Jorge Herrera Valenzuela
SemMéxico, Ciudad de México, 28 de abril, 2025.- Acudir a las urnas para depositar papeletas con decenas de nombres para “elegir” a jueces, magistrados y ministros, es validar la desaparición del Poder Judicial Federal y sepultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde hace doscientos años, un gobierno federal no vendaba los ojos a una estatuilla sosteniendo una balanza y su espada, imagen representativa de la justicia.
El 5 de febrero de 2024, comienza, en la vida jurídica nacional, la etapa del obscurantismo medieval en la República Mexicana.
Se anuncia la presentación, ante el Congreso de la Unión, de 20 iniciativas presidenciales de reformas constitucionales, tendientes a “contener la desigualdad económica y defender al pueblo de todo el daño que hizo el período neoliberal”.
El 15 de septiembre de 2024, el Diario Oficial de la Federación publicó la orden presidencial para reformar diversos artículos, con el fin de modificar todo, absolutamente todo, lo relacionado con el Poder Judicial de la Federación y la integración del Pleno de la Suprema Corte, reduciendo a 9 juristas y eliminando funciones.
Lo de febrero es fundamentalmente para eliminar a los órganos administrativos que le estorbaron al tabasqueño, quien no admitió rendirle cuentas al pueblo ni permitió que hubiese transparencia en los manejos presupuestarios.
Eso sí, refirió que sus iniciativas eran para “dar pie a la justicia social y el combate a la corrupción”. Tan nulo ese propósito como el de “primero los pobres”.
Venganza presidencial
En 200 años de existir los Estados Unidos Mexicanos, por primera ocasión vemos la desaparición de División de Poderes.
Ni en las épocas del satanismo, tampoco en el largo período porfirista, ni con el dominante Jefe Máximo de la Revolución, los gobernantes llegaron al extremo de vengarse por perder el control absoluto del Poder Judicial Federal y la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El 2 de enero de 2023 fue un día funesto para el entonces presidente de México, el desarticulado tabasqueño, porque fue elegida para presidir el Pleno de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, no perteneciente a su círculo “de 90 por ciento de confianza y 10 de capacidad”.
Pretendió imponer a una abogada, esposa de su contratista preferido, pero en el camino de los últimos meses de 2022 se supo, vía denuncia de Guillermo Sheridan, que la candidata del presidente, había plagiado una tesis profesional para presentar la suya. Lo único que logró el de Macuspana fue que su amiga fuese a ocupar un sitial de ministra.
El antecesor de la ministra presidenta, es la mancha más negra en la historia del Máximo Tribunal de la Justicia.
Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea era empleado incondicional del tabasqueño. Siendo ministro presidente cometió todo tipo de violaciones constitucionales, “renunció” ante el presidente no ante el Senado que lo nombró y se pretendió alargar su período, dos años, al frente de la Suprema Corte.
Finalmente se refugió con la primera presidenta de México, a quien entregó el proyecto para desaparecer la autonomía de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Vive arrinconado en una oficina de Palacio Nacional.
Otros factores que incrementaron la guerra sucia de Palacio Nacional contra la Suprema Corte de Justicia, el que la ministra presidenta no se haya levantado de su asiento en un evento celebrado en Querétaro, sin saludar al presidente. Los fallos aprobados en sentencias de los ministros no eran favorables para el papá de “Andy”. Eso lo enfurecía.
Proselitismo político
La ciudadanía ha manifestado indiferencia e inconformidad ante la campaña que realizan, casi cuatro mil mujeres y hombres, para las elecciones programadas por el gobierno del tabasqueño para “democratizar” la administración e impartición de justicia.
No hay suficiente información sobre el proceso y su desarrollo. La gente se pregunta ¿para qué el gasto inútil de seis mil millones de pesos?, si de antemano ya saben quiénes serán los que ocupen la mayoría de las 881 plazas que están en juego.
Frente a la displicencia de los posibles electores, la primera presidenta de México y su equipo lograron, con el apoyo del Instituto Nacional Electoral, echar por tierra la prohibición de inmiscuirse en el proceso, así ya participan legisladores federales y estatales, gobernadores y presidentes municipales.
Como tampoco eso “levanta” el ánimo de las y los electores, con todo descaro la dirigencia del partido en el poder, so pretexto de un “programa de información”, hace campaña en todo el País. La legislación, aprobada por ellos mismos, los morenistas, está anulada en cuanto a la no participación de partidos políticos con o sin registro.
El hijo de YSQ, como secretario de organización del comité nacional de su partido, hace doble campaña y nadie lo puede, ni podrá, detener. Andrés Manuel López Beltrán quiere ser candidato presidencial en 2030 y de paso, con el presupuesto derivado de nuestros impuestos, apoya los aspirantes a ministros, magistrados y jueces.
Obvio, los dirigentes de los negocios familiares, léase PT, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, se suman al carro del vencedor. PRI, PAN y lo que quede de otros grupos, ni siquiera aparecen.
¿Habrá impartición imparcial?
Todos, o la mayoría, los que obtengan los votos necesarios tendrán puesta la playera, el chaleco o la bufanda del color guinda, de ahí, que nos preguntemos:
Podemos pensar que los impartidores de justicia, ¿serán imparciales al dictar una sentencia?
¿A quiénes van a rendir cuentas, de sus actos, los funcionarios judiciales que resulten “electos”?
¿Están preparados para las funciones de alta responsabilidad en la Suprema Corte de Justicia, en los Tribunales de Circuito y en los juzgados federales?
¿Cómo garantizarán tener autonomía, si los apoyó el partido político en el poder?
¿Quiénes determinarán cómo eliminar la corrupción en el medio judicial, de la cuál ni este ni el anterior gobierno han demostrado, mediante denuncias escritas, fundamentadas jurídicamente?
Los cuestionamientos serán muchos[JH1] [JHyV2] más. Al entrar en funciones, al practicarse “la justicia democrática”, lo primero que frenará los procesos judiciales será la inexperiencia e ignorancia de quienes tengan la misión de impartir justicia.
Los grandes y especializados bufetes en las diferentes ramas del Derecho, los despachos de litigantes cotidianos, los grupos de pasantes en la Licenciatura de Derecho, tendrán que actuar con mucha firmeza y no permitir las maniobras políticas que pueden darse y que contarán con respaldo de los órganos oficiales.
Seis boletas, confusión plena
Estamos frente a unas elecciones de confusión, porque la ciudadana y el ciudadano, comunes y corrientes, no sabrán qué hacer con las seis boletas que recibirán. Cada papeleta tendrá un considerable listado de nombres y el elector deberá marcar por quién deposita su voto.
Si para las [JH3] elecciones ordinarias, las sexenales y las de medio camino, surgen muchas dudas y cientos de personas invalidan su voto, tachan la boleta, ponen nombres, escriben frases, ¡imaginemos lo que sucederá el domingo 1 de junio!
Tres de esas boletas contendrán nombres de aspirantes.
La primera, para decidir por un candidato a ocupar sitial en la Suprema Corte. La segunda, para elegir a uno de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. La tercera, es votar por un candidato a Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF.
Deposita las tres boletas, cada una en la urna correspondiente.
En sus manos le quedan otras tres boletas, para seleccionar a quienes estarán en los Tribunales Colegiados de Circuito, a jueces de Distrito y a magistrados de las Salas Regionales del TEPJF.
¡Clarísimo! ¿Alguna duda?
Inicialmente nos informaron que hay 3,422 candidatos para las 881[JH4] plazas que están en juego. El número de quienes buscan una chamba[JH5] en el “nuevo” medio judicial puede ascender en 2 mil más.
Las 881[JH6] plazas quedan enlistadas de la siguiente manera:
9 Ministros/as para integrar el Pleno en la SCJN.
464 Magistrados/as en Tribunales Colegiados de Circuito.
386 Jueces o Juezas de Distrito.
15 Magistrados/as para Salas Regionales del TEPJF.
5 Consejeros/as del Tribunal de Disciplina Judicial.
2 Magistrados/as de la Sala Superior del TEPJF.
¡Nombres! ¡nombres!
Para su conocimiento, estimados visitantes de estas páginas de periodismo digital, sin afán de pronosticador ni mucho menos, les comento que la mayoría de los futuros funcionarios judiciales, el día 2 de septiembre cuando se sienten tras de su escritorio o presidan las audiencias de ley, estarán sorprendidos de la tarea que les espera.
Los que consiguieron el cargo por el apoyo partidista, no podrán desconocer que su misión tiende a ser parcial. Habrá quienes por primera vez estén en un cargo judicial, sin haber litigado o servido en las filas del burocratismo. Los conocimientos teóricos no serán suficientes frente a los abogados especializados en penal, en civil, en fiscal, en administrativo. La práctica es indispensable.
El personal de base les dará una bienvenida nada sonriente. El trato personal tiene mucha influencia en el trabajo y, bueno, habrá quienes lleguen con la espada desenvainada: las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama, impuestas por YSQ.
Al trío se anexarían las otras abogadas: María Estela Ríos González, consejera jurídica de la presidencia en el sexenio anterior; la magistrada de Circuito Fabiana Estrada Tena, una de las 21 propuestas de arturo zaldívar; Natalia Téllez Torres Orozco, con el apoyo de la dirigencia nacional del partido en el poder.
Una mención más: Paula María García Villegas Sánchez Cordero, magistrada de Circuito e hija de la ministra en retiro Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.
jherrerav@live.com.mx
[JH1]MUCHOS
[JHyV2]
[JH3]LAS
[JH4]881
[JH5]CHAMBA
[JH6]881
