Dulce María Sauri Riancho

SemMéxico, Mérida, Yucatán, 10 de diciembre, 2025.-Las declaraciones de Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, revelan con una nitidez poco habitual la profundidad de la regresión democrática en curso. Ante legisladores locales de su partido, Alcalde fue categórica: en los estados donde Morena es oposición —Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Durango, Jalisco y Nuevo León— los diputados de Morena y aliados deben votar en contra de los presupuestos estatales para 2026. La razón, explicó, es sencilla: esos gobiernos votaron contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). “Es una posición de Morena”, dijo. “Lo que no puede pretender la Oposición es votarle en contra del presupuesto a la Presidenta… y luego pensar que en sus entidades federativas nosotros sí tenemos que aprobarles el presupuesto, es el colmo”.

No se trata de una frase suelta, ni de un exabrupto. Es la verbalización cruda de una lógica política que no deberíamos normalizar: la de convertir los presupuestos públicos en instrumentos de castigo partidista. Alcalde no describe un desacuerdo democrático, sino un mecanismo para “disciplinar” discrepancias que contradice las bases mismas del federalismo cooperativo construido en México durante las últimas cuatro décadas. El mensaje es claro: quien no se alinea, paga. Y quien gobierna un estado de otro partido, paga doble.

Es útil recordar que uno de los pilares de la transición democrática mexicana fue precisamente la descentralización del gasto público. Desde la Ley de Coordinación Fiscal de 1979, que normalizó la distribución de ingresos entre Federación y estados, hasta la creación del Ramo 33 en 1997, el federalismo fiscal se diseñó para impedir que la Federación pudiera premiar o castigar territorios según su preferencia partidista.

La lógica era sencilla: si la pluralidad iba a expresarse en estados y municipios, esos gobiernos necesitaban garantizar que podrían aplicar políticas públicas básicas y presupuestos —educación, salud, infraestructura social— sin depender del humor del Ejecutivo federal. La descentralización del gasto público, en otras palabras, fue condición para que la democracia territorial tuviera contenido.

Hoy asistimos al desmantelamiento de esa arquitectura. La desaparición de fondos específicos para estados y municipios; la absorción de recursos estatales del sector salud mediante convenios para integrarlos al IMSS-Bienestar; la eliminación de fondos metropolitanos, de seguridad municipal, de cultura, deporte y del Fondo Minero; y la reconcentración de las decisiones presupuestales en las oficinas de Hacienda (SHCP) configuran una tendencia inequívoca: el regreso al hiperpresidencialismo financiero.

En ese contexto, las palabras de la presidenta de Morena no son anecdóticas: son la confirmación de que el presupuesto vuelve a utilizarse como un arma política. Y como toda arma de este tipo, su efecto no se limita a la oposición. También “disciplina” a los gobernadores del partido en el poder. Porque aquí hay una verdad que muchos prefieren susurrar: los estados gobernados por Morena también están siendo asfixiados presupuestalmente, solo que lo sufren en silencio, sin fuerza ni voluntad política para denunciarlo. Algunos ni siquiera intentan gestionar lo que antes era parte rutinaria del federalismo fiscal; otros padecen recortes que afectan hospitales, escuelas, carreteras, seguridad pública y servicios municipales básicos, pero callan para no confrontar al “centro”. La lealtad partidista exige silencio, incluso cuando el silencio cuesta vidas.

La interlocución en San Lázaro: de la negociación plural al trámite automático

Otro de los grandes logros de la transición democrática fue transformar la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación en un proceso plural. Desde 1997, cuando el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, el presupuesto dejó de definirse en los corredores de la Secretaría de Hacienda y se trasladó a los pasillos de San Lázaro. Por primera vez, gobernadores, presidentes municipales, universidades, cámaras empresariales y organizaciones civiles encontraron un canal institucional para participar en las decisiones del gasto.

Hubo excesos, sin duda: el episodio de los “moches” es la muestra más visible de cómo prácticas indebidas pueden infiltrarse en espacios de negociación. Pero ese episodio —mediático, estridente, aislado— no desmiente el valor democrático de la interlocución plural que se construyó durante dos décadas. El Congreso discutía, modificaba, reasignaba. Y, sobre todo, representaba.

Desde 2018, esa interlocución se extinguió. Hoy, con una mayoría legislativa alineada al Ejecutivo, el PEF se aprueba prácticamente sin modificaciones. Las comparecencias son performativas, las audiencias públicas irrelevantes y los actores sociales y territoriales han perdido cualquier posibilidad real de incidir en la orientación del gasto federal. El presupuesto ha vuelto a ser lo que fue antes de la alternancia: una decisión centralizada, vertical, incuestionable.

El contraste con las declaraciones de Alcalde es inevitable. Si el presupuesto federal ya no se negocia y el estatal debe votarse según instrucciones partidistas, ¿qué queda del federalismo democrático? Apenas un cascarón institucional: banderas, himnos, escudos… y poca sustancia

La vida cotidiana, la verdadera víctima

Podríamos pensar que este debate es técnico, una pelea entre élites políticas. No lo es. Los efectos reales de la recentralización presupuestal se sienten cada día:

hospitales sin medicinas ni personal suficiente;

escuelas sin mantenimiento ni infraestructura básica;

refugios de mujeres mantenidos con migajas presupuestales;

municipios incapaces de atender la creciente inseguridad;

caminos, transporte y agua en franco deterioro;

programas de apoyo productivo desaparecidos;

comunidades rurales sin inversión pública;

gobiernos locales reducidos a administradores de carencias.

Y mientras tanto, las familias enfrentan una paradoja cruel: aun con pensiones y becas, su vida cotidiana se deteriora porque los servicios públicos fundamentales están debilitados o colapsando. Las transferencias monetarias alivian, pero no sustituyen la responsabilidad del Estado de garantizar salud, educación, seguridad, movilidad y bienestar.

El retroceso democrático no se ve en discursos. Se siente en la calle: en la sala de espera del hospital, en la escuela sin agua, en la patrulla que nunca llega, en el camino intransitable, en la ventanilla estatal cerrada porque no hay presupuesto.

Ironías de la nueva era

La regresión democrática que hoy observamos no es inevitable ni permanente. El centralismo presupuestal puede imponer silencios, pero no puede cancelar para siempre la necesidad —y la legitimidad— del reclamo de los gobiernos locales y la ciudadanía. Ellos exigen participación en la definición del gasto público. Las democracias no se sostienen sólo con discursos ni con transferencias monetarias, sino con instituciones que reparten poder y responsabilidades. Y aunque hoy el presupuesto parezca un territorio colonizado por la obediencia partidista, la historia mexicana demuestra que siempre reaparecen las grietas por donde se filtra la pluralidad. Porque, al final, el PEF y los presupuestos son también espacios de lucha democrática, aunque ahora no lo parezcan.

dulcesauri@gmail.com

Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán

Saúl Escobar Toledo

Ciudad de México, 9 de diciembre de 2025.

Hace unos días se anunció un acuerdo entre los representantes de los empresarios, de los trabajadores y del gobierno que por primera vez en la historia del país involucró dos temas fundamentales: el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral. El primer asunto entrará en vigor a principios del próximo año mientras que al segundo le queda un camino más largo por recorrer pues se trata de dos iniciativas presidenciales, una que reforman la Constitución y la otra, la Ley Federal del Trabajo. Para su conclusión, seguramente habrá foros públicos en las cámaras del congreso y luego tendrán que pasar a su estudio en comisiones y finalmente a debate y votación en los plenos de ambas cámaras (y en los congresos de los estados en el caso del 123 de la carta magna). 

Los resultados de las negociaciones, dados a conocer por el gobierno de la república el martes 2 de diciembre, son muy relevantes. Mostraron también un “toma y daca” gracias al cual el gobierno y los empresarios tuvieron que ceder, cada uno por su parte, en temas importantes. La representación obrera que estuvo en la mesa avaló los acuerdos. No obstante, es casi seguro que varios sindicatos independientes manifestarán su disgusto en algunos aspectos de la iniciativa concerniente a la reducción de la jornada. 

Y es que en este último asunto la propuesta anunciada por la presidenta tiene varios aspectos que merecen destacarse: desde luego, resulta positivo que se haya pactado la jornada de 40 horas a la semana y que esta enmienda se eleve a rango constitucional. Igualmente, la obligación para los empleadores de “registrar de manera electrónica la jornada laboral de cada persona trabajadora, incluyendo el horario de inicio y finalización; así como proporcionarlo a la autoridad cuando se le requiera”. 

Sin embargo, al mismo tiempo, se acordó que la reducción entrará en vigor en 2027 y de manera gradual, dos horas cada año, hasta alcanzar las 40 horas en 2030. Más importante, y por supuesto discutible, se pactó que la jornada semanal se mantenga como está: seis días de labores con sólo uno de descanso. La propuesta de todos los sindicalistas es de 5 días de trabajo y dos de asueto.  Asimismo, la iniciativa dispone que el tiempo extra que se paga “un cien por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias” se fijará en doce horas a la semana en lugar de las nueve que señala la ley vigente, aumento que se hará gradualmente una hora por año desde 2018. Otra concesión a la patronal reside en que se establecen topes demasiado altos para la “prolongación” de la jornada que supere esas doce horas extras, pues se proponen cuatro horas adicionales semanales (que se retribuirían al 200%) y un máximo de doce horas diarias.

 La ley, actualmente, indica que “podrá prolongarse la jornada de trabajo… sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres horas diarias en una semana”, aunque de manera contradictoria  agrega en otro artículo  que, si se exceden estas nueve horas semanales,  se pagarán al 200%.

La iniciativa presidencial dispone, por un lado, abaratar las horas extras que se pagan al 100% al extenderse de nueve a doce, y por otro se ponen límites para las que se retribuyen al 200%. Para que quede claro, veamos año por año lo que implica esta parte de la iniciativa presidencial:  en 2027, la jornada semanal ordinaria se reduciría a 46 horas, la extraordinaria al 100% quedaría en 9 horas; y la que se retribuye al 200% en 4 horas, dando un total de 59. Para 2028 la ordinaria bajaría a 44 pero aumentaría la que se paga al 100% a 10 horas, más las 4 horas que se retribuyen al 200% dan, asimismo, un resultado final  de 59 horas semanales. En 2029, la jornada ordinaria se reduciría a 44 horas y la extraordinaria al 100% se elevaría a 11, más la que se paga al 200% equivalente a 4 horas, da un total de 57 horas semanales. Finalmente, para 2030, la jornada ordinaria quedará en 40 horas, sin embargo, la extraordinaria que se pagaría al 100% se extiende a 12 horas a la que habría que agrega las 4 extras que se retribuirían al 200%, dando una suma de 56 horas semanales. 

Finalmente, y no de menor importancia, dado que se mantiene la jornada semanal de 6 días laborables, la prima dominical tampoco se modifica y se queda en 25%. 

Estos cambios otorgarían más flexibilidad al empleador para alargar la jornada y contratar a menor precio el tiempo extraordinario. Por su parte, el esquema propuesto induce a los trabajadores a monetizar sus horas libres, es decir a cambiar su tiempo de descanso por más dinero trabajando tiempo extra. De esta manera, el patrón lograría compensar parcialmente la reducción de la jornada pagando menos por las horas extras, y el objetivo anhelado de otorgar más tiempo de descanso al trabajador puede quedar en entredicho. 

Es probable que estas concesiones a la patronal se hayan reflejado en un aumento al salario mínimo mayor al esperado. Los representantes empresariales esperaban un aumento para 2026 de alrededor del 11% y resultó en 13%. De esta manera el gobierno lograba un resultado mejor de lo planeado originalmente. 

La reducción de la jornada, no obstante, los asuntos polémicos aquí señalados, debe considerarse una conquista muy importante que beneficiará en los próximos años, a alrededor de 16 millones de trabajadores y trabajadoras que laboran en el sector formal (con la protección de la seguridad social) más de 40 horas a la semana. Tan solo aquellos que, (con datos del tercer trimestre de 2025), dedican 48 horas y más a sus labores remuneradas, suman alrededor de 12 millones y medio. Quizás el registro electrónico anunciado pueda ayudar a que el tiempo extra se pague debidamente y a que los trabajadores informales que laboran al servicio de un patrón reciban este beneficio (y se les inscriba en la seguridad social). 

Igualmente, el aumento del 13% a los mínimos es destacable porque se ha alcanzado el monto necesario para la adquisición de dos canastas básicas. En este caso los beneficiados, según cifras oficiales, serán 8.5 millones de trabajadores, aunque el efecto puede llegar a un número mayor gracias a las revisiones contractuales y, mediante el llamado “efecto faro” a las personas trabajadoras que ahora perciben hasta dos salarios mínimos. 

Las negociaciones que llevaron a pactar los incrementos salariales para 2026 y la iniciativa presidencial para la reducción de la jornada se ubicaron en un contexto económico difícil. El crecimiento del producto para este año será bajo (quizás menor al 0.5%) y las perspectivas para el próximo no son halagüeñas debido a la incierta relación con Estados Unidos y a las políticas de austeridad del gobierno que se han reflejado en una inversión pública reducida. Consecuentemente, la creación de empleos se ha vuelto más lenta. Según  las cifras del IMSS, entre noviembre del año pasado y este mismo mes de 2025, el empleo registrado aumentó 0.9%. No estamos en una recesión y no hay despidos masivos, pero la oferta de puestos de trabajo formales tiene cifras negativas en la industria, en particular en la construcción y en la maquila de exportación (ENOE-INEGI tercer trimestre). 

Este panorama seguramente fue un ingrediente que se tomó en cuenta para esa negociación que forzó al gobierno y a los representantes empresariales a ese “toma y daca” con los resultados señalados.

En fin, queda todavía un espacio de tiempo (probablemente los primeros tres o cuatro meses de 2026) para el debate de las iniciativas que buscan reducir la jornada laboral. Esperemos que se lleve a cabo bajo mejores expectativas económicas mundiales y locales, y que la voz de los trabajadores y de todos los interesados en mejorar el bienestar de los mexicanos sean escuchadas en las cámaras de diputados y senadores. 

saulescobar.blogspot.com