Dulce Ma. Sauri Riancho
SemMéxico, Mérida, Yucatán, 19 de octubre, 2023.- Conmemoración y celebración, ambas se entremezclaron el pasado martes 17, aniversario 70 de la aprobación del voto de las mujeres en México. Parece increíble que en 1953 la mitad de los 20 millones de habitantes que entonces tenía México no tuviera el derecho de asistir a las urnas y votar por el hecho de ser mujeres. Tampoco podían ser registradas como candidatas de los partidos políticos de entonces.
Este derecho político fundamental fue ignorado por los constituyentes de Querétaro en 1917, a pesar de los afanes de las mujeres encabezadas por Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto, entre otras. Tampoco se pudo lograr en 1938, cuando había librado todas las etapas del Constituyente Permanente, pero la reforma al artículo 34 constitucional se quedó guardada en el escritorio presidencial del Gral. Lázaro Cárdenas. Pudieron más los prejuicios y temores masculinos sobre el comportamiento libre y autónomo de las mujeres para decidir por quién votar.
En 1947 vino la primera parte: voto a las mujeres para elegir autoridades municipales. A final de cuentas, los ayuntamientos eran —y siguen siendo— la representación más cercana a la vida cotidiana de las y los ciudadanos.
A pesar del frustrante rechazo al voto femenino en 1917, la demanda de las mujeres se mantuvo viva y cinco años después, en las elecciones de ayuntamientos en Yucatán, Felipe Carrillo Puerto utilizó su fuerza política para que el Partido Socialista del Sureste (PSS) presentara la candidatura de Rosa Torre G., como regidora al Ayuntamiento de Mérida, y un año después, en 1923, tres mujeres se presentaron a la elección del Congreso de Yucatán.
Para realizar este hito histórico, los socialistas yucatecos no tuvieron que realizar reformas legales: simplemente interpretaron el plural del texto constitucional con sentido de inclusión de las mujeres.
El próximo sábado 18 de noviembre se cumplirán 100 años de que Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib Cicero y Beatriz Peniche Barrera fueron electas diputadas de la XXVIII Legislatura de Yucatán, que habría de iniciarse el 1º de enero de 1924 (1).
Por cierto, las mujeres yucatecas no pudieron votar por ellas, sólo los hombres. Prendida solamente de la voluntad política del gobernador mártir, ejecutado el 3 de enero de 1924, esta incipiente participación femenina pronto fue sepultada por los prejuicios y resistencias al interior del PSS.
“A la tercera va la vencida”, dice el refrán popular. Al tercer intento fructificó la reforma de la ciudadanía política de las mujeres, reconociendo su derecho para votar y ser electas. Treinta años mediaron entre la elección de las yucatecas legisladoras y la reforma constitucional de 1953.
La primera diputada federal, Aurora Jiménez, fue electa en un proceso extraordinario realizado en 1954, cuando Baja California, lugar de su residencia, pasó de ser territorio federal a ser estado de la federación y, por tanto, con derecho a dos representantes.
Por razones de calendario, la diputada Jiménez sólo desempeñó el cargo en un periodo de sesiones antes del cierre de la legislatura, en 1955. Luego, a cuentagotas, comenzaron las mujeres a ser postuladas y ganar elecciones: Congreso de la Unión, congresos locales, presidencias municipales. Este orden de gobierno, los municipios y sus ayuntamientos, presentaron grandes retos a la participación femenina, no sólo como autoridades sino también para lograr registrarse en la lista de electores y votar.
Los avances, aunque lentos, fueron cada vez más visibles. En 1979, Griselda Álvarez Ponce de León ganó la gubernatura de Colima, inaugurando lo hasta entonces impensable: que una mujer estuviera al frente del poder Ejecutivo de un estado de la república. Hasta 2019, sólo 7 entidades federativas habían tenido jefatura femenina (Yucatán y la CDMX, dos cada una). Ese año, cuando se aprobó la paridad en la Constitución, lo hizo con una legislatura casi paritaria (241 de 500 diputado/as; 63 de 128 senador@s). Consecuencia de estas reformas legales y del celo en su aplicación por parte del INE, a la fecha, 10 entidades federativas tienen gobernadora (una con licencia actualmente, en la CDMX).
En estos momentos existe una polémica en curso sobre el número de candidatas que habrán de ser postuladas en las 9 entidades con elección en 2024. Otra vez se regatea el número impar, lo cual sólo nos recuerda que las resistencias a la participación femenina no han desaparecido. Paridad en las gubernaturas significa que, al cierre de 2024, cinco mujeres más se incorporen, La mitad estaría todavía pendiente, 16 de 32, pero cada vez más cerca de ser posible.
Conmemorar el 17 de octubre significa recurrir a la memoria para reconocer avances e identificar obstáculos que las mujeres todavía encuentran para lograr el pleno ejercicio de sus derechos políticos. Seguimos reclamando la “cantidad” paritaria: es nuestro derecho. Todavía media un largo camino para lograr que la representación sea también igualitaria, sin el permanente amago de la exclusión por razón de género, es decir, por la mera condición de ser mujer, que socialmente pretende cuestionar y privarnos de nuestras capacidades de decisión y ejercicio del poder político ganado en las urnas.
Se avizora en el escenario electoral una contienda presidencial inédita: las dos fuerzas políticas más relevantes de México —Morena y sus aliados y el Frente Amplio x México— presentarán candidaturas femeninas.
Las mujeres tocamos ya el “techo de cristal” con enormes mazos para romperlo de una vez por todas. Pero este propósito sólo tiene sentido si la agenda de las mujeres en sus posiciones de representación: en los municipios, en los estados, en el país, responde al compromiso con millones de mujeres y niñas que reclaman sus derechos a la salud, a la educación, a un empleo digno y bien remunerado. Y muy especialmente, a una vida libre de todo tipo de violencias.
Si quienes están —o estarán— en puestos de decisión se comprometen con el diseño y puesta en marcha del Sistema Nacional de Cuidados, será posible compartir la responsabilidad de cuidar a las y los niños, a las personas ancianas, enfermas o con discapacidad, entre las mujeres y sus familias y el gobierno. Estas políticas tienen metas indiscutibles: estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, casas de cuidado para adulto/as mayores, centros de atención a las personas con discapacidades.
Las mujeres de la tercera década del siglo XXI tienen el derecho de exigir a sus representantes, en especial a sus congéneres, que limpien el “piso pegajoso” de sus responsabilidades en el cuidado. Este es el sentido último de haber luchado y conseguido votar y ser electas hace 70 años.— Mérida, Yucatán.
dulcesauri@gmail.com
1) Beatriz Peniche Barrera, 2º distrito cabecera Mérida; suplente, José I. Medina. Raquel Dzib Cicero, 3º distrito, cabecera Mérida; suplente, Javier Marín. Elvia Carrillo Puerto, 5º distrito, cabecera Izamal; suplente, Miguel Fajardo.
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
