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La violencia no se resuelve después de la tragedia, se previene antes, SIPINNA

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La violencia no se resuelve después de la tragedia, se previene antes, SIPINNA
  • Propone avanzar hacia una reforma integral del sistema de justicia para adolescentes, que permita corregir fallas
  • La solución no radica en imponer penas más intensas de manera automática

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Ciudad de México, 27 de marzo, 2026.- La violencia no se resuelve después de la tragedia, se previene antes, señala la Secretaría Ejecutiva de SIPINNA al condenar el asesinato de dos docentes en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y advierte que la violencia grave en las escuelas no se genera de manera espontánea; responde a factores acumulados que no fueron identificados ni atendidos a tiempo.

En un comunicado la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA, propone avanzar hacia una reforma integral del sistema de justicia para adolescentes, que permita corregir fallas específicas como la débil detección temprana de riesgos, la insuficiente atención en salud mental, la falta de seguimiento efectivo de las medidas, la escasa articulación entre escuela, familia y autoridades, y las limitaciones en la restitución de derechos de las víctimas.

Sostiene que esta reforma debe construirse a partir de una ponderación clara entre el interés superior de niñas, niños y adolescentes y los derechos de las víctimas, garantizando tanto la protección integral como el acceso efectivo a la justicia, la reparación del daño y la no repetición.

Es importante señalar con toda claridad que la solución no radica en imponer penas más intensas de manera automática. El fortalecimiento del sistema no pasa por una lógica punitiva, sino por hacer más eficaces las medidas existentes, asegurar su cumplimiento y garantizar que tengan un impacto real en la reinserción social del NNA y en la restitución de derechos de las víctimas.

En el documento revelan que el asesinato de las maestras por parte de una adolescente no puede reducirse a un caso aislado ni a una explicación individual. Es una alerta estructural que evidencia fallas en los sistemas de prevención, en la atención a la salud mental, en la protección de entornos escolares y en la detección oportuna de riesgos.

Luego de señalar que la violencia no se resuelve después de la tragedia, se previene antes, llaman a fortalecer los sistemas de alerta temprana, garantizar acompañamiento psicosocial permanente, establecer protocolos eficaces y asegurar una articulación real entre escuela, familia, servicios de salud y autoridades.

No basta con reaccionar; el Estado tiene que anticiparse con rutas claras de intervención y protección efectiva para adolescentes, docentes y comunidades escolares.

Por ello plantean que para avanzar hacia la reforma integral, el sistema debe enfocarse en mejorar la calidad de la intervención: atención en salud mental, acompañamiento psicosocial, programas de control de impulsos, prevención de adicciones, seguimiento efectivo y evaluación continua. Sólo así se puede reducir la reincidencia y atender de fondo las causas de la violencia.

Además de prever ajustes focalizados en casos de delitos de alto impacto, particularmente para adolescentes de 16 a menos de 18 años, donde puedan aplicarse medidas más intensas y, en supuestos excepcionales, de mayor duración, siempre bajo criterios de proporcionalidad, control judicial y respeto a los derechos humanos.

El objetivo no es castigar más, sino responder mejor ante conductas de mayor gravedad, sin perder la naturaleza especializada del sistema, sostiene el posicionamiento de SIPINNA.

Por el contrario, reitera que la intervención debe ser integral y corresponsable. No basta con actuar sobre el adolescente; es indispensable incorporar a su entorno familiar y comunitario como parte activa de los procesos de atención, fortaleciendo capacidades, brindando acompañamiento psicosocial y atendiendo los factores estructurales que inciden en la violencia.

Debemos asumir que hoy la prevención pasa por el entorno digital. Cuando existen señales previas en redes sociales, el sistema debe contar con la capacidad institucional para identificarlas y actuar oportunamente, sin estigmatizar, pero sin omitir.

Por último, refieren que SIPINNA asume la responsabilidad de atender esta problemática con la seriedad que amerita y que presentará propuestas concretas para el fortalecimiento del Sistema de Justicia para Adolescentes, así como una política integral de prevención que atienda de manera articulada los entornos familiar, comunitario y escolar, con el objetivo de incidir de forma estructural en la reducción de riesgos y la prevención de la violencia.

Ninguna escuela debe enfrentar sola la violencia. Lo ocurrido en Michoacán no puede normalizarse. Debe convertirse en un punto de quiebre para fortalecer la prevención, la convivencia escolar y la protección integral de niñas, niños y adolescentes en todo el país, incorporando también una visión que garantice de manera efectiva los derechos de las víctimas y una respuesta institucional más articulada, preventiva y eficaz, puntualiza la institución.

SEM/sj

Ley de feminicidio: México necesita leyes que se cumplan

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Ley de feminicidio: México necesita leyes que se cumplan
  • Necesario romper las cadenas de impunidad, sostienen OSC
  • Llaman a la presidenta Sheinbaum a abrir el proceso y a reconocer el papel que las organizaciones de la sociedad civil, colectivas y familias

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 27 de marzo, 2026.- Así lo exponen en un pronunciamiento organizaciones y colectivas, entre ellas Aquelarre Feminista, Justicia Pro-Persona y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio luego de que esta semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de la República presentaran el proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

Las organizaciones y colectivos llaman a la presidenta mexicana a abrir el proceso y a reconocer el papel que las organizaciones de la sociedad civil, colectivas y familias, han tenido la sociedad civil en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública existente, así como integrar la ley en una estrategia más amplia, con presupuesto suficiente, fortalecimiento institucional y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. 

Puntualmente exponen que ante el contexto grave deviolencia contra mujeres, niñas y adolescentes en México en los distinto ámbitos, también marcado por la violencia vinculada al crimen organizado, que incrementa los riesgos y profundiza las condiciones de vulnerabilidad, es fundamental contar con políticas públicas más amplias, coordinadas y sostenidas, que atiendan la complejidad del fenómeno y fortalezcan la capacidad del Estado para dar una respuesta efectiva ante los diversos contextos en los que ocurren los feminicidios.

Tras una larga explicación histórica de las sentencias emitidas por organismos internacionales y la Corte mexicana, explican que en México la prevención es el “eslabón más débil”, porque México carece de una política nacional efectiva que proteja a las mujeres de todo tipo de violencia, en particular de la violencia feminicida.

Salvo las órdenes de protección, no hay acciones claras que se enfoquen a la prevención del feminicidio, sobre todo para aquellos que ocurren en contextos de crimen organizado.

Plantean la necesidad de realizar con debida diligencia reforzada, perspectiva de género e intercultural, con análisis de los contextos de violencia, tanto en los ámbitos privados como públicos, como aquellos casos vinculados con violencia ejercida por el crimen organizado presente en los territorios ante la persistencia de investigaciones deficientes en los casos de feminicidio. Todo ello acompañado con el fortalecimiento de capacidades técnicas y económicas de las instituciones encargadas de las investigaciones que permitan la acreditación del delito de feminicidio y el acceso a la justicia para las víctimas.

Señalan que en México la precariedad de los servicios periciales es un obstáculo para la justicia. La falta de personal especializado, la pérdida o contaminación de indicios y la limitada infraestructura científica derivan en investigaciones débiles que favorecen la impunidad.

Se suman prácticas graves como necropsias deficientes y el uso indebido de “necropsias psicológicas” para descartar la violencia feminicida, incluso frente a evidencia material. Estas fallas impactan directamente en las investigaciones y en las familias, que enfrentan errores reiterados y, en muchos casos, procesos como exhumaciones o impunidad que prolongan el dolor.

El cuarto elemento reto planteado por las organizaciones y colectiva es la reparación del daño que sigue sin materializarse y deja a las víctimas indirectas en total indefensión. La gran mayoría de los casos nunca se reparan, los impactos son por sí mismos graves para las familias de las víctimas, pocos casos reciben una sentencia condenatoria.

En muy pocos feminicidios se establecen medidas de reparación acordes al hecho delictivo. Son prácticamente escasas las posibilidades de que el responsable del feminicidio repare el daño. Además, no es integral la atención a las víctimas, obligación del Estado, suele ser escasa o nula.

Es frecuente que el Estado no se haga cargo de las medidas de satisfacción y de no repetición, como recientemente lo estableció la SCJN en el amparo directo en revisión 5363/2023 en el caso de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez.

Para que la normatividad vigente tenga impacto real, es fundamental que en su implementación y evaluación se garantice la participación de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas o víctimas de tentativa, quienes conocen de primera mano las fallas del sistema y han sido fundamentales para visibilizar y enfrentar esta problemática. 

México necesita leyes que se cumplan

En el pronunciamiento señalan que México cuenta con un conjunto amplio de leyes, protocolos, mecanismos y estándares de investigación y sanción que buscan que el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio sea una realidad; sin embargo, el gran reto sigue siendo que el marco normativo se aplique de manera adecuada y realmente funcione.

La atención a la problemática del feminicidio fue ordenada por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso de Campo Algodonero (2009) hace 17 años, hasta las últimas sentencias emitidas contra el estado mexicano en los casos de Digna Ochoa (2021), Ernestina Ascencio Rosario (2025) y Lilia Alejandra García Andrade (2026).

Desde 2011, ante la demanda de la sociedad civil, la tipificación del feminicidio fue una respuesta estatal para dar cumplimiento a la sentencia Campo Algodonero y la activación del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Contar con un tipo penal de feminicidio tiene por objetivo establecer en el marco jurídico la perspectiva de género para la investigación y sanción de las muertes violentas de mujeres y evitar la discriminación y la impunidad ante esta violencia generalizada. Sin embargo, persisten las investigaciones deficientes, la respuesta tardía, la revictimización y la falta de reparación oportuna y acorde a la dimensión de los daños.  

Las organizaciones y colectivos argumentan que el país necesita asegurar que las normas existentes se implementen con eficacia para acreditar correctamente los feminicidios, se garanticen sanciones y se repare el daño.

También se debe garantizar atención integral a las familias de las víctimas, incluyendo programas específicos para atender a las niñas, niños y adolescentes que han sido impactados por la violencia, evitar la revictimización constante durante las investigaciones y los procesos, como cuando se difieren las audiencias, se prolonga el procedimiento o se reponen los juicios por violaciones al debido proceso, además de prácticas de coacción a las víctimas para aceptar el procedimiento abreviado. 

La Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio podría contribuir a articular esfuerzos y mejorar la coordinación institucional, pero debe elaborarse con la participación de la sociedad civil que, con base en la experiencia acumulada, conoce los desafíos que siguen sin ser atendidos en materia de prevención, atención a las víctimas, investigación, sanción y reparación integral del daño del feminicidio en nuestro país. 

En su llamado para que se abra el debate afirman que ante la gravedad del feminicidio en México, el país necesita tomar en cuenta el camino recorrido impulsado por sociedad civil, organizaciones y víctimas, esto hará lograr que lo que ya se ha construido, funcione.

El debate que se abre con esta propuesta de iniciativa, es una oportunidad para, antes de aprobar ninguna reforma, realizar una evaluación profunda que incluya responsables, obligaciones y acuerdos para su cumplimiento, en relación al marco normativo vigente relacionado al feminicidio y la violencia feminicida en México, respecto de cada una de las obligaciones constitucionales: prevención, atención, investigación, sanción y reparación del daño, puntualizan en el pronunciamiento.

SEM/sj

Denuncian omisiones de las autoridades en feminicidio de una joven chol

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Denuncian omisiones de las autoridades en feminicidio de una joven chol
  • Van 11 feminicidios en 2026
  • Fallas en la aplicación del protocolo, dice 50+1

Gabriela Coutiño 

SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, 27 de marzo, 2026.- La noche del miércoles, una joven de 24 años, identificada como Reyna Susana “N”, perteneciente a la etnia chol, fue asesinada a golpes presuntamente por su pareja en la habitación que rentaba en el barrio Guadalupe, en el municipio de Palenque.

Con este caso, suman 11 feminicidios en lo que va del año en Chiapas, cuatro de ellos registrados tan solo en marzo, lo que refleja una crisis persistente de violencia de género en la entidad, denunciaron colectivas feministas. 

De acuerdo con reportes preliminares, vecinos del lugar escucharon gritos y una riña al interior del inmueble, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades. Sin embargo, denunciaron que los cuerpos de seguridad nunca acudieron al llamado. Horas más tarde, la víctima fue encontrada sin vida por su hermana menor al regresar de su trabajo.

El cuerpo presentaba visibles signos de violencia, lo que ha generado indignación entre habitantes de la zona y organizaciones sociales, quienes acusan una grave omisión institucional.

La Comisión Estatal de Acceso a una Vida Libre de Violencia de la Colectiva 50 más 1 Chiapas condenó enérgicamente el feminicidio y calificó como “alarmante e inaceptable” que, pese a los reportes vecinales, la joven permaneciera más de tres horas sin recibir auxilio.

Señalaron que este hecho evidencia fallas en los protocolos de reacción inmediata y la necesidad urgente de profesionalizar la atención a situaciones de riesgo.

Las integrantes de la colectiva exigieron a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación pronta, exhaustiva y con perspectiva de género e interculturalidad, tomando en cuenta el origen indígena de la víctima para evitar barreras en el acceso a la justicia.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para reforzar las campañas de prevención de la violencia contra las mujeres, con pertinencia cultural y lingüística para la población chol y otros pueblos originarios.

Aumentan feminicidios en Chiapas

Organizaciones de mujeres de la región norte de Chiapas, señalaron que, pese a que Palenque cuenta con Alerta de Violencia de Género, el municipio continúa siendo un foco rojo en violencia intrafamiliar y feminicidios.

“Todos los días celebran mesas de seguridad, pero de nada sirve si no son capaces de proteger la vida de las mujeres”, reclamaron.

Por su parte, Janett Méndez, de la asociación civil “Cree en ti”, informó que brinda asesoría y acompañamiento a la familia de la víctima, quienes son de escasos recursos y enfrentan dificultades para trasladar el cuerpo a su comunidad de origen, Jericó.

Indicó que el padre de la joven apenas habla español, lo que complica aún más los trámites legales y funerarios.

El caso ha generado consternación entre la población, que exige justicia y acciones concretas para frenar la violencia contra las mujeres en Chiapas.

“Reyna Susana era una joven con futuro, cuya vida fue arrebatada por la violencia más extrema. No permitiremos que su nombre se convierta en una cifra más”, expresaron integrantes de la colectiva.

SEM/gc/sj

Más de 16 mil mujeres en prisión por fallas estructurales del Estado Mexicano

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Más de 16 mil mujeres en prisión por fallas estructurales del Estado Mexicano
  • EQUIS Justicia presenta el informe De la ausencia a la criminalización
  • Este no es un fenómeno aislado, sino el resultado de múltiples violencias y desigualdades

Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México, 27 de marzo, 2026.- En México, 16 mil 172 mujeres se encuentran privadas de la libertad (SSPC, enero de 2026), muchas de ellas sin sentencia y en contextos marcados por la pobreza, los cuidados y las violencias.

También revela que se ha incrementado más del cinco por ciento el número de mujeres en prisión, entre 2020 y 2024 con un repunte del 56 por ciento en 2023, un incremento mayor que el de los hombres.

EQUIS Justicia para mujeres presentó dos documentos: El informe De la ausencia a la criminalización, y la agenda Duro contra el Mundo donde muestra un sistema que invisibiliza, abandona y termina criminalizando a las mujeres, al documentar cómo opera la cadena de violaciones a derechos y, por otro, da voz a las mujeres que dentro y fuera de prisión, se organizan, nombran y enfrentan ese mismo sistema. La agenda recoge las demandas de mujeres privadas y exprivadas de la libertad que trazan una ruta clara de resistencia colectiva.

En Plural TV fue la presentación de los documentos por EQUIS Justicia para las Mujeres, en colaboración con la Dirección General de Igualdad Sustantiva y No Discriminación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los hallazgos del Informe muestran que la criminalización de las mujeres no es un fenómeno aislado, sino el resultado de múltiples violencias y desigualdades previas como la pobreza, antes de ser detenidas tres de cada 10 mujeres ganaban menos de tres mil pesos mensuales; cuatro de cada 10 mujeres realizaban trabajo doméstico no remunerado, en mujeres indígenas casi seis de cada 10, por lo que dejan de participar en el mercado laboral.

Al menos 17 por ciento reporta haber vivido violencia antes de su detención, sin que estos contextos sean considerados por el sistema de justicia en los procesos.

El sistema penal como respuesta deja a nueve de 10 mujeres en prisión sin sentencia. De las que son sentenciadas uno de cada tres es por procedimiento abreviado y la mitad fue presionada para aceptarlo, lo que limita el acceso a una defensa adecuada y evita que un juez revise su caso con perspectiva de género.

Gabriela Cruz, una mujer zapoteca que participó en la redacción de los documentos,  relató que fue privada de la libertad por delito contra la salud, buscando un ingreso que le permitiría acceder a servicios de salud para su hijo con discapacidad. Realizó la entrega de la agenda, diseñada desde las experiencias y vivencias de mujeres que como ella estuvieron en prisión.

En la Agenda “Duro contra el muro” plantea como rutas concretas de acción:

  • Prevenir el encarcelamiento de mujeres deteniendo mecanismos de justicia automática como la prisión preventiva de oficio o el procedimiento abreviado
  • Garantizar condiciones dignas en prisión incluyendo el respeto a la autonomía corporal y el fortalecimiento de sus vínculos familiares y comunitarios
  • Facilitar el acceso a mecanismos efectivos de excarcelación y reinserción social

EQUIS Justicia detalla que ambos documentos fueron construidos a lo largo de tres años con la participación de mujeres que enfrentaron procesos de criminalización, quienes contribuyeron en el diseño metodológico, el trabajo de campo —incluyendo entrevistas en centros penitenciarios de Ciudad de México, Oaxaca y Campeche—, el análisis de sentencias y la formulación de propuestas. Como parte de la investigación, se analizaron 60 sentencias penales, se realizaron 36 solicitudes de acceso a la información, se revisaron instrumentos de política pública y se incorporaron datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021.

Durante la presentación participaron,  Cristina Solano, Directora General de Igualdad Sustantiva y No Discriminación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el magistrado Benjamín Rubio, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública; Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres; Nestora Salgado, tercera visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Simey Olvera, senadora y secretaria de la Mesa Directiva del Senado; y  Maïssa Hubert, subdirectora ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres.

SEM/em/sj

Bachelet continuará sbuscando presidir la ONU con apoyo de Brasil y México

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Bachelet continuará sbuscando presidir la ONU con apoyo de Brasil y México
  • El nuevo gobierno chileno retiró el respaldo a la exmandataria
  • Pero también señala que no apoyará a ninguna otra persona

Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México, 27 de marzo, 2026.- El nuevo gobierno de Chile, que preside José Antonio Kast, oficializó la decisión de retirar el respaldo a Michelle Bachelet para ocupar la secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El respaldo había sido otorgado a Bachelet por el anterior presidente Gabriel Boric, sin embargo, de acuerdo con un comunicado de la cancillería chilena, la determinación responde a factores estratégicos. Pese al revés, la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet aún puede continuar en contienda internacional con el apoyo de Brasil y México para reemplazar a Antonio Guterres que concluirá su segundo mandato a final de este año.

La cancillería precisa que, por respeto a Michelle Bachelet, en caso de que decida continuar con su postulación, Chile se abstendrá de apoyar a cualquier otro candidato en el proceso.

Durante su campaña el ultraderechista Kast criticó fuertemente la administración de Bachelet, a la que atribuye actos de corrupción, incapacidad gubernamental y opacidad por la postulación al máximo cargo del sistema de Naciones Unidas.

Bachelet, médica pediatra, de 74 años, es la única mujer en llegar a la presidencia de chile en dos ocasiones; 2006-2010 y 2014-2018 por el Partido Socialista. También ha ocupado altos cargos en la ONU como directora Ejecutiva de ONU Mujeres en 2010-2013 y como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en 2018-2022.

Tras conocer la decisión del gobierno chileno, Michelle Bachelet emitió un comunicado en el que expresó: “Entiendo que las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones y, en mi calidad de exjefa de Estado, observo esta determinación como parte de las prerrogativas de quien hoy encabeza el Gobierno, aunque mi visión de Estado sea distinta», publicó el medio chileno el ciudadano.com.

La expresidenta recordó que “históricamente Chile ha buscado fortalecer el multilateralismo y ha sido capaz de trascender los ciclos políticos y las coyunturas. El compromiso con la cooperación internacional, la promoción de la paz y los derechos humanos ha sido un sello que le ha dado prestigio y reconocimiento a nuestro país en el escenario global”.

“En ese sentido, agradezco el apoyo y la confianza que el Estado de Chile manifestó inicialmente al presentar públicamente esta candidatura el pasado mes de septiembre y formalizarla en febrero”, agregó Bachelet, resaltando que su postulación “se inscribe en una visión compartida sobre la necesidad de fortalecer el sistema internacional y de contribuir, desde América Latina, a una ONU a la altura de los desafíos de nuestro tiempo”.

Otros candidatos de la región incluyen al argentino Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y a la costarricense Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de la nación centroamericana.

SEM/em/sj

Tras la puerta del poder|  ¿Beto Anaya y su PT salvaron a la democracia mexicana?

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Tras la puerta del poder|  ¿Beto Anaya y su PT salvaron a la democracia mexicana?

Roberto Vizcaíno 

SemMéxico, Ciudad de México, 27 de marzo de 2026.-¡No!

Desgraciadamente no.

Es importante -sin duda- que para lo que queda de la ya muy vapuleada y disminuida, asediada democracia mexicana se haya impedido en el Senado que la presidenta Claudia Sheinbaum hubiera empalmado su consulta de revocación -ella quería convertirla en ratificación- de mandato con el proceso electoral de 2027, pero eso es apenas un alivio para las amenazas de la consolidación de la autocracia que nos quieren imponer desde la 4T.

Yo insisto en que lo más importante de lo que ocurrió con el rechazo al Plan A y al Plan B es la evidente ruptura de la alianza del oficialismo. Ya PT y Verde no caminan al lado de Morena ni del proyecto de Andrés Manuel López Obrador -heredado o impuesto a Claudia Sheinbaum– en medio del agotamiento natural entre los mexicanos del Gobierno de la Transformación.

Eso pinta un futuro nada bueno para la permanencia y consolidación de la 4T y su autocracia en las elecciones del 2027 y 2030.

Pero no hay que cantar victoria.

No, la democracia mexicana no quedó a salvo con la jugada de Beto Anaya y sus otros 5 senadores del PT.

Y no lo está, porque los controles, las reformas y la anulación de organismos e instituciones autónomas promovidos y logrados por Andrés Manuel López Obrador -y ahora continuados por Claudia Sheinbaum, pese a la debilidad y falta de liderazgo partidario de la mandataria-, sumados a las chapucerías como el otorgamiento de una supersobrerrepresentación de Morena, PT y Verde por el Trife e INE en San Lázaro, permitieron aprobar la reforma al Poder Judicial que anuló a la Suprema Corte y destruyó al Estado de Derecho en México.

Con mayorías ficticias y legisladores comprados en el Senado y Cámara de Diputados AMLO -y ahora Sheinbaum- han promovido cambios estructurales y colonizado y sometido a su control al INE y al Tribunal Electoral.

En los hechos, han logrado instaurar una autocracia que ahora se comienza a expresar vía la persecución judicial de periodistas y con la creación de un Consejo de vigilancia Digital llamada oficialmente Agencia de Transformación Digital en el Gobierno encabezada por José Pepe Merino de todas las confianzas de Sheinbaum que puede bajar a la hora que quiera medios digitales o actuar contra usuarios de chats, ciudadanos de a pie, si hacen critica de funcionarios y del mismo régimen.

No, la democracia no se salvó antier con el rechazo parcial del PT al Plan B de Sheinbaum.

Dejó abierta, sí, la posibilidad de ejercer todavía una oposición suficiente e importante, de mantener aún medios informativos tradicionales, electrónicos y digitales, que puedan crear opinión critica en amplios sectores de la población.

Quedaron agravios insalvables; vienen 4 partidos más

La narrativa de lo ocurrido en el Senado, con la infructuosa mediación de Ignacio Mier y Adán Augusto López -el tabasqueño todavía como gran operador de la 4T- frente a Alberto Anaya y los otros 5 del PT, y los comentarios ásperos de otros morenistas como Félix Salgado quien por él hubiera mandado mucho a volar con fuerte injurias y reclamos a los petistas, deja ver que quedaron ofensas y humillaciones infranqueables en unos y otros.

Que pese a fotos y videos agarraditos de la mano o abrazados, jurando que la alianza sigue al 2027 y 2030, eso está roto.

En la acera del poder de Morena de Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán ya comenzaron a hacer cuentas y a especular con una prospectiva en que la alianza con Verde y PT podría resultar para ellos ya una carga.

Y es que el INE está a punto de darle reconocimiento oficial a 4 nuevos partidos que surgen de cerca de 90 organizaciones políticas que se inscribieron hace un año, y que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por la norma para ser partidos políticos, poder lanzar candidatos para estar en todas las boletas del 2027, y recibir financiamiento y participación en tiempos oficiales de radio y TV.

Su gran aduana será el proceso electoral del 2027 al que deberán acudir sin poder realizar alianzas con ninguna otra organización política y deberán obtener cuando menos cada uno el 3% de la votación general para mantener su registro.

Los 4 son:

–       Construyendo Sociedades de Paz (PAZ), encabezado por el diputado federal de Morena Hugo Eric Flores, junto a Armando González Escoto y Edith Carolina Anda y que es la reinvención de los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario y que surge con un fuerte discurso de cristianismo evangélico en busca de la defensa de la familia tradicional, y para representar a un sector religioso que busca acceder a cargos legislativos y de poder político.

–       México Tiene Vida nace de la derecha regiomontana, donde su partido local ha obtenido algunas regidurías en 2024 con los empresarios Jaime Ochoa Hernández y Eduardo Zamarripa Cortés a la cabeza cercanos a «provida» y con, afirman, “un modelo de capitalismo social que busca equilibrar el libre mercado y la responsabilidad empresarial”.

–       Somos México es continuación de la «Marea Rosa» que defendió la autonomía del INE en 2024, y que hoy es liderado por Guadalupe Acosta Naranjo, y acompañado de exconsejeros y exfuncionarios del INE como Leonardo Valdés Zurita y Rodrigo Morales, la sonorense Cecilia Soto, los exministros de la Suprema Corte Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y José Ramón Cossío y por reconocidos militantes panistas y priistas.

–       Que Siga la Democracia, es un partido pro AMLO y la 4T.

Sheinbaum, AMLO, Luisa María Alcalde y todos los de la 4T saben que con 10 partidos diputándose el proceso de 2027 el voto ciudadano quedaría muy pulverizado y pocos de esos partidos sobrevivirían. Especialmente PRI, PT y Verde. Todo un escenario en favor de la 4T.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

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Textura Violeta| El humanismo de Dockweiler

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Textura Violeta| El humanismo de Dockweiler

Drina Ergueta

SemMéxico, La Paz-Bolivia, 27 de marzo, 2026.- Qué querrá decir el alcalde electo de La Paz, César Dockweiler, ¿cuándo dice que es humanista? Parece usar un concepto vago y útil, para salir del paso, como cuando alguien suelta: “Ni machismo, ni feminismo: ¡Humanismo!” y, así, refleja una intención de aparentar una postura equilibrada que, por un lado, incluye a toda la humanidad y que, por otro, tiene cierta sensibilidad social y no material. Vamos a ver.

Dockweiler afirma ser “humanista” como parte del discurso explícito de rechazo a ser considerado “masista” (del MAS o partido que gobernó gran parte de los últimos 20 años, con Evo Morales a la cabeza, y del que él fue figura importante). Quiere diferenciarse de gobiernos que hoy no tienen buena prensa para una buena parte de la población. Eso es claro.

El Humanismo es una corriente filosófica del Renacimiento que ponía en el centro “al hombre”, entendido como el representante de lo universal (de los dos sexos), de lo racional frente a lo divino, de la construcción de su destino frente a un designio, de lo científico frente a lo natural. Forma parte de la Modernidad de donde surge, como respuesta, el Feminismo que reclama todo ello pero que, además, las mujeres sean tomadas en cuenta como parte de lo humano con sus cualidades y lo ciudadano con sus derechos. Es decir, que lo que sea de los hombres también sea de las mujeres; sin embargo, los grandes representantes del Humanismo y de la Modernidad son hombres y, además, misóginos.

Volvamos al alcalde electo de la ciudad sede de gobierno y a sus propuestas para su gestión. Lo tomamos como ejemplo de lo que se le podría observar a otros cientos de alcaldes y alguna alcaldesa que han resultado con el cargo luego de las elecciones realizadas este 22 de marzo, para las 335 alcaldías del país y los 9 gobiernos departamentales.  

Dockweiler tiene muy buena formación, es economista con un doctorado en políticas públicas y desarrollo, y experiencia. Destaca haber liderado la construcción de la impresionante (por sus vistas) y muy útil red de teleféricos de La Paz, siendo ésta su mejor baza para ser electo. Prometió ampliar esta eficiente y ecológica forma de transporte a más barrios. Hasta ahí bien, ¿qué más?

En su propuesta, explicada en su web, señala su compromiso con “vecinos” (en masculino), “empresas” y “familias” para mejorar su calidad de vida y brindarles apoyo; se compromete con la eficiencia y transparencia en su gestión, impulsar el turismo, vigilar situaciones de riesgo climático, atender lo que le corresponde en salud y educación, respaldar a la cultura, la emprendeduría y a la juventud, hacer una ciudad amiga de las mascotas, de la gente con discapacidad o necesidades especiales, de la infancia y personas adultas en situación de pobreza. Parece que han pensado en todo ¿verdad? Pues no.

Resulta que la mitad de la humanidad son mujeres y no aparecen para nada en las propuestas. No es que tengan que tener más, es que ellas tienen una condición social evidente y demostrada de discriminación en todos los campos y, en ese sentido, “deben” estar explícitamente incluidas.

Por el sistema patriarcal, como sistema social, las mujeres tienen una vida más difícil en todos los campos. A ellas las matan, las violan, las golpean y les aplican una serie de violencias físicas y simbólicas desde un machismo que ejerce su privilegio de distintas maneras y del que benefician todos los hombres. Por ello, los hombres también tienen que participar en un cambio de sistema de relaciones desiguales de género ¿Cómo puede ser que no se incluyan políticas de género claras y explícitas en programas de gobierno?

¿Qué humanismo es ese que no toma en cuenta a la mitad de la humanidad?

Doy pistas: cuando Dockweiler habla de seguridad y de eliminar el miedo en la ciudad se refiere principalmente a la delincuencia, pero un acosador no se siente delincuente; aunque debería ¿Qué hará para dar una ciudad segura para las mujeres? ¿Cómo respaldará los emprendimientos de las “caseritas” jefas de familia monomaternales? ¿Cómo controlará que no haya acoso sexual en el Ayuntamiento, en empresas proveedoras y de servicios con las que se relaciona y en las calles? ¿Cómo gestionará las políticas de género con las gobernaciones y el gobierno central?

No sea humanista a medias y póngase las gafas que visibilizan a las mujeres y los problemas de la sociedad patriarcal, señor alcalde de La Paz. Y lo mismo para todas las otras 334 alcaldías.

Los Capitales| Banxico baja tasas de interés, ante una inminente alza inflacionaria.

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Los Capitales| Banxico baja tasas de interés, ante una inminente alza inflacionaria.

Edgar González Martínez

SemMéxico, Ciudad de México, 27 de marzo, 2026.- La incertidumbre por los acontecimientos bélicos está obligando a los bancos centrales a reducir la tasa bancaria, y en esta ocasión se redujo en 25 puntos base (PB), para llevarla de 7% a 6.75%. En INVEX esperan otro recorte a la tasa de referencia. Idealmente se daría en cuanto haya mayor claridad sobre una solución en las tensiones relacionadas con el conflicto en Medio Oriente. De hecho, si el entorno lo permite, Banxico podría llevar su tasa incluso por debajo de 6.50% a pesar de los actuales niveles de inflación, principalmente fundamentado en el sesgo menos restrictivo mostrado por la actual Junta de Gobierno.

Para los analistas de Citibanamex, Banxico recortó 25pb la tasa de interés objetivo a 6.75% a pesar de tono con sesgo restrictivo. Esto sorprendió tanto al consenso y a lo descontado por el mercado que esperaban una pausa. La decisión fue por mayoría 3 a 2, con votos disidentes de Jonathan Heath y Galia Borja, quienes preferían mantener la tasa sin cambios. Consideramos que fue un error recortar la tasa: la Junta está desestimando la magnitud de las presiones inflacionarias y que la inflación y sus expectativas continuarán muy alejadas de la meta, así como los riesgos al alza que prevalecen. Además, la decisión de recortar resulta contradictoria al tomar en cuenta el tono con sesgo restrictivo del comunicado.

Nuestro Índice de Restricción del Comunicado se ubicó en territorio ‘halcón’ en 0.20, desde 0.11 en el comunicado de febrero y las menciones que llevaron al ajuste en el índice están relacionadas con los efectos del conflicto en Medio Oriente sobre mercados y precios de materias primas, aumentos observados y proyectados en la inflación, así como con la depreciación cambiaria. Lo anterior se vio parcialmente compensado con que la guía futura perfila un recorte adicional y con el señalamiento de debilidad económica en México.

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Gatopardismo legislativo sobre la violencia contra las mujeres en México 

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Gatopardismo legislativo sobre la violencia contra las mujeres en México 

Por Muriel Salinas Díaz

SenMéxico, Cd de México, 25 marzo 2026.-El de 6 julio de 2022 el entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio. 

En la conferencia de prensa ofrecida por Zaldívar, declaró:

“Esta Ley General que tiene que ver con feminicidios, como expliqué hace rato, trata de solucionar un primer problema. Que no hay un tipo penal único de feminicidio de tal suerte que cada Estado, cada entidad federativa lo puede conceptualizar y esto provoca varios problemas; por un lado, que no puede haber un protocolo de investigación; por el otro lado, que no puede haber reglas jurisprudenciales, digamos, criterios de la Corte que sean aplicables de manera uniforme a todos los delitos de feminicidio y en tercer lugar, que a veces y están mal redactados, se hace prácticamente imposible acreditar el tipo penal. De tal suerte que, se pretende que haya una Ley General, para que sea esta Ley la que establezca el tipo y las sanciones, pero no nos quedamos sólo ahí, sino que tomando como ejemplo, como inspiración, la Ley Modelo Interamericana para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, queremos generar una Ley que traiga temas de prevención, que al mismo tiempo genere un protocolo de investigación, que obviamente permita sancionar a los responsables pero que también repare de manera integral el agravio.” (SCJN, 2022).

El proyecto planteaba una reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le otorgaría facultades al Congreso para expedir las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en diversos delitos. De esa manera, a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 500 a mil días multa (Cámara de Diputados, 2022) .

Uno de los aspectos más preocupantes de esta iniciativa es que en su artículo 5, fracción XV, se define el concepto de mujer de la siguiente forma: 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I al XIV …

XV. Mujer: cualquier persona, sin importar su edad, del sexo femenino o que se autoperciba como mujer;

Pese a que hay quienes afirman que el proceso de borrado de las mujeres de las leyes y las políticas públicas es pura fantasía, baste observar esta iniciativa y considerar que, de acuerdo con este concepto – impulsado globalmente mediante el lobby transgenerista queer financiado por grandes intereses capitalistas a través de organismos como la Fundación Arcus y la Open Society, de George Soros; la Fundación Ford, personajes como el multimillonario transgénero y antiguo teniente coronel Jennifer Pritzker y un importante grupo de multimillonarios de la industria farmacéutica– el Estado Mexicano reconoce que “cualquier persona” puede ser mujer, pues para ello sólo hace falta “autpoercibirse”. Es decir, este tipo de regulaciones acaban por definir que las mujeres no existimos, sino que somos una “identidad” que además se elige por voluntad personal, por simple deseo. Si esto no se trata de un borrado legal de las mujeres, entonces valdría la pena cuestionar por qué en el glosario contenido en este proyecto de ley – como en muchas otras reformas de contenido similar- no se consideró necesario incluir una definición de los hombres.  

Además, como ocurre en una gran cantidad de leyes mexicanas, el término género es utilizado para referirse de manera indiscriminada y acrítica a cualquier clase de cosas, generando nuevamente una Babel conceptual y jurídica al respecto: por una parte, se aplica como un concepto que refiere a la identidad sexual para definir qué somos las mujeres (una identidad producto del deseo) y por la otra como categoría de análisis de las desigualdades entre mujeres y hombres. Tal es el caso, en dicho proyecto, de la definición de la violencia contra las mujeres contenido en la fracción XXI del artículo 5, que a la letra dice:

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I al XX. (…)

XXI. Violencia contra las mujeres: Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause a las mujeres la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado, que sea motivada o se sustente en las relaciones históricamente desiguales de poder entre hombres y mujeres y ubica a las mujeres en situaciones de subordinación, que constituye una violación de derechos humanos que limita total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos;   [las negritas son mías]

Y antes de esta definición, en la fracción XVII, se conceptualiza la Perspectiva de Género como sigue:

XVII. Perspectiva de género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones; [las negritas son mías]

El proyecto de Arturo Zaldívar, presentado ante la Cámara de Diputados el 6 de julio de 2022, no prosperó. Pero formó parte de su estrategia mediática para adquirir una mayor visibilidad política en una coyuntura en la que logró transitar de Ministro Presidente de la SCJN a fiel servidor del actual régimen morenista.

Y en lo que parece ser una nueva ofrenda política de Zaldívar al actual gobierno federal, el pasado 24 de marzo de 2026, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer en su conferencia mañanera que presentará al senado un proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, cuyos principales aspectos fueron expuestos por la mandataria esa mañana en una presentación de Power Point, archivo que posteriormente fue circulado ampliamente en las redes sociales.

Este documento, hecho con diapositivas, presenta un proyecto de ley estructurado en ocho títulos que abordan disposiciones generales, competencia, definición del delito, penas, responsabilidades adicionales, investigación, derechos de las víctimas y políticas de prevención. No expone nada relativo a la conceptualización de mujer, pero habrá que prestar especial atención al documento oficial de la iniciativa una vez que sea presentada oficialmente a la Cámara.

Entre los aspectos más relevantes del proyecto presentado por la Presidenta, la iniciativa propone definir el feminicidio como la privación de la vida de una mujer por razones de género, incluyendo motivos como violencia sexual, estereotipos, antecedentes de violencia, desigualdad de poder, y condiciones como embarazo, discapacidad o edad avanzada. Se establecen penas de 40 a 70 años de prisión, multas, y sanciones agravadas para casos con circunstancias específicas, además de sanciones para tentativas. Se prohíben excusas absolutorias o atenuantes, y el responsable perderá derechos sucesorios, tutela, patria potestad, y cargos públicos, además de que el delito y reparación son imprescriptibles. Se plantea que la investigación será especializada, con perspectiva de género, protocolos homologados y análisis de antecedentes, garantizando la verdad y reparación integral. Que los derechos de las víctimas incluyan acceso a justicia, atención médica y psicológica, asistencia jurídica, protección social, restitución digna del cuerpo y servicios de traducción. Se mandata promover políticas integrales, campañas de concientización, registros nacionales de feminicidios y protección a niñas y adolescentes huérfanas. Y también contempla la creación de centros especializados, líneas de atención y mecanismos de coordinación entre autoridades para fortalecer la prevención y atención del feminicidio.

Es presumible que la iniciativa expuesta por la mandataria mexicana el pasado 24 de marzo sea la misma que Arturo Zaldívar propuso en 2022, ya que el proyecto de la presidenta también incluye modificar el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, a fin de que sea posible expedir esta nueva ley, con la que se busca que este delito sea clasificado como un tipo penal homologado. 

Pero no se necesita mucho esfuerzo para comprender que lo más urgente es erradicar la impunidad de Estado y social que prevalece en México con relación a la violencia contra las mujeres y, de manera específica, cuando acontece un feminicidio. De acuerdo con el Censo de Procuración de Justicia 2025, en las fiscalías del país se registraron 4 mil 523 casos de feminicidio, consumados o en grado de tentativa. De estos, en 2 mil 229 se llevó a cabo la investigación inicial; 946 fueron presentados ante un juez de control; en 948 se concluyó la investigación complementaria y en 679 se formuló una acusación formal. Reflejando que únicamente el 15 % de los casos fue judicializado.

Ciertamente es necesario homologar el tipo penal de feminicidio en todo el país, lo que servirá para que todo asesinato violento de una mujer sea investigado como feminicidio, y también para transparentar las cifras oficiales que dan cuenta de esta problemática, ya que hoy carecen de transparencia y coherencia, porque en la lógica patriarcal del Estado Mexicano, las cifras del feminicidio reflejan las fallas de una política de prevención que a los gobiernos les implica altos costos políticos que nadie quere asumir, entonces optan por clasificar estos crímenes como homicidios para ocultar la realidad de la violencia feminicida.

Sin embargo, según el IV Informe Hemisférico sobre la implementación de la Convención Belem Do Pará, ningún gobierno de América Latina y El Caribe ha invertido ni siquiera el 1% de su presupuesto nacional en políticas de prevención de la violencia contra las mujeres, lo que tendría que recordarle al actual gobierno que esta compleja problemática no se erradicará mediante programas de transferencias monetarias ni con la creación de la infraestructura territorial gubernamental de los Centros Libres, que duplican las funciones de los Institutos Municipales de las Mujeres y que tan solo en 2025 implicaron una inversión federal de poco más de 651 millones de pesos, en tanto que para este 2026 costarán 983.4 millones de pesos.

Palabra de Antígona | Una Nueva Ley General de Feminicidio

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Palabra de Antígona | Una Nueva Ley General de Feminicidio

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 25 de marzo, 2026,-  Ayer amanecimos con el anuncio de una nueva Ley sobre Feminicidio, que sin duda es la expresión de la voluntad política presidencial para atender esta tragedia cotidiana que se develó en 1998 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que ha cobrado la vida de más de mil mujeres cada año, que no se resolverá mientras no se invierta en ello y de nada sirve aumentar sanciones o reglas que ya están en nuestra legislación pero que no se cumplen.

En la mañanera del pueblo vimos un esquema de la iniciativa que llegará de un momento a otro al Senado, cuyos ejes son una repetición de las recomendaciones hechas en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -caso Campo Algodonero- y de la sentencia Mariana Lima Buen Día, del 25 de marzo de 2015, que básicamente recomiendan al Estado Mexicano hacer las investigaciones con visión de género, investigar cada muerte violenta de mujeres como feminicidio, homologar el tipo penal, reglas para obligar a la autoridad judicial a conducirse con prontitud y diligencia y crear protocolos de prevención, así como investigar y procurar justicia respetando el debido proceso y cuidar la cadena de custodia.

Pero lo más importante es que se trabaje un presupuesto suficiente y adecuado, en mecanismos para que las normas se cumplan y en la transformación del pensamiento del funcionariado.

Lo digo por nuestra desmemoria infinita. Lo que se propone está mandatado, pero desairado en el día a día. Tal es el problema de fondo. La iniciativa denominada Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio no sólo repite todo lo vigente, sino que se nos presenta como nuevo y profundo.

Hace al menos ocho años las diputadas y senadoras perredistas insistieron en homologar el delito de feminicidio, definido por cada entidad de manera distinta, cosa que la iniciativa no resuelve al presentarse como ley general y no federal. 

Lo de fiscalías especializadas, recordamos que fueron creadas desde 1989, que con reformas legales y reglamentos se fueron ampliando; prácticamente en todo el país existen, otra cosa es que mal funcionan. Entonces más que una ley habría que hacer efectivas las instituciones ya creadas, cumplir los mandatos y las varias sentencias de la Corte que hoy son letra muerta. ¿Para qué una nueva ley? No lo entiendo.

No se trata de menospreciar el interés de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero como me dijo la abogada Andrea Medina Rosas, las expertas feministas desde hace 17 años han insistido que el feminicidio debe atenderse en forma integral, resolver la falta de personal que debiera estar capacitado; hacer que los servicios periciales –que son una tragedia- estén especializados y sean diligentes. Nada de ello será posible sin recursos, los que desde hace siete años se disminuyen sistemáticamente, sobre todo en capacitación y sensibilización del funcionariado.  

No tuvo lógica desaparecer la CONAVIM, creada en el año 2004, o la fiscalía para los delitos contra las mujeres, también creada en 2005; trasladar los Centros de justicia a la Secretaría de las Mujeres, más ocupada en trabajo territorial que en políticas públicas, es un despropósito.

La acción política de la presidenta de la República es eso. Ya tenemos una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde 2007 con una docena de reformas. De esa Ley General se han desprendido 32 estatales en toda la República, de ahí emanó la creación del delito de feminicidio, no homologado todavía y que esta iniciativa no resuelve. Además no sirve aumentar las sanciones -que en realidad también existen- cuando la atención no es integral.

De lo que leí en el esquema hay dos asuntos “nuevos” de política discursiva o para una definición de ley, es que se dice que se trata de reforzar la investigación con perspectiva de género; aplicar protocolos especializados; analizar antecedentes de violencia aunque no haya denuncias previas; orientar las indagaciones con “la determinación de la verdad y reparación integral del daño”. Lo que podría ser un decreto presidencial, por ejemplo.

También incorpora considerar como delito la tentativa de feminicidio que Carolina Ramírez, como líder de las víctimas de esa tentativa, propuso desde 2022, y me dijo que reconocer la tentativa de feminicidio es un avance.

 O sea, nada nuevo bajo el sol en este discurso de preocupación con una iniciativa “nueva”. También se ponen en primer plano el programa los Centros Libres, antes puntos naranja o centros para mujeres que nacieron durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en la ciudad de México en 1997.

Yo creo que este esfuerzo político nace de lo que en el podcast de La Lovera, Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, me dijo -30 de enero 2026-: en realidad la Presidenta no ha encontrado la forma de cómo atender y disminuir el feminicidio y no lo pudo hacer cuando era jefa de gobierno. Ahora la Presidenta nos dijo que la iniciativa surge de su experiencia y la de Ernestina Godoy Ramos, hoy Fiscal General de la República. 

La propuesta, que se seguirá analizando, entraña un discurso político, que sólo agrega a todo lo reglamentado adoptar la “igualdad sustantiva”, esa que se introdujo en la Constitución, y habla de “reforzar”; de una Comisión Especial, porque el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias Contra las Mujeres, ya fue publicado. Y de políticas integrales, no dice nada. Veremos.

*Periodista, editora de género en la OEM y directora del portal informativo semmexico.mx

Congreso de Oaxaca aprueba nueva Ley de Expropiación 

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Congreso de Oaxaca aprueba nueva Ley de Expropiación 
  • Diputación afirma que es para fortalecer certeza jurídica y derechos de la ciudadanía
  • Actualiza el ordenamiento después de siete décadas

Redacción

SemMéxico, Oaxaca, 25 de marzo, 2026.- Con el propósito de fortalecer el Estado de Derecho, el Congreso del Estado aprobó en Sesión Ordinaria el dictamen derivado de la iniciativa que presentó el titular del Poder Ejecutivo, Salomón Jara Cruz, por el que se expide la nueva Ley de Expropiación del Estado, con el objetivo de sustituir el marco jurídico que estaba vigente desde 1950, a fin de armonizarlo con los estándares actuales en materia de derechos humanos, debido proceso y seguridad jurídica.

Al presentar el dictamen, la diputada Mónica Belén López Javier, presidenta de la Comisión Permanente de Administración Pública, explicó que esta nueva legislación responde a la necesidad de actualizar un ordenamiento que permaneció sin reformas durante más de siete décadas, lo que lo mantenía desfasado frente a la realidad social, jurídica e institucional de la entidad.

Detalló que la nueva ley establece un marco normativo moderno que regula con precisión las causas de utilidad pública, define procedimientos administrativos claros y garantiza el respeto pleno a los derechos de las personas. 

Subrayó que su diseño incorpora los avances constitucionales derivados de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, así como criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que permite consolidar un esquema en el que la actuación del Estado se rige por principios de legalidad, transparencia y proporcionalidad.

Asimismo, destacó que el nuevo ordenamiento contempla etapas definidas dentro del procedimiento de expropiación, asegura el derecho de audiencia, permite la presentación de pruebas y alegatos, fortalece los mecanismos de indemnización mediante criterios objetivos que brindan certeza a las personas afectadas, y se mejora la coordinación con instancias registrales y catastrales para garantizar claridad en la situación jurídica de los bienes.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Tania Caballero Navarro, señaló que esta Ley representa un instrumento para recuperar bienes en favor del interés público y ampliar el acceso de la ciudadanía a espacios y servicios de salud y educativos, entre otros.

Indicó que la expropiación no busca despojar a las familias, sino restituir derechos y generar beneficios colectivos, como ocurrió con el Parque Primavera.

La nueva legislación establece un marco actualizado que incorpora nuevas causas de utilidad pública acordes con la realidad actual, y delimita con claridad las etapas del procedimiento mediante la diferenciación entre el Decreto de Utilidad Pública y el Decreto de Afectación.

Asimismo, garantiza el debido proceso con mecanismos de defensa para el respeto de los derechos de las personas, regula la ocupación en casos de urgencia bajo criterios estrictos, y fortalece los esquemas de indemnización con metodologías objetivas, contribuyendo a un equilibrio entre el interés público y el respeto al derecho de propiedad.

SEM/sj

Ley General de Feminicidios: ¿qué propone la iniciativa presentada por Claudia Sheinbaum?

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Ley General de Feminicidios: ¿qué propone la iniciativa presentada por Claudia Sheinbaum?

Foto cortesía de la presidencia: Actualmente hay entidades federativas como la Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala sus códigos penales ya establece que el feminicidio no prescribe

 Incluye como delito toda tentativa de feminicidio, que presentaron en      2022 las organizaciones sociales

La iniciativa propone investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio, unificar el delito a nivel nacional

Pablo Rodríguez y Rafael Ramírez

SemMéxico/ El Sol de México, 25 de marzo, 2026.- La iniciativa presentada por el gobierno de México y la Fiscalía General de la República para reformar la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio busca cambiar el marco normativo sobre este delito.

Entre los cambios más destacados está que toda muerte violenta de una mujer se investigue como feminicidio.

“Toda muerte violenta debe investigarse bajo la hipótesis de feminicidio”, dice la presentación de la iniciativa.

Actualmente, el Código Penal Federal, en su artículo 325, establece que un homicidio de una mujer se investigue como posible feminicidio cuando hay presencia de violencia sexual, antecedentes de violencia, la existencia de una relación con el agresor, amenazas, incomunicación de la víctima o la exposición del cuerpo en un lugar público.

Si no hay ninguno de estos supuestos, las autoridades pueden omitir la línea de investigación de feminicidio.

Otro de los ejes centrales de la iniciativa es la homologación del tipo penal a nivel nacional, con el objetivo de eliminar diferencias entre legislaciones estatales y garantizar criterios uniformes en la persecución del delito. 

Por lo que la propuesta incluye penas de entre 40 y 70 años de prisión, además de sancionar la tentativa con castigos que van de la mitad a dos terceras partes de la pena correspondiente.

El proyecto también endurece el marco de sanciones mediante la incorporación de 21 agravantes, como que la víctima sea menor de edad o persona adulta mayor, tener discapacidad o ser migrante, así como factores contextuales como que el crimen se cometa frente a hijas o hijos o que el agresor sea servidor público.

Además, la iniciativa específica que las personas acusadas de feminicidio no podrán solicitar los beneficios de la amnistía, tampoco tendrán acceso a la libertad condicionada ni conmutación de penas.

Otro de los puntos que se buscan homologar es que el delito, su sanción y la reparación del daño no puedan prescribir.

Actualmente hay entidades federativas como la Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala sus códigos penales ya establece que el feminicidio no prescribe.

En materia de investigación, se contempla el aplicar protocolos especializados y analizar antecedentes de violencia aun cuando no existan denuncias previas. 

Asimismo, se prevé la creación de fiscalías especializadas y un Protocolo Nacional Homologado para estos casos.

La propuesta también fortalece los derechos de las víctimas, al garantizar acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica urgente, asesoría jurídica gratuita y medidas de protección. 

De manera particular, incorpora acciones para atender a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, incluyendo la creación de un registro nacional.

Presentación 24 de marzo: Presidencia y FGR proponen Ley General contra el feminicidio con penas de hasta 70 años

Ernestina Godoy, sostuvo que el feminicidio no puede entenderse únicamente como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos / Foto: Roberto Hernández / Cuartoscuro.com

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, con la que se busca homologar el marco legal en todo el país y fortalecer la actuación de las autoridades frente a este delito.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, sostuvo que el feminicidio no puede entenderse únicamente como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos que exige respuestas estructurales del Estado.

“Hablar de feminicidio no solo es hablar de cifras o de normas jurídicas. Es hablar de vidas que fueron arrebatadas y de una deuda histórica en materia de investigación y acceso a la justicia”, afirmó.

La funcionaria adelantó que el próximo 15 de abril la Fiscalía General de la República presentará un plan estratégico de procuración de justicia que será entregado al Senado y al Ejecutivo federal.

Durante la conferencia, la presidenta Sheinbaum adelantó que hoy mismo será enviada al Senado de la República y adelantó que no cree que nadie se oponga a una reforma de esta índole.

Homologación y penas más severas

La iniciativa contempla establecer un tipo penal único a nivel nacional, con penas que van de 40 a 70 años de prisión, además de sancionar la tentativa con castigos equivalentes a entre la mitad y dos terceras partes de la pena.

El proyecto reconoce nueve razones de género para tipificar el feminicidio, entre ellas violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de violencia, relaciones de poder o subordinación, incomunicación de la víctima y exposición del cuerpo.

También incorpora 21 agravantes, como que la víctima sea niña, adolescente, persona adulta mayor, tenga discapacidad, sea migrante o pertenezca a pueblos indígenas o afrodescendientes, así como cuando el crimen se cometa frente a hijos o hijas.

Investigación obligatoria y sin prescripción

Uno de los ejes centrales de la propuesta es que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio bajo la hipótesis de feminicidio, con protocolos homologados en todo el país y con perspectiva de género obligatoria.

Además, el delito será perseguido de oficio y tanto la acción penal como las sanciones y la reparación del daño serán imprescriptibles.

La iniciativa también establece que los responsables perderán derechos sucesorios, patria potestad, tutela y cualquier beneficio legal relacionado con la víctima.

Fiscalías especializadas y coordinación

El proyecto plantea la creación y fortalecimiento de fiscalías especializadas en feminicidio, con personal certificado y capacitado, así como la intervención continua del Ministerio Público durante todas las etapas del proceso penal para evitar interrupciones en las investigaciones.

Asimismo, se propone fortalecer la coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas, además de establecer políticas públicas integrales para prevenir la violencia feminicida.

Godoy subrayó que esta propuesta fue elaborada de manera conjunta entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de las Mujeres, con base en estándares nacionales e internacionales y sentencias en materia de derechos humanos.

“La obligación del Estado es investigar con debida diligencia reforzada y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, concluyó.

Ley general contra feminicidio prioriza a víctimas y protección a huérfanos

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracíbar, afirmó que la nueva Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio coloca en el centro a las víctimas y, de manera especial, a niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad tras estos crímenes.

Durante la presentación de la iniciativa impulsada por el gobierno federal en Palacio Nacional, la funcionaria subrayó que el feminicidio no solo arrebata la vida de las mujeres, sino que impacta de forma profunda a sus familias y entornos cercanos.

“Estamos hablando de un delito que arrebata la vida de las mujeres, pero, sin duda, también cambia la vida de las personas de sus círculos cercanos, sobre todo de sus hijas e hijos”, señaló la funcionaria en la mañanera presidencial.

Gómez Saracíbar explicó que la propuesta articula un catálogo amplio de derechos para víctimas directas e indirectas, que incluye acceso a la verdad y justicia, atención médica y psicológica de urgencia —incluyendo casos de tentativa—, así como asistencia jurídica gratuita y acceso a servicios de salud, educación y seguridad social.

Destacó que uno de los ejes centrales es la atención a menores en situación de orfandad por feminicidio, quienes tendrán derecho a protección integral del Estado y a mecanismos específicos de restitución de derechos.

Reparación integral y sin revictimización

La subsecretaria enfatizó que la reparación del daño no se limita a una compensación económica, sino que debe ser “adecuada, efectiva, rápida y proporcional”, incorporando políticas públicas de restitución de derechos y protección para las víctimas.

En ese sentido, la iniciativa establece lineamientos para que medios y plataformas digitales respeten la dignidad de las víctimas y sus familias, evitando la difusión de imágenes o contenidos que revictimicen o hagan apología del delito.

“No puede haber una exhibición amarillista de las víctimas o de sus deudos”, advirtió.

Prevención y coordinación institucional

La funcionaria señaló que la ley parte del reconocimiento de que el feminicidio es resultado de violencias sistemáticas previas, por lo que propone fortalecer las acciones de prevención, atención temprana y coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Entre las medidas planteadas se encuentran evaluaciones de riesgo oportunas, acceso a refugios, atención jurídica especializada y el fortalecimiento de servicios como centros de justicia para mujeres, redes de abogadas y líneas de atención.

Además, se contempla la creación de una comisión especial dentro del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, encargada de dar seguimiento a la implementación de la ley, coordinar capacitaciones y articular campañas permanentes contra la violencia feminicida.

Registro nacional de huérfanos por feminicidio

Como parte de las acciones estructurales, la iniciativa propone crear un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, en coordinación con la Fiscalía General de la República, el DIF y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este instrumento permitirá diseñar políticas públicas específicas y actualizar protocolos de atención para garantizar la restitución de derechos de las víctimas indirectas.

“La propuesta busca no solo sancionar el delito, sino atender de manera integral sus consecuencias sociales”, concluyó la subsecretaria.

Rafael Ramírez: Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos. Rodríguez: Apasionado del arte, la cultura y la lectura, disfruto la música y la capoeira. Reportero interesado en derechos humanos y libertad de expresión

Opinión | Lo que debería hacer la Presidenta

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Opinión | Lo que debería hacer la Presidenta

 Angelica de la Peña Gómez 

SemMéxico, Cd. de México, 25 de marzo,   2026.- El resultado de las elecciones del 2024 lleva a Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, y más allá de que Morena -y López Obrador, su mentor- y aliados estuvieran satisfechos de su triunfo, también aplaudieron muchas mujeres.

Finalmente se trató de un hecho relevante que llegase una mujer a la Presidencia del país. Hemos trabajado desde generaciones atrás, para que esto sucediera. Desde el feminismo lo trascendental es que las mujeres se empoderen, logren su proyecto de vida y por supuesto asuman el poder público a partir de la concreción de la Igualdad Sustantiva.

De manera que, en conclusión, que una mujer fuese Presidenta con A por primera vez en la historia, no es cualquier cosa. No gusta a ortodoxos del androcentrismo que se ponga en femenino el cargo de la Titular del Poder Ejecutivo Federal, aunque la Real Academia Española reconoce el término como sustantivo femenino. No es una cuestión de inclusión, sino de justicia. No es una ocurrencia de unas cuántas, es el reconocimiento de que en la humanidad las mujeres somos la mitad del mundo.

Que cómo gobierna la Presidenta, eso es otra cosa. El balance debería ser de satisfacción ya que se concreta una aspiración de muchas generaciones de feministas desde siglos atrás, remontar el prejuicio de que las mujeres no son aptas para lo público y la conducción política del Estado.

Sin embargo no se puede dejar de analizar el balance de cómo ejerce el encargo. Y la medida debe ser la misma que se aplica a los hombres, ni más, ni menos. Si se equivoca hay que decirlo. Sólo que la perspectiva de valoración impacta sobremanera porque para las mujeres no ha sido fácil estar en los espacios de poder y de decisión.

La política presidencial debería trascender de manera diferente porque lo que se espera de ella es que actúe de manera diferenciada respecto de cómo los hombres han ejercido el poder. Debería priorizar políticas a favor de las mujeres de todas las edades, porque son quienes más sufren discriminación.

No necesitaba definirse como feminista, si no lo fuese. Muchas creyeron que iba a ser diferente a López, porque asumió enfatizando: llegamos todas.

¿Llegamos todas con ella al frente? O sólo las mujeres alineadas por militancia o simpatía a su partido. Y para muestra es la última reforma que propuso al 115 constitucional en su plan B, que borró la paridad entre mujeres y hombres en el ámbito municipal. Aunque se enmendó por las reacciones que derivó, una mujer que tiene presente “el llegamos todas” nunca se le hubiera ido la revisión para evitar el borrado por parte de algún duende de palacio nacional. 

Pero tampoco ha enmendado el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación que trastocó López al usarlo para incluir etiquetación de asuntos que no tienen que ver con los derechos de las mujeres. Mucho menos ha corregido los presupuestos en materia de salud para que no falten vacunas, atender el cáncer y otras enfermedades. Sigue aumentando el embarazo en adolescentes. No hay políticas de prevención de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y del feminicidio. El sistema de cuidados no se concreta, sólo se enuncia de manera demagógica.

Sus actos trascendentales han sido la concreción de lo que no pudo hacer López Obrador; quien siempre ha sido reactivo a las feministas. Quienes le aplaudieron al llegar, seguro hoy sienten una gran decepción

Familiares y compañeros de trabajo de profesora desaparecida piden ayuda para su localización

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Familiares y compañeros de trabajo de profesora desaparecida piden ayuda para su localización


Mónica Hernández Castro

SemMéxico/ CEPROVYSA.COM, Acapulco, Guerrero., 26 de marzo, 2026.- Familiares de la profesora Maricela Minerva Pineda Mendoza, que se encuentra en situación de desaparecida, realizaron una protesta este martes para pedir a las autoridades dar con su paradero.


A la demanda se sumaron compañeros de trabajo de la docente que demandaban la presentación con vida de la Profesora y gritaban consignas señalando que los alumnos de Maricela esperaban por sus clases.

Los datos que proporcionaban es que la Profesora Maricela salió de su casa, ubicada en Cañada de los Amates, el pasado 15 de marzo, alrededor de las 6 de la mañana sin que llegara a su centro de trabajo.

José Alberto Valdovinos Solís, esposo de la profesora, dijo que la Fiscalía General del Estado le informó que la búsqueda iniciaría en las colonias Costa Azul y Constituyentes.

La justicia también se transforma

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La justicia también se transforma

Un convenio histórico entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Secretaría de las Mujeres para fortalecer la justicia con perspectiva de género.

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 25  de marzo,  2026.-En su cuenta de redes, Citlalli Hernández Mora publicó y dijo sobre un convenio de colaboración con la Suprema Corte de Justicia que             “estamos sumando esfuerzos para: 

✍🏽Mecanismos de canalización y atención efectiva para mujeres en situación de violencia.

✍🏽Generar y analizar información estadística con enfoque de género para mejorar políticas públicas.

📔Difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres 

Agradecer a quienes hicieron posible este acuerdo; al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, a Néstor Vargas Solano, Presidente del Órgano de Administración Judicial y a todo el equipo de la Secretaría de las Mujeres.

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