Yaneth Angélica Tamayo Ávalos
SemMéxico, Querétaro, Qro., 13 de enero, 2024.- Uno de los principales problemas para reconocer la violencia, radica en la normalización que se hace de ella y en el reparto de responsabilidad que socialmente se traslada a las víctimas.
Esto último, ocasiona que los agravios se hagan cotidianos, se toleren y justifiquen, en especial en el ámbito público. Si bien, es frecuente relacionar el término de violencia de género con el ámbito privado, poco se aclara en el tema de la violencia comunitaria, en la cual, claro, está inmersa la violencia contra las mujeres.
Comúnmente, estamos acostumbradas a escuchar en nuestro ambiente social y mediático, hechos relacionados con la inseguridad que impactan en la calidad de vida y la sana convivencia entre las personas con las que habitamos la ciudad y construimos nuestro entorno familiar, vecinal y laboral.
La violencia comunitaria la podemos identificar, cuando estamos expuestas directa o indirectamente a actos de violencia interpersonal, cometidos por individuos que no están íntimamente relacionados con nosotras. Esto incluye, agresión sexual, robo, asaltos, el sonido de disparos y el desorden social, tal como la presencia de pandillas adolescentes, drogas y divisiones raciales.
Si bien, este ambiente tóxico comunitario perjudica de manera general tanto a hombres como a mujeres, lo cierto es, que estas últimas son afectadas de forma distinta. Las mujeres, a diferencia de los hombres, se ven expuestas a episodios de violencia sexual, la cual incluso puede acompañar a otros actos de violencia como los señalados.
La ENDIREH 2021, reporta que del 70.1% de mujeres que han experimentado al menos una situación de violencia, el 45.6% de ellas han sufrido violencia comunitaria. Además, datos sobre seguridad pública indican que 4 de 10 mujeres resultan agredidas por sus vecinos.
Las formas de violencia van desde los mal llamados piropos, que pueden llegar a ser muy ofensivos, al acoso y hostigamiento, llegando a diversas formas de abuso y violación.
De ahí que, se estime que las agresiones sexuales son agravios cotidianos en calles; el transporte público, parques, mercados y los ambientes escolares o laborales, que victimizan principalmente a las mujeres más jóvenes.
Este tipo de violencia, ha sido tolerada, justificada y minimizada por toda la sociedad en conjunto, esto es, desde quienes conviven en el ámbito comunitario, así como el Estado y sus agentes, han trasladado de forma automática la responsabilidad a las víctimas y han dejado de garantizar el respeto a los derechos y libertades de las mujeres, en especial en los espacios públicos.
Estudios sobre inseguridad, violencia y género en la ciudad, nos llevan a comprender que la violencia basada en género en contextos comunitarios y/o urbanos, pueden ser una limitante para el ejercicio del derecho de las mujeres a espacios seguros y por su puesto, a su desarrollo social, educativo y laboral, afectando el pleno ejercicio de su ciudadanía.
La violencia comunitaria plantea la existencia de una disrupción en el orden social, este tipo de conducta desordenada es el precursor para crímenes más serios y un decaimiento de los controles sociales, como la seguridad y la justicia. Ya que, la ciudadanía al retirarse de la comunidad y al abandonar el apoyo mutuo dejan el control de las calles a los delincuentes.
Pero además, al dañar la calidad de vida y la convivencia social, se acrecienta la paranoia social y la delincuencia, afectando a cualquier persona independientemente de su etapa de desarrollo, ocasionando que en algunos casos estas personas adopten en sus creencias y estilos de vida este tipo de ambiente violento, tornándose años más tarde en futuros delincuentes y personas con potencial a la violencia. *
Dado que la seguridad es una dimensión crucial no solo de la sociedad sino de la propia experiencia humana, como ciudadanos e integrantes de una comunidad habríamos que empezar por reconceptualizar la seguridad, lo cual implica repensar el mundo en el que vivimos.
Solo así, se podrá concebir una situación en la que las personas estén libres de todo tipo de amenaza a la integridad humana, de forma que se pueda garantizar el desarrollo humano, la vida y la dignidad.
Las mujeres dan un valor significativo a la seguridad como bien público y componente esencial del entorno cotidiano, inalienable en cada uno de los habitantes, lo que representa peculiaridades y condiciones especiales para ellas que habitan, recorren y sienten la ciudad de manera distinta de los hombres.
Dicha noción, va más allá de la defensa policial y territorial; pues, supone una preocupación universal por la vida y la dignidad humana, ya que centra el tema de la seguridad en las personas y en sus condiciones de desarrollo.
De ahí que, se precise actuar para prevenir, atender y controlar las transgresiones y violaciones a la seguridad de mujeres en los diversos espacios y ciclos de su vida, tomando en cuenta sus múltiples identidades y coyunturas, y evaluando los aspectos de género que las explican.
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