Cae 50 por ciento el gasto programable para niñas, niños y adolescentes desde 2018 , el 30 % de la población: Save the Children
El gobierno dijo que es una prioridad, pero deja dudas para el bienestar, no cumple su compromiso con la primera infancia ni con la ley
Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 28 de abril, 2025.- Para este 30 de abril los niños, las niñas y adolescentes piden con urgencia 10 cosas, principalmente vivir con seguridad, buena educación, vivienda, empleo y recursos para sus familias, informó la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA, Lorena Villavicencio Ayala, el 25 de febrero pasado, tras realizar en el país Foros denominados «República de y para la Niñez y Adolescencia» para integrar las demandas al Plan Nacional de Desarrollo.
Las niñas y niños dijeron que necesitan :1 Estar seguro. (Seguridad personal); 2 Aprender más y mejor. (Acceso a una educación de calidad); 3 Lugares para jugar (Espacios adecuados); 4 Que mi familia tenga trabajo bien pagado. (Empleo digno y bien remunerado para la familia); 5 Parques. (Creación y mantenimiento); 6 Mejores maestras y maestros que nos traten y enseñen bien (Capacitación de personal docente y con buen trato a estudiantes); 7 Oportunidades para la práctica de deportes; 8 Escuelas bonitas (Infraestructura adecuada; 9 Casas con lo necesario (Viviendas con servicios); 10 Computadoras e internet (Acceso a internet y tecnología).
Conseguirlo demanda voluntad política, recursos y no sólo discursos. Save the Children reveló una caída de la proporción del presupuesto destinada al Anexo 18 Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes de 50 por ciento en comparación con el año 2017, cuando era 21.42 por ciento. Explica que la proporción de estos recursos en el gasto programable, ha experimentado un considerable ajuste a la baja lo largo de los ejercicios de 2018 a la fecha.
Esta tendencia es preocupante, sobre todo considerando los grandes problemas que afectan a la niñez en el país tanto como contar con servicios públicos para atender a las niñas, niños y adolescentes que más lo necesitan.
Save the Children afirma que en 2025 el anexo 18tuvo un aumento nominal del 6.89 % en comparación con el presupuesto del año 2024; sin embargo, considerando la inflación estimada para el 2025, que es del 3.3 %, reduce el aumento real a apenas a un 3.59 %.
En 2025, se estima que hay aproximadamente 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes en México, con una edad de 0 a 17 años. Lo que representa alrededor del 30% de la población total del país. Son aproximadamente el 49% mujeres y el 51% hombres.
Las prioridades del presupuesto, acordado en la Cámara no incluyen explícitamente al anexo 18 y se dio relevancia a prioridades como : Salud: 2.2 billones de pesos; Programas sociales: 1.1 billones de pesos; Proyectos de inversión: 996 mil mdp; Proyectos estratégicos: 276 mil mdp; Educación: 723 mil mdp; Seguridad: 297 mil mdp y Apoyo al Campo: 104 mil mdp.
En el Plan Nacional de Desarrollo presentado a la Cámara de Diputados, ya avalado, sin embargo según el Pacto de la Primera Infancia incluyó el compromiso llamado la República de y para niñas, niños y adolescentes (#RepúblicaParaLaNiñez), reconociendo la relevancia de articular políticas nacionales e intersectoriales que aseguren los derechos de la primera infancia, niñez y adolescencia., y se incluyeron estrategias.
Esta organización considera que no es clara la y visible “ la urgencia de que cada niña y niño, junto con sus familias, accedieran a una Ruta de programas, bienes y servicios integrales que garanticen sus derechos y fomenten su desarrollo pleno en todas las etapas de su infancia, que esto se sumara las 14 Repúblicas que agrupan los 100 compromisos de Gobierno y se contemplara la creación de una República de y para las niñas, niños y adolescentes”.
Pero nada es concreto. Hace un mes al terminar una especie de consulta en el país realizado por la secretaria Ejecutiva de SIPINNA en Foros denominados «República de y para la Niñez y Adolescencia», se identificaron las necesidades, pero encaminadas a buscas el compromiso de los gobernadores y gobernadoras, no sólo del gobierno federal.
De ahí los primeros resultados para considerarlos en el PND 2025-2030 con la participación de la niñez y adolescencia en la formulación de políticas públicas, Villavicencio Ayala aseguró que se escucharon inquietudes, deseos y necesidades de aproximadamente 500 niñas, niños y adolescentes de nueve entidades del país: Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Jalisco, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz.
En reunión con la prensa y con representantes de organizaciones de la sociedad civil que forman parte de Sipinna, expuso los resultados obtenidos en los Foros Estatales e hizo énfasis en que este ejercicio inédito es posible por el apoyo de las y los gobernadores de los estados, los Sipinna estatales y municipales, así como por organizaciones de personas comprometidas con el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Las demandas son claras para las propuestas temáticas para ser incorporadas en el PND: Afiliación universal: Garantizar el acceso a servicios de salud, vacunas, acta de nacimiento y la Clave Única del Registro de Población, CURP, desde el nacimiento; Salud mental: Prevención y atención de problemas de salud mental y adicciones; Reducción de la pobreza: Fortalecimiento de programas para combatir la carencia alimentaria y el rezago educativo: Entornos seguros: Creación de espacios seguros que fomenten la crianza positiva y la cultura de paz; Atención a víctimas de violencia: Mecanismos para atender a niñas, niños y adolescentes que se encuentren afectados; Acceso a la justicia: Garantizar una protección integral hasta la restitución de derechos; Participación y acceso a la cultura: Fomento de la participación infantil y acceso a actividades culturales, artísticas y deportivas.
El detalle, no hay dinero
Dice SaveChildrenMx que si examinamos a detalle, la asignación de recursos destinados a la atención de niñas, niños y adolescentes en Presupuesto de Egresos de la Federación refleja una evolución en términos cuantitativos, aunque plantea preocupaciones en cuanto a su proporción relativa al Gasto Programable.
En 1990, México reafirmó su compromiso con la Convención sobre los Derechos del Niño, comprometiéndose, según su artículo 4, a garantizar todos los derechos económicos, sociales y culturales de la niñez, incluyendo la salud, la educación, la vivienda y la alimentación. Para lograrlo, el Estado debe destinar “hasta el máximo de los recursos de que dispongan”.
Sin embargo, ¿realmente se está asignando lo suficiente? La asignación de recursos para niñas, niños y adolescentes que no alcanza a cubrir las garantías necesarias, dejando serias dudas sobre la priorización de su bienestar.
A pesar del aumento, el análisis se complica al observar la proporción de estos recursos: es apenas el 10.94 % del gasto programable está destinado a niñas, niños y adolescentes, pese a que ellas y ellos representan el 30 % de la población, aproximadamente.
Esta tendencia a la baja se ha mantenido en los últimos años: en el PEF para el 2021, la asignación para la niñez y adolescencia representaba el 17.14 % del gasto programable, cifra que disminuyó a 15.85 % en 2022, continuó bajando hasta el 15.10 % en 2023 y finalmente el 14.89 % en 2024.
Dicha disminución de recursos genera inquietudes sobre la priorización de las políticas y programas destinados a la niñez y adolescencia en territorio mexicano. Estos recursos son los que sostienen la operación de las instituciones del gobierno federal para que brinden servicios públicos accesibles y de calidad a las niñas, niños y adolescentes. Es decir, estos recursos son esenciales para abordar desafíos como la educación, la salud y la protección de sus derechos.
La caída de la proporción en comparación con el año 2017, cuando representaba el 21.42 %, demuestra que se ha producido un considerable ajuste a la baja en la asignación de recursos a lo largo de los ejercicios. Ello es una tendencia preocupante, sobre todo considerando los grandes problemas que afectan a la niñez en el país y a la invariable necesidad de contar con servicios públicos para atender a las niñas, niños y adolescentes que más lo necesitan.
El panorama para el 2025 es preocupante, ya que estas reducciones pueden traducirse en una seria amenaza para los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Derechos esenciales como la salud, la educación y la protección integral estarían en riesgo, comprometiendo no solo su presente, sino también las oportunidades para construir un futuro digno.
Respecto a la salud, el presupuesto asignado para el 2025 refleja una reducción del 18.38 % en el programa de vacunación, así como el 13.3 % menos en programas estratégicos de salud, con respecto al 2024. En relación con lo estipulado para la educación, a pesar de que las últimas evaluaciones sobre la educación en nuestro país son poco alentadoras, el PEF 2025 contempla una disminución del 0.3 % en educación inicial básica y comunitaria. Además, no se incluyen en el Anexo 18 programas de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, ni se contempla promover la atención y prevención de la violencia de género, a pesar de tener objetivos relacionados con niñas, niños y adolescentes.
En este contexto, desde Save the Children consideró necesario e ineludible que las y los legisladores prioricen la asignación de recursos adecuados asegurando que cada peso invertido contribuya de manera efectiva a la promoción, protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Este enfoque es indispensable no solo para cumplir con las obligaciones legales y éticas del Estado, sino también para construir un futuro en donde la niñez y adolescencia puedan desarrollarse plenamente en un entorno seguro, inclusivo y equitativo.
* Save the Children) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Millones de niñas, niños y adolescentes en riesgo por violencia, inseguridad o pobreza, más de 53 viven en orfanatos o albergues en México.
Aldeas Infantiles SOS impulsa acciones y entornos familiares desde hace 75 años: Montserrat Villamar Ibarra
Rafael Maya
SemMéxico, Cd. de México, 28 de abril, 2025.- En México, cerca de siete millones de niñas, niños y adolescentes han perdido sus entornos familiares o están en riesgo de perderlos debido a la violencia, la inseguridad o la pobreza, sostiene la organización internacional Aldeas Infantiles SOS.
Esta institución trabaja desde hace 75 años en 138 países por el derecho de la niñez a vivir en un espacio familiar, realizando una labor fundamental en favor de esta población vulnerable.
Asentada en nuestro país desde 1971, Aldeas Infantiles SOS tiene presencia en la capital, Estado de México, Michoacán, Chiapas, Puebla y Baja California, en donde apoya a dos mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes mediante sus cuatro programas de cuidados alternativos, y más de siete mil participantes en comunidades que previenen la pérdida de entornos familiares.
En entrevista con SemMéxico, la coordinadora nacional de Abogacía de Aldeas Infantiles SOS, Montserrat Villamar Ibarra, detalla la labor de esta organización sin fines de lucro brinda a la población infantil y adolescente en situación vulnerable un entorno familiar, para que crezca y se desarrolle adecuadamente.
“Trabajamos principalmente bajo dos formas o programas: el primero es brindar cuidado alternativo para niñas, niños y adolescentes que perdieron el vínculo familiar, y el segundo eje es el fortalecimiento de familiar, es decir, trabajar a nivel comunitario y familiar para prevenir la desintegración y separación de niñas, niños y adolescentes de sus familias”, explica Villamar Ibarra
Además, Aldeas Infantiles SOS brinda acogimiento temporal a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, así como a familias en situación de movilidad humana. También se cuenta con el programa de “familias sociales”, en el que la población infantil es atendida por una familia ajena, donde recibe cuidado y protección. Cómo los hogares sustitutos creados por el gobierno del general Lázaro Cárdenas.
Millones de niñas, niños y adolescentes están en vulnerabilidad
Según datos de Aldeas Infantiles SOS, en México más de 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes han perdido el cuidado de sus progenitores o un entorno afectivo debido a violencia intrafamiliar y de género, desnutrición, pobreza, explotación sexual comercial, narcotráfico, consumo de drogas y la migración, entre otros factores que los dejan en vulnerabilidad.
Asimismo, cerca de cinco millones de niñas, niños y adolescentes están en riesgo de perder el cuidado familiar por causas como pobreza, adicciones, violencia intrafamiliar y procesos judiciales.
En tanto, se estima que en el país más de 53 mil niñas, niños y adolescentes viven en orfanatos o albergues.
¿El clima de violencia que prevalece en el país, debido al crimen organizado, sería el principal factor para que esta población infantil y adolescente se encuentre en vulnerabilidad?, se le pregunta a la abogada Montserrat Villamar Ibarra
“No. La realidad es que es una cuestión multifactorial de distintas causas que lo provocan. No podríamos mencionar una sola exclusivamente; todo esto converge y confluye para que niñas, niños y adolescentes estén en riesgo de perder a sus familias: la violencia, la pobreza, la desigualdad social, la falta de acceso a servicios… todo eso hace que muchas veces sus familias no tengan el cuidado adecuado y estén en una situación de desprotección y riesgo”, responde la licenciada en Ciencia Política por la UNAM.
Niñez migrante, de la más desprotegida
Aldeas Infantiles SOS también pone atención y brinda apoyo, en colaboración con las autoridades, a la población infantil y adolescente que emigra a nuestro país en su camino hacia Estados Unidos.
La organización advierte que más de 40 mil niñas, niños y adolescentes han sido enviados a Estaciones Migratorias en su paso por México hacia el vecino del norte. De esta manera, el Instituto Nacional de Migración ha detenido a cerca de 47 mil menores de 18 años, mientras que el 94.6% de niñas, niños y adolescentes que emigran provienen de Guatemala, El Salvador y Honduras.
La mayoría de esta población infantil busca la reunificación familiar con su padre y/o madre, tras sufrir amenazas o violencia por parte de pandillas en sus países de origen.
“El tema migratorio se ha complejizado mucho en México… algo que no se había visto con tanta presencia… son las niñas, niños y adolescentes en esta situación; era algo que puso en jaque a todas las autoridades que atienden esta materia, e incluso a las organizaciones, porque era algo con lo que no se había trabajado anteriormente, pero que ha sido una constante en los últimos años”, señala sobre este tema Montserrat Villamar.
“Ha sido una situación compleja en la que organizaciones como Aldeas Infantiles SOS han hecho esfuerzos por atender a esta población. Nosotros particularmente trabajamos con población en movilidad en la frontera sur y norte, en Chiapas y Tijuana (Baja California), de la mano con las autoridades”, abunda la también maestra en Estudios Políticos y Sociales.
La coordinadora nacional de Abogacía señala que Aldeas infantiles SOS atiende a la población migrante que es canalizada por las autoridades del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), es decir, los sistemas DIF nacional, estatal o municipal, y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatales o municipales.
Sistema Nacional de Cuidados debe tener un enfoque integral
En enero de 2025, el gobierno federal presentó, como parte del Plan Nacional de Desarrollo, el Sistema Nacional de Cuidados, el cual se definió como “un eje articulador de las políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos, inclusión y no discriminación de todas las personas, especialmente de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad”.
Al respecto, Villamar Ibarra destaca que Aldeas Infantiles SOS ve con “mucho agrado” esta iniciativa, pues va dirigida a la calidad del cuidado: “Nosotros siendo una organización que tiene bajo su cuidado directo a niñas, niños y adolescentes, sabemos la importancia del reconocimiento y dignificación que se le tiene que dar al cuidado, sobre todo al de esta población”.
La activista puntualiza que el Sistema Nacional de Cuidados reconoce el trabajo al interior de las familias y comunidades, principalmente el rol de las mujeres, sobre quienes recae en mayor parte el cuidado de otras personas. La modificación constitucional tiene más de 3 años archivada, no obstante.
“Lo que sí solicitamos, o es algo en lo que estamos trabajando, es que haya un enfoque claro de atención integral en el tema de cuidados para niñas, niños y adolescentes, que evite la ruptura familiar. El tema de prevención en cualquier política pública es vital”, precisa la abogada.
Mejorar la legislación sobre cuidados alternativos
Montserrat Villamar Ibarra destaca que ya hay un marco legal a nivel nacional que protege a la población infantil, y pone como ejemplo que la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, promulgada en diciembre de 2014, cumplió 10 años de estar en vigor.
“Vemos con agrado que exista esta ley; no todos los países tienen una legislación específica en el tema de niñas, niños y adolescentes. México es uno de los países que sí tiene una legislación (en la materia) y eso siempre va a ser muy positivo”, resalta la integrante de Aldeas Infantiles SOS.
Sin embargo, la defensora de los derechos de la infancia considera que toda ley o política pública es perfectible y que siempre habrá cosas que mejorar: “Nosotros lo que siempre proponemos es fortalecer a las autoridades del Sistema de Protección, al Sipinna, al Sistema DIF y a las procuradurías, que son primordiales y son la primera atención de niñas, niños y adolescentes”.
En ese sentido, Villamar Ibarra demanda que se reconozca y se legisle sobre cuidados alternativos, que si bien ya están en la normatividad, ésta puede ser perfectible. Por ello, Aldeas Infantiles SOS plantea la necesidad urgente de transformar el modelo institucional de atención y cuidados para esta población.
“En México hay un número elevado de niñas, niños y adolescentes en los Centros de Asistencia Social (CAS), por lo que los estándares internacionales sugieren que se avance gradualmente hacia la transformación de espacios de tipo familiar y con un número reducido de niñas, niños y adolescentes”, subraya la organización.
Y es que, a decir de Aldeas Infantiles SOS, el modelo ideal de tipo familiar promueve una atención personalizada, donde la niña, niño o adolescente participa activamente en su cuidado y educación para alcanzar una vida independiente.
En términos prácticos, Villamar Ibarra explica que cuando se habla de cuidados alternativos, el más popular en México es el acogimiento residencial, que es el que realiza Aldeas Infantiles SOS como parte de uno de sus programas, y el cual se refiere a centros de asistencia social donde hay niñas, niños y adolescentes canalizados principalmente por el Sippina.
Pero también hay otras modalidades de cuidado alternativo -aclara la abogada-, como las familias de acogida que son aquellas que se capacitan en el Sistema DIF para recibir en sus casas por tiempo determinado a población infantil y adolescente, mientras se arregla su situación legal.
“También está la posibilidad de que estén con familia extensa o ampliada. O la adopción, que no es tanto un cuidado alternativo, sino una medida definitiva. Aldeas Infantiles SOS está específicamente en la modalidad de cuidado residencial, donde hay niñas, niños y adolescentes viviendo en nuestros espacios”, detalla la activista.
Además, agrega, “no separamos a los hermanos biológicos como sucede en otros espacios, donde los separan por edad y género. Nosotros no hacemos eso; los mantenemos unidos y acompañamos a niñas, niños y adolescentes hasta la edad adulta con miras a que tengan una vida independiente, con empleo digno y formal”.
La coordinadora nacional de Abogacía de Aldeas Infantiles SOS señala que en otros espacios de atención, cuando las y los adolescentes cumplen 18 años, las autoridades dicen: “no se pudo reintegrar con sus familias, no se pudo dar otra medida de cuidado definitivo, pues hasta ahí termina la atención del sistema de protección porque dejan de ser menores de edad”.
Sin embargo, en Aldeas Infantiles SOS se brinda acompañamiento a jóvenes de hasta 24 años de edad, con la intención de que sigan estudiando, encuentren un empleo digno o si quieren emprender, pues también se les apoya mediante un plan individual de desarrollo, apunta Villamar.
Día de la Niña y el Niño, motivo de reflexión y cambio social
De cara al próximo 30 de abril, la integrante de Aldeas Infantiles SOS recalca que su organización tiene la intención de colaborar con todas las autoridades del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como con el nuevo Sistema Nacional de Cuidados y las autoridades a nivel federal.
“Debemos reforzar los esfuerzos para que niñas, niños y adolescentes que estén con nosotros puedan reintegrarse con su familia, o puedan quedar en una modalidad de cuidado definitivo”, insiste Villamar Ibarra.
Finalmente, la defensora de derechos humanos invita a la ciudadanía a acercarse a organizaciones como Aldeas Infantiles SOS para conocer más sobre la protección a niñas, niños y adolescentes, así como de su situación en México y a nivel internacional, a fin de promover un cambio social en beneficio de esta población.
30 de abril: defender a la infancia es defender el presente y el futuro, no es una causa, es una responsabilidad compartida, la niñez va primero. Siempre.
Organizaciones denuncian aumentan violaciones a los derechos infantiles violencia, desapariciones, no educación sexual, desprotección migrantes y crisis de salud alimentaria
REDIM cumple 25 años trabajando por los derechos de la niñez y adolescencia en México
Libertad López
SemMéxico, Cd. de México, 28 de abril, 2025.- Niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de desprotección, víctimas de violaciones que atentan contra la garantía de sus derechos humanos en México, según evidencian investigaciones y datos recopilados por organizaciones de la sociedad civil (OSC), dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México REDIM.
Por cuarto año consecutivo, organizaciones de la Ciudad de México, Hidalgo y Chiapas, con presencia en diversas entidades del país y expertas en distintas áreas de la infancia y adolescencia, presentaron sus hallazgos en una conferencia de prensa. Este evento se llevó a cabo en el marco del 4to. Hackatón por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en México, realizado en el Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.
Las investigaciones revelan una persistente y creciente falta de garantías para el derecho a una vida libre de violencias, incluyendo el aumento de feminicidios, homicidios dolosos y violencia sexual.
Asimismo, la niñez y adolescencia ven gravemente afectadas por el incremento de las desapariciones, las fallas críticas en la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, la ausencia de protección internacional y de restitución de derechos para la niñez migrante y la grave situación de salud alimentaria que impulsa la obesidad y diabetes infantil.
Retos Urgentes por Superar.
Derecho a vivir una vida sin violencias: Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de REDIM, alertó sobre el aumento de la violencia contra niñas y adolescentas. Los feminicidios en los meses de enero y febrero pasaron de 9 en 2024 a 11 en 2025, mientras que los homicidios dolosos en el mismo periodo aumentaron un 2.8% (de 145 a 149). Si bien se registró una disminución del 7.4% en homicidios con arma de fuego (de 122 a 113), la situación general sigue siendo preocupante, expresó.
Desapariciones en aumento: Violeta Galicia, coordinadora operativa de la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas RDIAS, expuso la grave problemática de las desapariciones en el estado. Entre 2019 y 2024, se registraron 2,829 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, de los cuales 885 (32%) aún no han sido localizados y 11 (0.4%) fueron encontrados sin vida. La población de 12 a 17 años es la más afectada (74%), siendo las mujeres adolescentas el grupo más vulnerable (59%). La región metropolitana de Chiapas concentra 30% de las desapariciones, con Tuxtla Gutiérrez representando 25%, dijo.
Fallas en la Educación Integral en Sexualidad: Lizeth Clavellina, coordinadora de Planeación, Evaluación y Seguimiento de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C., SEIINAC, señaló las deficiencias en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el estado de Hidalgo.
A pesar de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en junio de 2021, se registraron 201 interrupciones legales del embarazo en niñas y adolescentes de 10 a 17 años hasta mayo de 2024 (6% del total estatal). Preocupa, indicó Clavellina, que casi 10% de estas interrupciones se realizaron en adolescentas de 14 años de edad, evidenciando una grave falla en la protección. Además, sólo se registraron 14 casos de Interrupción Voluntaria del Embarazo en víctimas de violencia sexual (26.42% del total estatal), pese a ser un derecho establecido en la ley, destacó.
Desprotección de la Niñez Migrante: Sandra Mejía, abogada de Niñez Migrante del Instituto para las Mujeres en la Migración IMUMI, advirtió sobre las omisiones del Estado mexicano en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia migrante. IMUMI alerta que durante los planes de restitución de derecho que llevan a cargo las procuradurías de protección, a menudo se decide retornar a niños, niñas y adolescentes en búsqueda de protección internacional, hacia los mismos lugares de los que huyeron; ignorando el interés superior de la niñez y la necesidad de refugio, asilo y protección internacional que se les debe garantizar. La falta de datos desagregados por sexo, edad y nacionalidad dificulta, además, la identificación de sus necesidades específicas, junto a la falta de estandarización en la terminología que obstaculiza también, la comparación de estadísticas.
Grave Crisis de Salud Alimentaria: Liliana Bahena, responsable del área de coordinación de Escuelas deEl Poder del Consumidor, manifestó su profunda preocupación por la alarmante prevalencia de obesidad infantil, que afecta actualmente a 1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes. Las proyecciones indican que esta cifra podría alcanzar el 56% para 2035, con un 50% de probabilidades de desarrollar diabetes en la vida adulta debido al consumo excesivo de calorías (más de 500 diarias) provenientes de productos ultraprocesados en las escuelas. Además, en 9 de cada 10 centros educativos se venden diariamente bebidas azucaradas, golosinas, dulces, frituras y helados. La organización exige la aplicación obligatoria de los nuevos Lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, la distribución y el expendio de alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como el fomento de los estilos de vida saludable en alimentación, dentro de toda escuela del Sistema Educativo Nacional que entraron en vigor el 31 de marzo.
Llamado a la Acción
Las organizaciones de la sociedad civil, dedicadas a la defensa de los derechos humanos y de niñas, niños y adolescentes, hacen un llamado a las autoridades de todos los niveles a garantizar sus derechos, a través de políticas públicas efectivas, programas con presupuesto adecuado y el reconocimiento pleno como personas sujetas de derechos, tal como lo establece la legislación nacional y los tratados internacionales, incluyendo las recientes recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Reafirman su compromiso de colaborar con instituciones públicas y privadas para mejorar la vida de la niñez y adolescencia en México.
Sobre el 4to Hackatón:
La conferencia de prensa realizada en el marco de la convocatoria al 4to Hackatón por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en México 2025, iniciativa cívica de datos abiertos que busca promover el acceso y análisis de información sobre la situación de los derechos humanos de la infancia y adolescencia en el país.
Al Hackatón participan niñas, niños y adolescentes del Grupo de Participación de la REDIM “Juntas y juntos por nuestros derechos”, quienes realizarán una guía sobre el uso adecuado y tratamiento de la imagen de niñez y adolescencia que será elaborada, tomando en cuenta sus voces y reflexiones.
El Hackatón comenzó el 1 de abril y termina este miércoles 30 de abril. Se convocó a estudiantes, investigadores, periodistas, comunicadores, especialistas en datos y cualquier persona u organización interesada en generar análisis de alto impacto y materiales de difusión que visibilicen la realidad de los derechos de la niñez y adolescencia en México. Los proyectos destacados serán reconocidos por su contribución.
25 Años aniversario de REDIM
Este 2025, en la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) conmemoramos 30 años de historia, lucha y acción colectiva a favor de las niñas, niños y adolescentes. Tres décadas de trabajo coordinado con organizaciones de la sociedad civil, activistas, colectivos, comunidades y familias que creen que defender la infancia es construir un país más justo, solidario y democrático.
1995: Un comienzo con visión
En 1995, distintas organizaciones impulsoras comenzaron a trabajar de forma articulada para promover y defender los derechos de la niñez en México. Así nació REDIM, como un espacio colectivo, independiente y comprometido, con la convicción de que ningún derecho puede ser negado y que toda niña, niño y adolescente debe ser escuchado, protegido y valorado.
2001: Consolidación y rumbo estratégico
El 21 de marzo de 2001 marcó un hito: se celebró la Asamblea Constitutiva de REDIM, donde se aprobaron los estatutos y lineamientos estratégicos que han guiado nuestro quehacer hasta hoy. Fue un paso fundamental para fortalecer nuestra identidad como red nacional y para asegurar que cada acción se alinee con un propósito: garantizar los derechos humanos de la infancia y adolescencia, sin excepción.
2025: Una red viva, activa y comprometida
Hoy, REDIM está conformada por más de 80 organizaciones en 18 estados del país. Seguimos impulsando la adecuación de leyes conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño; diseñamos, monitoreamos e incidimos en políticas públicas sobre infancia y promovemos espacios reales de participación infantil, capacitación comunitaria y difusión de derechos.
¿Y ahora qué? Sigamos caminando
Los retos persisten: millones de niñas y niños en México y el mundo aún enfrentan violencia, exclusión, pobreza, discriminación y falta de oportunidades. No basta con mirar atrás. Necesitamos mirar hacia adelante.
👉 Alza la voz cuando se vulneren los derechos de una niña o niño. 👉 Informa, comparte y actúa desde tu comunidad. 👉 Escucha activamente a la niñez. Cree en su palabra. Respeta sus decisiones. 👉 Apoya a quienes defienden los derechos de la infancia: son redes de esperanza.
🌍 Porque la niñez y la adolescencia es aquí y en todas partes
Desde cualquier rincón del mundo, la niñez y la adolescencia tienen derecho a crecer con libertad, a ser protegidas frente a cualquier forma de violencia y a participar en las decisiones que les afectan. Este aniversario no es sólo un recuento: es un llamado urgente a defender lo más valioso que tenemos como sociedad.
SemMéxico, Oaxaca, 25 de abril, 2025.- Esta semana pensé que finalmente la presidenta Claudia Sheinbaum se había dado cuenta…todo indica que no. Es cierto que admite, de algún modo, que hubo fallas en la elección de candidaturas, pero justificó un mal procedimiento cuando sostuvo que se trata de una cantidad mínima de aspirantes, hombres y mujeres, a ocupar un cargo en el poder judicial, pero que tienen cola que les pisen.
Su respuesta parece ser la misma que hemos escuchado por años, expresiones que normalizan una condición que obstaculiza el desarrollo y eso que pregonan tanto “el bienestar”, porque sin que nos demos cuenta se lacera el pensamiento humano y crean un sentimiento de impotencia frente a un poder real y otro que crece alterno. Se justifica la corrupción en lo social y en lo judicial se sigue construyendo una avenida para que pase la impunidad.
A un mes de iniciadas las campañas con un costo de más de seis mil millones de pesos, después de la selección de quienes sí y quienes no pueden aspirar a ser electos en un histórico proceso (por ser el primero) a un cargo en el poder judicial, finalmente a Gerardo Fernández Noroña le cae el veinte. Es otro acto de magia del presidente de la Mesa Directiva del Senado, que finalmente admite públicamente que hubo fallas, que antes ignoró y, además, ninguneó las advertencias, en ese afán de reducir todo a estertores de los enemigos de la cuatrote.
Ambos, el poder ejecutivo como el poder legislativo minimizaron las denuncias ciudadanas sobre personajes de oscuro pasado entre los aspirantes seleccionados a ocupar un cargo en el Poder Judicial de la Federación. Hay evidencias de ese menosprecio a las advertencias. De verdad ¿estarán ahora preocupados?
El efecto tardío de darse cuenta y la acción de minimizar tienen y tendrán a corto, mediano y largo plazo un resultado desastroso para la administración morenista en los tres poderes de gobierno como responsables que son. Si el Senado impugna esas candidaturas se abre la posibilidad de que disminuya el número de aspirantes con pasados escabrosos, claro siempre y cuando no se queden en el limbo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, historia que es digna de sacar a la luz.
En suma, tanto Sheinbaum Pardo como Fernández Noroña tenían indicios de que algo no estaba bien, aunque sea entre una mínima parte de aspirantes. Un ejemplo, es la investigación hecha por el portal Justicia en la Mira que publicó hace varias semanas al menos 13 casos de aspirantes a jueces o magistrados que han faltado a la honestidad en algunos casos o a la ética del Derecho en otros, o si lo quiere ver desde otro lugar, que han carecido de conciencia social frente a la violencia que lastima a miles de familias mexicanas, algo así como sentido común.
Este “ínfimo” porcentaje de candidaturas de personas con historiales cuestionables y que los haría por tanto no aptos para ocupar un cargo en la tarea de impartir justicia también fue denunciado por colectivos o en lo individual, es decir, a los ya catalogados por Justicia en la Mira, se han sumado otros y otras.
Una golondrina no hace verano, cierto. Pero una ronchita podría ser sarampión. Veremos si la vacuna tiene buenos efectos.
Lo que sí podemos decir es que este proceso de campañas parece una carrera de obstáculos para la mayoría de las personas que no cuentan con recursos suficientes, lo que muestra que es una carrera llena de desigualdad, los cuales se reflejan en la visibilidad de las y los candidatos que en su mayoría siguen siendo totalmente desconocidos.
Lo que si nos dejan estos días es la posibilidad de escuchar dos planteamientos fundamentales: el feminismo y la justicia y los pueblos indígenas y la justicia. Estos son ejes fundamentales para que la justicia no sea el privilegio de un sector sino el derecho de todas y todos.
Así vemos a algunas aspirantes como Arely Reyes Terán, candidata a ministra; a Camelia Gaspar Martínez y Roselia Bustillos, candidatas a magistradas de la Sala Regional Xalapa del Poder Judicial de la Federación; a Norma González Jiménez, candidata a magistrada del Circuito Tribunal del Colegio de Apelación y claro a Luvia Altamirano Raymundo candidata a jueza de Distrito en Materia Mixta del Décimo tercer Circuito, todas bajo esos ejes fundamentales, como seguramente otras muchas entre las y los más de tres mil aspirantes, que hoy reman contra corriente. Porque ya lo dijimos este proceso electoral del poder judicial es una prueba con muchos errores.
A través de la obra de brujas y escobas, ganadora del pasado Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga
La dirección y la coreografía están a cargo de Paulina Espinosa
SemMéxico, Cd. de México, 25 de abril, 2025.- De brujas y escobas, obra dirigida y coreografiada por Paulina Espinosa, que se presentará el domingo 27 y martes 29 de abril, en el marco de la Red Noroeste de Festivales de Danza, funciones a las que invitan la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), mediante la Coordinación Nacional de Danza (CoND).
De brujas y escobas es una obra de danza contemporánea que propone una metáfora escénica sobre el cuerpo femenino, la opresión patriarcal y la posibilidad de resistencia, tomando como base los estudios de la historiadora estadounidense Silvia Federici acerca de la persecución de mujeres acusadas de brujería.
“Mi motivación para realizar esta obra fue el hastío sobre la perpetuación de la violencia y la brecha de género” señala Paulina Espinosa. “Es una metáfora sobre cómo la mujer, a la que se le asigna una escoba como herramienta de trabajo, puede transformarla en un arma de resistencia, de lucha, de reflexión, y cómo puede convertirse en su propio lecho de muerte”, añade.
La creadora escénica participó con esta pieza en el pasado Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, XLI Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM, obteniendo el galardón como propuesta coreográfica ganadora del certamen.
En ese sentido Espinosa manifiesta: “El proceso ha sido muy bello y enriquecedor, puesto que me ha ayudado a entender la importancia de tejer redes que sostengan un proyecto, me ha reiterado que ganar un premio no disuelve las estructuras de poder que motivaron su concepción y, con el tiempo, va fortaleciendo su calidad de ejercicio de resistencia que se propaga y llega a quienes quieren unirse”.
Como parte de su etapa de circulación, De brujas y escobas ofrecerá funciones dentro de la Red Noroeste de Festivales de Danza los días 27 y 29 de abril. Dicha red está conformada por la Muestra Internacional de Danza / Tijuana Cuerpos en tránsito, del Centro Cultural Tijuana; el Encuentro Internacional de Danza Contemporánea Entre fronteras, de la Universidad Autónoma de Baja California; el Festival Internacional de Danza José Limón, del Gobierno de Sinaloa a través del Instituto Sinaloense de Cultura; y el Festival Internacional de Danza Contemporánea Dolores del Río, del Instituto de Cultura del Estado de Durango.
La función del 27 de abril, que se llevará a cabo en el marco del Encuentro Internacional de Danza Entre fronteras, será compartida con la compañía SinLuna Danza Punk, que presentará la obra ¿Por qué no les preguntamos a los que se murieron?, bajo la dirección de la coreógrafa Rosa A. Gómez. Se trata de un montaje escénico que se adentra en el universo de una mujer de temprana edad, en un estado de post-trauma cotidiano.
Para más información, se pueden consultar las redes sociales de la Coordinación Nacional de Danza (@danzainbal).
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante una conferencia de prensa. / Foto: Laura Lovera / El Sol de México
La iniciativa de la presidenta surgió después de que en canales de televisión abierta se transmitiera un comercial que promueve las medidas antimigratorias del mandatario estadounidense Donald Trump
Deja en pasmo a los medios privados dice especialista
Juan Luis Ramos
SemMéxico / El Sol de México, Cd. de México, 25 de abril, 2025.- La transmisión de anuncios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) durante partidos de fútbol de la Liga MX —en los que se advierte a “criminales extranjeros” que no crucen la frontera— fue interpretada como un pretexto oportuno para concretar una transformación regulatoria más amplia. Desde hace meses, el gobierno federal mexicano impulsa una transformación de fondo: una nueva ley que concentra las funciones regulatorias en telecomunicaciones y radiodifusión en una entidad subordinada al Ejecutivo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
La iniciativa de Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada por la Presidencia al Senado, establece que “la Secretaría de Gobernación ejercerá las facultades correspondientes a la administración de los tiempos de Estado […] así como vigilar que las transmisiones de radiodifusión y contenidos audiovisuales se apeguen a lo establecido en la ley, debiendo sancionar su incumplimiento”.
Además, el proyecto prevé penalizaciones económicas a medios nacionales que emitan mensajes de gobiernos extranjeros: “Se impondrán multas de hasta el cinco por ciento de los ingresos anuales a los concesionarios que transmitan propaganda de gobiernos extranjeros, con excepción de la promoción turística o cultural y otros casos determinados por la Agencia”.
Este nuevo marco normativo elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano constitucional autónomo, y transfiere sus funciones a la Agencia creada en noviembre pasado y encabezada por José Antonio Peña Merino.
“Conforme a la citada reformaConstitucional, (las atribuciones del IFT serán asumidas) por el Poder Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de formular y dirigir las políticas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, se lee en la exposición de motivos.
Se impondrán multas de hasta el cinco por ciento de los ingresos anuales a los concesionarios que transmitan propaganda de gobiernos extranjeros
La Agencia tendrá la responsabilidad de administrar el espectro radioeléctrico, regular la radiodifusión, supervisar servicios, otorgar concesiones y aplicar sanciones. “La administración del espectro radioeléctrico se ejercerá por la Agencia (…) lo que incluye la elaboración y aprobación de planes y programas de uso, el establecimiento de condiciones para la atribución de bandas de frecuencia, el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y constancias de registro, la supervisión de las emisiones radioeléctricas, la aplicación del régimen de sanciones, y cualquier otra acción necesaria”, indica el documento.
La administración del espectro radioeléctrico se ejercerá por la Agencia, lo que incluye la elaboración y aprobación de planes de uso, el otorgamiento de concesiones y la aplicación de sanciones
El texto argumenta que la reforma busca “reducir la brecha digital” y atender “zonas de muy difícil acceso”, pero también señala que la Agencia garantizará “la disponibilidad de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico o capacidad de redes para el Ejecutivo Federal con fines de seguridad nacional, seguridad pública, conectividad de sitios públicos, cobertura social y demás necesidades, funciones, fines y objetivos a su cargo”.
El nuevo regulador tendrá también facultades para emitir “disposiciones administrativas, así como ordenamientos técnicos en materia de radiocomunicaciones espaciales, plataformas de gran altitud y servicios satelitales”, además de “llevar a cabo pruebas destinadas a la investigación y el desarrollo tecnológico […] utilizando cualquier banda de frecuencias disponible, para cualquier servicio de radiocomunicaciones”.
Respecto a las concesiones sociales, se establece que “estas concesiones tienen como objetivo, fortalecer la comunicación permitiendo que las radios sociales y comunitarias desempeñen un papel clave en la difusión de contenidos de interés público”, aunque también advierte que “la solicitud y el otorgamiento de concesiones podrían derivar en la acumulación de este recurso, limitando su disponibilidad para otros actores”.
La iniciativa otorga al Ejecutivo Federal control total sobre las asignaciones, regulaciones y supervisiones sin requerir, como antes, la intervención de un órgano independiente como el IFT. “El Gobierno Federal contará con las concesiones, autorizaciones y asignaciones en radiodifusión y telecomunicaciones, necesarias para el ejercicio de sus funciones”.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), consideró que la iniciativa se limita a empoderar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
“Lo que busca es fortalecer la institucionalidad y las atribuciones de la agencia y la nueva autoridad de competencia, que todavía no existe, y que será la que tome las acciones de preponderancia. No mueve en gran medida lo que dice la reforma de 2014, sino que centraliza las atribuciones y el poder del sector en la Presidencia de la República”, comentó el especialista a El Sol de México.
Bravo destacó que el poder concentrado también permitirá al regulador el bloqueo de alguna plataforma digital cuando las autoridades se lo soliciten por incumplimiento a disposiciones u obligaciones, sin embargo, señala que la agencia emitirá los lineamientos para esta acción.
El presidente de la Amedi consideró que la nueva iniciativa deja a la industria en una especie de “pasmo”, ya que no otorga flexibilidad a los agentes preponderantes y espera que el nuevo órgano de competencia determine las reglas en ese sentido.
Este diario buscó a las principales empresas de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Tecnologías de la Información (Canieti) para solicitar una postura sobre la iniciativa, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
“Está bien que fortalezca al regulador, porque nadie quiere instituciones débiles, pero darle tanto poder a una agencia que no es autónoma sólo hace más fuerte al poder Ejecutivo en un sector relevante de la economía por los ingresos que genera, su dinamismo y la transversalidad que tiene”, concluyó Bravo.
El jurado decidió otorgarle el galardón por su trayectoria de más de 40 años escribiendo y difundiendo teatro
Su trabajo se distingue por una intensa labor de investigación en sus obras, que abordan desde lo íntimo hasta temas de justicia social, siempre desde una mirada feminista
Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 25 de abril, 2025.- Estela Leñero Franco es la ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2025, cuya obra está relacionada con la justicia social desde una mirada feminista, y su talento probado con exploraciones formales de la escritura para la escena, una verdadera oficiante de la dramaturgia, antropóloga, que escribe y dirige obras de teatro, reconocida nacional e internacionalmente.
Nacida en la Ciudad de México en 1960 también se dedica al periodismo teatral y es productora de radio, su trayectoria muestra su intervención en distintos momentos del teatro nacional. Los riesgos que asume Leñero Franco en su escritura nos parecen dignos de todo encomio”, se lee en el acta de deliberación firmada por los miembros del jurado.
Esta premiación la dio a conocer la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, en conjunto con el estado de Guerrero.
El jurado calificador −integrado por Bertha Hiriart, José Antonio Cerezo y Jaime Chabaud−, que revisó previamente las propuestas que se presentaron al certamen, decidió de manera unánime entregar el galardón a la dramaturga considerando su trayectoria de más de 40 años escribiendo de y para el teatro con un intenso trabajo de investigación.
“No sólo de asuntos que van de lo íntimo a la justicia social desde una mirada feminista, sino por sus evidentes exploraciones formales de la escritura para la escena. Sus búsquedas en el oficio de la dramaturgia muestran un amplio diapasón de estructuras que en distintos momentos del teatro nacional contemporáneo han resultado innovadoras. Los riesgos que asume Leñero en su escritura nos parecen dignos de todo encomio”, se lee en el acta de deliberación firmada por los miembros del jurado.
En el documento se añade que, como mujer de teatro y activista de diversas causas, Leñero Franco ha formado nuevas generaciones de escritores, promovido la dramaturgia nacional y sostenido espacios de difusión en radio y prensa a favor de la cultura y el teatro; “lo que la ha convertido en una voz crítica necesaria para nuestro país”.
El jurado consideró que en la presente emisión del certamen se postularon candidatas y candidatos de inmensa valía y trayectoria, que han sido y son protagonistas contundentes de la escena teatral mexicana. “Por esta razón, el ejercicio de seleccionar ganador implicó para el jurado una tarea de enorme dificultad”, expone.
En entrevista, Estela Leñero Franco se dijo conmovida por la decisión y la opinión del jurado calificador, ya que −expresó− es el reconocimiento a su trabajo desde las búsquedas teatrales, las cuales son una guía para seguir produciendo teatro, con nuevas formas de creación y experimentación.
Asimismo, agradeció al jurado por el reconocimiento a su labor desde “esta perspectiva feminista y en favor de las mujeres y de la justicia social; esta visión que han expresado me toca mucho el corazón y estoy muy agradecida con este reconocimiento que además también valora esta labor mía como maestra y como difusora, promotora del teatro nacional, principalmente”.
Respecto a la trascendencia del Premio Nacional de Dramaturgia, la autora de Una mirada al teatro en México (2017) señaló que se trata de toda una tradición y un reconocimiento por muchos años a la dramaturgia nacional, al ser un galardón fundamental e imprescindible “porque es una manera de dar valor a la creación de pensamiento, a la creación de identidad de un ‘nosotros’, de un ‘nosotras’ visto desde la esencia teatral que es la dramaturgia”.
Es dramaturga, maestra, tallerista y crítica de teatro, así como productora de radio. Estudió la Licenciatura en Antropología Social (1979-1983) en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Fue coordinadora del área de Información y difusión del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli (Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura) y jefa de Prensa y Relaciones Públicas de la Dirección de Teatro y Danza (Universidad Nacional Autónoma de México).
Publica en la revista Proceso la columna Teatro y conduce Este lado del teatro en Código CDMX. Ha colaborado en El Nacional, Escénica, Teatro (Revista del Instituto Nacional de Teatro de la UNESCO), La Jornada Semanal y Unomásuno. Colaboradora en Proceso, Paso de Gato, Revista Mexicana de Teatro, Revista Conjunto (Cuba), ADE Teatro, Asociación de directores de escena (España). También es conductora del programa radiofónico Este Lado del Teatro.
Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre los que se encuentran: Mención honorífica en el Premio Nacional de Dramaturgia Rodolfo Usigli (UNAM) por la obra Las máquinas de coser (1985); Premio Nacional Obra de Teatro Malcom Lowry (INBAL), con la obra Habitación en blanco (1989); Premio Nacional de Periodismo «Rosario Castellanos 1993» en la rama de Prensa escrita; Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda por la obra El Codex Romanoff (2004); y el Premio a la mejor Dramaturgia del año otorgado por la Asociación de Periodistas por Remedios para Leonora, entre otros.
Es autora de obras como Casa llena (1987) y Tooodos los días (1988), dirigidas por Alberto Lomnitz; Las máquinas de coser (1984), dirigida por Luis de Tavira en 1990, con la Compañía del Centro de Experimentación Teatral del INBAL; Instantáneas (1991), dirigida por Jorge Galván; Insomnio (1993) y Paisaje interior (1994), ambas dirigidas por la autora.
En 1988 fueron inauguradas las primeras Jornadas Alarconianas en la ciudad de Taxco, Guerrero. En paralelo se instituyó el Premio de Literatura “Juan Ruiz de Alarcón”, convocado por el INBAL y el gobierno de Guerrero.
En 1998 se rebautizó como Premio de Dramaturgia “Juan Ruiz de Alarcón”, con el fin de galardonar por trayectoria “a escritores con valiosa obra de creación dramática, mexicanos de nacimiento o residentes en la República Mexicana”.
Con Salomón Jara en Oaxaca van 228 feminicidios: GesMujer
En Huajuapan realizan las exequias de la víctima más reciente, en la ciudad de Oaxaca realizan un baile popular: pan y circo
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 25 de abril, 2025.- En tanto en la capital oaxaqueña se conmemora el 493 aniversario del nombramiento de ciudad de Oaxaca por cédula real firmada por el rey Carlos V en Medina del Campo, España, el 25 de abril de 1532, con un popular baile con el famoso grupo musical Los Ángeles Azules, en Huajuapan de León se realizan las exequias de H.A.R.S. joven de 19 años localizada sin vida ayer jueves.
En Oaxaca tenemos un gobierno frívolo, banal, donde las mujeres no importamos, dice con indignación la activista Yésica Sánchez Maya, integrante de la dirección colegiada de Consorcio Oaxaca, quien rápidamente hace un recuento de la violencia contra las mujeres que contrastan con los festines de fotografías que revelan la simulación y la inexistencia de políticas públicas con perspectiva de género en el gobierno de Salomón Jara Cruz.
Pan y circo para distraer a la sociedad, dice en relación con a la costosa contratación del grupo musical, para celebrar 493 años de la fundación de la ciudad en los tiempos de una colonización brutalmente violenta con las mujeres.
La defensora expone que hay una distancia absoluta entre la realidad social y el gobierno estatal, nada fluye y sí existe una sensación arbitraria, de vacío, nada que lleve a contrarrestar la realidad de las mujeres, una tragedia.
El feminicidio de H.A.R.S.
El feminicidio de H.A.R.S. de 19 años, tiene un número, es el 228 de los que han ocurrido en la gestión gubernamental del morenista Salomón Jara, de acuerdo con el conteo que realiza el Grupo de Estudios de la Mujer “Rosario Castellanos”, quien hoy hizo un llamado a poner un alto a la violencia machista en esta entidad.
La fiscalía general del Estado de Oaxaca (FGEO) refiere en un comunicado que activó el protocolo de investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio para el Estado de Oaxaca, ante la muerte violenta de H.A.R.S., localizada sin vida la mañana del jueves 24 de abril de 2025, al interior de un domicilio localizado en la Colonia San Isidro Poniente, Huajuapan de León, en la región de la Mixteca.
Contrario a lo publicado por diversos medios de comunicación, la Fiscalía de Oaxaca determinó que no fue un suicidio, aunque cuando “trataron de simular que la víctima se habría quitado la vida por mano propia, pero al encontrar sólidos indicios en el lugar fue posible establecer que hay terceras personas involucradas en la comisión de este delito”.
Los peritajes iniciales revelaron que la persona fallecida presentaba una herida por disparo de arma de fuego.
El feminicidio de H.A.R.S. ha provocado protestas por parte de la organización Marea Verde quien lamentó el hecho, ya que la joven era conocida por haber sido parte del cabildo juvenil, donde fue regidora.
En una publicación en redes sociales, marea Verde de Huajuapan de León recordó que este municipio -el más importante de la mixteca oaxaqueña por ser la cabecera distrital- tiene activada la alerta de género desde 2018; «hoy Hanna fue víctima de este sistema en dónde nos matan por el simple hecho de ser mujeres», agregan y exigen a la Vice fiscalía Regional de la Mixteca la agilización de las investigaciones.
Mas feminicidios: GESMujer
En un comunicado por separado GESMujer Rosario Castellanos expresó su profunda preocupación ante el incremento de violencia feminicida presentada durante el mes de abril en Oaxaca.
En la actual administración (1 de diciembre de 2022 al 25 de abril de 2025), hemos alcanzado un total de 228 casos de muertes violentas de mujeres. Durante el año, las regiones de Valles Centrales y el Istmo presentan mayor índice de violencia, sumando en conjunto el 50 por ciento de los casos.
Negar o minimizar esta realidad que pone en riesgo la vida de niñas y mujeres, equivale a perpetuar un sistema que las vulnera, al normalizar una situación que afecta profundamente a nuestra sociedad, dice la organización.
Esta situación se agrava con los recientes feminicidios de Yesika Zenaida, de 22 años, y Hanna Ali, de 19 años, cuyos cuerpos presentaban signos de violencia e impactos de bala. Estos casos no son hechos aislados, sino parte de un patrón estructural de violencia que exige atención urgente.
No se trata de cifras: se trata de vidas truncadas, familias destruidas y comunidades en duelo. Por ello, GESMujer Rosario Castellanos exige a las autoridades de Oaxaca y del gobierno Federal el reconocimiento público de la gravedad de esta crisis; la implementación urgente y efectiva de políticas públicas de prevención, atención, sanción y reparación del daño y la coordinación institucional con enfoque de género, interculturalidad e interseccionalidad, que garantice la vida y seguridad de todas las mujeres en Oaxaca.
Finalmente, afirman que no se puede hablar de paz en un Estado donde las mujeres siguen siendo asesinadas por el simple hecho de serlo y reafirman su compromiso de seguir documentando, visibilizando y exigiendo justicia para cada mujer.
Desaparición de defensoras
A su vez, Sánchez Maya lamentó el desinterés en brindarle atención y acompañamiento a las víctimas de feminicidio y desaparición. En este último caso refirió que durante este gobierno hay cuentas pendientes con la sociedad oaxaqueña.
En ese sentido recalcó el reciente allanamiento y robo a la Casa Cultural de la Nación Triqui y la amenazas a la defensora Emelia Ortiz García y a su familia, ocurridas esta semana, así como las amenazas en contra Silvia Pérez Yescas, defensora zapoteca y coordinadora de Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, quien en marzo pasado denunció hostigamiento y amenazas de muerte en la misma zona geográfica donde en octubre pasado desapareció la también defensora Sandra Domínguez Martínez, de quien desde entonces nada se sabe.
Por ello cuestiona y pregunta ¿Qué celebra el gobernador Salomón Jara Cruz?
Puros hombres decidiendo sobre uso de redes y contenidos
El debate es a agrio y sin interlocución: peligro para portales y medios independientes; su redacción posibilitaría una restricción extrema en internet
La desaparición de un órgano autónomo como el Instituto Federal de Telecomunicaciones grave donde el nuevo regulador queda controlado por el Poder Ejecutivo: Alianza de Medios
La crítica más dura y puntual de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, llama ONU al Senado a reflexionar; la Cámara Americana de Comercio pide foros
Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 25 de abril, 2025.- En la sesión plenaria de ayer e jueves, la Mesa Directiva dio trámite de primera lectura al dictamen con proyecto de decreto de las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, por el que se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña informó que se podría aprobar el lunes.
Esta nueva ley —que, de aprobarse, reemplazará a la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión— “incluye la prohibición de propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo por parte de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural”, explica un comunicado oficial del Senado.
El contenido de las reformas que se recibió hace 6 días, , sin embargo, generó una reacción en cadena de concesionarios, mujereres, organismos en favor de la libertad de expresión y Naciones Unidas, ONU señalando que tiene tintes de “censura”,” una restricción extrema en internet” con el pretexto de la soberanía nacional es “un albazo” contra la libertad de expresión, por lo que piden diálogo y análisis, antes de ser aprobada en una proceso rápido o fast trak.
Es una respuesta a Trump
La presentación de esta iniciativa de nueva ley por parte del Ejecutivo federal llega después de que el Gobierno de Estados Unidos emitiera un anuncio publicitario contra la inmigración ilegal en la televisión mexicana.
En ese anuncio, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, transmite un “mensaje del presidente Donald Trump al mundo: Si consideras ingresar ilegalmente a Estados Unidos, ni lo pienses”.
Sheinbaum calificó de “discriminatorio” el anuncio y afirmó que circula en televisión desde “hace algunos meses”, además se transmitió durante transmisiones de partidos de fútbol de la Liga mexicana el fin de semana del 19 de abril. Ello generó los cambios a un 80 por ciento de la ley vigente.
Preocupa porque atenta contra la libertad de expresión
Para la Red en Defensa de los Derechos Digitales, la iniciativa de reforma en Ley , otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de bloquear plataformas digitales, cuando sea solicitado por las autoridades competentes –indefinidas–, “en casos de incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables”.
Agrega que la redacción actual de la iniciativa posibilitaría llevar a cabo una restricción extrema a la libertad de expresión en Internet sin la necesidad de una orden judicial que determine que un contenido o una acción es ilegal y de la gravedad para justificar dicha medida. El bloqueo de plataformas digitales enteras constituye una medida extrema, semejante al cierre de una estación de radio y televisión, que no puede justificarse frente a la prohibición de censura previa que establece la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por su parte Alianza de Medios, constituida por empresas de periodismo independiente, advirtió sobre los riesgos que representa la desaparición de un órgano autónomo como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en un entorno donde el nuevo regulador quedará bajo control del Poder Ejecutivo.
La falta de contrapesos institucionales puede abrir la puerta a decisiones discrecionales que afecten la pluralidad de voces, la competencia justa y, en última instancia, la libertad editorial”, agregó, en un posicionamiento. Por lo que llamó a que la industria de los medios sea reconocida como actor clave en esta discusión y consideró que la elaboración de una nueva ley que impacta directamente en los entornos de operación, inversión y desarrollo de los medios
En respuesta a las críticas, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo se concretó a negar que la reforma tenga “intenciones de censura”, pero no propuso nada, aunque reconoció que tiene algunos “errores”. Tampoco tiene perspectiva de género, afecta el uso entre hombres y mujeres y no resuelve la violencia
La presidenta afirmó durante su conferencia matutina, que “en ningún momento estamos planteando la censura” y reconoció que algunos apartados podrían requerir ajustes de redacción, en particular los relacionados con plataformas digitales. Esta vez no habló de igualdad sustantiva, ni de que llegaron todas.
El documento, establece las facultades de la Agencia de Transformación Digital y telecomunicaciones. Con ello, la agencia emitirá los criterios técnicos en la materia, así como el programa nacional de espectro radioeléctrico que tendrá por objeto promover el aprovechamiento de este recurso.
Además, prohíbe de manera expresa la transmisión de publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros, distinta de aquella que tenga fines culturales o turísticos.
Se explica que con la finalidad de evitar la transmisión de publicidad engañosa, sin afectar la libertad de expresión y de difusión, prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.
El dictamen listo para discutirse y aprobarse, fue elaborado por las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones y Transportes; y Estudios Legislativos, la aprobación de la ley de telecomunicaciones podría suceder el próximo lunes, antes de la clausura del periodo de sesiones.
Podrían ser muchos y muchas las afectadas
Las colectivas feministas, que lograron impactar desde hace 12 años, vía redes sociales, plataformas, seguimiento de casos de violencia y mecanismos rápidos de comunicación para sus movilizaciones, protestarán por el “albazo” a la libertad de expresión, como lo llama el partido Movimiento Ciudadano..
También diversos colectivos por la libertad de prensa y organismos del sector analizan el dictamen para definir una postura común de cara a la su discusión en el pleno legislativo, que parece inminente. No obstante el líder de la diputación Ricardo Monreal, consideró que es necesario “tomarse su tiempo”.
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamó al Senado a garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas en la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Será imposible si la pretensión es aprobarla el lunes próximo.
Agrega: “Ante la presentación de la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hacemos respetuoso llamado al Senado mexicano a garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas”, expresó el organismo.
Qué dice la iniciativa punto por punto
Este jueves al durante la primera lectura a nombre de las tres comisiones, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, José Antonio Cruz Álvarez Lima, destacó que con esta ley la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) será la encargada de asumir la rectoría de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Puntualizó que otro tema relevante en la ley es la prohibición de propaganda política de otros países, es decir, no se podrán difundir mensajes propagandísticos provenientes de gobiernos o entidades extranjeras. “México necesita una nueva ley en esta materia, sobre todo para que los beneficios de las telecomunicaciones y la radiodifusión lleguen a todos los sectores de la población”, precisó.
Entre lo contenido en el documento se establecen las facultades de la ATDT, que será la autoridad encargada de formular y conducir las políticas públicas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y tendrá las facultades para regular, promover y supervisar el uso y explotación del espectro radioeléctrico, así como el acceso a redes e infraestructura.
Además, a la agencia le corresponderá emitir criterios técnicos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como el programa nacional de espectro radioeléctrico que tendrá por objeto promover el aprovechamiento de este recurso, con el fin de brindar mayor cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión que contribuyan al bienestar de la población.
También plantea homologar, simplificar y digitalizar los trámites relacionados con la instalación, operación y mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de facilitar el despliegue tecnológico y mejorar el acceso a servicios como el internet de banda ancha.
Precisa que las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables.
Asimismo, se fija la prohibición a los programadores y operadores de señales, transmitir por sí o a través de concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros, distinta de aquella que tenga fines culturales o turísticos.
De igual forma, con la finalidad de evitar la transmisión de publicidad engañosa, sin afectar la libertad de expresión y de difusión, se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.
Se posicionan partidos, 3 en contra
En la ronda de posicionamientos, el senador de Morena, Aníbal Ostoa Ortega, aseguró que con esta ley se recupera la soberanía comunicativa del Estado mexicano. “No es una medida de censura, sino un acto de dignidad, soberanía y autodeterminación. Los medios deben estar al servicio del pueblo y no de las potencias, por eso hay que defender la narrativa de nuestras pantallas y de nuestras decisiones”, puntualizó.
Ricardo Anaya Cortés, senador del PAN, denunció que el gobierno tiene una obsesión de control y con esta ley la ATDT concentrará todas las facultades para decidir que sí y que no puede transmitirse en radio, TV, internet y redes sociales. “Esta es la Ley Censura y la muestra es el artículo 109, que habla de que pueden bloquear alguna plataforma digital”, advirtió.
También del PAN, Agustín Dorantes Lámbarri subrayó que las personas migrantes no son delincuentes, pero la defensa de la soberanía no se hace a través de la censura. “Estamos en contra de cualquier poder extranjero que denigre a cualquier mexicano, pero bajo el pretexto de impedir intromisiones, se presenta esta ley de censura”, apuntó.
Manuel Añorve Baños, del PRI, indicó que su partido nunca aceptará intromisiones del extranjero; no obstante, se usó el noble pretexto de defender a las y los migrantes para avanzar en el mayor retroceso de las libertades digitales en décadas. “No quieren la crítica porque les incomoda, pero con esta ley se viola la libertad de expresión. Ni Nicolás Maduro ni Daniel Ortega ni Hugo Chávez se atrevieron a tanto. Es una ley de censura y hecha para silenciar”, apuntó.
Del PVEM, el senador Waldo Fernández González consideró vital garantizar el acceso a herramientas digitales a todas y todos los mexicanos y este ordenamiento permitirá tener un México más conectado porque, entre otros temas, fija reglas claras y aborda rubros sustanciales para regular el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico. “Confirma que las telecomunicaciones son servicios públicos que estarán bajo la rectoría del Estado”, dijo.
La senadora Lizeth Sánchez García, del PT, mencionó que con esta ley “levantamos la voz para decir que no permitiremos la transmisión de mensajes discriminatorios en los medios de comunicación de nuestro país, menos cuando vienen del extranjero y amenazan la paz social” Añadió que esta ley pone fin a la injerencia extranjera y abre nuevos horizontes para las telecomunicaciones. “No se trata de censurar, sino de respetar los derechos humanos y preservar la cohesión social”, destacó.
A su vez, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, señaló con el pretexto de regular la propaganda extranjera se propina un duro golpe al sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión. “Se trata de una ley que pretende regular la forma en la que las y los mexicanos acceden a lo que ven, escuchan o comparten. Habla de bloqueo de redes sociales, lo que es muy peligroso”, concluyó.
Elementos de este debate, apresurado y sin capacidad de incidencia
La redacción actual de la iniciativa posibilitaría llevar a cabo una restricción extrema a la libertad de expresión en Internet sin la necesidad de una orden judicial que determine que un contenido o una acción es ilegal y de la gravedad para justificar dicha medida. El bloqueo de plataformas digitales enteras constituye una medida extrema, semejante al cierre de una estación de radio y televisión, que no puede justificarse frente a la prohibición de censura previa que establece la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales, hizo un llamado al Senado para que considere una discusión más amplia e incluyente antes de aprobar la LFMT, para corregir y subsanar la redacción dela iniciativa, como ha reconocido la propia presidenta Claudia Sheinbaum.
El artículo 109 da a la Agencia la facultad de determinar los procedimientos, parámetros o estándares para realizar el bloqueo de plataformas digitales, ignorando que para que las restricciones a la libertad de expresión sean legítimas, en todo caso, deben estar establecidas por ley, de manera clara y precisa, por lo que dicha tarea corresponde al Congreso de la Unión y dichos parámetros deberían estar contenidos en la ley.
En conformidad con los estándares internacionales sobre libertad de expresión, este tipo de restricciones deben ser medidas de carácter excepcional, estar definidas en la ley de forma precisa y clara, bajo estrictos criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Así mismo, la reforma prevé, en el artículo 8, fracción LXV, que la Agencia tenga la facultad de “expedir los lineamientos para el registro de usuarios del servicio móvil, que estará a cargo de los concesionados y, en su caso, autorizados de dicho servicio y será de observancia obligatoria”.
De este modo, sin dar motivos, la iniciativa intenta crear nuevamente este registro, similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022. Las iniciativas de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública pendientes en las Cámara de Diputados también contemplan la creación de una base de datos similar, aunque la nombra de otra manera.
La ley de telecomunicaciones no indica a qué se refiere este “registro de usuarios del servicio móvil”, pero sí faculta a la Agencia a permitir a las autoridades la consulta de este registro “conforme a los criterios y condiciones que establezca la Agencia en los lineamientos para tal efecto”. Nuevamente, se deja a la discrecionalidad de la dependencia definir qué autoridades podrán acceder a esta información y bajo qué procedimientos y con qué salvaguardas, lo cual debería definirse desde la ley.
Otra disposición preocupante de la ley es que el artículo 161 brinda la facultad a “las instancias de seguridad pública federales y de seguridad nacional” para fabricar, comercializar, adquirir, instalar, portar y operar equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, “en cumplimiento de sus atribuciones”. La falta de claridad respecto de a qué supuestas atribuciones se hace referencia, abre la puerta a que autoridades pretendan llevar a cabo restricciones arbitrarias de los servicios de telecomunicaciones como los “apagones de Internet” cuyos graves efectos en los derechos humanos han sido ampliamente documentados.
Alerta Alianza de Medios MX por riesgos de ley telecomunicaciones
La Alianza de Medios MX expresó su preocupación ante la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y llamó a abrir el diálogo. Indicó que comprometida con la defensa de la libertad de expresión y la sostenibilidad del periodismo en México, expresa su preocupación ante los cambios propuestos en la iniciativa. Advertimos los riesgos que representa la desaparición de un órgano autónomo como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en un entorno donde el nuevo regulador quedará bajo control del Poder Ejecutivo.
La falta de contrapesos institucionales puede abrir la puerta a decisiones discrecionales que afecten la pluralidad de voces, la competencia justa y, en última instancia, la libertad editorial”, agregó, en un posicionamiento. Por lo que llamó a que la industria de los medios sea reconocida como actor clave en esta discusión y consideró que la elaboración de una nueva ley que impacta directamente en los entornos de operación, inversión y desarrollo de los medios debe abrir espacios de diálogo amplio, plural y transparente con los actores del sector.
Puesto que sólo así será posible construir un marco legal que respalde el acceso equitativo a la conectividad, garantice la libertad de expresión y promueva el fortalecimiento de medios libres e independientes .
Preocupa que el documento precisa que los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país, no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural.
Agrio debate, partidos en contra, Alejandra Barrales dice que es un albazo.
El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) afirmó que la iniciativa de reforma es «una copia, con parches mal pensados y estructurados de la reforma peñista del 2014». Va en contra del mandato constitucional y legal porque quita las facultades que tenían las secretarías de Economía y de Gobernación sobre este tema y lo deposita solamente en el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), lo que es contrario a las reformas constitucionales de hace unos meses.
Hay censura que y violación al T-MEC, porque, no se respeta la independencia del órgano regulador y se permite que empresas controladas por el Estado sean abiertamente monopolios, contrario a las reglas de competencia.
«La censura que la ATDT puede ejercer arbitrariamente va desde la radio, la TV, las plataformas digitales y hasta las Apps como Tik Tok, Facebook o X por mencionar algunas», dijo el IDET.
Además, hay una «censura pura y ruda nunca vista en México» porque la ATDT definirá qué es la «veracidad de la información».
La IDET pidió que se realicen foros abiertos para que académicos y especialistas analicen el texto y «no se retrotraigan derechos y tecnologías».
Por otra parte, la International Chamber of Commerce México (ICC México) pidió al Congreso «asegurar un periodo adecuado para el análisis, discusión y perfeccionamiento de la iniciativa, dada su trascendencia para el sector estratégico más dinámico de la economía nacional».
Añadió que se requiere una evaluación seria y detallada por «la magnitud e impacto» que puede tener en las inversiones, la competencia y los derechos de los usuarios.
Albazo a la libertad de expresión, dijo la Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Alejandra Barrales Magdaleno, quien expresó su rotundo rechazo al dictamen de la iniciativa que propone la creación de la nueva Ley ya que otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de bloquear redes sociales, lo que calificó como un “albazo”
Dijo que las graves implicaciones de esta ley, son la centralización del control sobre las telecomunicaciones y las redes sociales en manos del ejecutivo a través de la ATDT, un ente al que se le otorgarían amplias atribuciones para regular el espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones y otros sectores clave.
Denunció que el dictamen, que consta de 226 páginas, será aprobado de manera apresurada, sin que los legisladores hayan tenido tiempo suficiente para analizar a fondo sus implicaciones. En su intervención, afirmó que la mayoría ni siquiera ha leído a detalle el alcance de esta ley.
Además tiene un al impacto económico dijo Barrales. Esta ley podría tener consecuencias negativas sobre el sector de telecomunicaciones, que contribuyó con 475 mil millones de pesos, lo que representa el 1.6 por ciento del Producto interno Bruto nacional. En un contexto de incertidumbre económica y posible recesión, la aprobación de esta ley podría empeorar la situación.
Sólo necesita mayoría simple y será Ley
Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión es una legislación que requiere mayoría simple para su aprobación; sin embargo, confió en que el asunto podrá tener el aval por unanimidad del Pleno cameral.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se reúnen el 28 de marzo de 2025 en el Palacio Nacional de Ciudad de México.
Lo que necesita la iniciativa para ser aprobada
Para que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión se promulgue, primero tiene que ser aprobada la iniciativa por las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones y Transportes; y Estudios Legislativos del Senado, lo cual se espera para este jueves, dijo , presidente de la Cámara alta de México.
Si pasa esta etapa, sigue la discusión y votación en el pleno del Senado. Noroña agregó que esto podría suceder la próxima semana, cuando “estaríamos en condiciones de aprobar la iniciativa”.
Una vez que la iniciativa de ley tenga el visto bueno del Senado, pasará a la Cámara de Diputados para seguir el mismo camino de aprobación.
Morena, el partido de la presidenta de México, tiene la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, por lo que se prevé que la ley sea aprobada rápidamente.
Concesiones
La iniciativa de ley de Sheinbaum no solo prohibirá que gobiernos o entidades extranjeras emitan anuncios publicitarios, sino que también bloqueará que les cedan o entreguen una concesión de radio, televisión o audio.
El artículo 71 de la iniciativa de ley indica que ninguna concesión (junto con sus derechos, servicios, accesorios y bienes) “se podrá ceder, gravar, dar en prenda o fideicomiso, hipotecar o enajenar total o parcialmente… a ningún gobierno o estado extranjero”.
Recordemos: las concesiones de telecomunicaciones y radiodifusión se entregan únicamente a personas o empresas mexicanas, según lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (y que también se mantiene en la nueva iniciativa de ley de Sheinbaum). La participación de inversión extranjera en las concesiones se permite bajo los términos de la Constitución y la Ley de Inversión Extranjera (esto también continúa en la iniciativa de la presidenta de México).
Por otro lado, la iniciativa de ley indica en su artículo 185 que la Secretaría de Gobernación será la encargada de “vigilar y supervisar que la publicidad que se transmita mediante servicios de radiodifusión, de televisión o audio, restringidos y en plataformas digitales, no contravengan las disposiciones previstas en el artículo 210”.
Un desafío reconocer y encarar las violencias encubiertas de la vida escolar
Análisis de estas son formas silenciosas de violencia institucional y cultural
Ma. Cecilia Fierro Evans*
SemMéxico, Cd. de México, 25 de abril, 2025.- *Este texto lo aborda en la voz de una directora de una escuela secundaria general, situada en un entorno de alta violencia social. Algunos mecanismos legitiman y reproducen desigualdad, como la meritocracia, los estigmas y la disciplina escolares.
Estas son formas silenciosas de violencia institucional y cultural. Aquí se describe brevemente la manera en que son confrontadas y progresivamente modificadas desde la actuación de la directora.
Una vez más, esta experiencia documenta que las escuelas no están condenadas a reproducir y amplificar la violencia estructural y cultural. Refuerza lo que la investigación internacional ha mostrado: que aún en contextos con un alto nivel de violencia social, la violencia en la escuela tiende a disminuir o a aumentar dependiendo de la manera en que el propio centro escolar esté organizado y del tipo de prácticas que desarrolle cotidianamente, a fin de caminar en la dirección de una paz duradera.
Texto
Un hallazgo derivado de la revisión de investigaciones para los Estados del Conocimiento del COMIE, fue observar “un importante vacío en los datos relativos a la perspectiva de género en los estudios de convivencia. No hay en educación básica ningún trabajo con enfoque de convivencia desde la perspectiva de género, aspecto que quedó subsumido bajo el concepto de “relación social” (Fierro et al, 2024 p. 44).
Este vacío se torna aún más problemático no sólo al tener en cuenta que muchas de las propuestas de intervención y de las experiencias alternativas reportadas han estado a cargo de maestras, directoras de escuela y/o asesoras técnico-pedagógicas –como puede verse en la referencias a los trabajos reportados– sino también por la relevancia que tiene apreciar de qué manera la condición de género se manifiesta en los márgenes y las formas de actuación desplegadas en escenarios escolares.
En este texto me propongo compartir la manera en que las violencias institucionales y culturales son confrontadas desde el quehacer de una directora de una escuela secundaria.
Su experiencia en un entorno de alta violencia social ofrece elementos muy valiosos para reflexionar a propósito de los desafíos que enfrenta el quehacer educativo en este tipo de escuelas, así como el reconocimiento y confrontación con prácticas escolares que legitiman la desigualdad. Se trata de formas de violencia institucional expresadas en normas, reglamentos, políticas y prácticas que tienen por efecto discriminar, reprimir o excluir a determinados grupos de estudiantes dentro de la escuela. Asimismo, de manifestaciones de violencia cultural, relativas a creencias, ideologías, estereotipos y/o símbolos que justifican otras formas de violencia y refuerzan la desigualdad.
Esto lo planteó Johan Galtung (1969) más de cinco décadas atrás, al explicar que la violencia directa, aquella que preocupa tanto a los adultos en las escuelas y que focaliza las interacciones entre estudiantes, no es sino el resultado de las violencias estructural y cultural.
Bayón y Saraví (2019) analizan las dimensiones morales y simbólicas en los encuentros e interacciones con las otras personas e identifican algunos mecanismos que legitiman y reproducen desigualdad, como son la meritocracia, los estigmas y la disciplina escolares. Todas ellas, formas silenciosas de violencia institucional y cultural.
¿Cómo las confronta una directora en una escuela secundaria, con su actuación diaria?
El primer desafío que enfrenta es remontar el descrédito y la desconfianza en sus posibilidades de actuación en tanto mujer. Asentar la confianza en sus propias capacidades y en el potencial del equipo docente, basado en la convicción sobre la posible contribución que pueden hacer en la vida del alumnado. Esta es su bandera de entrada:
“Al principio tenía que hablarle a la policía para que me ayudara a controlar la escuela, pues el alumnado llevaba drogas y armas, y la misma policía sugería hablarle a otro director porque era mujer y no creían que podría con la situación” … “Entonces era, diario, las chacalizas (si pasa un muchachito de una pandilla contraria, los de otra pandilla lo empiezan a perseguir, lo carrerean… Y lo alcanzan, lo golpean y lo dejan de golpear hasta que sale. Esa era una práctica común aquí en la escuela. Otra eran pedradas, de pandilla a pandilla, a medio patio. Los maestros viendo… Nadie hacía nada. Y les hablaban muy feo a los alumnos. Entonces yo les decía a los maestros:“Maestros, algo tenemos que hacer algo para revertir esta situación”. Y me decían: “No maestra, directores van, directores vienen y no va a ser usted quien venga a cambiarnos la escuela”. Entonces yo les dije: “No, no voy a ser yo. Vamos a ser todos”.
“Dije, es que voy a poder. Me hice de un equipo (de docentes) cercano que estuviera dispuesto a colaborar. Les presenté unas estadísticas, la reprobación era alarmante, casi un 70% de reprobación, les digo: ‘Maestros, no vamos a cambiar al mundo, no somos responsables de todo lo que pasa en la educación, pero sí podemos cambiar a un niño aquí en la escuela, ¿por qué no ayudarle a salir de este medio? Que el niño sepa que tiene capacidades y puede seguir adelante” (Entrevista Dir. 1, MZ).
El discurso de la meritocracia es un poderoso mecanismo que permea el sistema educativo y explica las desigualdades como un tema de “esfuerzo” y de “cualidades personales”, a la vez que ignora las desigualdades tanto extraescolares así como las institucionales que permean la oferta educativa.
En el caso de la Directora, observamos la manera en que desarticula esta idea en favor del reconocimiento y valoración del esfuerzo de cada persona desde sus propios puntos de partida y condiciones, lo cual evita la segregación de las y los alumnos con bajos desempeños al compararlos con quienes cuentan con apoyos y condiciones para alcanzar mejores estándares académicos:
“Insisto mucho en el diálogo con los maestros que tenemos niños muy inteligentes, que lo que no tenemos son niños con recursos (económicos)… Lo que se hacía antes era premiar la excelencia, niños de 9.5 para arriba. Lo que propuse y ahora hacemos en la escuela es que a aquellos niños que van subiendo de 5 a 6 se les da un reconocimiento porque es un esfuerzo el que ellos están haciendo para subir esa calificación. Al principio se burlaban de mí, pero ahora ya no porque ya vieron que eso (funciona)” (Entrevista 3, MZ).
Los estigmas escolares: estees otro mecanismoque justifica el ver a los otros como inferiores,a partir de imágenes negativas sobre aspectos académicos y/o estilos y prácticas negativas atribuidas a estudiantes y docentes, lo que supone ver descalificadas sus cualidades individuales (Bayón y Saraví, 2019)
Este es el testimonio de la Maestra al llegar a una escuela devaluada frente a la opinión de las propias familias, de la que no se espera casi nada:
“Una madre de familia me dijo que otras escuelas comentaban que esta escuela “era el basurero y reciben a todos”, esa palabra me cimbró… En una reunión de zona dije que era indignante el hecho de que nos estuvieran llamando el basurero, que merecía respeto nuestra escuela como las demás, y que teníamos buenísimos alumnos, pero que las condiciones eran diferentes… Nos comenzaron a respetar” (Entrevista 1, MZ).
Mucho más profundo aún es el proceso de estigmatización del propio estudiantado en sus salones de clase, lo que refleja patrones de razonamiento que justifican y promueven la segregación entre compañeras y compañeros:
“Al llegar a la escuela me doy cuenta de que las y los maestros acomodaban a los alumnos por grupos, de acuerdo a los promedios, quedando en los grupos avanzados maestros destacados y los otros grupos con bajos promedios los maestros poco destacados, “malitos” como los nombra la maestra.
“Las madres y los padres de familia también exigían que sus hijos no estuvieran en los grupos de bajo promedio. Los alumnos de estos grupos poco destacados los llamaban “lo que se llevó el río, la basura” (Entrevista Dir Esc Dgo. 1).
La disciplina escolar: este es un tercer mecanismo que, de acuerdo con Bayón y Saraví, se mueve entre el temor y la pretensión de reformar a los sectores más desfavorecidos, considerados como indisciplinados, desordenados y/o violentos, generando un entorno de vigilancia permanente, en el cual el orden, la supervisión y el control de cada estudiante es un elemento central puede llegar a olvidar lo esencial:
“En estas escuelas parece que la prioridad es la disciplina escolar por encima del acompañamiento de sus alumnos” (Rodríguez, 2016 en Bayón y Saraví, 2019, p. 79). Mi argumento era: “La escuela está ubicada en el polígono de delincuencia -ubicado por la Fiscalía del Estado-, hay mucha drogadicción –aquí dentro de la escuela se vendía droga, pastillas… todo lo que te pudieras imaginar. No respetaban los espacios, entonces yo les decía a mis autoridades: “Es que necesitamos proporcionar a los jóvenes un espacio digno; que jueguen, que vean otras cosas…”. Y me autorizaron la construcción de una segunda cancha, porque nada más teníamos una…
Me decían: “No, es que para canchas no”. – “Pero es prioritario por esto y esto…”. Entonces, sí he sido escuchada por la autoridad. (E. 3 Directora MZ)
En síntesis, las violencias encubiertas fueron progresivamente des-normalizadas, confrontadas de forma dialógica y ofreciendo la posibilidad de explorar algunas prácticas alternativas a partir de la convicción fundamental de recuperar la dignidad del alumnado, de los espacios y de la vida en la escuela:
“Trato de darles participación a los alumnos, de manera que se sientan incluidos, que vayan a la escuela y que disfruten lo que están haciendo, que sepan que no son autónomos, que todo lo que hacen lo va a saber su mamá y papá, y que deben de ser tratados con dignidad” (…). Esto lo aprendí empíricamente porque cada escuela es diferente, cada escuela tiene su propio contexto y su propia cultura” (Entrevista 1, MZ).
El camino por el cual la Directora va perfilando, explorando, errando, replanteando y volviendo a explorar determinadas formas de actuación en su escuela es lo que puede explicar cómo pudo suceder que tuviese la fuerza y el arrojo para confrontar violencias silenciosas de diverso tipo, de forma gradual hasta definir un distinto modo de proceder.
Cómo y cuándo ocurre un punto de inflexión que la lleva a mirar a las y los estudiantes a los ojos, a saludar a cada quien por su nombre evidencia un proceso de autoformación asentado en la observación y la reflexión crítica del acontecer de la escuela. Todo ello desde una mirada que no pierde de vista que educar personas es la tarea de la escuela.
Esta experiencia documenta una vez más que las escuelas no están condenadas a reproducir y amplificar la violencia estructural y cultural. Aún en contextos con un alto nivel de violencia social, la violencia escolar tiende a disminuir o a aumentar dependiendo de la manera en que la escuela misma está organizada y del tipo de prácticas que se desarrollan cotidianamente (Akiba, et al., 2002).
Las investigaciones realizadas en los últimos años en el tema de convivencia han aportado un conjunto robusto de evidencia empírica acerca de lo que favorece en las escuelas la construcción de procesos de paz duradera.
No se trata de acciones sofisticadas ni extraordinarias, sino de una manera de conducir los procesos de enseñanza y de gestión escolar considerando la diversidad del alumnado; fortaleciendo el desempeño académico con énfasis en la atención de quienes presentan mayores desventajas. Y también dando voz a las y los estudiantes, al ofrecer espacios para dialogar los conflictos que se presentan en la vida escolar, sin dejar que escalen a situaciones de violencia (Fierro y Carbajal, 2025).
https://www.muxed.mx/blog/confrontar-violencias
*Ma. Cecilia Fierro Evans
Integrante de MUxED. Es doctora en ciencias por el DIE (CINVESTAV), IPN. Profesora e investigadora en la ENES León UNAM, adscrita al Laboratorio Interdisciplinario para la Docencia e Innovación Educativa. Fue académica numeraria en la UIA León (1994-2022). Miembro fundador de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar. Investigadora asociada a la Cátedra UNESCO de Juventud, Educación y Sociedad de la U. Brasilia.
Akiba, M.; LeTendre, G.; Baker, D. y Goesling, B. (2002). Student Victimization: National and School System Effects on School Violence in 37 Nations. American Educational Research Journal, 39(4), 829-853.
Bayón, M.C. y Saraví, G. (2019) Referencias La experiencia escolar como experiencia de clase: fronteras morales, estigmas y resistencias. Desacatos No. 59 enero-abril 2019, pp. 68-85.
Fierro et al (2024). Convivencia: un tema en construcción. En: Furlán, Prieto y Ochoa: Estado del conocimiento. Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas 2012-2021”. México: COMIE.
Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. Journal of Peace Research, 6(3), 167-191.
Fierro y Carbajal (2025) Caminos que conducen a la paz en aulas y escuelas mexicanas. México: UIA-OEI-RLCE (en prensa).
UNESCO México (2020). Construyendo la convivencia escolar desde el municipio. El caso de Durango. Ed. UNESCO México y Ayuntamiento de Durango, México.
La Fiscalía de Jalisco desvinculó su asesinato de su labor
Carmen Morales era integrante de Guerrero Buscadores de Jalisco
Redacción
SemMéxico, Guadalajara, Jalisco, 25 de abril, 2025.- Al señalar de inaceptable la postura de la Fiscalía de esa entidad, sobre el feminicidio de María del Carmen Morales y de su hijo Daniel Ramírez Morales, el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres (CLADEM) exigió una investigación diligente, profesional e imparcial, que considere todas las líneas posibles y que no busque atajos para cerrar el caso.
En un comunicado de prensa califican de indignante de la integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y de su hijo Daniel, en un ataque directo perpetrado frente a su domicilio en Tlajomulco de Zúñiga.
María del Carmen dedicaba su vida a la búsqueda de su hijo Ernesto Julián, desaparecido desde el 27 de febrero de 2024 en el mismo municipio donde ahora fue asesinada junto a otro de sus hijos.
Por ello, consideran inaceptable que la Fiscalía de Jalisco haya sugerido, sin una investigación seria y completa, que el ataque iba dirigido a Daniel y que María del Carmen fue una víctima “colateral”, desvinculando los hechos de su labor como madre buscadora. Estas conjeturas no solo revictimizan, sino que descontextualizan la violencia estructural que viven las mujeres que buscan a sus seres queridos en Jalisco.
Por ello, sostiene que “no hay duda: estos crímenes están estrechamente ligados a su incansable lucha por encontrar a Ernesto Julián. La violencia que arrebató la vida de María del Carmen y Daniel no puede analizarse al margen de la impunidad y el abandono institucional que enfrentan quienes buscan justicia en un estado donde la vida parece haberse vuelto prescindible”.
Negar el contexto de violencia feminicida y generalizada, justificar omisiones con especulaciones sin sustento y criminalizar a las víctimas es una forma más de perpetuar la violencia.
CLADEM se suma a las voces que claman justicia, no solo por María del Carmen y Daniel, sino también por Teresa González, otra madre buscadora asesinada este mismo mes también en Jalisco.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez (al centro) realizó este jueves la quinta jornada de diálogo con familias buscadoras. Foto Jair Cabrera Torres
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 25 de abril de 2025.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, condenó el asesinato de María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, de 26 años.
Al encabezar el cierre de la quinta jornada de diálogo de la dependencia con colectivos de buscadores de personas desaparecidas, que concluyó este jueves luego de tres días de trabajos, la titular de la Secretaría de Gobernación pidió un minuto de silencio, en memoria de la buscadora asesinada la noche del miércoles, ante los representantes de casi un centenar de colectivos que acudieron al encuentro realizado en un centro de convenciones de la Ciudad de México.
“Solamente les pedía un momento para algo importante: Expresar nuestro más profundo pesar por el asesinato de la señora María del Carmen Morales, madre buscadora, y de su hijo, Jaime Daniel Ramírez Morales. Condenamos enérgicamente estos hechos, reiteramos nuestro compromiso con la justicia y la lucha contra la impunidad, no sólo en este caso, sino en todos aquellos que lastiman a las familias y a la sociedad”, indicó.
“¿Por qué los buscamos?, porque los amamos”, gritaron representantes de los colectivos tras guardar el minuto de silencio.
En entrevista al concluir el acto, Rodríguez Velázquez detalló que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, ya está en contacto con la familia de María del Carmen Morales, y recibieron un reporte de la fiscalía estatal, pero expuso que prefiere que sea dicha instancia la que dé a conocer la información porque es a quienes les corresponde la información inicia.
“Lamentamos mucho este suceso, y nosotros vamos a estar pendientes del seguimiento de las investigaciones”, agregó.
También, subrayó que pidieron a la Fiscalía estatal mantenerse atenta a la seguridad de la familia de María del Carmen Morales, y aseguró que se les dará protección
La senadora de Movimiento Ciudadano explicó que el objetivo del Foro Transnacional sobre Políticas Migratorias es construir compromisos que atiendan las demandas de la población migrante mexicana.
Desde Ginebra ONU expresa preocupación por la creciente militarización de la gestión migratoria y pide cesar participación de las fuerzas armadas
Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 25 de abril, 2025.-Con la finalidad de conocer los retos y oportunidades que enfrenta la comunidad migrante mexicana que reside en Estados Unidos, la senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García, encabezó este jueves en las instalaciones del Senado de la República el Foro Transnacional sobre Políticas Migratorias.
Durante la inauguración del evento organizado conjuntamente con el Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes en Estados Unidos (COLEFOM), la también presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 explicó que el objetivo de este foro es construir compromisos que atiendan las demandas de la población migrante mexicana.
“El objetivo es que aquí se analicen qué compromisos se deben asumir conjuntamente, qué retos existen para afrontar la actual situación que se está viviendo y qué oportunidades se abren”, comentó la legisladora por Zacatecas.
“Queremos que de aquí salgan propuestas, iniciativas, reflexiones, que nos comprometan con ustedes, que permitan que sus derechos sean reconocidos y defendidos plenamente, como debe ser. Lo que ustedes plantean es tener acceso a todos sus derechos, a derechos políticos, a derechos económicos, a derechos sociales en México y fuera de México, y el Senado de la República lo recibe con mucho entusiasmo”.
Efraín Jiménez Muñoz, coordinador general de COLEFOM, destacó que los migrantes contribuyen de manera importante a la hacienda mexicana con las remesas, las visitas y las compras que hacen en el país, por lo que consideró fundamental ser parte de la toma de decisiones.
“No estamos demandando privilegios, solo estamos pidiendo y solicitando que necesitamos piso parejo, que necesitamos que se nos escuche y que se vea reflejado nuevamente en una política migratoria de Estado con un enfoque de derechos humanos en donde se quede claro que la comunidad mexicana migrante no es un sector, somos una extensión de la nación mexicana”, señaló.
“El reto que tenemos aquí hoy día es cómo obtenemos ese compromiso para hacer la transición del discurso a políticas públicas y acciones concretas que se vean reflejadas en un presupuesto justo. Un presupuesto donde tengamos mejores servicios en los consulados, donde tengamos mejores atenciones para quienes venimos de regreso, ya sea por deportación, ya sea porque queremos venirnos a vivir el sueño mexicano o porque venimos por voluntad propia”.
Enrique Provencio Durazo, coordinador general de Programa de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, dijo que México es una nación transterritorial que incluye a los 40 millones de personas mexicanas que residen en el extranjero. En ese sentido, señaló que México debe discutir a fondo cómo integrar plenamente a los migrantes en la agenda nacional, las políticas públicas y en el presupuesto.
“Asumir en todas sus consecuencias las implicaciones de la nación transterritorial es la oportunidad que tenemos ahora enfrente para cumplir con las obligaciones de protección a los derechos de esa población nacional que está fuera de las fronteras”, opinó.
“Y por otro lado, para comprender que nuestro desarrollo será más viable si reconocemos esta nueva estructura de la nación mexicana, y no solo con las remesas, al que además de aportar jugosamente a Estados Unidos con su trabajo imprescindible, sus contribuciones fiscales y otras fuentes están aportándole a México a pesar de la postura oficial de xenofobia, criminalización, racismo, estigmatización y persecución del gobierno de Estados Unidos”.
Tonatiuh Guillén López, del PUED, señaló que el Estado mexicano tiene el desafío de relacionarse jurídicamente con los mexicanos que viven y que nacieron en el extranjero.
“Debe ahora relacionarse el Estado con alrededor de 38 o 40 mil millones de mexicanos en el extranjero, que tienen una agenda social, política, política de desarrollo distinta de la que tenemos mexicanos en el territorio, pero que debe ser igual jurídicamente. Necesariamente es diferente, jurídicamente debe ser igual. El que debe adecuarse es el Estado frente a la nueva composición de la nación”, expresó.
En tanto, Rodolfo García Zamora, de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), señaló que durante los últimos 40 años México ha tenido políticas migratorias reactivas, parciales y tardías. En ese sentido, consideró que México requiere un nuevo proyecto de nación y un nuevo proyecto económico que incluya a la población migrante.
Jorge Arturo García, de la Comisión de Derechos Plenos del COLEFOM, coincidió en que las y los mexicanos en el extranjero merecen una silla en todos los espacios de toma de decisiones, incluyendo el Congreso de la Unión y los congresos locales, así como facilitar el voto en el extranjero.
Xóchitl Castañeda, de la Comisión de Salud y Medio Ambiente del COLEFOM, pidió dotar de recursos suficientes a los consulados para que puedan mejorar sus servicios de salud y ayuden a preservar la salud de los mexicanos en el extranjero. De igual manera, señaló que actualmente existe en México 278 hospitales con telemedicina, los cuales podrían brindar servicios en el exterior para ayudar a realizar diagnósticos oportunos.
Francisco Moreno, de la Comisión de Asuntos Políticos USA de COLEFOM, expuso que la migración forzada es el resultado directo de economías frágiles, instituciones débiles y territorios deteriorados, por lo que es imperativo construir un esfuerzo sistemático y regional que apueste por un verdadero desarrollo sostenible, capaz de arraigar a las poblaciones en sus comunidades de origen, mediante la creación de empleos dignos, ingresos suficientes y bienestar social adecuado.
Odilia Romero, de la Comisión de Asuntos Indígenas de COLEFOM, expuso que hay muchos migrantes mexicanos en el extranjero que hablan español, por lo que es indispensable que se garantice el derecho a un intérprete.
“Cuando se nos asume mexicanos, se asume que hablamos español. Y en Estados Unidos sufrimos lo que es la violencia lingüística. Y por eso, para que nosotros tengamos acceso a nuestros derechos políticos, salud, acceso a información, en Estados Unidos, inclusive aquí en México, el derecho a un intérprete se debe de reconocer como un derecho humano”, manifestó.
Nérida Vargas, de la Comisión de Recursos y Programas de COLEFOM, propuso la implementación de programas de inversión en Estados Unidos para impulsar proyectos productivos en los sectores agroindustriales, pues actualmente el 90% de los migrantes mexicanos son originarios de zonas rurales.
En tanto, Beatriz Ricartti, de la Comisión de Fortalecimiento Institucional de COLEFOM, planteó adecuaciones a la Ley de Fomento a las Organizaciones Sociales para incluir a las organizaciones en el extranjero e impulsar el reconocimiento de las organizaciones binacionales como actores legítimos.
En este foro también estuvieron presentes el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, así como los senadores Juan Carlos Loera y Emmanuel Reyes Carmona, quienes expresaron su respaldo a la comunidad migrante mexicana.
El Comité de la ONU sobre Trabajadores Migratorios publica observaciones sobre Jamaica, México y Níger
Desde Ginebra el Comité de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) publicó ayer sus observaciones finales sobre Jamaica, México y Níger.
Las observaciones contienen las principales preocupaciones y recomendaciones del Comité sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, así como los aspectos positivos identificados. Entre los puntos más destacados se encuentran:
México
El Comité tomó nota de los esfuerzos de México por armonizar su Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), mediante la reforma legal de 2020, en particular para poner fin a la detención de niñas, niños y familias migrantes y sus familias. También celebró las recientes iniciativas adoptadas por el Estado para fortalecer la asistencia y protección consulares a sus nacionales en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos de América.
El Comité expresó preocupación por la creciente militarización de la gestión migratoria, la participación de empresas privadas de seguridad, y el uso generalizado de operativos de verificación migratoria en todo el país por actores sin facultades legales para ello. El Comité instó al Estado parte a cesar la participación de las Fuerzas Armadas en funciones migratorias, a poner fin a la subcontratación de funciones clave a actores privados, y a fortalecer los mecanismos nacionales de supervisión y rendición de cuentas.
Asimismo, el Comité manifestó preocupación por el uso continuo y generalizado de la privación de libertad por motivos migratorios, haciendo un llamado urgente a respetar el límite máximo de 36 horas de detención en estaciones migratorias, poner fin a esta práctica y establecer salvaguardas sólidas para las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, con políticas públicas que prioricen su protección sobre consideraciones de seguridad, junto con mecanismos de monitoreo y acceso para la sociedad civil.
Antecedentes
El Comité sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares supervisa la aplicación de la Convención por parte de los Estados que la han ratificado, la cual cuenta actualmente con 60 Estados parte. El Comité está compuesto por 14 personas expertas independientes en derechos humanos de todo el mundo, quienes actúan a título personal y no como representantes de sus países.
SemMéxico, Ciudad de México, 25 de abril, 2025.- Nunca como ahora la divisa mexicana está enfrentando una enorme vulnerabilidad, por lo que no se descarta una inminente devaluación.
La jornada registró enormes presiones sobre el peso, que se comportó peor que la mayoría de las divisas principales, reflejando las vulnerabilidades internas y los crecientes temores a una recesión. Es más, el dólar estadounidense continuó su caída tras dos días de ganancias, ya que los operadores siguen considerando los riesgos relacionados con el comercio.
A nivel nacional, la inflación general se aceleró hasta el 3,96 por ciento en la primera quincena de abril, mientras que la inflación subyacente subió hasta el 3,90 por ciento. Estas presiones sobre los precios podrían limitar la flexibilidad de Banxico tras los recientes recortes de tipos, ya que se ciernen riesgos de recesión técnica tras un descenso de la tasa de crecimiento del PIB en el cuarto trimestre. En este sentido, los operadores podrían estar atentos a la publicación del PIB preliminar de la próxima semana.
Quasar Elizundia, Estratega de Investigación de Mercados en Pepperstone, nos dice que el mercado prevé que la carga de la deuda de México aumente hasta el 55 por ciento del PIB en 2025, en un contexto de menor crecimiento y mayor déficit fiscal, lo que podría ejercer una presión adicional sobre el peso. De cara al futuro, la atención se centra en el informe de actividad económica del viernes. “Es probable que las señales de desaceleración económica pesen aún más sobre la moneda”.
Por otra parte, tratando de enfrentar los nuevos retos de un mercado incierto, enmarcado en la guerra arancelaria, muchos países de América Latina han comenzado a adoptar la normativa de la banca abierta. Sí, la banca abierta está transformando el panorama financiero en Latinoamérica y El Caribe, ofreciendo importantes oportunidades de innovación e inclusión. Este progreso se debe a la creciente implementación de APIs y al impulso a la digitalización de los servicios financieros.
La región se perfila como líder en la adopción de la banca abierta, con varios países implementando marcos regulatorios que favorecen el uso de APIs abiertas en los servicios financieros. Según el LatAm Fintech Hub, más del 50 por ciento de los países latinoamericanos han comenzado a adoptar la normativa de la banca abierta.
Lily Mendia, líder de banca global en Galileo Latinoamérica, afirmó en la mesa redonda Fintech Américas de este año, que el modelo banca abierta permite a las instituciones financieras compartir datos con proveedores externos, fomentando la competencia, reduciendo costos y mejorando los servicios bancarios.
“Reconocemos que la banca abierta en Latinoamérica enfrenta múltiples obstáculos estructurales y regulatorios. Si bien países como Brasil y México han establecido modelos, otros como Colombia, Chile, Argentina y Perú están explorando al respecto con distintos grados de progreso. Persisten los desafíos de estandarización e interoperabilidad”, explicó Mendia.
A pesar del progreso, la banca abierta enfrenta desafíos clave en la región. La falta de una regulación unificada en varios países latinoamericanos sigue siendo un obstáculo para su expansión, lo que genera incertidumbre tanto para los bancos como para los consumidores. “Los principales desafíos para las instituciones financieras incluyen la protección de datos financieros sensibles, la armonización de marcos regulatorios entre países y la educación de los usuarios sobre los beneficios y riesgos de la banca abierta”, comentó Mendia.
Senadores y especialistas reconocieron que la corrupción afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres
Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 25 de abril, 2025.- El senador Francisco Daniel Barreda Pavón reconoció que la corrupción no sólo afecta al bienestar económico y social del país, sino que impacta especialmente a las mujeres y se manifiesta en formas específicas de discriminación, violencia institucional y desigualdad en el acceso a la justicia.
Al inaugurar el foro “Agenda anticorrupción con perspectiva de género”, el legislador de Movimiento Ciudadano destacó que la lucha contra la corrupción requiere un compromiso y colaboración entre todos los sectores de la sociedad y las autoridades de gobierno, ya que ninguna institución puede enfrentarse sola a este desafío.
Explicó que este encuentro surge de la necesidad de integrar una visión inclusiva y equitativa en las políticas, a través de un diálogo abierto y plural que permita identificar los retos particulares que enfrentan las mujeres frente a este fenómeno y diseñar soluciones integrales y efectivas que garanticen no solo la reducción de la corrupción, sino también la construcción de instituciones públicas más justas y equitativas.
“Para abordar la corrupción desde esta perspectiva, buscamos garantizar que las políticas públicas sean verdaderamente representativas, inclusivas y eficaces, asegurando que nadie se quede atrás de este esfuerzo político”, agregó.
En este sentido, el legislador manifestó su compromiso, como presidente de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia del Senado de la República, de promover leyes, políticas y acciones que implementen plenamente la perspectiva de género y el combate a la corrupción.
Por su parte, Blanca Patricia Talavera Torres, comisionada de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, mencionó que la corrupción afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres, especialmente en el acceso a la justicia, por lo que es necesario promover mejoras en las políticas públicas sobre esta materia, en donde se fomente más el humanismo y el enfoque diferenciado con razón de género, a fin de logar un México donde la igualdad sustantiva sea una realidad.
En su oportunidad, María Elisa Vera Madrigal, titular jurídica de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, aseguró que las mujeres son orilladas, con mayor frecuencia que los hombres, a pagar sobornos, incluyendo favores sexuales, con tal de recibir oportunidades de trabajo o servicios de salud y educación pública.
Reveló que una de cada cinco mujeres ha experimentado extorsión sexual o conocen a alguien que la haya padecido, por lo que se pronunció por establecer tipos penales que permitan sancionar conductas relacionadas con hechos de corrupción que perjudican a las mujeres por su condición de género, por ejemplo, el peculado sexual.
“Sin leyes donde se identifiquen estas conductas, no siempre hay mucho que podamos hacer desde la procuración de justicia”, agregó.
En tanto, María Guadalupe Juárez Hernández, directora general de Instrumentos de Política Nacional de Igualdad de la Secretaría de las Mujeres, aseguró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pretende crear políticas públicas que reconozcan la igualdad de género y asumir el compromiso para que el gobierno y las instituciones ya no sean parte de la cadena de la corrupción; de esa manera, si se condiciona una acción, se aplique la ley con todo el rigor.
Finalmente, Arturo Serrano Meneses, titular del órgano interno de control de la Fiscalía General de la República, aceptó que la desigualdad de género no sólo es una consecuencia de sistemas sociales inequitativos, sino que también se convierte en un factor que contribuye al fortalecimiento de redes de corrupción.
“Así pues, la corrupción se encuentra estrechamente ligada a la impunidad, y es que la ausencia de sanciones frente a actos ilícitos permite que las mismas conductas se repitan, que se institucionalicen, y peor aún, que quienes ostentan el poder no enfrenten consecuencias. Este sitio perpetuo, mina la confianza en las instituciones y debilita el Estado de derecho”, opinó.
