de violencia y corren el riesgo de extenderse más, incluso a Kordofán», advirtió Othman, señalando que «sin protección urgente y una rendición de cuentas creíble, el riesgo de una nueva violencia genocida sigue siendo grave y continuo».
Se han programado ocho conciertos a cargo de las diferentes agrupaciones musicales y corales
La Orquesta Sinfónica Nacional dirigirá la estadounidense Shira Samuels-Shragg y como solista invitada la soprano mexicana Anabel de la Mora
Micaela Márquez
SemMéxico, Ciudad de México, 27 de febrero, 2026.- Para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional Bellas Artes (INBAL) ha programado una serie de actividades que buscan convertir la experiencia artística en una forma de diálogo entre artistas y público.
Con música y canto la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMyO), se unen a la conmemoración con ocho conciertos a cargo de las diferentes agrupaciones musicales y corales del INBAL, en los que la mirada y la escucha se enfocarán en autorías históricamente subrepresentadas, con el propósito de visibilizar el trabajo de compositoras e intérpretes.
El primer concierto del ciclo estará a cargo del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes y se llevará a cabo este viernes 27 de febrero a las 19 horas en el Pabellón Escénico del Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque y el domingo 1 de marzo a las 12 horas en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso.
Con la dirección huésped de la mexicana Edith Mora y dentro del ciclo Jóvenes Directoras Latinoamericanas, la agrupación ofrecerá el concierto titulado Voces que anhelan respirar en libertad, que incluye obras de las estadounidenses Caroline Shaw, Shara Nova y Ayanna Woods, además de Kile Smith, Dietrich Buxtehude y Josquin des Prés, que en conjunto plantean cuestionamientos sociales y humanitarios, en busca de un futuro más justo.
Edith Mora también dirigirá a la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) en el concierto Noche de serenata, el jueves 5 de marzo a las 20 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.
La tercera presentación titulado Compositoras mexicanas, estará a cargo del grupo Solistas Ensamble de Bellas Artes, bajo la dirección de la maestra invitada Verónica Murúa. Se realizará el viernes 6 de marzo a las 18 horas en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso. El programa incluirá los estrenos mundiales de Coyolxauhqui, flor de cicuta, de Estrella Cabildo, y El crisol prometido, de Nubia Jaime Donjuan, además de obras de Patricia Moya, Verónica Tapia, Beatriz Corona, Georgina Derbez, Gina Enríquez, María Granillo, Gabriela Ortiz y Diana Syrse.
El Estudio de la Ópera de Bellas Artes compartirá el programa Resonancias femeninas: Compositoras latinoamericanas, bajo la dirección musical de la soprano Irasema Terrazas, que recupera el legado de las creadoras de música, desde el barroco hasta la actualidad, y reafirma la autoría femenina como parte esencial de la identidad sonora latinoamericana.
El Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (CEPROMUSIC), bajo la dirección de su titular José Luis Castillo, participará con el concierto Aliqua, dedicado especialmente a la música creada por compositoras contemporáneas de varias partes del mundo. El programa lo conforman obras de Rebecca Saunders, de Gran Bretaña; Kaija Saariaho, de Finlandia; Liao Lin-Ni, de Taiwán; Sung Ji Hong, de Corea del Sur y Estados Unidos; y Liza Lim, de Australia. Se llevará a cabo el sábado 7 de marzo a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.
La contralto Ana Caridad Acosta y el pianista Santiago Piñeirúa, integrantes del grupo Concertistas de Bellas Artes, participarán con un concierto dentro del ciclo Jueves Musicales del Museo Iconográfico del Quijote, en la ciudad de Guanajuato, el jueves 12 de marzo a las 20 horas, con un repertorio de canción española y mexicana.
La Orquesta Sinfónica Nacional se integrará a esta conmemoración dentro de su Primera Temporada 2026, con una sesión que dirigirá la estadounidense Shira Samuels-Shragg y como solista invitada la soprano mexicana Anabel de la Mora, quien interpretará arias de concierto de Wolfgang Amadeus Mozart, el viernes 13 de marzo a las 20 horas y el domingo 15 a las 12:15 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.
Dentro del ciclo de Jóvenes Directoras Latinoamericanas se presentará el concierto Entre voces y símbolos: mujeres que inspiran, bajo la dirección de la maestra argentina Gisela Iuretig, el viernes 20 de marzo a las 19 horas en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes y el domingo 22 a las 11:30 horas en el Museo Nacional de Arte.
Las presentaciones musicales finalizan con el concierto Raigambre. Compositoras del periodo romántico, un espectáculo de la compañía Ópera: Nuestra Herencia Olvidada, el viernes 27 de marzo a las 19 horas en el Pabellón Escénico del Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque. Este último recital de canto incluirá piezas de compositoras como Guadalupe Olmedo, Guadalupe Unda, Clotilde Crombé, Ignacia Ilizaliturri, María Fajardo, Ángela Guillén, Refugio Ponce, Leticia Euroza, Beatriz Carrillo y María Elisa Curiel.
SemMéxico, Ciudad de México, 27 de febrero, 2026.- Un llamado para derribar las barreras estructurales que impiden la igualdad ante la justicia: leyes discriminatorias, protecciones legales débiles y prácticas y normas sociales nocivas que erosionan los derechos de las mujeres y las niñas, por lo que el lema es “Derechos. Justicia. Acción. Para Todas las mujeres y las niñas”, hace la ONU Mujeres en torno al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
En un análisis, en el que casi el 70 por ciento de los países que fueron revisados, las mujeres se enfrentan a más obstáculos para acceder a la justicia que los hombres. De ahí que la ONU Mujeres señala que cuando falla la justicia, las mujeres lo pagan. La justicia no es ciega. Protege el poder y sigue dictaminando en contra de las mujeres y niñas.
Esas barreras como la posibilidad de acceder a un o una abogada, los horarios de asesoramiento jurídico, el transporte, el cuidado de menores y la pérdida de salario, mantienen a las mujeres afuera de los sistemas judiciales.
“Si denuncias, hay que prepararse para que te ignoren, no te crean o peor aún te culpen y te silencien”.
El análisis refiere que son 676 millones de mujeres y niñas que viven a menos de 50 kilómetros de zonas en las que existe un conflicto activo, los sistemas judiciales están en gran medida ausentes y los agresores actúan con impunidad.
Hace un llamado a las mujeres a luchar por los derechos y la justicia porque sin justicia los derechos son palabras y, con justicia, los derechos se convierten en poder.
Leyes que protejan a las mujeres y niñas de la violencia, la discriminación y la explotación: Tribunales que les crean a todas las mujeres y niñas y acaben con la impunidad: Asistencia jurídica accesible y asequible para las mujeres y niñas, y Apoyo para recuperarse cuando se vulneran los derechos.
No podemos esperar otros 30 años para cumplir con la PAB
Asimismo, subraya que este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, todas las mujeres y niñas marcharán, porque “no podemos permitirnos más retrocesos. No podemos esperar otros 30 años para cumplir la promesa de igualdad que líderes del mundo se comprometieron en 1995 en la Declaración y Plataforma de la Acción de Beijing.
40 años para alcanzar la paridad
El organismo internacional destaca que el mundo actualmente es más igualitario,
pero el avance ha sido muy lento. A este ritmo la paridad de género en el parlamento se alcanzará cuando una niña que nazca hoy tenga 40 años.
Cada 10 minutos una mujer muere a manos de una persona de su propia familia. Durante décadas, la representación de las mujeres en la fuerza laboral se ha estancado. Las mujeres y niñas son quienes menos contribuyen al cambio climático y, aun así, sufren sus peores consecuencias.
Durante siglos, las mujeres han luchado por la igualdad de derechos, oportunidades y libertad. De las sufragistas a las activistas digitales, cada generación la expandido los límites, derribado obstáculos y se ha negado a retroceder. Detrás de cada cambio de políticas y victoria legal, han estado las audaces feministas organizadas, protestando y exigiendo la toma de medidas.
Hitos que destacan en la cronología de los derechos de las mujeres
En 1994, el Programa de Acción de El Cairo. Nuestro cuerpo, nuestra decisión. En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, activistas feministas ejercieron exitosamente presión a los Gobiernos para que se comprometieran a poner fin a los métodos coercitivos de control de la población, como las esterilizaciones y las cuotas de natalidad. El reconocimiento histórico de los derechos a la salud sexual y reproductiva sigue siendo un hito hoy.
En 1995 líderes del mundo se comprometieron a cumplir con la Plataforma de Acción de Beijing. En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se genera el plan más ambicioso de la historia para lograr la igualdad de derechos para todas las mujeres y niñas, en el que se establecen 12 esferas de especial preocupación.
En 2010 la unión de cuatro organismos distintos de las Naciones Unidas para crear ONU Mujeres se traduce en una sola voz sólida y unificada para todas las mujeres y niñas dentro de las Naciones Unidas. ONU Mujeres establece estándares internacionales, coordina las iniciativas de todo el sistema de las Naciones Unidas en materia de igualdad de género y transforma las vidas de las mujeres y niñas en todo el mundo.
En 2015, los liderazgos mundiales se comprometen a llevar adelante un plan para el progreso mundial hacia 2030: los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El quinto Objetivo consiste en lograr la igualdad de género, algo indispensable para el éxito del resto de los Objetivos, desde la economía hasta la seguridad alimentaria, la salud, la acción climática y la paz, entre otros.
En 2024 “La vergüenza debe cambiar de bando”, la decisión de la francesa Gisele Pelicot al rechazar el anonimato para que su esposo Dominique Pelicot reciba una condena por drogar y violar a su esposa durante nueve años. “No es valentía”, declara. “Es la voluntad y determinación de cambiar la sociedad”. Su audacia despierta un llamado mundial para que sean los autores de este tipo de delitos quienes sientan vergüenza, no las supervivientes. En 2025, Francia adoptaría una histórica ley sobre violación con consentimiento.
En 2025, el Parón de Mujeres del G20 acapara la atención mundial. Miles de manifestantes se congregaron en Johannesburgo, Sudáfrica, antes de la Cumbre del G20, cantando canciones y guardando un conmovedor momento de silencio para visibilizar la crisis mundial de feminicidios. En respuesta a la indignación pública, que incluyó un millón de firmas en la petición, el gobierno declaró la violencia de género como desastre nacional.
En 2026 los abusadores digitales se ven obligados a salir de la sombra. Desde México hasta Moldavia, los legisladores están criminalizando la violencia digital y ampliando el acceso a la justicia. A medida que las organizaciones de derechos de las mujeres alertan sobre las nuevas fronteras de la violencia facilitada por la tecnología —incluyendo los deepfakes generados por IA, el ciberacoso y el acoso sexual—, algunos países están dejando de depender de la autorregulación y priorizando la rendición de cuentas y los marcos legales.
Irving Alexis Silva Téllez fue uno de los 25 efectivos federales caídos durante la jornada violenta del domingo 22 de febrero
Si quería le podían facilitar la entrada SEMEFO, para reconocer “ese” cuerpo como el de su hijo
Román Ortega
SemMéxico/El Sol de México, Ciudad de México, 27 de febrero, 2026.- Leticia Téllez vive un calvario para reclamar el cuerpo de su hijo Irving Alexis Silva Téllez, de 23 años, uno de los 25 efectivos federales caídos durante la jornada violenta del domingo 22 de febrero.
La tarde del domingo la Guardia Nacional notificó a Leticia que su hijo Irvgin Alexis había caído en cumplimiento del deber, junto con ocho compañeros en un ataque perpetrado por pistoleros del Cártel Jalisco Nueva Generación en un tramo de la carretera La Barca-Atotonilco.
En la llamada le dijeron que tenía que esperar instrucciones para reclamar el cuerpo de su hijo. Ahí empezó su calvario.
El personal de la Guardia Nacional que contactó a Leticia al día siguiente, es decir, el lunes, comenzó a presionarla para que les diera el nombre del panteón en el que sería sepultado el cuerpo de Irving, sin saber nada de sus restos mortales.
“El lunes me empezaron a presionar que si yo tenía algún lugar en el panteón o que en qué panteón iba a ser sepultado mi hijo, porque ellos necesitaban saber esa información para coordinar con la agencia funeraria para que me entregaran el cuerpo de mi hijo. Entonces el lunes todavía estábamos en código rojo y realmente yo no tenía un lugar, o sea, no tenía un lugar, digo, nadie estamos preparado para estas situaciones”.
El lunes, Leticia compró un espacio en un cementerio y el martes al mediodía, les mandó la información y la ubicación del panteón donde será sepultado Irving. Leticia se quedó esperando que le informaran qué funeraria se haría cargo del servicio, porque estaban buscando una que quedara cerca a la ubicación del panteón.
El mismo martes, personal de la Guardia Nacional se comunicó con ella para preguntarle si su hijo tenía alguna cicatriz, operación, tatuaje, o cualquier seña particular que pudiera ayudar a la identificación de su cuerpo.
“Entonces yo les dije que no, digo, realmente mi hijo no tenía nada de eso, ni siquiera una caries, una amalgama, nada, absolutamente no hay manera de identificarlo con eso que ellos me estaban pidiendo. Entonces yo les pregunté qué pasaba y me dijeron: ‘es que no lo podemos identificar, no encontramos a su hijo, no sabemos quién es’”.
Leticia les pidió que le permitieran ingresar al Semefo para reconocer el cadáver de Irving. El martes a las 19:00 horas, llegó al Semefo, pero el personal de la Guardia Nacional le dijo que no podía pasar a reconocer el cuerpo.
Le dijeron que en un lapso de siete o 20 días posiblemente saldrían los resultados.
El martes le informaron que sólo había tres cuerpos calcinados, dos ya los habían identificado por una placa en una pierna uno y el otro por una pieza dental y que el único cuerpo que quedaba que era el de Irving y que si ella quería ellos le podían facilitar la entrada SEMEFO para que si ella quería reconocer ese cuerpo como el de su hijo.
“Entonces yo les dije que de ninguna manera iba a hacer eso, porque yo qué garantía tengo, qué seguridad tengo de que el cuerpo que ellos están diciendo que es mi hijo, sea efectivamente mi hijo. Si se supone que está calcinado, cómo voy yo a reconocer un cuerpo así y a decir pues que es mi hijo. Eso es lo que me indigna, la falta de respeto, la falta de seriedad, que no le den el respeto a mi hijo y a mí el respeto que nos merecemos”.
Busca Senado la comparecencia de la titular de Salud, Macarena Montoya
En condiciones de aislamiento y riesgos a su integridad: acusa senadora Esther Ortiz
Mantienen instituciones psiquiátricas prácticas de reclusión involuntaria y tratos crueles
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 27 de febrero, 2026.- El Hospital de Salud Mental para Mujeres “José Sáyago”, ubicado en Tepexpan, Estado de México, enfrenta denuncias por presuntos tratos inhumanos, aislamiento forzado y violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las 114 internas, por lo que se busca la comparecencia ante el Senado de la República de la titular de la Secretaría de Salud estatal, Macarena Montoya Olvera.
La senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó un punto de acuerdo para exigir la intervención inmediata de autoridades estatales y federales, con el fin de que se investiguen las condiciones en las que operan las instalaciones y de las acciones emprendidas del nosocomio.
De acuerdo con el reporte de la legisladora, las internas no estarían recibiendo un tratamiento terapéutico integral, sino que permanecerían bajo un esquema de “reclusión punitiva” que privilegia el control y el castigo sobre la atención médica especializada. Entre las prácticas denunciadas, destaca el uso indebido del aislamiento como mecanismo disciplinario, lo que podría constituir una vulneración directa a los derechos humanos y a los estándares nacionales e internacionales en materia de salud mental.
En su exposición de motivos, la senadora apuntó que hay hospitales psiquiátricos que siguen operando como espacios de reclusión, con prácticas de maltrato, deshumanización y negación sistemática de la autonomía personal de las y los pacientes, que pasa por la tortura sexual y la misoginia, cuando son mujeres.
Hay una falta de protocolos claros, criterios clínicos estrictos y supervisión médica permanente, además de internamientos involuntarios, lo que se considera una violación a la libertad personal o una forma de tortura o trato cruel, destacó, con base en datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, La Suprema Corte de Justicia de la Nación y por organizaciones como Documento, AC.
El exhorto legislativo también solicita la intervención urgente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para realizar una inspección exhaustiva que permita verificar las condiciones de vida de las pacientes y garantizar su integridad física y emocional.
La senadora Ortiz señala que uno de los puntos centrales del debate es la necesidad de transformar el modelo de operación del hospital, bajo una perspectiva de género real y efectiva. Especialistas y organizaciones coinciden en que, para erradicar posibles prácticas de violencia institucional, un centro que atiende exclusivamente a mujeres debe ser administrado y operado por personal femenino en todos los niveles: dirección, administración, cuerpo médico, enfermería y seguridad. Esta propuesta no responde únicamente a un criterio administrativo, sino a la urgencia de crear un entorno seguro, empático y libre de cualquier forma de abuso de poder o violencia de género.
Para la representante del PVEM, el Hospital “José Sáyago” debe de dejar ser percibido como un espacio de encierro que profundiza la vulnerabilidad de sus internas y se convierta en una institución que garantice tratamiento digno, rehabilitación efectiva y respeto irrestricto a los derechos humanos.
Cuatro de cada 100 mujeres viven en economías con una igualdad jurídica casi plena
Menos de la mitad de las 190 economías analizadas ofrece apoyo a las familias para el cuidado infantil.
Corresponsal
SemMéxico/IPS, Washington, 27 de febrero, 2026.- Un informe del Banco Mundial publicado este martes 24 revela que las leyes diseñadas para garantizar la igualdad de oportunidades económicas para la mujer se implementan solo a medias en todo el mundo, y apenas cuatro de cada 100 mujeres viven en economías con una igualdad jurídica casi plena.
Indermit Gill, economista en jefe del banco, dijo que “en el papel, la mayoría de los países muestran un panorama razonablemente positivo: el país promedio obtiene una puntuación de 67 sobre 100 en cuanto a la idoneidad de las leyes que posibilitan la igualdad económica entre mujeres y hombres”.
“Pero en lo que respecta al cumplimiento de las leyes, el puntaje promedio cae a 53. Y cuando se evalúan los sistemas necesarios para ejercer esos derechos, la calificación es de solo 47”, agregó el también vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo en el Grupo Banco Mundial.
Para Gill “estas cifras reflejan enormes brechas de oportunidad”, y expuso que “las observaciones incluidas en este documento proporcionan a los responsables de la formulación de políticas información útil para revertir la disminución del potencial de crecimiento de las economías en desarrollo”.
El informe “La mujer, la empresa y el derecho” indica que, incluso si las leyes vigentes se aplicaran plenamente, las mujeres solo tendrían aproximadamente dos tercios de los derechos legales otorgados a los hombres.
Solo cuatro por ciento de las mujeres, a nivel mundial, vive en economías que ofrecen una igualdad jurídica “casi plena”, subraya el documento.
Entre los datos que ofrece está el de que menos de la mitad de las 190 economías analizadas tienen legislación que ofrece apoyo financiero o fiscal a las familias para el cuidado infantil.
Según Norman Loayza, director del Grupo de Indicadores de Políticas del Banco Mundial, sólo un tercio de las leyes necesarias para garantizar una protección adecuada están en vigor a nivel mundial; e incluso en esos casos, la aplicación falla en 80 % de las situaciones evaluadas.
“La verdadera igualdad comienza con la seguridad. Ya sea en el hogar, en el trabajo o en el espacio público, las mujeres merecen protección para prosperar”, dijo Loayza.
El documento identifica la seguridad frente a la violencia como una de las principales carencias. La falta de seguridad limita la capacidad de las mujeres de mantener un empleo regular y de participar plenamente en la actividad económica.
El emprendimiento es otro campo con baja puntuación. Si bien en casi todas las economías las mujeres pueden emprender negocios en las mismas condiciones legales que los hombres, solo la mitad de los países promueven la igualdad de acceso al crédito, lo que restringe la financiación para las emprendedoras.
Se señala el acceso a los servicios de cuidado infantil como un factor determinante para la participación laboral, especialmente entre las madres.
Menos de la mitad de las 190 economías analizadas tienen legislación que ofrezca apoyo financiero o fiscal a las familias para el cuidado infantil.
Entre los países que cuentan con dichas leyes, sólo se implementa 30 por ciento de las políticas necesarias para garantizar servicios accesibles y de calidad.
En las economías de bajos ingresos, están establecidos sólo uno por ciento de los mecanismos de apoyo al cuidado infantil.
A pesar de las limitaciones identificadas, el informe destaca avances recientes. En los últimos dos años, 68 economías han adoptado 113 reformas legales positivas relacionadas con la vida económica de las mujeres, con los mayores avances en las áreas de emprendimiento y protección contra la violencia.
Siete países han ampliado la licencia de paternidad para promover una redistribución de las responsabilidades de cuidado.
África subsahariana lideró el número de reformas, con 33 medidas implementadas durante el período. Madagascar y Somalia eliminaron prohibiciones que impedían a las mujeres trabajar en sectores como construcción, manufactura y agricultura.
Egipto, Jordania y Omán también registraron avances. Egipto fue identificado como el país con mayor avance en el período analizado, aumentando su índice de igualdad jurídica en casi 10 puntos.
Se consideraron reformas que ampliaron la licencia parental remunerada para las madres, introdujeron licencia remunerada para los padres, establecieron la igualdad salarial, y permitieron solicitudes de acuerdos de trabajo flexibles.
La economista Tea Trumbic, autora principal del informe, observó que “en los próximos 10 años, 1200 millones de jóvenes (la mitad de ellos, mujeres) estarán listos para formar parte de la población activa”.
“Muchos alcanzarán la mayoría de edad en regiones donde las mujeres enfrentan los obstáculos más importantes y donde es más necesario el impulso al producto interno bruto que resultaría de su participación”, dijo Trumbic.
Por ello “garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres aquí y en todas partes beneficia a las sociedades en su conjunto, no solo a las mujeres. Es, en síntesis, un elemento económico imprescindible, no solo deseable”, añadió.
A dos meses de emitida la sentencia de la Corte Interamericana y 19 años después, México cumplirá con la Sentencia
Las organizaciones y familiares exigen una hoja de ruta para el cumplimiento del fallo y reparación, verdad y justicia
Ataja la Fiscalía: si se admite la sentencia e inicia la investigación por tortura sexual
Libertad López
SemMéico, Cd. de México, 27 de febrero, 2026.–Luego de la demanda de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso de Ernestina Ascencio Rosario, asesinada hace 19 años, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que atraerá el caso, con los ordenamientos emitidos por la Coridh y de llevar a cabo una investigación por tortura sexual, a manos de elementos del Ejército en 2007.
En diciembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Estado Mexicano cumplirá con la sentencia de la CIDH. En aquella ocasión subrayó que el ataque de los efectivos castrenses en contra de la mujer, de 73 años de edad, se dio durante el régimen de Felipe Calderón, en el marco de los abusos cometidos durante la llamada “guerra contra el narco”.
Se informó que la actuación estará bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra).
Vigilancia civil
A 19 años de la agresión sexual perpetrada por miembros del Ejército mexicano contra doña Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua monolingüe de 73 años, que sumada a la falta de atención médica le provocó la muerte, su familia y las organizaciones civiles que la han representado, exigieron hace 3 días al Estado mexicano cumplir de manera integral y sin dilaciones la sentencia notiricada el 16 de diciembre del año pasado, emitida por laCorte IDH).
Las organizaciones: Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH); Centro; de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM; Kalli Luz Marina A.C.; la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI); Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, manifestaron su preocupación ante la ausencia de una hoja de ruta para su implementación.
Desde el día siguiente a la notificación, las organizaciones litigantes solicitaron formalmente al Estado mexicano remitir cuanto antes la hoja de ruta con acciones y propuestas concretas para el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte.
Aseguraron que el Estado no ha realizado una propuesta clara y contundente. Ello, expresaron retrasa el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación para doña Ernestina y su familia, y pone en riesgo el cumplimiento oportuno de sus obligaciones internacionales.
En un comunicado oficial se informó que se hará es que la fiscalí ejerció la facultad de atracción del en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana y que llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre hechos posiblemente constitutivos de tortura sexual, así como sobre la pérdida de la vida de la agraviada, con apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y procuración de justicia.
Y recordó que CIDH, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2025, determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la vulneración de los derechos a la integridad personal, a la vida y al acceso a la justicia, entre otros. “Respecto del último derecho humano vulnerado, ello obedeció a que la investigación a cargo de la fiscalía local no se desarrolló conforme a los estándares internacionales aplicables”, reconoció la Fiscalí.
Agregó que la Corte IDH ordenó al Estado mexicano, como parte de las medidas de reparación integral, llevar a cabo una investigación exhaustiva con debida diligencia reforzada y enfoque interseccional.
Fallo histórico
El 19 aniversario de la tortura de doña Ernestina Ascencio Rorario ocurre en un momento histórico. Tras casi dos décadas de impunidad, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones perpetradas contra doña Ernestina y su familia, así como por la intervención indebida de altas autoridades para garantizar la impunidad de los responsables, y por las barreras lingüisticas y la discriminación por razones de género, etnia y etaria que llevaron a la negativa de justicia, lo que constituyó violación al derecho a la verdad de los familiares de doña Ernestina y de toda la sociedad.
En consecuencia, la Corte ordenó al Estado “[i]mplementar distintas medidas de reparación, incluida una investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, tortura y muerte de la señora Ernestina para identificar, procesar y sancionar a los responsables; brindar tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico a los familiares; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; implementar programas de formación y capacitación para funcionarios públicos; fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa, y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia”, entre otras medidas.
Esta sentencia constituye un precedente histórico que reconoce las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en el hemisferio y reafirma la obligación de los Estados de garantizar el acceso a la justicia sin discriminación.
La decisión también es resultado de la lucha incansable de la familia de doña Ernestina, que durante casi dos décadas se negó a aceptar el silencio y el olvido. Como ha expresado su hija Martha Inés Ascencio: «La sentencia debe ayudar a que lo que le pasó a mi madre no le pase a ninguna otra mujer».
El Estado mexicano tiene la oportunidad y la obligación de honrar esta sentencia mediante acciones concretas, transparentes y oportunas, que garanticen justicia para la familia y contribuyan a la no repetición de estos hechos.
A 19 años de estos hechos, recordamos a doña Ernestina Ascencio Rosario con respeto y dignidad. Su memoria permanece viva y su caso ha marcado un precedente fundamental en la lucha contra la impunidad y la discriminación. La verdad ha sido reconocida. Ahora, la sentencia debe cumplirse.
Francisco Inés, hijo de Ernestina Ascencio, muestra una foto de su madre en su casa en la sierra de Zongolica, el 4 de marzo de 2007. Foto: Marco Peláez
FGR atrae caso de Ernestina Ascencio; investigará tortura sexual a manos del Ejército
La Fiscalía General de la República (FGR) atraerá el caso de de la indígena náhuatl Ernestina Ascencio Rosario, con los ordenamientos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) a fin de llevar a cabo una investigación por tortura sexual, a manos de elementos del Ejército en 2007.
Lo anterior estará bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra).
“La FGR ejerció la facultad de atracción del caso de una mujer indígena náhuatl, persona mayor, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre hechos posiblemente constitutivos de tortura sexual, así como sobre la pérdida de la vida de la agraviada, con apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y procuración de justicia”.
La fiscalía dijo que las indagatorias refieren que la víctima, habitante de la comunidad de Tetlatzinga, ubicada en la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz, fue agredida sexualmente en febrero de 2007 y falleció al día siguiente, antes de recibir atención médica.
En este caso, recordó que la CIDH, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2025, determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la vulneración de los derechos a la integridad personal, a la vida y al acceso a la justicia, entre otros. “Respecto del último derecho humano vulnerado, ello obedeció a que la investigación a cargo de la fiscalía local no se desarrolló conforme a los estándares internacionales aplicables”.
Agregó que la Corte IDH ordenó al Estado mexicano, como parte de las medidas de reparación integral, llevar a cabo una investigación exhaustiva con debida diligencia reforzada y enfoque interseccional.
En diciembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Estado Mexicano cumplirá con la sentencia de la CIDH. En aquella ocasión subrayó que el ataque de los efectivos castrenses en contra de la mujer, de 73 años de edad, se dio durante el régimen de Felipe Calderón, en el marco de los abusos cometidos durante la llamada “guerra contra el narco”.
Definir con claridad las prioridades impostergables que deben orientar las políticas públicas en educación básica no es solo un ejercicio técnico, sino una decisión política de alto impacto.
Hoy no se trata únicamente de ampliar el acceso, sino de transformar las condiciones en las que ocurre la escolarización y la formación docente para garantizar aprendizajes significativos, pertinentes y equitativos para todas y todos, especialmente para quienes históricamente han quedado en los márgenes del sistema.
Marcela Ramírez Jordán
SemMéxico, Ciudad de México, 27 de febrero, 2026.- En México la educación básica –inicial, preescolar, primaria y secundaria– ocupa un lugar central en el debate público, en el diseño de políticas educativas y en la asignación de recursos.
Se le reconoce como un pilar en la construcción de sociedades más justas e inclusivas y la base sobre la cual se desarrollan los aprendizajes fundamentales, habilidades y valores que permiten a niñas, niños y adolescentes ejercer plenamente su derecho a la educación y participar en la vida social, económica y democrática del país.
No obstante, el reconocimiento normativo y discursivo de su importancia y la multiplicidad de diagnósticos, programas y reformas impulsados en las últimas décadas no han sido suficientes para garantizar que todas y todos los mexicanos —desde los 45 días de nacidos hasta los 14 años— accedan, permanezcan y concluyan con éxito la educación básica a la que tienen derecho.
Persisten brechas profundas en el acceso y la permanencia, y –de manera más preocupante– en la calidad, pertinencia y equidad de los aprendizajes. Aún hoy, uno de cada diez niños y niñas no está inscrito en preescolar, primaria o secundaria. En educación inicial la situación es más crítica: menos del 5 % de las y los menores de tres años accede a servicios educativos, lo que revela una deuda estructural con la primera infancia.
Si México aspira a demostrar avances reales y cumplir con los compromisos asumidos en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que plantea garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad hacia 2030, es indispensable reconocer que subsisten desafíos estructurales que obligan a revisar las prioridades que orientan la acción pública.
No basta con ampliar la cobertura, es necesario asegurar que el tránsito por la educación básica se traduzca en aprendizajes significativos y en trayectorias escolares completas, lo que exige una decisión política firme. Bajo esta perspectiva, considero que hay al menos cuatro prioridades impostergables para garantizar una educación de calidad con equidad.
Las brechas persisten y corremos el riesgo de que se profundicen
La equidad educativa parte de un principio básico: tratar igual a quienes parten de condiciones profundamente desiguales no es un acto de justicia. Las brechas territoriales, socioeconómicas y culturales siguen condicionando el destino escolar de millones de estudiantes.
No solo debemos preguntarnos quiénes se quedan fuera del sistema, sino qué condiciones tienen quienes ingresan, logran permanecer, avanzar y concluir la educación básica con niveles de aprendizaje básicos o superiores.
Durante décadas, México ha impulsado políticas integradoras y compensatorias para atender desventajas de género, origen social, económico o cultural, pero, los avances han sido insuficientes para fortalecer de manera sostenida la educación intercultural bilingüe, mejorar las condiciones de las escuelas multigrado, atender adecuadamente a estudiantes en situación de movilidad o garantizar que niñas y adolescentes tengan las mismas oportunidades de continuar estudiando al concluir la primaria o la secundaria.
Estas limitaciones explican la persistencia de brechas de aprendizaje, trayectorias fragmentadas y mayores tasas de rezago y abandono entre grupos históricamente excluidos.
A estas desigualdades estructurales se suman nuevos factores de exclusión asociados al acceso y uso de plataformas digitales y aplicaciones de inteligencia artificial. Si bien la incorporación de tecnologías en la educación básica es una prioridad ineludible en el siglo XXI, su integración acrítica puede ampliar las brechas existentes en lugar de cerrarlas (UNESCO, 2023).
No se puede hablar de equidad si se ignoran las desigualdades en los aprendizajes fundamentales, las brechas en la formación inicial y continua del profesorado para el uso pedagógico, crítico y responsable de las tecnologías, las diferencias en capital cultural, alfabetizaciones previas, acceso a dispositivos y condiciones materiales para enseñar y aprender, así como los techos de cristal que enfrentan niñas y jóvenes interesadas en áreas científicas. Sin una estrategia deliberada que atienda estas dimensiones, la mera digitalización difícilmente contribuirá a una mayor justicia educativa.
Formación y acompañamiento docente: una deuda histórica
Otra prioridad ineludible es replantear de manera integral la formación del magisterio. No se trata únicamente de ampliar recursos –que en los últimos años han sido limitados–, ni de multiplicar acciones formativas, sino de consolidar un sistema de desarrollo profesional docente pertinente y articulado que fortalezca la autonomía profesional, promueva el trabajo colaborativo y permita al personal docente analizar críticamente su práctica.
Reconocer a las y los docentes como personas profesionales reflexivas y representantes estratégicas de la política educativa no puede quedarse en el discurso. Requiere condiciones estructurales que permitan atender el desafío de lograr que el estudiantado desarrolle capacidades para pensar, razonar, crear y convivir en sociedades complejas.
Transitar hacia esquemas de acompañamiento pedagógico sostenido y la conformación de comunidades profesionales de aprendizaje representa un cambio de paradigma y requiere concebir al profesorado como personas de saber pedagógico con capacidad para incidir en la mejora escolar y no únicamente como ejecutoras de normativas administrativas (Darling-Hammond, 2017)
CRÉDITO: Desarrollada con IA
Aprender a leer a tiempo es urgente, pero no suficiente
En los últimos años, a nivel nacional e internacional se ha insistido, y con razón, en la necesidad de que niñas y niños aprendan a leer a la edad adecuada. La alfabetización temprana es un objetivo fundamental pero no suficiente si la lectura no se entiende como parte de un proceso más amplio que inicia desde la primera infancia y considera la comprensión, la interpretación crítica, el disfrute de los textos y la capacidad de expresión oral y escrita en diversos contextos.
Garantizar que las niñas y niños estén alfabetizados en 3ro de primaria requiere de intervenciones integrales: fortalecimiento desde la educación inicial y preescolar, la formación del profesorado, el acompañamiento pedagógico, los materiales de lectura pertinentes y la evaluación formativa que permita identificar rezagos oportunamente.
Cuando una niña o un niño de ocho o nueve años no comprende lo que lee, se debe activar una alerta sistémica que exige intervenciones oportunas y eficaces en el aula, la escuela y el conjunto del sistema educativo.
Tiempo efectivo de aprendizaje: una decisión pedagógica y de justicia social
El tiempo escolar no es una variable neutra ni meramente administrativa, sino una decisión pedagógica con profundas implicaciones sociales. Ampliar el tiempo efectivo de aprendizaje ofrece mayores oportunidades para quienes dependen casi exclusivamente de la escuela para acceder al conocimiento, al acompañamiento de personas adultas y a entornos protectores.
En contextos de desigualdad, limitar el tiempo escolar amplía brechas que posteriormente resultan difíciles de revertir.
La expansión de la jornada escolar debe formar parte de una agenda estratégica de política educativa, especialmente para estudiantes en contextos de mayor vulnerabilidad. No se trata de prolongar el horario escolar sin propósito, sino de garantizar que el tiempo adicional se dedique a fortalecer los aprendizajes fundamentales, promover la creación artística y cultural, fomentar el juego y la recreación, la convivencia y el desarrollo socioemocional. Esto exige recursos suficientes, infraestructura adecuada y enfoque pedagógico claro que de sentido al tiempo ampliado.
Cerrar la brecha entre compromisos y realidad
Avanzar al cumplimiento del ODS 4 exige superar una lógica centrada en el acceso y asumir con determinación el desafío de garantizar aprendizajes profundos, trayectorias completas y condiciones reales de equidad. Una política pública coherente y sostenida debe atender de manera estructural las brechas persistentes, fortalecer el desarrollo profesional docente, priorizar la alfabetización y el tiempo efectivo de aprendizaje.
Colocar a la educación básica en el centro de la agenda hacia 2030 implica decisiones políticas firmes, inversión suficiente y una gobernanza capaz de aprender de la evidencia. No basta argumentar que los recursos son limitados, es indispensable analizar cómo se invierten para ofrecer a niñas, niños y adolescentes las bases para continuar aprendiendo a lo largo de la vida.
Hay otras prioridades que deben atenderse: educar para la paz y atender al bienestar socioemocional del estudiantado y del colectivo docente mejorar la infraestructura, ampliar significativamente la cobertura de la educación inicial, avanzar en la evaluación formativa de los aprendizajes, educar para cuidar al planeta.
El horizonte es claro, debemos transitar de compromisos declarativos a transformaciones tangibles que sitúen el derecho a una educación de calidad en el centro de las decisiones públicas. El camino por recorrer es arduo, pero si aspiramos a un país más justo, la educación básica debe ser una prioridad sostenida en la acción.
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Marcela Ramírez Jordán*. Integrante de MUxED (mupored). Licenciada en Ciencias de la Educación y candidata a Maestra en Política Educativa. Tiene una amplia trayectoria en el sector educativo en la administración pública y ha colaborado con organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior. Ha coordinado el diseño, implementación y evaluación de programas nacionales. Fue Subsecretaria de Educación Básica en Tamaulipas. Actualmente es consultora independiente
SemMéxico, Ciudad de México, 27 de febrero, 2026.- Claudia Sheinbaum y sus alfiles de Morena y de la 4T van desde este próximo lunes, a usar todas sus argucias y poder para obtener -como sea- los votos de mayoría calificada (dos terceras partes en cada cámara) de entre sus aliados PT y Verde para aprobar una reforma electoral y política que es rechazada y repudiada por petistas y verdes, el conjunto de la oposición e importantes sectores de la población.
Todo será -a partir de entonces-, cuestión de números, y estos no les dan hoy para sacar adelante esta reforma. De no conseguirlo, como parece ocurrirá, sería la cuarta vez que lo intentan y no lo logran.
Está en juego mantener instituciones y normas democráticas -como el INE, Oples, Tribunales electorales, senadores y diputados pluris, el financiamiento público a partidos y elecciones- que de alguna forma todavía pueden garantizar elecciones viables para el ascenso de la oposición. Para impedir el triunfo de un sistema autocrático en el que ya no se pueda ganar por la vía del voto ciudadano a Morena y la 4T.
El abierto rechazo a esta reforma por algunos senadores y diputados del PT y Verde alientan la esperanza de lo que sería la cuarta derrota legislativa de esta reforma.
Entre ellos sobresale el caso la senadora ahora del PT Yeidckol Polevnsky Gurwitz quien estos días ha considerado esta reforma como “fuera de toda realidad”.
Nieta de Maximino Ávila Camacho, Yeidckol Polevnsky Gurwitz nació en la Ciudad de México como Citlali del Carmen Ibáñez Camacho, o Citlali Ibáñez Ávila, o Citlali Ibáñez Camacho el 25 de enero de 1958 y transitar una vida complicada en la que ha logrado sobresalir y ser una empresaria que alcanzó la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, para luego ingresar en la política y, muy cobijada y apoyada por Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ser lanzada por el PRD a la gubernatura del Estado de México en 2005 como contendiente del priísta Enrique Peña Nieto y contra Rubén Mendoza Ayala, candidato del PAN.
A partir de entonces estuvo muy cerca de López Obrador hasta ser presidenta de Morena, desde 2017 hasta 2021.
En 2024 intentó ser precandidata de Morena a la presidencia de la república, y fue simplemente ignorada por AMLO, dejando así atrás años de ser una de sus preferidas. Muy dolida, resentida, se refugió en el PT del cual es hoy senadora y un voto esencial para que Claudia Sheinbaum y su exlíder tabasqueño logren aprobar la reforma electoral.
Hoy, desde ese resentimiento, dice de la iniciativa de reforma electoral:
“Imagínense, un (candidato a) diputado de mayoría va a hacer campaña en un distrito electoral y un pluri en cinco estados, en 40 distritos, pues la verdad, y sin recursos porque él no va a tener recursos, creo que está fuera de toda realidad, así creo que no es el tema lógico”, detalló.
Respecto a la propuesta de eliminar la Lista Nacional de plurinominales en el Senado, la senadora Polevnsky la consideró igualmente inviable y pidió replantear un método de elección.
“En el caso del Senado, yo creo que no se deben eliminar (a los pluris) … sí se deben plantear perfiles de elección, de selección, eso yo creo que sería positivo. Cuando yo fui senadora, yo fui senadora de mayoría en 2006-2012, como la senadora más votada en la historia, por el Estado de México, era muy impresionante porque en ese entonces tenías recursos para hacer gestión, hoy no tienes nada.
“Pero yo decía: somos ¿cuántos senadores del Estado de México?, éramos tres, mayoría y primera minoría, éramos básicamente los dos de mayoría y el de primera minoría, tres; y Zacatecas, que era un estado mucho más chiquito, tenía cinco, cinco, y teníamos los mismos recursos para Zacatecas que para el Estado de México”, explicó para descalificar a esta iniciativa de reforma electoral en curso.
La ola en contra
Su compañero dentro del Partido del Trabajo, el diputado y coordinador de su bancada en San Lázaro, Reginaldo Sandoval cuestiona a su vez el por qué la presidenta Sheinbaum y su régimen de la 4T intentan imponer esta reforma electoral y política si, junto a sus aliados del PT y del Verde, ya cuentan con mayorías en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, ¿para qué quieren más?
Uno más, el senador del PV Luis Armando Melgar adelanta que votará en contra de la propuesta y que sabe que quizá la mitad de los 14 senadores del Verde igualmente la rechazarán.
En este mismo sentido se pronunciarán la mayoría de los senadores y diputados federales del PAN, PRI y MC.
A pesar de esto y muchísimo más en contra, la mandataria y su régimen buscarán -a partir del lunes- sacar adelante su reforma electoral y política.
