Por 3 votos contra 2, los magistrados del TEPJF rechazaron revocar el acuerdo del INE que establece que se deben postular 5 mujeres en 2024.
Redacción
SemMéxico*, Ciudad de México, 9 de noviembre, 2023.- Anoche se pudo verificar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el acuerdo de paridad aprobado por el INE, por el que los partidos deberán postular el próximo año a 5 mujeres y 4 hombres.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña propuso revocar el acuerdo del INE por falta de competencia y mantener la paridad en 4 de 8 gubernaturas, excluyendo a Yucatán que se regirá por su ley local.
Sin embargo, tres de los cinco magistrados del TEPJF consideraron que se debe aplicar la paridad en todas las entidades.
“En los hechos vamos a estar castigando al único estado que hizo su trabajo y legisló en tema de paridad”, lamentó De la Mata Pizaña en la sesión de este miércoles.
No obstante, dijo que “más allá de eso el resultado es de celebrarse”, pues se postularán a 5 mujeres en 2024.
La magistrada Janine Otálora consideró que el INE sí tiene competencia para establecer que partidos postulen a 5 mujeres, ·tomando en cuenta la subrepresentación histórica de las mujeres, no comparto que no sean 5 las candidaturas a gubernaturas que deban postular los partidos”.
“La falta de regulación legislativa no es obstáculo para que se aplique la paridad”, aseveró.
“Estimo que deben ser 5 candidaturas de mujeres y 4 de varones, tomando en cuenta a Yucatán que si bien ya legisló, debe verse en perspectiva de universo”, anotó la magistrada del TEPJF.
La magistrada Mónica Fregoso se posicionó primero a favor de revocar el acuerdo del INE, pero en contra de establecer que los partidos postulen a solo 4 mujeres y no a 5, pues consideró que debe estar incluido Yucatán. Después se sumó a las posturas de no revocar el acuerdo del INE y rechazó el proyecto.
“Tenemos que priorizar la paridad… Hay que maximizar el acceso de las mujeres a los cargos”, indicó.
El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera fue el único a favor del proyecto de revocar el acuerdo del INE, además de quien lo elaboró.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón comentó que se debe tomar la paridad total el conjunto de las 9 entidades en disputa y sí es relevante incluir a Yucatán.
El proyecto fue rechazado en el TEPJF por 3 votos en contra y dos a favor de revocar el acuerdo del INE.
Con esto, los partidos tendrán que postular a 5 mujeres y 4 hombres en las elecciones del próximo año.
La actividad se llevará a cabo como parte del ciclo Protagonistas de la literatura mexicana
Se reconoce a quien fuera Feminista de la primera etapa y periodista con perspectiva de género
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 9 de noviembre, 2023.- La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), mediante la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), repasarán la obra de la narradora, dramaturga y actriz, Berta Hiriart, y su importancia para las letras de nuestro país, la cual se llevará a cabo como parte del ciclo Protagonistas de la literatura mexicana, el próximo domingo 12 de noviembre, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, a las 12 horas.
El presídium estará conformado por la directora de la editorial El naranjo, Ana Laura Delgado; el productor, director de escena y actor, Juan Carlos Saavedra; la dramaturga, actriz, guionista, docente y directora de teatro, Verónica Maldonado, y la autora.
Berta Hiriart nació en la Ciudad de México el 2 de febrero de 1950. Realizó estudios de Teatro y Dramaturgia con José Luis Ibáñez, Luisa Josefina Hernández, María Inés Falconi y Suzanne Lebeau. Estudió un diplomado en la Sociedad General de Escritores de México (Sogem) y diversos cursos de Educación Montessori y de formación para coordinadores de talleres literarios.
Fue integrante del grupo de Teatro Independiente Circo, maroma y teatro; fundó la Compañía de Teatro Infantil de la UV y fue codirectora artística del Festival Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes Telón Abierto, Aguascalientes, 1997. Ha escrito guiones de radio y televisión para diversos programas culturales y de divulgación educativa y fue corresponsal de la agencia latinoamericana de noticias sobre mujeres Fempress y directora de la revista Fem. Ha sido coordinadora de talleres de dramaturgia, narrativa y radio para niños en diversos museos y casas de cultura.
También ha sido colaboradora de Babel (Michoacán), Border Lines (Canadá), Correo del Maestro, El Huevo, La Jornada Semanal, Paso de Gato, Política y Cultura (UAM), Pregonarte, Tragaluz (Jalisco) y Voices of México.
Premios, reconocimientos y puestas en escena
Fue ganadora del Premio Nacional de Narrativa Colima para Obra publicada 1994 por Feliz año nuevo y Primer lugar en la Muestra Teatral de Escuelas Secundarias por la obra El deseo de Tomás, representada por la Secundaria Teotihuacan (2000). Becaria del Fonca, en su Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, 1994, 1997 y 1998. Intercambio con el grupo Joshua’s Wall Performance Company, con el apoyo del Arts Educational Development Project y el Professional Development Fund, 1995. Becaria del Programa Trinacional de Residencias Artísticas, Canadá, 1996. Integrante del SNCA desde 2001. Premio Nacional de Teatro para Niños 2004 por ¡Adiós querido Cuco!
Ha puesto en escena obras como Las aventuras de Polo y Jacinta, Un día en la vida de Catalina, Ensayo de Luces, Fiona y el orlo, Días de muertos, Salir al mundo, Los años siguientes a la muerte de John Lennon, entre otras.
Obras
Entre sus obras destacadas se encuentran Un día en la vida de Catalina (1984), Las aventuras de Polo y Jacinta (1985), Los títeres (1991), Feliz año nuevo (1994), La bienvenida (1994), El deseo de Tomás (1994), De otras realidades (1995), Lejos de casa (1996), Espacio para la igualdad: El a, b, c de un periodismo no sexista (1996), Las aventuras de Güicho Quintanilla (1996), Teatro para estudiantes de teatro (1996), En días de muertos (1997), El club del revés (1998), Fiona y la cornamusa: un viaje musical al siglo XVI para niñas, niños y demás personas (1999), Atrapadas en la escuela: cuentos de escritoras mexicanas (1999).
Empezando el nuevo siglo destacan las obras: Los años siguientes (2000), Colección de colecciones: notas sobre nuestra afición a las cosas (2002), La huelga (2002), Salir al mundo (2002), El mundo del teatro (2003), Escena con otra mirada: Antología de dramaturgas (2003), Escribir para niñas y niños (2004), Niñas de la guerra: obra para arpista y actriz (2004), Revelaciones (2006), ¡Adiós, querido Cuco! (2006), Se busca familia (2008), Mientras el mundo respira (2010), Teatro breve: antología para la formación actoral (2011) y Cartas a una joven dramaturga (2018). Actualmente es profesora del Colegio de Teatro de la UNAM.
Sólo en 2023 se dianosticaron 63 mil 771 casos de depresión en mujeres, todas en peligro ser internadas y violentadas
No se conoce quien controla, vigila o da reglas a los Anexos para casos de adicciones ¿el gobierno? No responde
Ana Alicia Osorio*
SemMéxico, Ciudad de México, 9 de noviembre, 2023.- Fernanda fue desnudada y bañada con agua fría, Laura amarrada a una cama, Amanda esposada con grilletes en los pies; ese fue su recibimiento.
Unos cuartos sucios con mal olor fue el lugar donde estuvo Fernanda, un hospital antiguo con problemas de mantenimiento donde estuvo Amanda, una casa limpia con espacios para actividades donde mantuvieron a Laura.
Ninguna de las tres se conoce, no son de la misma edad ni del mismo estado, pero tienen en común haber sido torturadas al ser internadas por sus diagnósticos psiquiátricos.
“Fue mucha tortura, tortura física, tortura psicológica, ver torturas, ver personas que torturaban, tener yo que pegarle a otras personas porque si no a mí me pegaban. O sea, yo no sabía, no me imaginaba, no entendía porque yo tuve que experimentar tanto”, contó Fernanda sobre su internamiento.
Era una clínica, con un modelo de tratamiento estilo Alcohólicos Anónimos donde buscaba combatir la depresión, pero que en realidad fue un espacio de tortura que opera bajo la mirada indiferente de las autoridades.
Era la tercera ocasión en que Fernanda se internaba en un lugar por su diagnóstico y síntomas de un trastorno mental y en todos había vivido malos tratos, violencia, tortura; pero ese fue peor que ningún otro. Lo que vivió ahí, dice, es indescriptible.
La tortura es el dolor, el sufrimiento por intimidación, coacción o discriminación según la Convención contra la tortura y otro tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Organizaciones de las Naciones Unidas. Lo que Fernanda vivió cumple con todas las características.
Pero no solo lo vivió ella, lo que sucede con muchas de las mujeres que son internadas en hospitales públicos y privados o clínicas con diferentes modelos. Mujeres que tienen en común el haber sido diagnosticadas con alguna neuro divergencia donde son sometidas a torturas diversas y muchas por su género según señala la psicóloga y especialista en salud mental con perspectiva de género, Lorena Redondo.
La tortura es un acto que, según las leyes de México, está prohibido. Tan solo la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se establece que comete el delito de tortura aquella persona del servicio público o que bajo su apoyo genere dolores físicos o psicológicos, busque anular la capacidad de la persona o realice procedimientos médicos sin aprobación.
Esto como castigo, coacción o discriminación. Además, se persigue sin necesidad de una denuncia.
Sin embargo, en el país los hospitales y otros sitios de salud mental realizan este tipo de prácticas de manera cotidiana y de manera distinta hacia hombres que mujeres, afirmó Cecilia Guillén Lugo, integrante de Primera Persona AC.
Según Redondo, este tipo de situaciones pasan porque el modelo psiquiátrico lo permite, ya que las mujeres no tienen autonomía en el mismo, el personal médico es el único que puede opinar acerca de lo que es mejor y no se toman en cuenta los problemas sociales (por ejemplo, si una mujer vive violencia de género, puede presentar síntomas de un trastorno mental).
No solo es Fernanda, Laura o Amanda, de quienes no se pusieron sus nombres reales para proteger su identidad. En México, tan solo durante este año, se han diagnosticado 63 mil 771 casos de depresión en mujeres y 23 mil 75 en hombres; 679 ideaciones suicidas en ellas y 279 en ellos, es decir las cifras son muy distintas. Esto según el Reporte Epidemiológico de la Secretaría de Salud.
Ante ello, dijo Redondo, la psicóloga especialista en género, lejos de recibir un verdadero tratamiento que les pueda ayudar, mujeres como Fernanda que se muestran inconformes con el sistema son ‘castigadas’ enviándolas a internamientos donde vuelven a ser reprendidas a través de una serie de actos que conforman tipos de tortura y que tienen impacto importante en su bienestar emocional.
Desde 2014, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Comité DPD) hizo una recomendación al Estado Mexicano para que realice procesos para sancionar y evitar la tortura en los hospitales y clínicas de salud mental. Pero hasta el momento estos actos continúan.
No se sabe realmente cuántas mujeres han vivido este tipo de torturas ni en hospitales de gobierno ni en privados. Ninguna autoridad hace el reporte y aunque el Registro Nacional de Tortura de la Fiscalía General de la República reporta 15 mil 904 expedientes abiertos por este delito entre 2018 y 2023, se desconoce en qué sitios se realizaron y al solicitar, a través de la Plataforma de Transparencia, el desglose se negó la información en la solicitud número 330024623002379.
Tortura sexual, el día a día de las mujeres
Tan solo unas horas después de llegar, Fernanda se dio cuenta del tipo de lugar donde estaba y pidió su alta, pero se la negaron argumentando que sus papás habían firmado por varios meses a pesar de ser mayor de edad, y así la retuvieron contra su voluntad.
Estaba en un centro de rehabilitación para personas con uso problemático de sustancias y aunque ella no tenía ninguna, fue recibida para un supuesto tratamiento psiquiátrico. Estaba, en realidad, en un sitio de tortura donde tuvo suerte de salir.
Era plena pandemia de Covid 19 y bajo ese pretexto se prohibieron las visitas por lo que no podía ver a sus papás para contarle lo que allí vivía: golpes, comida podrida, continuos malos tratos, amenazas de muerte, presiones que un perro entrenado la lastimara, saber que otras mujeres eran obligadas a mantener relaciones sexuales, ser forzada a ver cómo torturaban y participar en la tortura a otras personas, comentarios sobre su físico y mucha violencia sexual.
“Las mujeres con alguna condición de salud mental institucionalizadas involuntariamente son especialmente vulnerables a los abusos sexuales por diversas razones como: aislamiento social, estigmatización, dificultades comunicativas para revelar los abusos, alta dependencia para cubrir sus necesidades básicas, inequidades de poder”, señala Documenta, AC en su Informe: “¿Por Razón Necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de salud mental en México”.
Guillén Lugo indicó que el año pasado se hicieron cambios en la Ley General de Salud con los cuales se supone eliminarían muchas de las malas prácticas que se realizaban y aunque todavía quedaron pendientes, se deberían modificar cuestiones como la separación que se hace entre salud mental y adicciones (que en realidad debe ser tratado como un solo aspecto) y con lo cual mejorar la operación.
Con esto esta modificación el internamiento involuntario (como el que vivió Fernanda) es algo que terminaría, pues ahora no bastará con que los tutores o padres de familia lo autoricen. Sin embargo, es uno de los pendientes que aún se mantienen pues aunque la Ley ya se cambió, aún no se han hecho nuevas normas, reglamentos y todo lo que implica la nueva operación.
Se desconoce si el sitio donde fue internada Fernanda contaba con los permisos que debe brindar la Secretaría de Salud para operar, pero ejercía tortura e incumplía la ley en esa materia. Además, la Ley de Salud y las normas ya indicaban que se debían realizar revisiones en estos espacios, con lo que se hubieran detenido los delitos de los que Fernanda fue víctima.
La activista de Primera Persona AC, Guillén Lugo, afirmó que las situaciones que se viven al interior de estos lugares también varían según muchas condiciones, por ejemplo, la estigmatización que existe hacia quienes consumen sustancias psicoactivas o la cantidad de recursos económicos que tienen las personas al interior. Es decir, en estos espacios se calcula dónde existe menor costo político.
“Hay muchos planteamientos que dicen que las cárceles y los manicomios son los basureros de la sociedad porque ahí queremos ir a aventar y olvidar las disfunciones, los vicios que nuestra sociedad tiene y que por supuesto se van en ciertas personas que por sus condiciones de vida son más vulnerables, entonces lo que hacemos como sociedad en vez de reconocer que necesitamos cambiar como sociedad marginamos queremos quitarnos de enfrente a estas personas porque nos recuerdan una realidad y eso es incómodo es desagradable”, afirmó Lorena Redondo.
La psicóloga indicó que por eso las mujeres son de las principales perjudicadas en este tipo de sitios, ya que suelen ser quienes expresan sus emociones e inconformidades, pero además a quienes tienden a mandar a estos espacios para acallarlas. Si sumado a la vulnerabilidad de ser mujer se es pobre, con discapacidad, u otros problemas, la tortura, el maltrato y represión es peor.
Lo que vivió Fernanda en ese centro dejó huellas severas, pero esa no era siquiera la primera vez que Fernanda había vivido violencia al ser ingresada a un lugar donde buscaba mejorar su salud mental. La primera fue en un establecimiento de Neuróticos Anónimos donde, como parte de los pasos para “sanar”, les hacen buscar sus errores o males.
A ella no tardaron en condenar la sexualidad que había vivido, decirle que su problema era la lujuria y buscar castigarla e inclusive cuando, por los malos tratos, el estrés y todo lo demás, dejó de menstruar obtuvo como respuesta que se estaba “limpiando”.
El sitio era operado por personas religiosas que describe como una secta que ejercía un control estricto sobre el cuerpo de las mujeres y operaba basada en la creencia de que cualquier problema que tuvieran estaba relacionado directamente con su sexualidad.
“Viví mucha violencia psicológica como a través de los años voy entendiendo un poquito más, porque finalmente yo creo que este grupo se movía como una secta, entonces, pues sí que metían mucho miedo y había como un control disciplinario del cuerpo, no podías recargarte, no podías hablar de otra cosa que no fuera del grupo, en varias ocasiones me enfermé, se me pudrió una muela y me decían que solamente que yo tenía que hablar sobre cuestiones, tenía que sacar mis pecados por así decirlo ellos le llaman defectos, pero mi pecado a mí me había salido que era la lujuria”, contó.
Además de la violencia sexual, otro tipo de violencia específica que viven las mujeres al interior de estos centros es la relacionada con la maternidad en caso de serlo indicó Guillén Lugo. Así pues, se les castiga por ser “mala madre” o se les impide ver a sus hijas e hijos por su condición.
En ese sitio Fernanda también vivió trabajo forzado para hacer productos que vendían, continuos insultos sobre su cuerpo y sus acciones cuando era parada al centro del grupo para ser juzgada. Todo eso hizo que al salir el resultado fuera peor, con culpas, con problemas para socializar y con una serie de sentimientos que la llevaron a un intento de suicidio.
Por eso vivió una segunda hospitalización, en un hospital psiquiátrico privado donde dice estaba mejor, pues aunque identifica los malos tratos como el aislamiento dice que los problemas eran menores que en el primero.
Aun así, puede ser otra forma de tortura. En su informe Documenta señala que el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura documentó que “en el 43.58 por ciento de los hospitales psiquiátricos que ha visitado se practica el aislamiento y, que en muchos casos, se realiza como medida de contención ante la «agitación» de las personas”.
Fernanda realmente nunca se sintió bien en el hospital psiquiátrico pero como sabía de los altos precios que implicaba pagar uno privado, asegura que siempre fingió y logró convencer al personal que podía recibir su alta. El resultado fue que al seguirse sintiendo mal terminó en la clínica estilo Alcohólicos Anónimos donde la tortura fue la peor que había vivido y que ahora no la deja dormir por las noches.
En México, existen 34 hospitales psiquiátricos operados por los servicios de salud estatales lo que resulta insuficiente para la atención de las personas que requieren de los servicios, señala el Segundo Diagnóstico Operativo de Salud Mental y Adicciones realizado en 2020.
Estos hospitales operaban bajo la NOM 025 que ya establecía los derechos de las personas, prohibiciones de malos tratos y de violencias pero legitimaba las hospitalizaciones involuntarias y ahora hay una situación confusa ya que se contrapone con la ley en algunos puntos, pero aún se está en espera de cuál será la nueva normativa.
Además, esos lugares, los anexos, centros de rehabilitación y demás clínicas, están obligados a respetar las leyes nacionales y los convenios internacionales que hablan de la prohibición de la tortura.
“Hay una ley, un artículo que pues es el encargado de cerrar esos lugares, entonces yo le pedía a Dios que por favor hubiera una supervisión y que llegaran así los que tuvieran que llegar y que cerraran el lugar, muchos tienen esa esperanza los que están adentro y no pueden salir. Pues eso (quiero) que realmente se regularan esos lugares, porque esos lugares nada más están, existen, esos lugares porque no, no deberían existir”, sentenció Fernanda.
Clínicas, hospitales y anexos a la vista de todos y supervisados por nadie
Amanda describe la clínica donde fue internada como estilo Alcohólicos Anónimos. Quiere hablar, quiere contar lo que vivió en ese lugar donde supuestamente iba a tratar su adicción a las benzodiacepinas y un trastorno mental pero donde solo tuvo una consulta médica y vio muchas torturas.
Lo primero que conoció fueron los amarres para que no se moviera. Unos grilletes en los pies para evitar que caminen rápido y que les colocan por horas o días, según como vean a la persona, fue lo primero que supo y que fue poco para lo que vino después.
Amanda dice haber tenido suerte, el tratamiento sí le ayudó y no vivió “tanta” tortura. Pero sus compañeras no podían decir lo mismo. Allí vio a mujeres y niñas ser golpeadas, asfixiadas, tirarles agua mientras tenían una toalla en la cara para evitar que respiraran, ser aisladas, amenazadas con que serían las siguientes. Tortura física una y otra vez si algo de lo que hacían se salía de las normas de lo que les decían.
“El encierro, la segregación, la medicalización, la restricción de contacto con el exterior y la violencia física y psicológica son empleados como correctivos disciplinarios en contra de las personas usuarias de los servicios de salud mental que reciben atención en internamiento. Asimismo, en las clínicas de tratamiento se ha evidenciado la violencia ejercida por los «padrinos», quienes amarraban, golpeaban y obligaban a las personas internadas a realizar actos degradantes”, señala el informe antes mencionado de la organización Documenta, AC.
Amanda – tal como sucede con otras mujeres que el informe documentó- vio a los ‘padrinos’ coaccionar a sus compañeras para tener relaciones sexuales, bajo un supuesto consentimiento en el que ellos se encontraban en una relación de poder. Un tipo de tortura sexual que viven especialmente las mujeres debido a la vulnerabilidad en la que se encuentran.
En 2020 en México había 2 mil 219 establecimientos residenciales privados de atención a adicciones (donde reciben también a personas con otro tipo de trastornos mentales) según el Informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas en México 2021. Pero para 2023, la Secretaría de Salud reconoce solo 34, es decir tan solo el 1.5% de los reportados.
Redondo afirmó que el sistema psiquiátrico actual está obsoleto por lo que se debe hacer modificaciones de fondo. Eso implica, como lo marca la nueva Ley el eliminar los internamientos forzosos, las malas prácticas y los hospitales psiquiátricos (atender a las personas en hospitales generales u otro tipo de sitios) pero además,evitar la medicalización innecesaria y que se eviten diagnósticos basados en estereotipos de género.
La nueva Ley General de Salud señala que la salud mental y adicciones se deben atender con respeto a los derechos humanos y con perspectiva de género así como una serie de cambios incluido que no se privilegiará el internamiento sino la atención primaria.
Para aplicarlo, se creó la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones en mayo pasado y que depende de la Secretaría de Salud, eliminando así la Comisión Nacional contra las Adicciones, el Consejo Nacional de Salud Mental y Servicios de Atención Psiquiátrica, pues sus funciones se fusionan en el nuevo organismo.
El problema es que éste no tendrá presupuesto adicional y será hasta noviembre que se emitan sus reglamentos y documentos de operación, por lo que mientras las Normas Oficiales Mexicanas que existían para operar cuestiones de adicción (028 de la SSA) y salud mental (025 de la SSA) se encuentran desactualizadas.
En la NOM 028 se facultaba a la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) para ser quien regule y supervise los centros de internamiento por uso de sustancias, pero la respuesta a la solicitud de información 331002223000079 señaló que eso no era de su competencia. Una respuesta similar dio la Secretaría de Salud en la respuesta a la solicitud 330026923002743.
Guillén Lugo afirmó que el problema es que le corresponde a varias autoridades realizar las revisiones tanto a las clínicas públicas como las privadas para evitar que existan malos tratos y tortura, pero en realidad ninguna cumple con sus funciones.
Mientras se realiza la transición entre la anterior ley y las nuevas normas, las mujeres siguen llegando a lugares públicos y privados donde son víctimas de tortura únicamente por haber sido diagnosticadas como neurodiversas.
La tortura institucionalizada y rutinaria
Cuando Laura despertó estaba amarrada en una cama de hospital junto a otras mujeres que gritaban para que les quitaran los amarres (un tipo de tortura física). Sus recuerdos eran borrosos producto de la medicina que le estaban suministrando para mantenerla “tranquila” pero sabía que se trataba de un hospital psiquiátrico producto de sus múltiples diagnósticos que le habían dado.
Sin celular, sin contacto con nadie del exterior, desconocía si alguien de su familia sabía dónde se encontraba o cómo había llegado allí. La situación se prolongó varias horas hasta que las enfermeras pudieron decirle que estaba en el hospital psiquiátrico de Xalapa (operado por la Secretaría de Salud de Veracruz) y que un familiar la había ingresado.
Los siguientes días transcurrieron en lo que pareció una eternidad: obligada a levantarse a las 6 de la mañana para bañarse con agua fría en una ciudad fría, para ser encerrada de nuevo junto a sus compañeras, pasar un rato en un jardín o ver unos minutos la televisión.
En este hospital como en muchos otros, señala la organización Documenta en su informe ¿Por Razón Necesaria?, quienes son internados se ven obligados a seguir ciertos códigos por ser espacios de encierro y “se genera así un sentimiento de deshumanización y sometimiento que causa frustración y agravios sobre sus derechos”.
Con la más mínima protesta, cuestionamiento o actitud que al personal no le gustara, Laura era amenazada con quitarle los ‘privilegios’ que tenía (TV o visitas) tal y como en múltiples ocasiones hacían con sus compañeras. El Informe de Documenta señala que estos castigos son una práctica común y una forma de violencia psicológica.
Además, a Laura le suministraban tantos medicamentos que la mantenían aturdida, drogada, pero nadie le explicaba el tratamiento. Ella no sabía si el psiquiatra y el psicólogo que la atendían tenían un orden o cantidad de medicamentos suministrados pero no la veían con periodicidad. Nunca recibió un tratamiento certero, lo que la hacía sentir peor.
La psicóloga experta en perspectiva de género, Redondo, afirmó que el brindar medicamentos sin que exista una explicación a la usuaria sobre lo que está sucediendo y sin que exista un tratamiento integral es una forma tortura que inhibe su autonomía y solamente se reduce a calificarla como “mal de sus facultades mentales”, lo que se suma a otras acciones como los amarres que son torturas físicas o los aislamientos.
La organización Documenta afirma que estos tratamientos médicos manipulan las necesidades fisiológicas al generar síntomas y más en momentos como la abstinencia por lo que causan dolor o sufrimiento y son un tipo de tortura “sin contacto”.
Cambios de fondo y ayuda a sobrevivientes
Redondo indicó que esperan que el cambio en las leyes que se acaba de realizar sea positivo pero el problema es que también se requieren modificaciones de fondo para que las mujeres dejen de ser castigadas por no cumplir el rol que marca la sociedad y así evitar que continúen las hospitalizaciones innecesarias o la medicalización excesiva que ha caracterizado a la psiquiatría.
“La psiquiatría fue diseñada por hombres médicos y además de que época entonces partiendo de esos planteamientos creencias y sobre todo algo que no se reconoce siempre, la moral y la cultura que predominaba en esa época también influye en cómo la psiquiatría está diseñada y cómo valoran o juzgan lo que es la salud mental”, aseguró.
Mientras tanto mujeres como Fernanda, Laura y Amanda vivieron torturas de distintos tipos y grados en cada uno de estos lugares que operan por entidades diferentes, pero donde las autoridades están obligadas a tener algún control para detenerles y no lo hacen.
Ninguna de las tres denunció lo que vivieron a pesar de que es un delito. Una por miedo, otra por falta de tiempo y otra más porque es anti punitivista. Pero si las autoridades hicieran su trabajo esos casos estarían registrados porque la tortura no necesita denuncia para ser investigada.
Aunque no denunció, Fernanda sí pide una cosa: lugares para sanar. Pues al no haber presentado denuncia tampoco tiene acceso a Comisiones de Víctimas o entidades similares, pero sí considera que tanto ella como otras mujeres que han pasado por lo mismo, necesitan apoyo para superar el sufrimiento que vivieron.
“Tengo mucho miedo con paranoia, de mucha paranoia de estados así de mucho de mucho terror, de mucho miedo y bueno por un tiempo tuve muchas pesadillas (…) una sensación como de que no importamos (…) otra cosa que pediría son espacios para hablar de los traumas y para sanar el dolor discapacitante (de la tortura) que deja huella”, sentenció.
*Ana Alicia Osorio, es colaboradora de SemMéxico, hace 6 años, Esta investigación fue realizada en el marco del proyecto «Periodistas contra la Tortura» con el acompañamiento de Documenta. Para más información contactar a: comunicacion@documenta.org.mx
Por temor a que la regañaran en el hospital público, la oaxaqueña optó por interrumpir su embarazo en una clínica particular
Patricia Briseño, V entrega
SemMéxico, Oaxaca de Juárez, 9 de noviembre, 2023.- Después de cuatro años de la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) revelan que mil 172 mujeres han ejercicio su derecho a interrumpir un embarazo. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en estos procedimientos señalan que persisten los obstáculos y el estigma.
La realidad no cambia por decreto, explica la enfermera Xan. Ella se ha dado a la tarea de acompañar abortos con medicamentos en la región de la mixteca oaxaqueña, ubicada al norte de la entidad, donde más del 60 por ciento de sus 155 municipios se consideran de alto grado de marginación.
En esa zona geográfica, colindante con Puebla y Guerrero, habitan mujeres de los grupos étnicos mixteco y triqui, y aunque es legal abortar hasta la semana 12, hablar de aborto no es permitido, todavía se mantiene como un secreto, no sólo por lo que pueda suceder en su ámbito familiar, sino porque se sienten “juzgadas y hasta amenazadas por parte del personal de salud”.
Xan es de la colectiva Marea Verde Mixteca y fundó la organización Te Acompaño, Abrazaditas. Su tarea consiste en asesorar y acompañar mujeres que deciden interrumpir legalmente su embarazo para hacerlo de forma segura en sus casas. Nos cuenta que no ha sido fácil desempeñar este papel como acompañante, en su experiencia ha encontrado diferentes obstáculos médicos, legales y sociales, pues la ignorancia sobre este derecho lleva a las personas a estigmatizar a las mujeres que interrumpen su embarazo y a quienes las acompañan.
Por su labor de acompañante Xan ha recibido diversas amenazas, que pasaron de mensajes en redes sociales a pintas en la fachada de su casa. «¡Ya sé dónde vives!, ¡abortera!, ¡feminazi!, ¡maldita asesina!» son algunos de los mensajes online que recibe la colectiva de forma cotidiana, ya que la interrupción del embarazo es considerado como un delito y no como el ejercicio de un derecho para las mujeres. Por las amenazas, Xan tuvo que “poner tierra de por medio”, al menos temporalmente.
Estas ideas contra el aborto también están atravesadas por la religión y el derecho sobre la concepción desde el primer momento, creencias que van más allá poniendo en riesgo a las acompañantes y a las mujeres que ejercen su derecho al aborto. Te Acompaño, Abrazaditas revela que en 2022, acompañaron a 465 mujeres que decidieron interrumpir de forma legal su embarazo.
El 25 de septiembre de 2019, el Congreso local despenalizó el aborto en Oaxaca hasta la 12 semana de gestación; la reforma entró en vigor un mes después. La entidad se convirtió en la segunda del país en reconocer ese derecho a las mexicanas, después de la Ciudad de México, donde la despenalización ocurrió en 2007.
Después de la despenalización, lo que siguió ha sido un lento andar, reconocieron organizaciones el pasado 28 de septiembre en el Día Internacional de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. En una carta pública señalaron que no hay disponibilidad de medicamentos y presupuesto etiquetado, además de que faltan políticas públicas integrales que promuevan el aborto seguro y legal.
Las instituciones no tienen protocolos de actuación, lo que dificulta la atención de calidad en salud, con dignidad y privacidad, pero de manera especial con personal médico capacitado para atender a las mujeres que determinan abortar dentro del lapso marcado por la ley. Pidieron se garantice la justicia en el acceso al aborto seguro, sin discriminación ni estigmatización.
Elizabeth Mosqueda, del Programa Jóvenes de Consorcio Oaxaca, explica que hay una constante: en el Hospital General «Dr. Aurelio Valdivieso» se niega información y atención al momento de solicitar una Interrupción legal del embarazo (ILE). El personal médico no está enterado ni capacitado para brindar el servicio. Hay desinformación y son las organizaciones de las mujeres las que asumen esa tarea que deberían realizar instancias del gobierno. Por ejemplo, Consorcio Oaxaca elaboró una guía Tu cuerpo, tu derecho, por un proyecto de vida plena ¡Tú decides!, con el fin de ayudar a resolver algunas dudas sobre el aborto legal, el cual puede ser con medicamento o quirúrgico.
La activista adelantó que su organización pondrá en operación una nueva alternativa: un kitde aborto integral para dignificar el proceso con misoprostol, un medicamento que no requiere de receta médica o puede ser solicitado en las clínicas o centros de salud, su costo en farmacias es de unos 800 pesos. Xan de la colectiva Te Acompaño, Abrazaditas consideró que las mujeres de comunidades indígenas y afromexicanas enfrentan desventajas y coincide con Elizabeth Mosqueda en la falta de información.
Foto: Isabel Mateos | Cuartoscuro
«Qué tal si me encierran…»
La experiencia de Susana es un ejemplo. Ella nació en una comunidad del istmo, hace años se embarazó de su primer y único hijo, salió de su casa y vive en la ciudad de Oaxaca. En diciembre pasado, se embarazó. Aunque no vive con su pareja, ambos decidieron interrumpir el embarazo, pues después de la pandemia no recuperó su empleo en un restaurante donde era ayudante de cocina. No sabía a dónde acudir. Así que tuvo que someterse a un aborto quirúrgico dentro del término legal, pero en una clínica privada.
No podía preguntarle a nadie, veo poco a mis hermanas. Me dio pena preguntarles a mis amigas. Sólo sabía que abortar en Oaxaca era legal. Pasé varios días pensando cómo tendría que presentarme en el hospital, me dio miedo que me regañaran, porque luego regañan y hasta pensé y qué tal si me encierran. Sí, la verdad me dio mucho miedo. ¿No se puede andar preguntando una cosa así? Ni modo, por no saber tuvimos que pagar casi 10 mil pesos en una clínica privada
La Campamenta, colectiva que acompaña y asesora, ha detectado que a pesar de la despenalización del aborto el estigma persiste, no sólo en las comunidades rurales o indígenas, también se observa en las zonas más urbanizadas. Mariana Beltrán, integrante de esta colectiva, explica que la creencia de que abortar va contra las leyes divinas es muy profunda entre las personas que habitan regiones alejadas, de ahí que apropiarse de ese derecho tiene muchas dificultades.
«Las más jóvenes toman la decisión y cuando nos piden acompañamiento para evitar actos de violencia contra ellas, lo que hacemos es enviar el medicamento envuelto ‘para regalo’ y también oculto entre ropa, así pasa desapercibido», dice la también comunicóloga.
¡Pero eso no debería ser así! Las organizaciones no tenemos duda, la tarea de difusión está ausente y es responsabilidad del gobierno
Foto: Cuartoscuro
Indígenas y afromexicanas, en desventaja
En la capital oaxaqueña sólo dos instituciones de salud pública pueden dar el servicio de interrupción del embarazo: el Hospital General «Dr. Aurelio Valdivieso» y la Clínica de la Mujer. Hay otras siete clínicas en el interior del estado, el cual está conformado por 570 municipios, es decir, sólo 1.5% de los municipios de Oaxaca cuentan con este servicio.
Por ello, la mayoría de las mujeres, incluyendo, indígenas y afromexicanas no puedan acceder a este derecho, a lo que se suma la estigmatización que enfrentan por parte del personal médico y de enfermería de las instituciones, pese a que los servicios de salud de Oaxaca sostienen que se brinda la atención de forma integral, con calidez y respeto a los derechos humanos de las mujeres.
Otros centros hospitalarios foráneos autorizados están en Pinotepa Nacional, en la Costa; Villa Sola de Vega, en la Sierra Sur; San Pedro Tapanatepec, en el Istmo de Tehuantepec y San Juan Bautista Tuxtepec, en la Cuenca del Papaloapan. Según las autoridades de salud, han sido capacitados casi cuatro mil 984 profesionales de la salud, “para ofrecer un servicio óptimo, profesional y sin distingo”, dicen.
Fabiola, de 19 años, se quejó de objeción de conciencia disfrazada entre el personal del sector salud federal y estatal, a partir de una experiencia en su universidad. “Un día me acerqué a un módulo de información de los servicios de salud, instalado en una de las facultades donde solicité información de la ILE, y me remitieron a la página web: ¿cómo le hago?.com, recordó, pero la página únicamente refiere el uso de métodos anticonceptivos, en su mayoría dirigidos a mujeres, además del coito interrumpido y la abstención, así como el ejercicio de la sexualidad como factor de riesgo, pero en ninguno de sus apartados trata la interrupción legal del embarazo”, aseguró.
Por otra parte, en la Clínica de la Mujer, ubicada en la periferia de la capital, refieren que únicamente atienden procedimientos hasta la semana 10 de gestación, de otra manera el personal de la clínica argumenta, a modo de presión, que podrían perder la vida. “En algunos casos les requieren un ultrasonido como prueba de que tienen menos de 12 semanas de embarazo”.
La activista de La Campamenta reveló que en estos centros persiste el término legrado como sinónimo de la ILE. En su opinión, “nada más buscan confundirlas o son ignorantes los médicos. Anteriormente, refirió, la forma quirúrgica de interrumpir el embarazo era mediante el legrado. La mala práctica de éste (raspado de las paredes del útero) en clínicas clandestinas de aborto popularizó su peligrosidad. Las hemorragias eran frecuentes y en algunos casos morían”.
Foto: Michael Balam | Cuartoscuro
Por eso con la despenalización, añadió, se esperaría que la atención que recibiera la paciente fuera empática, cálida y profesional, para poder escoger la mejor opción para la interrupción, ya sea por medicamentos u otro método recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Zenaida Pérez Gutiérrez, activista feminista ayuuk e integrante de la ANPMI, señaló que es necesario crear espacios de confianza para platicar, “para escucharse, para no sentirse solas, para compartir y aprender que después del aborto las mujeres pueden vivir plenamente, materializar sus proyectos o tener familia (…). Cuando el aborto se lleva a cabo libre de prejuicios y estigmas, y se le trata como normalización de la regla, como se le nombra en las comunidades indígenas, cambia la narrativa”.
A cuatro años de que el Congreso local aprobó el dictamen para despenalizar el aborto, Zenaida consideró: “las mujeres indígenas y afromexicanas quedan en desventaja, las privan del derecho a la información integral, laica y fuera de prejuicios, a la salud sexual y reproductiva y, en consecuencia, al aborto legal, seguro y gratuito”.
«Aunque el principio universal de derechos humanos determina la igualdad y no discriminación, “lo cierto es que, en la distribución de oportunidades y conocimiento, así como el disfrute de derechos, algunas quedamos muy atrás, es el caso de las mujeres indígenas”, concluyó.
*Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF), como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.
SemMéxico, Ciudad de México, 9 de noviembre, 2023.- Su historial muestra que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre termina revelando la verdad detrás del fondo de sus decisiones.
Así lo hizo al reconocer que él fue quien ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, luego del Culiacanazo… y de que él había ordenado inundar las zonas más pobres de Villahermosa cuando se desbordaron los ríos en Tabasco, e igual confesó en una de sus mañaneras haber gestionado ante el presidente Donald Trump la liberación con engaños del general Salvador Cienfuegos.
Ha habido otras muchas revelaciones en las que incluso podrían atraerle denuncias penales al final de su mandato.
Una de estas es la que confesó sin el menor rubor en su mañanera de ayer cuando finalmente aceptó que sí supo de la peligrosidad del Huracán Otis y no alertó de ello a los habitantes y visitantes, turistas, que había en ese momento en Acapulco.
Sí pudo, dijo, haber girado una alarma general en Guerrero respecto del posible impacto destructor de «Otis»… pero al final no lo hizo.
Recordó que el martes 24 de octubre, a las 20:25 horas subió un leve texto en su cuenta de X -que sustituye a Twitter- en que dice que el huracán pegaría con categoría 5, es decir el más peligroso entre Acapulco y Técpan de Galeana.
Y pidió a la población ir a los refugios o resguardarse en sitios considerados desde siempre como seguros, estar alertas y no confiarse.
«Estaba yo pendiente por la evolución de tormenta tropical… luego (llegó) a 3, luego a 4 y luego, que va a entrar a 5… y estaba pendiente, y recibí el reporte de las 6 de la tarde, luego otro reporte con aviones de estos cazahuracanes hablando de que se iba a intensificar, y puse un mensaje en X (Tweet) como a las 8 de la noche.
«… me apoyé en lo que se estaba informando, que iba a entrar de 4 a 6 de la mañana y en la franja costera de Acapulco a Técpan… esa era la información que teníamos. Fue a las 8 de la noche (cuando subió su texto a redes).
«Cuando yo estaba escribiendo esto (el Tweet) pensé en decirlo más fuerte: o sea, ‘viene cañón’, o sea, algo así, pero dije: ¡no!… con esto basta. Casi era (mi intención decir): ‘no hay que dormirse’«.
Dijo que revelaba todo esto porque sus «malquerientes» quieren afectarlo con el argumento de que no avisó oportunamente.
Su propio relato es una confesión, hora a hora, que deja en claro que no lo hizo.
Luego de eso afirmó que van tres veces que va a Acapulco, que ha hecho recorridos por calles y colonias afectadas y conversado con muchos damnificados.
Algo que muchísimos acapulqueños niegan haberlo visto, ni saber de qué eso haya ocurrido.
SIEMPRE HE GANADO MIS ELECCIONES EN ACAPULCO
Un tanto imprudente, Andrés Manuel López Obrador intentó responder a quienes desde su tragedia, y el reclamo de que “este presidente” no se ha parado ahora por el puerto, y que eso se lo van a cobrar en las siguientes elecciones, AMLO recordó y presumió que él siempre ha ganado las elecciones en Acapulco y que espera continuar haciéndolo.
«(Ahora) Vamos bastante bien, la gente se ha portado mucho muy bien, como antecedente, nada más decirles que yo cada vez que he sido candidato, y fui varias veces, ya no voy a volver a ser, a nada, siempre he ganado en Acapulco.
«O sea, hay mucha identificación, conozco mucho a la gente de Acapulco, me conocen. A ver: ¿Por qué no pones los programas de Bienestar que se aplican en Guerrero, Chiapas y Oaxaca? Esos tres estados son los que reciben más apoyo del Gobierno federal, la gente más necesitada es la que más apoyo recibe».
Dijo haber estado 2 horas el martes en ese centro turístico y constató la entrega de apoyos a adultos mayores.
«(Se ha dicho) que no había estado yo en Acapulco, llevo cuatro viajes a Acapulco, (Me fue) bien y estamos avanzando, ya el 65 por ciento del agua, de la red, ya está funcionado, está funcionando la energía eléctrica, hay cerca de 70 gasolineras abiertas», amplió.
«Y sigue la búsqueda de desaparecidos, y estamos ayudando en todo. Ayer (martes), ya se empezaron a entregar los apoyos a adultos mayores, para personas con discapacidad, llevamos alrededor de 200 mil viviendas censadas, ya empezamos a entregar enseres, no vamos a parar».
Una serie de afirmaciones que la mayoría de los habitantes del puerto no reconocen sea cierto.
CALMA SENATORIAL Y CICLON EN SAN LÁZARO
Dicen quienes saben de cuestiones parlamentarias que mantener la paz y la gobernabilidad parlamentaria depende de mantener los límites del respeto y de saber escuchar a los grupos minoritarios, pero el caso es que en el Senado bajo la presidencia de la tlaxcalteca Ana Lilia Rivera y los acuerdos de Eduardo Ramírez, en la conducción de la Jucopo, hasta hoy se ha logrado mantener ritmo y civilidad.
En ese contexto ayer el Pleno senatorial aprobó una reforma a la Ley General de Educación que prohíbe la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional dentro de las escuelas. Y obliga a la SEP a emitir criterios para la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas preparadas, procesadas y a granel con base en las reglas nutrimentales que determine la Secretaría de Salud.
Mientras en San Lázaro por poco se da una batalla campal entre legisladores del PAN, PRI y PRD con los de Morena y aliados porque las mayorías obstaculizaron y desecharon toda propuesta de ayuda a los damnificados de Otis en Acapulco.
Ya ni le digo que las mentadas fueron lo más leve que se lanzaron entre unos y otros.
Los fuertes vientos destruyeron la vieja estructura metálica que cubría a las mujeres entre estas algunas de la tercera edad, de los candentes rayos de sol. /Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco
El fuerte huracán destruyó el lugar donde acudían a realizar su actividad laboral en el Barrio de la Fábrica
Enrique Hernández
SemMéxico/ El Sol de Acapulco, Acapulco, Guerrero, 8 de noviembre, 2023.- El potente huracán Otis, que arrasó la noche del martes 24 de octubre con toda la actividad turística de Acapulco, también dejó sin un sustento a más de 100 mujeres que diariamente, se dedican a lavar ropa ajena en los lavaderos del Barrio de la Fábrica.
El huracán Otis, acabó con el área donde se encuentran los lavaderos, destruyó la vieja estructura metálica con las que las mujeres entre estas algunas de la tercera edad se cubrían de los candentes rayos de sol, mientras lavan grandes cantidades de ropa ajena, por la que percibían los ingresos para cubrir las necesidades de sus familias.
Son más de 30 lavaderos los que hasta antes del fenómeno meteorológico, eran utilizados por las mujeres que diariamente acudían al lugar el cuál para ellas era ya considerado como su segundo hogar debido al tiempo que permanecían ahí lavando la ropa que recibían.
Doña Flora Gutiérrez, de 68 años de edad, es una de las más de las 100 que fueron afectadas por los daños considerables que ocasionó el huracán Otis, es el área donde trabajaba lavando ropa por docena.
«Vivimos en este momento una situación muy complicada, porque el huracán terminó con el lugar donde trabajamos, somos muchas las mujeres que nos mantenemos de lavar ropa ajena, cobramos 60 o70 pesos por docena, hay días que ganamos 120, 180 por la ropa que lavamos, y hoy no hay nada para ayudarnos», dijo.
Señaló que los lavaderos del Barrio de la Fábrica son utilizados por varias mujeres algunas que llegan por la mañana, otras al medio día y también por la tarde, dependiendo la cantidad de ropa que se tenga.
Doña Flora, señaló que ya son 15 días en que no han trabajado por las malas condiciones en las que quedó el área donde están los lavaderos, donde cayó la lámina y los fierros por los vientos del huracán.
Manifestó que ella está acudiendo a los lavaderos, con la esperanza de tener algo de trabajo, sin embargo, no hay nada, y esto complica más la situación porque además de haberla dejado sin trabajo, el huracán también acabó con su pequeña casa, ubicada en una de las calles del Barrio de la Fábrica.
Más de 30 lavaderos eran utilizados por las mujeres que diariamente acudían a lavar ropa ajena. /Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco
SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, Chis. 8 de noviembre, 2023.- Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron el martes la desaparición de Patricia Pérez Gómez, integrante de la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas. luego de que saliera de San Cristóbal de las Casas en autobús hacia la Ciudad de México.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), exigió a través de sus redes sociales a la Secretaría de Gobernación, la presentación con vida de Patricia, y respeto a la labor de defensa en México.
Fue la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH) quien dio la voz de alerta y denunció la desaparición de la activista de 35 años al no tener información de su paradero.
Explicó que Patricia, originaria del municipio de Chenalhó, tomó un autobús el lunes 6 de noviembre con destino a la Ciudad de México para acompañar un caso de Defensa de Derechos Humanos.
«La última comunicación fue a medianoche donde avisa que el viaje va bien; pero no llegó a su destino en CDMX. Desafortunadamente, no tenemos noticias de ella desde entonces”.
Además de denunciar ante la Fiscalía General del Estado, las organizaciones pidieron la ayuda de la ciudadanía para difundir su fotografía lo más ampliamente posible.
«Juntxs, podemos ser la voz que la encuentre y la traiga de regreso a casa. Cualquier información es valiosa. Si sabes algo o tienes pistas sobre su paradero, por favor, comunícate con nosotros a través de las redes (fb, instagram, twitter) de Voces Mesoamericanas y Melel Xojobal o a este número telefónico… +52 1 967 312 8513”, expresaron.
Informaron que hasta la mañana de este miércoles no se tenía información alguna sobre su paradero. Mientras la Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha de búsqueda y señaló que la Comisión de Búsqueda de la CDMX está trabajando en su localización.
La población trabajadora en México trabaja 2 mil,226 horas al año, promedio superior al de todos los países que integran la OCDE
Elda Montiel
SemMéxico. Ciudad de México. 8 de noviembre 2023.- La reducción laboral a la semana de 48 a 40 horas tiene aprobación mayoritaria de legisladoras y legisladores, sector empresarial y sindicatos, así quedó claro en el parlamento abierto, y este 21 de noviembre, se discutirá en el pleno. Preocupa cómo se hará, y se opina que debe que ser gradual, inclusiva y bien analizada hasta por ramas de la producción.
Advirtieron que en México se trabaja más horas en promedio que en todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE ) y que la clase laboral en nuestro país, por el exceso de horas de trabajo, tiene cinco años menos de vida y se ha detectado un deterioro significativo, en su salud mental.
Así lo que expresaron, las y los participantes, de todos los sectores y especialidades, incluidas las centrales obreras más antiguas de México, en el Cuarto Foro de Parlamento Abierto, sobre este tema “polémico de reducir la semana laboral”, propuesta de la abogada sindicalista Susana Prieto Terrazas, diputada del partido oficial.
En el foro, realizado en la Cámara de Diputados, se dijo que México tiene el peor balance entre vida y trabajo, quienes laboran tienen menos tiempo para el esparcimiento, el cuidado personal y “ hay más trabajadores y trabajadoras pobres de tiempo”.
Se dijo que la planta laboral tiene cinco años menos de vida en promedio, su salud mental ha tenido un deterioro significativo, al detectarse un incremento de casos de ansiedad y depresión, señaló el director del Centro de la OCDE para América Latina, Mario López Roldán.
Refirió que en 2022, la población trabajadora en México destinó 2 mil,226 horas al trabajo, es decir, el promedio es 474 horas superior al de todos los países que integran la OCDE.
Reconoció que la reforma es oportuna, pero la experiencia internacional señala que debe ser gradual e incluyente, porque tiene grandes beneficios en materia de productividad, competitividad, salud, reducción de desigualdades y bienestar.
La diputada morenista Prieto Terrazas, hizo duras críticas a las empresas que siguen contratando en el esquema de subcontratación, ya eliminado por ley, pues existen 3 mil 500 quejas en la Secretaría del Trabajo.
La morenista quien promueve la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo destacó que esta Legislatura logró aumentar el periodo vacacional y los salarios de las y los trabajadores, que no se movieron durante 36 años. El del salario fue un aumento diario de dos pesos. Las vacaciones subieron a 12 días por año, obligatorias.
Luego criticó a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, porque “establece los mínimos, pero no paga los máximos”, de ahí que existen 2 millones de personas que requieren en la formalidad en el empleo, pero la patronal “ no quiere pagar mejor”.
Cabe recordar que el dictamen aprobado en comisiones fue retirado por la Mesa Directiva antes de la discusión en el pleno con el objetivo de discutir el proyecto en un parlamento abierto.
Los resultados serán presentados el martes 21 de noviembre para ser aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente enviado al Senado de la República.
Este lunes se realizó el cuarto foro de Parlamento Abierto para analizar la iniciativa que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana, legisladores y legisladoras, representantes sindicales y patronales abordaron el “Marco convencional de la jornada laboral y modelo de reducción en otros países”.
El diputado morenista Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, aseguró que es justa la reducción de la jornada laboral, pues en esta administración se han modificado el salario, las vacaciones y los esquemas de subcontratación. Aseveró que los diputados y diputadas son también trabajadores, por lo que deben ayudar a convencer sobre la urgencia de esta reforma.
Para el diputado panista Santiago Torreblanca Engell lo importante es determinar cómo insertarlo en México sin afectar la producción y la pérdida del empleo formal. Mención que en otros países que ha implementado este esquema laboral lo hicieron en un proceso de gradualidad.
Por Movimiento Ciudadano el diputado Sergio Barrera Sepúlveda señaló que se necesita generar un diálogo incluso con las y los empleados de determinados ramos para saber qué mejorará con la reforma, encontrar coincidencias y analizar la flexibilidad y gradualidad que se requiere para su implementación.
Así como conocer el rol que tendrá el Ejecutivo Federal en este tema para incentivar la formalidad y “dependiendo de ello se verá el beneficio o afectación, pues México padece una informalidad muy grande”.
El diputado priista Tereso Medina Ramírez integrante del Grupo de Trabajo para la realización de estos foros, consideró que es necesario dar este paso histórico en favor de la clase trabajadora del país, pero el tema es cómo avanzar en su aplicación.
Aunque se mostró a favor de la reducción de horas laborales a la semana, Ángel Evaristo Celorio Guevara, coordinador jurídico del Comité Nacional de la CTM, advirtió que esto obligará a revisar los salarios, pues su alcance puede orillar al trabajador a tener menos horas de trabajo o a caer en la informalidad, dando al “traste” con la reforma.
Por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Mylene Cano de la Fuente, afirmó que el diálogo social, con la participación del sector obrero, patronal y el gobierno, es el espacio adecuado para realizar las modificaciones a la jornada laboral.
Carlos Hugo Morales Morales, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), manifestó su respaldo a la iniciativa y llamó a que se unifiquen en los términos planteados, tanto en lo privado como en lo público. Dijo que para no provocar efectos adversos se deben observar los parámetros de la Recomendación 116 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, en su caso, solicitar asistencia técnica al organismo.
Tomás Héctor Natividad Sánchez, miembro de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), exhortó a considerar un proceso progresivo y gradual que analice un panorama completo, con impuestos, costos de empleo formal, precio del tiempo de horas extras, competitividad y productividad, pues su impacto no será igual en las diferentes áreas. “Si le metemos más costos a la economía formal terminará creciendo la informalidad”.
Patricio Flores Sandoval, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, se pronunció por reducir el horario laboral, ya que en la actualidad hay elevados niveles de estrés y una jornada de 40 horas generará más productividad y una mejor convivencia social.
Erika Quevedo, directora general del Consejo de Empresas Globales, aseguró que una reforma como ésta requiere una reflexión profunda con ramas y sectores de la industria sobre el límite de horas laborales, de horas extras permitidas y sobre sistemas de jornadas especiales. Asimismo, se tienen que diseñar los incentivos correctos para el sector patronal que estimulen la inversión y promuevan la creación de empleos formales.
Octavio Benavides Narro, representante patronal ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, manifestó que esta iniciativa impactará a los empleadores y trabajadores mexicanos en muchos frentes, por lo que se tiene que ver desde una óptica global y con base en un análisis de diálogo social de corresponsabilidad de empresas, sindicatos y gobierno.
SemMéxico, Guadalajara, Jalisco, 8 de noviembre, 2023.- El magistrado Felipe de la Mata ha propuesto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un proyecto de sentencia en el que se ordena a los partidos políticos postular obligatoriamente al menos a cuatro mujeres en las nueve gubernaturas que estarán en juego este 2024. El proyecto propone un cambio significativo al acuerdo sobre paridad de género aprobado en días pasados por el Instituto Nacional Electoral (INE), en el que se ordenó a los partidos políticos a postular al menos a cinco mujeres en las nueve gubernaturas en donde habrá elecciones este 2024. El acuerdo del INE fue impugnado por Movimiento Ciudadano y el recurso de impugnación, fue revisado precisamente por Felipe De la Mata, quien, sin pudor alguno, regatea la paridad a las mujeres.
Los nueve Estados con elección de gubernaturas en 2024 son Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. El proyecto del magistrado De la Mata señala que, de todos ellos, Yucatán ya tiene legislación a nivel local que reconoce y regula la paridad de género para su Ejecutivo, por lo que, sostiene, no debe ser objeto de vinculación u ordenanza alguna de parte del Tribunal Electoral, sino que “se regirá por las leyes locales aplicables”. En ese sentido, solo en los restantes ocho Estados los partidos deben cumplir con el criterio de paridad de género, con la postulación de al menos cuatro mujeres. Aunque el proyecto señala que la cifra es “un piso y no un techo” y que “los partidos son libres de postular más mujeres”, la resolución no obliga a que lo hagan. Podría darse un escenario en el que postulen a un hombre en Yucatán y queden en total cinco hombres y cuatro mujeres sin que incumplan la sentencia del Tribunal Electoral.
Conforme el proyecto de sentencia, los partidos deberán indicar a los Institutos Electorales locales cuáles serán las cuatro gubernaturas en las que propondrán candidatas mujeres. En los Estados en los que ya iniciaron las precampañas, como Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, en donde ya comenzaron el pasado 5 de noviembre, los partidos tendrán que informar de su decisión en lo inmediato, mientras que en los restantes Estados deberán hacerlo un día antes del inicio de las precampañas.
El proyecto de sentencia establece que los partidos políticos serán libres de definir, conforme a su normativa interna, qué criterios seguirán para cumplir con la paridad y decidir en qué Estados colocarán a mujeres candidatas. “Corresponde a los partidos políticos, en lo individual, por coalición o candidatura común, definir, conforme a su normativa interna sobre paridad sustantiva y conforme a sus criterios de competitividad, en cuáles de las ocho entidades federativas postularán cuatro candidatas y cuatro candidatos”, dice el proyecto. El regateo por la paridad es evidente, los pactos patriarcales disputan a las mujeres políticas las posibilidades de acortar las brechas históricas de la desigualdad. Regatear a las mujeres el piso mínimo para alcanzar la igualdad en la participación política, es vergonzoso y cínico.
Al final, la decisión será nuestra, de las mujeres que somos más de la mitad de la población, que tendremos la oportunidad de votar en las próximas elecciones y que sabemos que hay partidos como Movimiento Ciudadano que impugnó las reglas de paridad, que ya tiene su candidato hombre para el gobierno de Jalisco y que no le importó regatear a las mujeres de su partido, la oportunidad histórica de gobernar Jalisco.
Activistas promueven amparos para garantizar la interrupción del embarazo en clínicas de del IMSS y del ISSSTE
Ana Alicia Osorio IV entrega
SemMéxico, Veracruz, Ver., 8 de noviembre, 2023.-La práctica del aborto en Veracruz es legal, pero la falta información y las trabas que pone el personal de salud pública propicia que las mujeres tengan dificultades para acceder al servicio y que busquen otras vías para poder realizarlo.
Actualmente, el Código Penal del estado de considera legal el aborto hasta las 12 semanas, así como por violación, peligro de salud de la madre o malformaciones del feto (sin límite de tiempo para estas causales), pero la realidad supera las disposiciones legales, pues las entidades de salud pública no garantizan el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado.
Sofía vive en Ciudad Mendoza y sabía que tenía derecho a interrumpir su embarazo, por lo que acudió a la Jurisdicción Sanitaria de su zona para pedir informes, pero el doctor que se encontraba en turno le negó el servicio, e inclusive, le dijo que no era legal realizarlo. Ante la negativa, la pérdida de tiempo y la incertidumbre, buscó realizar el procedimiento por otro lado. Pagó cerca de seis mil pesos para acudir a la Ciudad de México a practicarse un aborto con medicamentos, en una clínica privada de la ciudad. Aunque con trabajos reunió el dinero necesario, se pregunta qué pasa con una mujer que no tiene los recursos económicos.
En Veracruz el cambio legal llegó por las movilizaciones de la sociedad civil. La estrategia que utilizaron fue mediante una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado (mecanismo de emergencia contenido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia), sustentando que las políticas públicas del estado violaban los derechos humanos de las mujeres.
Desde que el aborto es legal en Veracruz, 20 de julio de 2021, se han realizado 567 interrupciones de embarazo. De este total, 45 fueron en el 2021; 292 el año pasado, (279 antes de los 12 semanas y 13 a víctimas de violación) y 230 en 2023 (219 antes de las 12 semanas y 11 a víctimas de violación).
Estas estadísticas oficiales no contemplan a aquellas mujeres que se han practicado un aborto buscando otros medios, como Nadia, quien prefirió ir con una colectiva de mujeres para que le ayudaran en el proceso, pues por el miedo y la falta de información no acudió al sector salud: “desde que me enteré de que estaba embarazada entre en pánico y sabía que tenía que tomar una decisión… me acerqué con la colectiva, me sentí apoyada y cuidada, porque entendían mi situación y eso me hizo tener calma. Me ayudaron mucho al decirme cuál sería el mejor método para hacerlo y aunque ellas sabían que tenía miedo, siempre estuvieron al pendiente de mí”, relató.
Luz María Reyes, de la colectiva Marea Verde de Orizaba, afirmó que muchas mujeres prefieren buscar a las organizaciones para evitar la revictimización en el sector salud. Por ello, colectivas y organizaciones en Veracruz tienen programas de acompañamiento para realizar el procedimiento, algunas ayudan en el acceso al servicio del sector público, otras optan por brindarles las pastillas o guiarlas en el proceso de manera independiente.
“Nuestro deber como acompañantes, si nos contacta una mujer que tiene la posibilidad de acudir a algún centro de salud para que se le atienda, es informarle cómo es el protocolo a seguir, pero la mayoría de ellas prefieren continuar el procedimiento con nosotras, precisamente por desconfianza y miedo. Las mujeres que deciden acudir al centro de salud a veces regresan para solicitar acompañamiento o porque en el hospital no hay medicamentos o por la falta de ética del personal de salud”.
Estos tratos hacia las mujeres que desean abortar suceden a pesar de que en Veracruzexisteel Programa Estatal de Aborto Seguro, el cual indica los pasos que deben seguirse para acceder a un aborto: acudir a cualquier centro de salud, de ahí las solicitantes serán canalizadas al sitio donde se realizará el procedimiento, el proceso se hará por medio de pastillas y sólo, en caso necesario, será mediante una aspiración manual intrauterina; además, precisa la forma en que debe conducirse el personal del sector salud.
Sin embargo, el programa no se respeta y suceden casos como los de Sofía, a quien le negaron la atención, o las mujeres que han acudido con Marea Verde, en Orizaba, o a otras colectivas, quienes han acusado que el personal médico las trata mal.
Incluso, la directora de la Asociación Civil Equifonía, Adriana Fuentes Manzo, afirmó que el Programa Estatal de Aborto Seguro requiere modificaciones, pues no especifica cómo se debe proceder cuando se trata de mujeres o niñas víctimas de violación o en los casos que pasan de las 12 semanas de gestación.
Respecto a los datos sobre la interrupción del embarazo, la Secretaría de Salud tiene información contradictoria. Al preguntarles sobre el número de hospitales y clínicas donde se realizan los procedimientos o la cantidad de personal médico, señala que no existe un registro del número de personal médico que es objetor de conciencia, mientras en otro documento indica que son 78 personas quienes pueden practicarlo, y en otro que son 66.
El número de hospitales también varía, en un documento asienta que son 48, en otro 66 y en otro más 56; mientras en el directorio de Servicios de Aborto Seguro de los Servicios Estatales de Salud de la Secretaría de Salud federal, se informa que sólo son siete hospitales.
Aun y cuando el número de hospitales y clínicas sea correcto, son insuficientes. González Saavedra afirmó que existen lugares en Veracruz donde las mujeres y niñas tienen que viajar durante largas horas para llegar a un lugar para ser atendidas, cuando por fin llegan, el personal de salud se ocupa en aumentar el temor de las mujeres al exagerar los posibles riesgos, sin respetar lo que señala el Programa de Aborto Seguro, según informó Reyes Huerta integrante de la colectiva Marea Verde.
El Hospital de Río Blanco es el único lugar a donde pueden acudir las mujeres de la Sierra de Zongolica, una zona de alta marginación y altos índices deembarazos infantiles.
El Programa de Aborto Seguro en Veracruz cuenta con presupuesto estatal y federal. En 2022 ejerció un presupuesto de 1.2 millones de pesos, a través del Programa Violencia de Género y Aborto Seguro del Ramo 12 (presupuesto federal), así como 3.9 millones de pesos de presupuesto estatal del Programa Aborto Seguro, según la solicitud de información 301153823000124. Aunque los recursos no responden a las necesidades, pues en el año 2021, cuando el aborto aún no era legal, contaron con un millón 78 mil pesos para compra de medicamentos y en 2022, cuando ya se tenía que brindar el servicio, se destinaron 994 mil 807 pesos.
A la pregunta ¿dónde te practicarías un aborto?, Adriana respondió: “buscaría una clínica privada”. Ella es del municipio de Veracruz y argumentó que cuenta con los recursos, además de que no sabe cómo acceder a los servicios públicos y, presume, sería difícil.
Archivo
Fuentes Manzo, integrante de Equifonía, afirmó que uno de los principales obstáculos para acceder a un aborto legal y seguro, es la falta de campañas de información de la Secretaría de Salud para que las mujeres conozcan sus derechos.
En contraste, la Secretaría de Salud afirma realizar campañas sobre aborto seguro. En respuesta a solicitud de información, la institución nos proporcionó un cartel, dos postales, un flyer y un tríptico, para mostrar que sí se informa sobre el aborto seguro. Sin embargo, estos materiales no son visibles en hospitales, centros de salud ni en sus redes sociales. Una activista comentó: “Visitando algunas jurisdicciones encontré carteles sobre vacunas, sobre Papanicolaou, sobre examen de mama, pero nada relacionado con la interrupción de embarazo, la información, entre menos se tenga, es mejor para todos porque sabemos que es un tema que incomoda”.
Para Fuentes Mazo “(…) una de las cosas que falta es enviar un mensaje que informe de los centros de salud a los que las mujeres pueden acudir, brindar información de que el servicio está disponible, que es gratuito, que la atención debe respetar los derechos humanos de las mujeres y garantizar la salud de las mujeres”.
De los materiales que proporcionó la Secretaría de Salud,sólo hay un número de teléfono para atención de aborto seguro. Al llamar, y antes de brindar cualquier información, solicitan los datos personales (nombre, edad, número de teléfono, dirección y las razones para realizar la interrupción), después informan que se agendará una cita en un hospital o señalan los pasos a seguir si se tiene otro servicio de salud, pero advierten que el IMSS está negando el servicio y, por ello, lo tiene que hacer los centros de la Secretaría de Salud.
Homero Arróniz, representante de Comunicación Social de la delegación IMSS Norte, ante una petición de aborto, responde en un documento membretado del instituto, que “el Código Penal Federal no contempla la figura del aborto discrecional”, por lo que “NO sería posible atender favorablemente su solicitud de interrupción del embarazo”. En el caso del ISSSTE, los directivos se negaron a dar entrevistas sobre del tema, argumentando que se trataba de un asunto federal.
Ante estas negativas a dar el servicio de aborto seguro, activistas veracruzanas promovieron diversos amparos de derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, buscando que se determine que se trata de un derecho. Al cierre de esta edición, las autoridades de ambas instituciones no respondieron a la solicitud de información.
El Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE) indicó que el IMSS, el ISSSTE y demás entidades federales deberían brindar el servicio.
Actualmente, el Programa de Aborto Seguro en Veracruz solicita, para practicar un aborto en las instituciones estatales, una constancia de no derechohabiencia, es decir, que no se encuentre afiliada a otro sistema de salud, pues en el caso de tener este servicio, se debe ir a la clínica correspondiente y solicitarlo por escrito.
El proceso de acceso a la interrupción legal del embarazo resulta largo y pesado para muchas mujeres, quienes no saben cómo hacerlo y continúan con un embarazo no deseado sin tener el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito proporcionado por una entidad pública, como lo marca la ley veracruzana.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.
Negligencia y falta de empatía de personal de la Fiscalía y Poder Judicial de Quintana Roo retrasan sentencia y producen revictimización
Una silueta con el nombre de Reina Corazón será colocada en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 25 de noviembre.
Caminemos juntas hacia la justicia, rumbo al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Graciela Machuca Martínez*
SemMéxico, Cancún, Quintana Roo, 8 de noviembre, 2023.- Reina Corazón, de 27 años de edad y con siete meses de embarazo de su tercer hijo, fue víctima de feminicidio el 28 de enero de 2021 en la ciudad de Cancún, el feminicida es Ariel N. un jardinero y vecino, quien al menos había ido a trabajar en tres ocasiones a su casa.
A dos años y diez meses del crimen, y luego de un proceso plagado de irregularidades y negligencias por el personal de la Fiscalía, este noviembre, se realizarán las audiencias que podrían, finalmente, contener la sentencia contra el imputado por este feminicidio.
Reina Corazón dejó en la orfandad a una niña de 12 años y un niño de diez, quienes, además, de perder a su madre, se encuentran en un estado de inseguridad jurídica, por no definir la tutela. En entrevista, la madre, la abobada del caso y las hermanas, afirmen que el burocratismo en juzgados familiares impide dar la tutela a la madre de Reina Corazón, María Ramos Mas, de 59 años, trabajadora doméstica.
La historia del feminicidio de Reina Corazón, por intervención de la abogada María Teresa Paredes, formará parte de la campaña nacional para visibilizar la violencia feminicida en México, Siluetas para Visibilizar la Violencia Feminicida en México que se instalará en el zócalo de la Ciudad de México, el próximo 25 de noviembre. La abogada se ha hecho cargo del caso desde los primeros días de los hechos.
La campaña para hacer visibles los feminicidios en México, también busca hacer un llamado a la sociedad y al Estado a respetar la dignidad e integridad de las mujeres que han sido víctimas de violencia feminicida. Demanda cese a la impunidad y cumplimiento de las reglas para iniciar las investigaciones en casos de asesinatos dolosos de mujeres.
La historia
La madre, María Ramos Mas relató, en entrevista, que el 28 de enero de 2021 se enteró que a su hija Reina Corazón la habían asesinado en su casa ubicada en Villas del Mar, Cancún. Se enteró por su hija Patricia del Carmen, a quien avisó la pareja sentimental de Reina Corazón. Erik dijo que al llegar al domicilio “había encontrado a mi hija tirada en el piso y muerta”.
Inmediatamente se fue al domicilio de Reina Corazón. Encontró la casa llena de policías. Erick fue presentado ante el Ministerio Público para que rindiera su declaración sobre el hallazgo del cuerpo de su pareja.
Responsable del feminicidio fue señalado Ariel N., jardinero y vecino, La policía entró a su casa y lo encontró bañándose. Ahí estaba su ropa y unas botas ensangrentadas. También el arma blanca con la que asesinó a Reina Corazón, con 27 puñaladas. En aquel momento no fue detenido. La policía reportó que no era el responsable.
Posteriormente, luego de la intervención de la abogada María Teresa Paredes, abogada que trabaja para el caso en forma gratuita, la Fiscalía detuvo a Ariel N.,. Se mostraron evidencias suficientes para detenerlo y fincarle responsabilidades, explicó la abogada. Echando por tierra las primeras averiguaciones que lo liberaron. Incluso combatiendo la definición del Ministerio Público de homicidio doloso y no feminicidio.
Larga Jornada
María Ramos Más, empezó su peregrinaje, en los juzgados, la fiscalía y más. Todavía, dice, no hay justicia para su hija; ni para su nieta y nieto, quienes, dijo, no pueden ser beneficiarios de una beca como estudiantes, porque el Poder Judicial de Quintana Roo no le ha asignado la tutela a María, y no puede representar a sus nietos legalmente. Ya pasaron casi 3 años, desde que comenzó el juicio.
El 29 de enero de 2021, doña María fue a la Fiscalía, a realizar una diligencia que ninguna madre se imagina realizar: reconocer el cuerpo de su hija Reina Corazón.
Recuerda: “…ahí presenté su acta de nacimiento, con el número de acta 689”. Ese día le dan detalles del asesinato y de la probable responsabilidad de Ariel N. El cuerpo se le entrega el día 30, para sepultarlo.
Entonces actuó la abogada María Teresa Paredes, quien cuenta: “…en su momento, ellos me buscan a mí a través de un conocido, porque doña Mari trabajaba con la hermana de este amigo y entonces él nos pide ayuda.
Al examinar los hechos, dice, me entero de que habían dejado ir al sospechoso, no obstante, que en su casa, cuando La policía lo encontró bañándose estaban a la vista la ropa, las botas ensangrentadas y el arma homicida. No se explica porque no lo aprehendieron.
“Entonces, pues obviamente los peritos, pues toman todas esas evidencias y se van, pero él también ya se había ido”, fue cuando “vamos y solicitamos la orden de aprensión, toda vez que había elementos suficientes para solicitarla”, fue el fiscal Oscar Montes de Oca, quien “inmediatamente ordena la detención de esta persona y es cuando van y ejecutan la orden de aprensión y así es como lo traen a juicio”, relata la abogada Paredes.
La burocracia
Tanto las investigaciones como el proceso judicial se han llevado con muchas vicisitudes, por ejemplo, el Ministerio Público se negó a reconocer que el embarazo de 7 meses, con un producto femenino, constituía un doble feminicidio, lo que hasta ahora no se ha sumado a la acusación. Ni se ha ejercido acción penal.
En principio el feminicidio de Reina Corazón se clasificó como homicidio doloso, a pesar, que la norma dice que en todos los casos de asesinatos dolosos contra mujeres la investigación debe iniciarse como feminicidio. La reclasificación fue otro largo y doloroso proceso para la madre, las hermanas e hijos de la víctima.
Para los días 18 y 21 de noviembre se tienen programadas audiencias por parte de la asesoría jurídica y del Ministerio Público.
El imputado solo ha solicitado el procedimiento abreviado, pero no ha ofrecido pruebas, ningún otro elemento que le permita beneficiarse del procedimiento abreviado.
También han revictimizado a la madre en el Ministerio Público.
Según los testimonio priva ahí indolencia y falta de capacitación, pero principalmente, hay la falta de empatía del personal con las víctimas.
Por ejemplo, recientemente, una fiscal la interrogó sin cumplir los protocolos con enfoque victimológico y presionó a la madre, a tal grado que todo lo que la señora Mari iba a declarar se le olvidó, al decirle la servidora pública que si no se preparaba iba a perder el juicio, porque no sabe leer.
Doña Mari dice: “Sé leer un poco, pero en ese momento, leí muy despacio y me equivocaba y por eso me dijo que si no me preparaba iba a perder el juicio, porque no se leer”. Esto la orilló a regresar a terapia para enfrentar los malos tratos de una fiscal que no tiene empatía, visión de género y de Derechos Humanos con una víctima, como es la madre que perdió a su hija.
La Fiscalía de Quintana Roo debe cambiar sus métodos de selección de personal, no solo basta los conocimientos técnicos y jurídicos o las recomendaciones para ejercer el cargo de fiscal, hace falta otras aptitudes esenciales , como la empatía con las víctimas y la ética profesional.
Para Patricia del Carmen, hermana mayor de Reina Corazón, la situación ha sido muy difícil ante el burocratismo en las instituciones. Ella, actualmente es la tutora en la escuela de su sobrina y sobrino, además, de ser la que acompaña a su mamá a todos lados, a todas las diligencias.
Un asunto que debe resolver de inmediato el Poder Judicial de Quintana Roo es el relativo a la tutela de la hija y el hijo de Reina Corazón, y que le corresponde a la abuela materna, ya que Reina Corazón era madre soltera, “pero en los juzgados aprovechan cualquier oportunidad para retrasar la sentencia para asignar la tutela; las autoridades se contradicen de audiencia en audiencia, mientras tanto, la niña y el niño se encuentran en la incertidumbre jurídica respecto a la patria potestad, atal grado que no pueden recibir beneficios de becas, porque la abuela aún no tiene la personalidad jurídica como tutora, al cual se la debe asignar un juez”.
Siluetas, campaña nacional contra la violencia feminicida en México
La campaña, donde se incluyó el caso de Reina Corazón, señala que México, territorio rebasado por la violencia contra las mujeres en donde el machismo, la corrupción, la incapacidad y la falta de responsabilidad por parte de las autoridades en todos los niveles de gobierno, permiten que ocurran entre 11 y 20 feminicidios por día.
Señala que la indolencia y la indiferencia de la sociedad son también alarmantes.
Hoy, por los testimonios de las víctimas indirectas, se constata que hay desprecio de las autoridades, aunque las mujeres estén amenazadas de muerte. En las fiscalías, entre los y las jueces, la actitud de gobiernos locales y federales, sucede una complicidad.
Por ello las familias víctimas de violencia feminicida se han unido en una acción de resistencia para darles voz a sus hijas y hacerlas presentes, porque la justicia es el único camino de reparación y memoria.
“El símbolo de la campaña será la figura de una niña que representa a todas las mujeres, adolescentes y niñas que han sido víctimas de la violencia feminicida”.
Desde el mes de agosto pasado informó que Madres que Luchan, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), SERAPAZ, REDMYH, Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres y DDeser Jalisco lanzaron esta campaña Caminemos juntas hacia la justicia, rumbo al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
*Directora de Maya Sin Fronteras, el texto fue editado por SemMéxico
SemMéxico/México Evalúa, 8 de noviembre, 2023.- Tres años después de la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), queda de manifiesto el gran error que fue eliminarlo. Los recursos restantes para atender las consecuencias desastrosas de fenómenos naturales en 2023, con todo y el bono y seguro catastróficos, difícilmente alcanzarán para reconstruir Acapulco y zonas aledañas tras el huracán Otis. El retraso de los ingresos a lo largo de este año plantea un nudo tremendo: es imperante amparar a las personas afectadas… ¿Cómo hacerlo? ¿Se tendrán que recortar otros gastos?
En los últimos 20 años, los huracanes más potentes en México dejaron daños de entre 32 y 43.4 mmdp, según la Comisión Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred)[1]. Si del huracán Otis se desprende un costo similar, los 7.5 mmdp restantes en 2023 para desastres de este tipo y los 13.7 mmdp que podrían recibirse de bonos y seguros[2] serán insuficientes.
Los recursos de 2023 no alcanzarán, y más: se heredará la presión financiera al siguiente año. Para 2024 se proyectan en el Presupuesto 17.9 mmdp para atender emergencias derivadas de fenómenos naturales, los cuales se tendrían que gastar en su totalidad para reconstruir Guerrero (con el riesgo incluso de ser insuficientes). La consecuencia: careceríamos de recursos para atender otros fenómenos potenciales el siguiente año.
Es inevitable pensar en lo que hubiera pasado de no desaparecer el Fonden. Estimamos que el Fondo habría contado con 36 mmdp en 2023, el doble de lo que la SHCP aprobó para atención de desastres este año. Y si se hubieran mantenido las reglas de asignación de recursos para desastres, el saldo del Fondo y los recursos presupuestarios al tercer trimestre llegarían a 72.1 mmdp, cuatro veces más de lo aprobado en 2023. Con esta ‘bolsa’, más los recursos aprobados en 2023 y los seguros financieros, se habría contado con hasta 85.9 mmdp para atender la emergencia.
Pero la realidad es otra: sin el Fonden el Gobierno está en la disyuntiva de incrementar el presupuesto aprobado para este tipo de fenómenos, con el costo de hacer recortes en otras áreas. El problema es que al tercer trimestre del año los ingresos del Gobierno federal van 4.4% (178 mmdp) por debajo de la meta, el peor retraso en 20 años, lo que ya ha provocado recortes en 26 dependencias, así como en las Participaciones Federales y Ramos Generales. En otras palabras: el huracán Otis, la desaparición del Fonden y el retraso en los ingresos son la tormenta fiscal perfecta.
Les contamos los detalles de la historia de un desastre que no era prevenible, pero sí previsible.
RETROCESO INSTITUCIONAL
La fuerza de un huracán como Otis es ineludible, pero contar con los recursos para hacer frente a lo dejado por su estela era perfectamente posible. Por más de 20 años, de 1999 al cierre de 2020, el Gobierno federal contó con un mecanismo de ahorro para atender las consecuencias catastróficas de fenómenos naturales: el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). En noviembre de 2020 se decretó su eliminación y, aunque a la fecha sigue en proceso de extinción, ya no es operativo.
La virtud institucional del Fonden es que tenía reglas que favorecían su capitalización año con año. En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en su artículo 37[3], se estipulaba que el Gobierno aportara al Fondo por lo menos el 0.4% del gasto programable. Antes del establecimiento de esta disposición, en 2015, no se habían logrado aportaciones en esa medida (en 2009, 2012, 2013 y 2014, queremos decir). No obstante, de 2015 a 2018 sí se cumplió la regla, e incluso hubo años en que se aportaron más recursos de los obligados; así, de 2008 a 2018 se aportó, en promedio, el 0.5% del gasto programable.
Junto con el Fonden se fue su regla de capitalización, sin que se creara una nueva norma que estableciera un piso mínimo para el presupuesto en atención a desastres. Mientras que en 2020 se aportó al Fondo el 0.6% del gasto programable, en 2021 y 2022 sólo se gastó el 0.2% en atención a desastres, en 2023 se aprobó el 0.3% y para 2024 se proyecta sólo el 0.3% del gasto programable. De aprobarse el Proyecto de Egresos 2024 sin cambios, el gasto promedio sexenal en atención a desastres será de sólo 0.3% del gasto programable: un claro deterioro institucional.
En 2021 y 2022 se gastaron en atención a este tipo de fenómenos naturales 16.6 mmdp y 8.2 mmdp, respectivamente. Sin embargo, de haberse mantenido la regla de la LFPRH, se habrían tenido que gastar (o habrían tenido que ‘entrar’) 4.3 mmdp adicionales en 2021, y 13.9 mmdp más en 2022. Para 2023 se tendrían que haber presupuestado 23.7 mmdp, y no los 17.1 mmdp aprobados, y para 2024 ‘corresponderían’ 25.8 mmdp, pero se proponen sólo 17.9 mmdp.
Un último punto: si bien el Fonden era nutrido por rendimientos financieros, seguros y bonos catastróficos, el 86% (253 mmdp) de las entradas acumuladas que recibió de 2008 a 2018 fueron aportaciones del Gobierno. Es decir, se trataba de un mecanismo que no dejaba el financiamiento de las emergencias a la suerte.
LOS RECURSOS DISPONIBLES
Llegamos a 2023 desprotegidos ante las consecuencias desastrosas de los fenómenos naturales. Para este año se aprobaron sólo 17.3 mmdp en el Ramo 23 para la atención de esta posibilidad, pero el presupuesto modificado a septiembre era de sólo 13.2 mmdp, un recorte de 24% (4.1 mmdp). Este recorte puede deberse a la lenta evolución de los ingresos en lo que va del año, como explicaremos más adelante. De estos recursos, al tercer trimestre de 2023 se han gastado 5.7 mmdp, por lo que quedan 7.5 mmdp de recursos presupuestarios para la atención y reconstrucción del litoral de Guerrero, luego del huracán Otis.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda tiene contratada una póliza de seguro para catástrofes con una suma asegurada de 5 mmdp, y un bono para catástrofes que ofrece una cobertura de hasta 485 millones de dólares[4]. En suma, de estos mecanismos de coberturas financieras se pueden obtener 13.7 mmdp. Si el Gobierno no modifica al alza su presupuesto contra desastres, contaría con sólo 21.2 mmdp entre recursos presupuestarios y coberturas, lo cual es insuficiente, como expondremos más adelante.
Esto es lo que provocó el fin del Fonden: al cierre de 2020, antes de ejecutarse el decreto de extinción, el Fondo contaba con 33 mmdp (reales de 2023), pero una vez iniciado el proceso de eliminación, el Gobierno federal retiró 32 mmdp, dejando sólo recursos para el proceso de extinción. De haberse mantenido el fideicomiso, en 2023 el Fonden contaría con 36 mmdp ahorrados pues se habrían generado ahorros pues sus salidas (gasto en atención a desastres naturales) habrían sido inferiores a sus entradas (presupuesto corriente aprobado en el Ramo 23). Si bien en 2021[5] se gastó exactamente lo aprobado y no se habrían generado ahorros, en 2022 se habrían obtenido 1.3 mmdp[6] por subejercicios de recursos. Además, se habrían sumado 1.4 mmdp[7] de rendimientos financieros entre 2021 y 2023. En total, con los recursos aprobados para 2023, el Fonden y las coberturas financieras, los recursos habrían llegado a 57.3 mmdp.
Y más: de no haberse modificado a la baja el presupuesto 2023, se contaría con 11.6 mmdp, más los seguros financieros potenciales (13.7 mmdp) y los recursos que se podrían haber tenido del Fonden (36 mmdp), los recursos disponibles para atender la emergencia por el huracán Otis llegarían hasta 61.4 mmdp, el triple de lo disponible actualmente.
La disponibilidad incluso podría haber sido mayor si lo estipulado en la LFPRH –destinar el 0.4% del gasto programable a la atención de estas emergencias– estuviera vigente. En 2021 y 2022 se habrían tenido que presupuestar 20.9 mmdp y 22.1 mmdp, respectivamente. Ya que en 2021 se gastaron sólo 16.6 mmdp en atención a desastres y 8.2 mmdp en 2022, en esos dos años se habrían ahorrado 18.2 mmdp en el Fondo, por subejercicios. O sea, al cierre de 2022 el Fonden habría contado con 53.7 mmdp.
Asimismo, en 2023 se habrían tenido que presupuestar 23.7 mmdp, en lugar de los 17.3 mmdp. Si descontamos los 5.7 mmdp gastados a septiembre, quedarían 17.9 mmdp para el último trimestre. Como resultado, los recursos acumulados en el Fonden, más el restante de 2023, serían de 72.1 mmdp, cuatro veces más de lo presupuestado oficialmente para este año o 9.6 veces más de los recursos presupuestarios sobrantes de 2023 (7.5 mmdp). Ya con los seguros financieros, se habría contado con hasta 85.9 mmdp para atender la emergencia.
LO QUE CUESTA ATENDER ESTOS DESASTRES
Dada la magnitud del huracán Otis, los recursos presupuestarios restantes en 2023 y los proyectados para 2024 difícilmente alcanzarán para la reconstrucción de Acapulco y aledaños.
Según datos de la Comisión Nacional de Prevención de Desastres Naturales (Cenapred), los huracanes son de los fenómenos meteorológicos potencialmente más destructivos, y cuyas consecuencias provocan costos más abultados. La Comisión refiere que los mayores desastres, hasta ahora, fueron los provocados por los huracanes Karl y Matthew, que azotaron Veracruz en septiembre de 2010, con sólo 10 días de diferencia, afectando a casi 90 mil viviendas, 129 escuelas, 10 hospitales y nueve mil comercios, con un costo total de 43.4 mmdp (a precios de 2023).
El segundo huracán más devastador fue Wilma, que golpeó la península de Yucatán en 2005, dejando un saldo de 22.7 mil viviendas dañadas, 358 escuelas y 14 hospitales, con un costo de 39.9 mmdp. Le sigue el huracán Alex, en el verano de 2010, que afectó principalmente a Nuevo León y causó daños por 37.8 mmdp.
Más recientemente, en 2013 los huracanes Ingrid y Manuel azotaron las costas de Guerrero, dejando 10.4 mil viviendas, 510 escuelas, 35 hospitales y 12.3 comercios dañados, con un saldo de 36.9 mmdp. Asimismo, en 2014 el huracán Odile afectó a cinco mil viviendas, 923 escuelas, 14 hospitales y 5.9 mil comercios, con un daño por 36.5 mmdp.
De momento se desconoce la magnitud del daño que el huracán Otis dejó en Guerrero. No obstante, se sabe que ha sido el huracán más fuerte que ha tocado tierra en este estado. Si, como hemos visto, el costo de las consecuencias de este fenómeno meteorológico ha oscilado en últimas fechas entre los 36.5 y los 43.4 mmdp, los 7.5 mmdp que le restan al Gobierno para atención a desastres y los seguros financieros (13.7 mmdp) no serán suficientes para amparar en lo inmediato a los afectados y para arrancar la reconstrucción de una ciudad que es el motor económico de Guerrero, con la amplia mayoría de sus edificios destruidos o dañados.
Si bien es cierto los gastos en reconstrucción se realizan en varios años, hay que notar, que ante el potencial costo del huracán Otis, los 17.9 mmdp proyectados para el siguiente año podrían no bastar para encaminar la reanimación de Acapulco. Es necesario un incremento del presupuesto 2024, para atender a Guerrero y a otros fenómenos que pudiesen ocurrir.
LA RECONSTRUCCIÓN ANUNCIADA
El 1 de noviembre de 2023, el Gobierno anunció el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez, con un monto estimado de 61.3 mmdp[8]. Este plan consiste principalmente en apoyos directos a la población, exención de pago de impuestos y, en menor medida, de apoyos financieros y reconstrucción de infraestructura.
La principal acción en materia de apoyos directos consiste en pagos de entre 8 mil a 65 mil pesos por vivienda para limpieza y pintura, por un valor estimado de 10.4 mmdp o 17.1% del total. No consideramos este gasto como reconstrucción de infraestructura, sobre todo porque los apoyos de monto reducido difícilmente servirán para reponer estructuras como techos, ventanas o puertas dañados por el huracán. Además, como lo indica la acción, su enfoque va dirigido a limpieza y pintura, lo cual propiamente no es infraestructura.
Otras acciones de apoyos directos son el pago para compra de enseres domésticos dañados por 4 mmdp, otorgamiento de canasta básica a 250 mil familias por 3.2 mmdp, apoyos a locales comerciales (hasta 45 mil pesos por local) con un costo total de 1.9 mmdp y adelanto de distintos programas del Bienestar por un valor de 2.9 mmdp. En suma, los apoyos directos ascienden a 22 mmdp, o 36% del total del monto del Plan General.
En segundo lugar se colocan los apoyos por exención de pago de impuestos y contribuciones a la seguridad social por 19.4 mmdp o 31.7% del total. Destaca la exención de IVA e ISR de octubre a febrero, por 9.1 mmdp (14.9% del total del Plan) y la prórroga del pago al IMSS, Infonavit y Fovissste por 9 mmdp, o 14.7% del total. Asimismo, se condonará el pago de luz a la CFE con un costo de 1.3 mmdp o 2.2% del total.
En materia de reconstrucción, sólo se anunciaron programas por 12.5 mmdp o 20.5% del total. Serán 10 mmdp (16,3% del total) para la reconstrucción de infraestructura urbana: líneas redistribución de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado, hospitales, escuelas, dos aeropuertos y otros servicios. Además, 218 mdp para rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo, y 2.3 mmdp para reparación de infraestructura de la CFE.
¡Ojo! Los 12.5 mmdp anunciados para reconstrucción son menores que los 21.2 mmdp que se podrían acabar dedicando (7.5 mmdp restantes del Presupuesto 2023 y los 13.7 mmdp que potencialmente se recibirán por bonos y seguros), lo que podría significar que una buena parte de los recursos disponibles para atención de desastres y coberturas de riesgo terminen más bien financiando los otros tipos de apoyo, provocando que se mantenga la baja prioridad en las acciones de reconstrucción que se han observado desde la desaparición del Fonden. Queda por verse si en los siguientes días se hacen nuevos anuncios de reconstrucción.
Finalmente, como apoyos financieros se prevén 7.2 mmdp (11.8% del total) para el pago de la mitad de los intereses por créditos de la banca comercial a hoteles, con un costo de 5 mmdp; créditos sin intereses de Nafin por 1.7 mmdp, y créditos a la palabra por 500 mdp.
Si bien era indispensable y urgente el lanzamiento de un plan integral, identificamos deficiencias o indeterminaciones, en cuatro aspectos: 1. no queda claro cuánto de los recursos anunciados son adicionales o son reasignaciones de programas que estaban planeados gastarse en otros estados; 2. no hay un anuncio de cómo se compensarán las renuncias recaudatorias por aplazar contribuciones a la seguridad social o postergar el pago impuestos; 3. la inversión en infraestructura parece insuficiente, si se consideran los costos que han provocado otros huracanes de magnitud incluso menor (y, encima, no se especifica de dónde provendrán esos recursos); 4. no existe una clara estrategia para apoyar en el copago de seguros por parte de los negocios.
De lo anterior se desprende la observación de cuatro riesgos inminentes: 1. que los apoyos a través de programas sociales se den a costa de reasignar recursos que se pensaban gastar en otros estados; 2. que entidades como IMSS, ISSSTE y CFE tengan pérdidas o tengan que hacer recortes en sus programas (y que haya más recortes en otras áreas del gasto, al limitarse los ingresos tributarios). 3. que gran parte de las necesidades de reconstrucción sean tan grandes que el Gobierno federal claudique y cargue la responsabilidad al Gobierno estatal y al sector privado. Hay que recordar que a inicios de octubre el Presidente López Obrador mandó una iniciativa[9] a la Cámara de Diputados, para obligar a las entidades a prever sus propios fondos y seguros para la reconstrucción de desastres; 4. que los hoteles y negocios no puedan cobrar sus seguros por falta de recursos para pagar deducibles.
LA RECONSTRUCCIÓN OLVIDADA
Detengámonos en un riesgo particularmente crítico. La experiencia de los últimos dos años nos dice la reconstrucción de infraestructura, en general, ha sido relegada. Como identificamos en artículos anteriores, luego de la desaparición del Fonden los recursos presupuestados para la atención de este tipo de desastres se han utilizado en mayor medida para programas de atención directa (con posibles fines clientelares), en detrimento de las acciones de reconstrucción. De 2013 a 2020, el 76% de las erogaciones del Fonden fueron destinados al levantamiento de infraestructura, pero en 2021 y 2022 sólo se dedicó a este fin el 28% de los gastos clasificados como atención a las consecuencias desastrosas de fenómenos naturales.
El desglose por destino específico del gasto del Fonden comenzó en 2013. De esta forma, podemos saber que en 2013 se destinaron 32 mmdp para obras de reconstrucción tras fenómenos ocurridos ese año y en periodos anteriores. Por ejemplo, se destinaron recursos para la reconstrucción en Veracruz por el huracán Matthew, así como recursos en Oaxaca y Guerrero por los huracanes Ingrid y Manuel.
No obstante, 2014 fue el año con el mayor gasto en reconstrucción con recursos provenientes del Fonden, con un monto de 40.7 mmdp. Se dio tanto para obras de reconstrucción del huracán Odile de 2014 como para fenómenos pasados como los huracanes Manuel, Ingrid, Bárbara y Raymond de 2013, entre otros.
Ya para 2022 el gasto en reconstrucción fue de sólo 3.4 mmdp, 87% (23.7 mmdp) por debajo del promedio del sexenio pasado. Con la desaparición del Fonden se perdió también la profundidad en los informes del gasto en reconstrucción. Sólo se sabe que los recursos fueron destinados a atender obras dañadas por eventos sucedidos entre 2020 a 2022.
En lo que resta de 2023, es posible que se anuncien otros programas de reconstrucción, pero dependerán de la disponibilidad presupuestaria. Según los nuevos lineamientos de operación para atender daños por fenómenos naturales[10], las dependencias o entidades deben pedir por escrito a la SHCP recursos para los programas de reconstrucción. En caso de no haber suficiencia presupuestaria, la autorización quedará sujeta a futuras previsiones de recursos. Debido a la escasez de recursos este año, lo más probable que sólo se anuncien nuevas obras de reconstrucción de 2024 hacia adelante.
PRESIÓN DE LOS INGRESOS
El desastre tras el huracán Otis llega en el peor momento para las finanzas públicas: los ingresos del Gobierno federal registran a noviembre su peor retraso en décadas y no hay un fondo para contingencias.
Los ingresos del Sector Público se pueden dividir en dos categorías principales: 1. los ingresos totales, incluyen los ingresos petroleros tanto de Pemex como del Gobierno federal; los ingresos tributarios; los ingresos no tributarios no petroleros (NTNP), y los ingresos de empresas y entidades públicas como IMSS, ISSSTE y CFE. 2. los ingresos del Gobierno federal, que incluyen sólo recursos administrados directamente por el Poder Ejecutivo, como los ingresos tributarios, transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) y los NTNP.
Al mes de septiembre los ingresos totales del Sector Público ascendieron a 5.1 billones de pesos, 2.9% (157.6 mmdp) por debajo de lo calendarizado para el periodo, el segundo peor retraso desde 2020. Por su parte, los ingresos del Gobierno federal fueron de 3.8 billones, 4.4% (178.3 mmdp) menos de lo presupuestado al tercer trimestre, el peor retraso en más de dos décadas, incluso superior al retraso durante la pandemia.
Los ingresos totales presentan un menor retraso respecto de los ingresos del Gobierno federal, debido a que los ingresos de CFE, IMSS e ISSSTE en 2023 van por encima del calendario en 99 mmdp en conjunto, lo que compensa en parte los otros faltantes. Durante la pandemia, en el mismo periodo dichas instituciones tenían un retraso de sus ingresos de 22 mmdp.
Asimismo, los faltantes en la renta petrolera se concentran en mayor medida en los ingresos petroleros del Gobierno, debido a la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) y su postergación. Por ejemplo, en septiembre de 2020, de 370 mmdp faltantes de ingresos petroleros, el 45% ‘lo asumía’ el Gobierno federal y el 55% Pemex. Para 2023, de 216 mmdp faltantes, el 64% era déficit del Gobierno federal y sólo el 36% de Pemex. La Federación está absorbiendo el mayor golpe de las pérdidas recaudatorias.
Los ingresos tributarios registran un retraso de 3.3% (116 mmdp), el segundo mayor desde la pandemia. Las exenciones del pago de IVA e ISR para apoyar a Guerrero profundizarán este déficit tributario.
Finalmente, los ingresos del Gobierno federal presentan un retraso mayor al de 2020, debido al agotamiento de instrumentos como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). Las transferencias de estos fondos a la Federación se registran como ‘aprovechamientos’, dentro de los ingresos NTNP. En 2020 al 3T el Gobierno recibió 189% (292 mmdp) más de ingresos NTNP frente a lo calendarizado, pero este año ha recibido sólo 42% (76 mmdp) adicionales al programa, lo que ha compensado en menor medida los faltantes.
En suma, el fondeo de acciones de reconstrucción por el huracán Otis deberá provenir de los ingresos del Gobierno federal, los cuales, como hemos visto, están en su peor momento histórico en cuanto a faltantes.
La falta de ingresos ha provocado agudas medidas de austeridad. De enero a septiembre de 2023, nueve de 10 Ramos Autónomos tienen retraso en su gasto frente al calendario, y también 13 de los 26 Ramos Administrativos.
En monto, los peores subejercicios se ubican en la Secretaría Salud, la cual erogó a septiembre sólo 81.8 mmdp, 32% o 39.5 mmdp por debajo de su programa. Este retraso puede deberse al proceso de eliminación del Insabi y su transición hacia el IMSS-Bienestar.
Asimismo, la Secretaría de Turismo, encargada todavía este año de construir el Tren Maya, ejerció sólo 77.7 mmdp, 39.6% o 50.9 mmdp menos. Esto significa que ante los retrasos en los ingresos se ha reducido el ritmo de construcción de la principal obra de infraestructura de la actual administración. Por su parte, Pemex gastó 437 mmdp, 19% o 101 mmdp menos que el presupuesto aprobado al periodo, lo que se relaciona con menores gastos operativos, pero también con una reducción de 2.4% de su inversión.
Estos datos sirven para evidenciar la grave situación por la que pasan las finanzas públicas en 2023. Ante lo desencadenado por el huracán Otis, el Gobierno no tiene muchas opciones: se verá obligado a agudizar los recortes para disponer de recursos para la atención de la emergencia, limitará el gasto en reconstrucción o pedirá más deuda. Éstas son las consecuencias de no contar con instrumentos como el Fonden.
RECOMENDACIONES
En el corto plazo es necesario garantizar el acceso pronto, eficiente y transparente a los apoyos gubernamentales. Para esto proponemos:
Anunciar de manera clara los mecanismos para acceder a los recursos para la reconstrucción, apoyos directos, financieros o postergación de pagos, para dar certidumbre a las personas afectadas por el huracán Otis. Es necesario evitar que estos apoyos se condicionen de manera que puedan ser usados con fines electorales.
Se debe especificar en los anexos trimestrales de Hacienda de dónde provendrán los recursos para la atención del desastre (por ejemplo, de los ingresos corrientes, de la partida presupuestaria del Ramo 23 o de coberturas financieras). En caso de hacer reasignaciones de gastos entre programas, se debe aclarar cuáles son los programas que sufrirán reducciones.
Es necesario establecer un porcentaje de gasto en infraestructura, respecto del monto total de atención a desastres naturales financiado con recursos del Ramo 23 o de las coberturas de riesgo. Esto limitará el uso discrecional y electoral de los recursos. Además, se deben precisar los montos, sectores económicos y obras específicas que reciban apoyo en los informes trimestrales de Hacienda.
El Gobierno debe instalar un programa de copago de pólizas de seguros, para facilitar que las personas y negocios afectados puedan hacer válido el cobro de sus seguros financieros y acelerar la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez.
A mediano plazo es necesario contar con mecanismos de previsión para hacer frente a las consecuencias de fenómenos meteorológicos sin el riesgo de tener que recortar otros programas. Para esto proponemos:
Instalar un mecanismo de ahorro para atender estos fenómenos, gracias al cual año con año se vayan acumulando recursos. Se deberá determinar un saldo mínimo anual. En caso de que un Gobierno utilice los recursos para atender estas contingencias, deberá incrementar sus aportaciones al Fondo para recapitalizarse en el corto plazo.
Restablecer la normativa en la LFPRH para capitalizar año con año los fondos contra desastres por un mínimo de 0.4% del gasto programable.
ANEXO
Fonden vs. Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales
Mecanismo anterior
Mecanismo actual
El Fondo de Desastres Naturales es un mecanismo que permitía dar acceso a los recursos para atender los daños sufridos por un fenómeno naturales perturbador. Tenía por objeto dar acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales. Se integraba por los siguientes instrumentos: Fondo Revolvente Fonden: proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador. Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23 «Provisiones Salariales y Económicas» del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal. Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales.
Los recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales se proporcionan de manera complementaria y coordinada con las entidades federativas, y las entidades y dependencias federales que intervengan en los procesos de atención de las emergencias, cuando haya mediado una Declaratoria de Emergencia. Con la declaratoria, la Coordinación Nacional de Protección Civil podrá autorizar la adquisición de insumos con el fin de responder de forma inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de las personas. Los insumos y servicios proporcionados dependerán del presupuesto asignado para cada Ejercicio Fiscal.
Las dependencias federales podían solicitar apoyos del Fonden cuando los recursos de sus programas se encontraban ejercidos en su totalidad o resulten insuficientes.
La CNPC debe gestionar ante la SHCP la disponibilidad o suficiencia presupuestal, misma que deberá ir actualizando durante el ejercicio para poder garantizar el suministro de insumos y acceso a servicios que se requieran ante las Declaratorias de Emergencia. Cuando los recursos del Programa se encuentren ejercidos o devengados en su totalidad o cuando resulten insuficientes para la atención de las Declaratorias de Emergencia, la CNPC deberá gestionar ante la SHCP las ampliaciones presupuestarias.
Las dependencias y entidades federales, así como las entidades federativas, podían solicitar Apoyos Parciales Inmediatos con cargo al Fonden. Para efectos de fortalecer la capacidad de respuesta inmediata en el proceso de evaluación y cuantificación de daños, las dependencias y entidades federales responsables de cada sector afectado podían solicitar recursos con cargo al patrimonio del Fideicomiso Fonden.
Las dependencias y entidades federales únicamente podrán solicitar recursos con cargo al Programa para los Apoyos Parciales Inmediatos para la atención de Fenómenos Naturales Perturbadores que se encuentren corroborados por la Instancia Técnica Facultada correspondiente y que cuenten con la Declaratoria de Desastre Natural respectiva. El otorgamiento de los recursos estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Programa.
La reconstrucción de la infraestructura federal estaba a cargo de la dependencia o entidad federal correspondiente y los recursos para atender la misma eran otorgados en su totalidad por el Fonden. La SHCP analizaba las mejoras y adiciones presentadas por las dependencias y entidades Federales, así como las entidades federativas, para lo cual podrá solicitar la opinión y análisis técnico y determinaba la procedencia de estas conforme a las disponibilidades financieras existentes.
Mediante el Programa del Ramo General 23 sólo se podrán financiar, de manera total o parcial, programas de reconstrucción que deriven de las obras y acciones que se encuentren previstas en los Diagnóstico de Obras y Acciones Preliminares, los cuales son elaborados por las dependencias y entidades federales.
[3] En noviembre de 2014 se modificó el Artículo 37 de la LFPRH estableciendo que: En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para el Fondo para la Prevención de Desastres así como para el Fondo de Desastres, y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, con el propósito de constituir reservas para, respectivamente, llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales. Las asignaciones en el Presupuesto de Egresos para estos fondos, sumadas a las disponibilidades existentes en las reservas correspondientes, en su conjunto no podrán ser inferiores a una cantidad equivalente al 0.4 por ciento del gasto programable.
[4] Este monto equivale a 8.7 mmdp con un tipo de cambio de 18.1 pesos por dólar
[5] En 2021 el gasto para atender desastres naturales fue igual presupuestado en el Ramo 23, si no consideramos que ese año se gastaron 5.6 mmdp para el programa de vacunación.
[6] En 2022 se aprobaron 9.5 mmdp para la atención de desastres naturales vía el Ramo 23, pero se gastaron sólo 8.2 mmdp, repartidos en varias secretarías.
[7] Calculado a partir de rendimiento financiero obtenido a principios de 2021, previó a la extinción del fideicomiso.
[10] DOF (2021) ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos de Operación Específicos para atender los daños desencadenados por fenómenos naturales perturbadores. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5626531
SemMéxico, Pachuca, Hidalgo, 8 de noviembre, 2023.- El 31 de diciembre de 1870 nació una bella y airosa hidalguense que por su esfuerzo y entusiasmo se convirtió en médica cirujana de carrera, su nombre Columba Rivera Osorio. Mineral del Chico fue testigo de su nacimiento.
Los diferentes espacios en que se desarrolló permiten afirmar que fue una mujer tenaz, confiada en su talento y segura de sí misma, ya que se puede observar que fue profesora, periodista, feminista y médica.
Posiblemente como la mayoría de sus contemporáneas tener acceso a la universidad resultaba ser todo un reto. Por ello, prefirió primero estudiar para ser maestra. Columba obtuvo el título a los 17 años de edad.
Se dice que impartió́ clases en el Instituto Hidalgo, de la ciudad de Pachuca.También que fue directora de otras escuelas primarias del estado y jefa de la sección femenina del Departamento de Enseñanza Técnica, así como directora de la Escuela Normal para Maestras.
Una mujer que se apasiona por el estudio y tiene grandes proyectos de vida, siempre busca aprender más. Seguramente por eso, Columba Rivera no se conformó con ser una excelente maestra, decidió ser una de las primeras mujeres en estudiar en el Instituto Científico y Literario de Hidalgo, primer antecedente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Después de cursar el bachillerato decidió irse a la ciudad de México para estudiar una carrera que no era tradicionalmente destinada a las mujeres: la medicina. Se ha dicho que lo hizo porque su padre siempre había anhelado un hijo médico en la familia
Fue así́ como se convirtió́ en la segunda mujer mexicana en ser médica. La primera, Matilde Montoya, denunció la discriminación sufrida en las aulas y en los consultorios. Pese a todo, Columba también aceptó el reto.
La Escuela Nacional de Medicina, tal vez con recelo pero también con respeto, le abrió sus puertas. Se tituló como Doctora en Medicina, Cirugía y Obstetricia en 1900, tenía 30 años de edad. Recibió el apoyo del gobierno del estado a través de una beca, por lo que recibió al mes la cantidad de quince pesos para realizar sus estudios.
En 1904 también recibé una pensión para estudiar en los Estados Unidos. En este país se especializó en el funcionamiento de los departamentos antropométricos. Regresó a México convencida de la importancia de esta especialidad y logró que se creara la Inspección Médica en la Escuela Nacional de Maestros y poco después en todos los planteles oficiales educativos.
Realizó sus prácticas en el Hospital de San Andrés y también ofreció sus servicios para los casos de mujeres internadas por problemas psicológicos. Dio clases en la Escuela Nacional de Medicina. Fue jefa de enfermeras visitadoras del Departamento de Salubridad Pública. Su gran trayectoria influyó para que fuera nombrada jefa de la sala de cirugía en el Hospital Juárez.
A la par de la enseñanza y la medicina, Columba Rivera mostró su gusto por la escritura, tanto en la literatura como en el periodismo. Escribió poesía, así como algunas obras de teatro. Entre ella se citan “Cerebro y Corazón, “Sombra y Luz”, entre otras. Colaboró en diversas publicaciones periodísticas como El mundo ilustrado. Fue muy importante su apoyo y textos para fundar la revista feminista La mujer mexicana (1902-1907).
Demostró́ siempre su postura vanguardista en torno a la situación de las mujeres en México. Perteneció a una de las primeras asociaciones feministas en el país, “La sociedad protectora de la mujer”, en 1904. De igual manera, participó en el Congreso Internacional Feminista, celebrado en la ciudad de México, en 1925.
En la novela histórica Nadie me verá llorar, se narra la vida de Matilda Burgos, quien fue ama de llaves de Columba Rivera. Cuando la obra hace referencia a la primera médica hidalguenses hace referencia a una mujer de 43 años, soltera, seria, de vestir formal y generosa. La imagen siempre es construida por la mirada de la protagonista de la novela:
Matilda observó cada centímetro del cuerpo de Columba. Bajo los encajes de su blusa blanca abotonada perfectamente hasta el cuello se adivinaban un par de senos generosos, flácidos. Su piel blanca tenía la pátina ambarina de los pétalos a punto de marchitarse. Y sus cabellos claros, salpicados de canas y recogidos en un chongo tras la nuca, parecían opacos. Lo que verdaderamente impresionó a Matilda fue su rostro. La suavidad de las facciones primero y, de inmediato, el contraste de las gafas que cubrían sus ojos cafés, casi verdes, saltones.
Columba Rivera murió el 11 de noviembre de 1943, fecha representativa para que hoy la evoquemos.
SemMéxico, Ciudad de México, 8 de noviembre, 2023.- La enseñanza y la práctica de los cuentos orales en los salones escolares pueden tener impactos positivos en el desarrollo de la comprensión lectora, la redacción de textos y en el desarrollo socioemocional de las y los alumnos.
Hace seis meses tuve la oportunidad de asistir a una escuela subvencionada, al sur de una ciudad en Florida, en Estados Unidos, que atiende a hijos de trabajadores agrícolas migrantes hispanos, con el propósito de evaluar el lenguaje de algunos estudiantes referidos por sus maestros.
Durante la evaluación, conocí a Ariana y Gustavo, quienes cursaban el 3º de preescolar y no pudieron contarme el cuento sencillo que acababan de escuchar, ni contestar a ninguna de las preguntas de comprensión oral sobre el mismo.
Ari resaltaba en el aula por casi no hablar y Gus estaba a punto de ser derivado a diagnóstico por sospecha de trastornos de aprendizaje. Después de la evaluación, ambos ingresaron al programa de intervención de lenguaje narrativo[1].
Brevemente, el lenguaje narrativo se refiere a las partes críticas de un cuento o estructura narrativa (personaje, problema, emoción, acción y final) y las palabras y oraciones complejas que se usan para contarlo. La intervención en lenguaje narrativo consistió en presentar pequeñas historias que los alumnos volvían a contar con y sin apoyos visuales para facilitar la comprensión del cuento a través de la práctica oral.
Durante la intervención, Ari empezó a hablar cada vez más, tanto en la intervención con nosotros, como en el salón de clases. Gus empezó a adquirir confianza, aun cuando en las primeras sesiones apenas si era capaz de volver a contar cada parte de la historia con una sola palabra, y eso con muchos apoyos verbales de quien dirigía la intervención.
Pude observar, además, cómo los niños y las niñas con mayores brechas de conocimiento fortalecían su autoconfianza al volverse expertos en narrar historias, ya que ahora podían apoyar a quienes no habían recibido la intervención.
Fue tan impactante ver de cerca el desarrollo del lenguaje de las niñas y los niños, a la par de su desarrollo socioemocional, a través de estas intervenciones intencionadas en lenguaje narrativo, que cuando investigué sobre los estudios que documentan estos efectos, ya tenía una experiencia de primera mano que ilustraba lo que los estudios señalan con estadísticas.
Por un lado, están los estudios que reportan los beneficios académicos, en lectura y escritura, para fortalecer la comprensión y la expresión orales. La comprensión oral es fundamental para el desarrollo de la comprensión lectora[2], la cual es el principal mecanismo de aprendizaje a partir del tercer grado de primaria.
Además, enseñar de forma intencionada el lenguaje narrativo (con su estructura y sus oraciones más complejas), tiene beneficios muy valiosos en la comprensión cuando se dan oportunidades para que la niñez exprese sus narrativas de forma oral[3]. Por otro lado, las habilidades tempranas del lenguaje son también un buen indicador de cómo se desarrollarán las habilidades sociales[4] del estudiantado del nivel preescolar.
Sin contar con los beneficios sociales que, por sí solos, invitan a implementar estrategias efectivas de enseñanza del lenguaje oral narrativo, cabe preguntarnos ¿por qué es importante fortalecer el lenguaje narrativo antes de la enseñanza formal de la lectura?
Regularmente se piensa que, si una persona lee en voz alta ya sabe leer, pero hoy sabemos que, en muchos casos, cuando se está aprendiendo a leer, se lee –sonorizando un texto– sin necesariamente entender lo que se está diciendo. Cuando esto ocurre, es decir, cuando no se comprende lo que recién se acaba de “leer”, no se obtienen significados de la lectura ni tampoco se aprende.
A menudo, cuando se enseña a leer en los primeros grados, no se le presta tanta atención a la comprensión del lenguaje oral y se pone más énfasis en la enseñanza de las letras. La energía del colectivo docente, estudiantado y familias se concentra en lograr que niñas y niños aprendan las letras y, para facilitar este proceso de lectura inicial, las palabras que leen son sencillas, conocidas.
Sin embargo, llegará el momento en que las y los lectores se enfrentarán con palabras y oraciones más complejas, cuyo significado deberán comprender para dar sentido a los mensajes de los libros. Por eso, aplicar estas intervenciones con lenguaje narrativo –que gozan de respaldo científico– para mejorar la comprensión y la producción orales de historias[5] representa una respuesta muy oportuna para el desarrollo de la comprensión lectora, que debe ser atendida en todas las aulas para lograr una educación con equidad y calidad.
En educación, como en otros campos, la prevención es una herramienta mucho más eficaz y eficiente que la intervención. Dado que la estructura narrativa se desarrolla de forma gradual[6], se facilita evaluar y monitorear su progreso. El poder identificar dificultades en el lenguaje narrativo durante los primeros años escolares, –entre 3o de preescolar y 3o de primaria– tiene el potencial de ofrecer un abanico de posibilidades de intervención temprana en el aula.
Los estudios de niñas y niños bilingües (inglés y otra lengua)[7] muestran que la estructura narrativa no es diferente entre los niños monolingües y los bilingües, especialmente cuando se toman en cuenta factores socioeconómicos[8]. Para nuestras comunidades, en las que se habla más de una lengua, esto tiene repercusiones importantes en el aula, pues se puede usar la estructura narrativa como el medio para enseñar a niñas y niños de comunidades rurales palabras y oraciones complejas. También hay evidencia de que estos beneficios de la enseñanza del lenguaje narrativo sirven igualmente para atender a la población estudiantil con necesidades educativas especiales o de apoyo[9].
Por lo tanto, la aplicación de este tipo de estrategias, –como la que usamos en la experiencia relatada arriba y que fue desarrollada por la Dra. Spencer y sus colaboradores– tiene el potencial de resolver inequidades existentes, siempre y cuando el lenguaje narrativo se trabaje a lo largo de todos los grados escolares.
En el caso de Ari y Gus, tanto sus maestras como nosotros, pudimos apreciar un avance en su desempeño general. A partir de una intervención en pequeños grupos, en inglés y en español (por separado), completada por varias sesiones de enseñanza en el aula completa, pudimos ver un impacto en su lenguaje oral narrativo, medido por nuestras evaluaciones estandarizadas. Sin embargo, el avance más contundente para mí fue que sus sonrisas revelaban que ya no se sentían fuera de lugar en la escuela.
Gabriela Silva Maceda* Integrante de MUxED. Es profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sus principales áreas de investigación son la evaluación y la intervención en lectura y escritura, el aprovechamiento académico y la aplicación de métodos estadísticos en el área educativa. Su docencia se concentra en la Licenciatura en Psicopedagogía en el área de Lengua y en el Doctorado en Psicología.
[1] Spencer, T. D., Moran, M., Thompson, M. S., Petersen, D. B., & Restrepo, M. A. (2020). Early efficacy of multitiered dual-language instruction: Promoting preschoolers’ Spanish and English oral language. AERA Open, 6(1), 2332858419897886.
[2] Foorman, B. R., Petscher, Y., & Herrera, S. (2018). Unique and common effects of decoding and language factors in predicting reading comprehension in grades 1–10. Learning and Individual Differences, 63, 12-23.
[3] Clarke, P. J., Snowling, M. J., Truelove, E., & Hulme, C. (2010). Ameliorating children’s reading-comprehension difficulties: A randomized controlled trial. Psychological science, 21(8), 1106-1116.
[4] Pace, A., Alper, R., Burchinal, M. R., Golinkoff, R. M., & Hirsh-Pasek, K. (2019). Measuring success: Within and cross-domain predictors of academic and social trajectories in elementary school. Early Childhood Research Quarterly, 46, 112-125.
Pico, D. L., Hessling Prahl, A., Biel, C. H., Peterson, A. K., Biel, E. J., Woods, C., & Contesse, V. A. (2021). Interventions designed to improve narrative language in school-age children: A systematic review with meta-analyses. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 52(4), 1109-1126.
[6] Silva-Maceda, G., Spencer, T., Foster, M. (2023, 19-22 julio). Indices of language complexity using a flowchart scoring method: Effects of genre and task [Ponencia de conferencia]. SSSR 2023 Annual Meeting, Port Douglas, Australia.
[7] Hipfner-Boucher, K., Milburn, T., Weitzman, E., Greenberg, J., Pelletier, J., & Girolametto, L. (2015). Narrative abilities in subgroups of English language learners and monolingual peers. International Journal of Bilingualism, 19(6), 677-692.
[8] Spencer, T., Almubark, N., Silva-Maceda, G., Foster, M., Kelley, E. (aceptado). Narrative and Expository Language of School-Age Students: Influence of Grade, Disability, and Bilingualism [Presentación de Panel]. ASHA 2023 Convention – Igniting Innovation, Boston, EUA.
[9] Spencer, T. D., & Slocum, T. A. (2010). The effect of a narrative intervention on story retelling and personal story generation skills of preschoolers with risk factors and narrative language delays. Journal of Early Intervention, 32(3), 178-199.
La SCJN reconoce que las personas que tienen empleos asalariados y además se hacen cargo de la mayor parte de las responsabilidades del hogar enfrentan un sobre esfuerzo que debe ser retribuido.
Una indemnización justa en caso de divorcio hubo 166 mil 777 divorcios en 2022 y reconocimiento a que todas las personas tienen derecho al cuidado
Libertad López
SemMéxico, Ciudad de México, 8 de noviembre, 2023.- El empleo era suyo. Después de pasar por filtros y entrevistas de trabajo la joven ocuparía el cargo ejecutivo para el cual se postuló. Sin embargo, al concluir el proceso de selección fue muy directa con Arleth Leal, la entrevistadora. “Sí me interesa, pero cuando me case voy a renunciar”.
Leal, quien es socia directora de la firma de reclutamiento Red Ring y experta en género, le preguntó a la joven que en cuánto tiempo planeaba casarse, para que ella supiera cuánto duraría la relación con la empresa empleadora. “Bueno, ni novio tengo”, exclamó la profesionista.
Historias como ésta llegan a la vida de Arleth Leal cada que entrevista a una mujer, cuyo deseo es desarrollarse no sólo en el ámbito profesional. También casos de mujeres divorciadas que salieron del mercado laboral por dedicarse al hogar y que ahora batallan para regresar o mujeres con fatiga porque desempeñan una doble jornada: la laboral y aquella por la que no reciben un salario, la doméstica.
“Es un asunto cultural. Aún está la idea de que cuando te casas ya no puedes trabajar porque los quehaceres del hogar y el cuidado de los hijos compete más a la mujer que al hombre. Como sociedad tenemos que enaltecer el trabajo de la mujer y fomentar que las labores en casa y en la oficina sean más colaborativas”, dice la directora.
Reconoce la Corte, sobre todo en divorcio
Recientemente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) garantizó la compensación por la doble jornada laboral que enfrentan muchas mujeres en México.
El proyecto de sentencia, presentado por el ministro Arturo Zaldívar y su equipo legal, integrado por las abogadas Joy Ochoa y Rebeca Saucedo, destaca que el desempeño de esta denominada doble jornada laboral tiene un impacto significativo en el crecimiento personal, académico, profesional y emocional de quienes la llevan a cabo.
Uno de los aspectos fundamentales de esta decisión es el reconocimiento de que las personas que tienen empleos asalariados y, al mismo tiempo, se hacen cargo de la mayor parte de las responsabilidades del hogar y los cuidados, enfrentan un sobresfuerzo que debe ser retribuido. Esta carga no debe depender de su situación económica posterior al divorcio, ya que el simple hecho de realizar estas labores debe ser reconocido y compensado.
La sentencia, resuelta el 18 de octubre, aclara que el éxito profesional que algunas mujeres puedan alcanzar no debe ser utilizado como pretexto para negarles una indemnización justa en caso de divorcio.
Sin embargo, no se detalla un salario o monto específico que deba otorgarse en caso de divorcio.
“En los procedimientos relacionados con la figura de compensación en su vertiente resarcitoria, quien la solicite gozará de la presunción de haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar o al cuidado de los hijos y corresponderá a la parte demandada desacreditar esta aseveración”, dice el documento publicado por la Suprema Corte.
México presenta una de las tasas más altas en la que las madres empleadas asumen la mayoría del trabajo relacionado con el cuidado de los hijos y las tareas del hogar, ubicándose en el lugar 23 de 25 en esta métrica.
El estudio «Women Matter México 2022» de McKinsey revela que el 40 por ciento de las mujeres con hijos se ocupa totalmente de las tareas del hogar y el cuidado de los hijos, en comparación con sólo el 6 por ciento de los hombres con hijos que reportaron lo mismo.
Las mujeres con hijos expresaron preocupaciones significativamente mayores que los hombres en relación con la necesidad de estar conectados todo el tiempo y con las responsabilidades del cuidado de los hijos. Además, el 31 por ciento de las mujeres con hijos temen que su desempeño laboral sea juzgado negativamente, en comparación con el 18 por ciento de los hombres con hijos.
El desbalance por género
Según datos de ONU Mujeres, el 45% de las mujeres participa en la economía del país, en comparación con el 76% de los hombres. Además, la brecha salarial en México es alarmante, alcanzando un 16.7%.
La organización revela que sólo un 9.7% de las mujeres tiene presencia en consejos directivos, y escasamente un 1.7% de las empresas cuentan con una mujer en la posición directiva más alta.
Pero las mujeres no sólo participan en el empleo asalariado, sino que también destinan 50.2 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, mientras que los hombres contribuyen con sólo 19.4 horas.
Es un problema social, dice Gabriela Garciadiego, operations director en Incluyeme, una empresa B que trabaja por la inclusión sociolaboral. “Esta doble jornada está compuesta por el trabajo asalariado y las labores de cuidado y del hogar, una carga que en su mayoría recae sobre las mujeres, sobre todo de América Latina. Pero cuando se trata de entrar o reincorporarse al mercado laboral, a las mujeres les cuesta el doble de trabajo encontrar un empleo”, enfatiza.
Y no es todo. La pandemia exacerbó esta desigualdad de género. Fueron las mujeres quienes se vieron obligadas a dejar sus trabajos para atender las necesidades del hogar y cuidado de los niños.
McKinsey también halló que antes de la pandemia, la tasa de participación laboral de las mujeres en México era del 45 por ciento, pero en el primer trimestre de la pandemia esta tasa disminuyó significativamente al 37 por ciento, alcanzando su nivel más bajo en más de 15 años.
En contraste, la participación de los hombres disminuyó 13 por ciento en el mismo periodo, pero su recuperación fue mucho más rápida, llegando al 95 por ciento de la tasa previa al covid-19 en sólo 6 meses. Las mujeres, por otro lado, tardaron un año en recuperar sus niveles pre-pandémicos.
Durante el primer año de la pandemia, aproximadamente 1.7 millones de personas abandonaron el mercado laboral. De manera alarmante, el 84 por ciento de estas personas eran mujeres, y el 90 por ciento de ellas tenían hijos. Esto refleja el impacto desproporcionado de la pandemia en las mujeres que tuvieron que hacer frente al aumento significativo de la carga doméstica y de cuidado.
A pesar de este agotamiento, las mujeres demuestran su valía en el mundo laboral. “Sabemos que la productividad de las empresas aumenta significativamente cuando se integran a las mujeres en posiciones de liderazgo y toma de decisiones. Por lo tanto, se reconoce la importancia de promover políticas y prácticas laborales que apoyen a las mujeres, como el trabajo en casa y horarios flexibles, así como la creación de guarderías y salas de lactancia en las empresas”, señala Leal.
A su parecer, es esencial abordar estas disparidades de género de manera más amplia y acelerada, especialmente en el contexto post-pandémico.
Se necesita un enfoque integral para garantizar que las mujeres no solo ingresen al mercado laboral en cualquier etapa de sus vidas, sino que también prosperen y ocupen puestos de liderazgo en igualdad de condiciones.
La Corte y el Cuidado, resolución mismo día
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, conforme al texto de la Constitución General, tratados internacionales de los que México es parte, así como otros instrumentos de soft law, todas las personas tienen el derecho humano a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado, y el Estado tiene un papel prioritario en su protección y garantía.
La Sala reconoció que los cuidados son un bien fundamental y estableció que el derecho al cuidado implica que todas las personas, principalmente aquellas que requieren de cuidados intensos o extensos y/o especializados, como las personas mayores, con discapacidad y con alguna enfermedad crónica, tienen la oportunidad de acceder a ellos, sin que sea a costa de la salud, bienestar o plan de vida de quienes cuidan.
Asimismo, el Alto Tribunal determinó que el derecho al cuidado también implica el derecho de las personas a no estar forzadas a cuidar por mandatos de género, lo que es una cuestión de justicia social a favor de mujeres y niñas, en quieres recaen preponderantemente las labores de cuidados.
De esa manera, no se puede obligar a las personas —en especial mujeres— a permanecer casadas al amparo de este derecho, pues los cuidados no deben recaer exclusivamente en las personas en lo individual.
Al respecto, la Primera Sala destacó la necesidad de adoptar medidas para que los cuidados no recaigan de forma desproporcional en las familias, y particularmente en las mujeres y las niñas, sino contar con la posibilidad de delegar los cuidados y que estos sean proporcionados por otros sectores de la sociedad, entre los que destaca el Estado, en condiciones dignas y de calidad, sin que ello dependa de factores socioeconómicos.
Amparo directo 6/2023. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Resuelto en sesión de 18 de octubre de 2023, por unanimidad de cinco votos.
El Dato
Según datos oficiales 19 millones de mujeres dedicadas a las labores de cuidados en el país y que a la fecha no reciben ningún tipo de remuneración económica. En 2022, 166 mil 766 se divorciaron
Eso tuvo un incremento de 11.4 por ciento frente a 2021.
El 48.9 por ciento de las mujeres están dedicadas exclusivamente a brindar cuidados en su hogar, es decir, no son económicamente activas, y de este porcentaje, el 39.7 por ciento de ellas sí desearían trabajar y tener algún ingreso, pero por sus cargas en el hogar, no lo pueden realizar.
Comunicado oficial, 18 de octubre, 2023
EL DESEMPEÑO DE LA LLAMADA “DOBLE JORNADA LABORAL” AFECTA EL CRECIMIENTO PERSONAL, ACADÉMICO, PROFESIONAL Y/O EMOCIONAL DE QUIEN LA LLEVA A CABO: PRIMERA SALA
• Ante la disolución del vínculo matrimonial, quien haya realizado una “doble jornada” puede reclamar una compensación frente a la existencia de un coste de oportunidad, así como un desequilibrio económico, y gozará de la presunción de haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar o al cuidado de los hijos
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró, a la luz de la doctrina jurisprudencial más reciente, que quien en un matrimonio contraído bajo el régimen de separación de bienes desempeña una doble jornada laboral al interior de su familia, al realizar de manera preponderante las labores domésticas y de cuidados no remuneradas y además llevar a cabo actividades en el ámbito laboral convencional, necesariamente ve afectado su desarrollo profesional. Ello es así, puesto que la persona no pudo invertir el tiempo y energía que dedicó a las labores de cuidados en el hogar no remuneradas a su crecimiento en el ámbito profesional y/o académico.
Por lo tanto, ante la disolución del vínculo matrimonial, quien haya realizado esta “doble jornada” puede reclamar una compensación frente a la existencia de un coste de oportunidad y un desequilibrio económico, sin que deba estimarse como relevante para la procedencia de dicha acción el hecho de que la persona que la solicite haya acumulado ciertos bienes durante el desempeño de la mencionada “doble jornada”.
Ello es así, ya que es imposible asumir que el éxito profesional alcanzado bajo esta situación de sobresfuerzo permitió que la persona que lo soportó se desarrollara al máximo de su potencial cuando asumió, de modo preponderante, estas cargas de cuidados al interior de su familia.
De esta manera, se logra reconocer y retribuir la “doble jornada” en su debida proporción. Hacer lo contrario, sería tanto como desconocer y desvalorizar todo el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que se desempeña en el seno familiar, lo cual constituiría, sin lugar a duda, una forma de discriminación y una violación a derechos humanos.
Igualmente, la Primera Sala recalcó que organizaciones como OXFAM han señalado que el trabajo de cuidados no remunerado es el “motor oculto” que mantiene en funcionamiento nuestras economías, empresas y sociedades, además de que recae de manera desproporcionada en niñas y mujeres, especialmente aquellas que viven en situaciones de pobreza o que pertenecen a grupos históricamente marginados.
Finalmente, a partir de las consideraciones adoptadas en el amparo en revisión 1615/2022, la Primera Sala estableció que, en los procedimientos relacionados con la figura de compensación en su vertiente resarcitoria, quien la solicite gozará de la presunción de haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar o al cuidado de los hijos y corresponderá a la parte demandada desacreditar esta aseveración.
Amparo directo en revisión 613/2023. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Resuelto en sesión de 18 de octubre de 2023, por unanimidad de cinco votos.
Documento con fines de divulgación. La sentencia es la única versión oficial.
*Con información de Nancy Malacara, publicada en Expansión, el 25 de octubre
