- Las mujeres ganan 32 por ciento menos que los hombres en trabajo igual, Amalia García.
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 10 de marzo del 2023.- Para que las y los patrones garanticen la igualdad sustantiva y la no discriminación por género en materia de salarios, se aprobó por unanimidad reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de salarios en la Cámara de Diputados.
El dictamen establece que es obligación de las y los patrones el pago del salario igual por el mismo trabajo tanto para hombres como para mujeres. Queda prohibido que las y los patrones o representantes despidan o coaccionen a renunciar a las trabajadoras, así como realizar cualquier acto en contra de la igualdad sustantiva. El dictamen fue enviado a la Cámara de Senadores.
La diputada Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, exhortó a las y los legisladores votar a favor e ir mucho más allá. Dijo que hay que dotar de dientes a la legislación, porque intervienen múltiples factores en la brecha salarial. Es inadmisible que las mujeres ganen menos por trabajo igual al de los hombres, y además existe una segregación vertical o techo de cristal donde los cargos de menor jerarquía generalmente están destinados a las mujeres.
Destacó que es un reto todavía gigantesco que las mujeres arriben a espacios de mayores decisiones y mejores ingresos. Refirió que, de acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres, las mujeres ganan 32 por ciento menos que los hombres.
Expresó su beneplácito porque la Comisión del Trabajo y Previsión Social retome las iniciativas a favor de la igualdad sustantiva dado que México no solo ha ratificado los Convenios de la OIT a favor de la igualdad salarial de las mujeres sino que fue promovente en su participación en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), y además ha ratificado los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Mientras que, la diputada priista Alma Carolina Viggiano Austria expresó que les toca a las y los legisladores pisar el acelerador para legislar con perspectiva de género y reducir la deuda histórica de la brecha salarial.
El morenista Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo destacó la importancia de realizar acciones que eliminen barreras e impidan que las mujeres accedan al libre ejercicio de sus derechos erradicando cualquier práctica discriminatoria, así como impulsar leyes que abonen a la igualdad sustantiva en todos los alrededores de la vida. “Es el Estado el que debe ser garante de que esas leyes se cumplan. Ya basta de impunidad”.
Sanción de 7 a 15 años de prisión a quien agreda a una mujer con ácido, aprueba Cámara de Diputados. En 12 años en México han sido atacadas tres mil 354 mujeres con ácido
El Pleno de la Cámara de Diputados concluyó el dictamen con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal ya la Ley Federal de Víctimas, en materia de lesiones inferidas con ácido con penas de 7 a 15 años de prisión y si la lesión o lesiones de órganos o funciones vitales, ponen en peligro la vida o más de la mitad del cuerpo, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio o el feminicidio, en grado de tentativa, según corresponda.
Se adiciona un capítulo I Bis denominado “Lesiones inferidas con ácido o sustancias similares”, con un artículo 301 Bis al Título Decimonoveno del Código Penal Federal y se establece de siete a 15 años de prisión a quien por sí o por interpósita persona, infiera lesión o lesiones a otra persona, utilizando para ello cualquier tipo de ácido, álcali, agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable.
Cuando la lesión o lesiones afectan la cara, el cuello, el brazo, la mano o los órganos sexuales de la víctima, la pena se concibe hasta en un tercio. Cuando la víctima sea mujer, persona con discapacidad o menor de edad, la pena se dañará hasta en una mitad.
También se adiciona el artículo 36 de la Ley General de Víctimas a fin de estipular que, a las víctimas de lesiones inferidas con ácido o sustancias similares, se garantizará el acceso a cirugías reconstructivas.
Se destaca que los ataques con ácido son un fenómeno con gran incidencia a nivel mundial y de acuerdo con cifras de la Organización Acid Survivors Trust International (ASTI), se calcula que al año se producen al menos mil 500 agresiones; más del 80 por ciento son contra mujeres latinas.
En México se estima que son al menos tres mil 354 mujeres las que han sido víctimas de esos crímenes durante los últimos 12 años y la mayoría perpetradas por hombres, refirió la diputada morenista Alma Anahí González Hernández quien lamentó que no exista un banco de datos de las mujeres atacadas con ácido.
Las y los legisladores que tomaron la tribuna consideraron que este dictamen abona a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Es alarmante que una de cada tres mujeres ha sufrido violación o la afectación por violencia por parte de un tercero o de su pareja como señaló la morenista Cecilia Márquez Alkadef Cortes y que haya 11 feminicidios cada día.
La violencia ácida conlleva un evidente rasgo de misoginia, como expresó la diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez quien detalló que estos ataques laceran la vida de las mujeres y los agresores lo hacen en un lugar público para generar miedo colectivo y marcar terror, por eso la importancia de legislar en la materia.
La diputada Valeria Santiago Barrientos del PVEM, consideró urgente atender las acciones que propician violencia de género y lamentó que los casos más representativos de este tipo de violencia no han sido atendidos. Advirtió que las agresiones contra las mujeres van escalando en su gravedad dejando huellas a quien las padecen.
El diputado Miguel Ángel Torres Rosales del PRD dijo que las diputadas promoventes reflejan las causas, luchas y acciones reales en pro de la ciudadanía en sus dictámenes y que su grupo parlamentario siempre ha velado por los derechos de las mujeres.
Apuntó que la violencia es una realidad que el gobierno no puede ocultar y cuya fallida estrategia de seguridad ha dejado al país a la deriva. El gobierno está lejos de apoyar las causas de las mujeres lo que se refleja en las casi 400 mil mujeres asesinadas en 2021.
La Cámara de Diputados aumenta la pena de prisión al servidor público que entorpece la justicia en caso de feminicidio
La Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 325 del Código Penal Federal con el objeto de establecer que, en caso de feminicidio, el servidor público que retarde o entorpezca la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de cuatro a doce años. También se establece la inhabilitación del o la servidora pública por un tiempo igual a la de la pena establecida.
El dictamen tuvo 432 votos a favor y 12 abstenciones como la del partido Movimiento Ciudadano que en voz de La diputada Elvia Yolanda Martínez precisó que la persecución de delitos como se propone es competencia de las entidades federativas, por lo que cualquier reforma en esta materia es inútil. Afirmó que se debe apostar por construir un sistema de impartición de justicia que sea funcional y por consolidar los mecanismos de justicia restaurativa.
La diputada morenista Adriana Bustamante Castellanos se pronunció por asegurar el efectivo derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Dijo que hay que focalizarse en la actuación de las policías, ministerios públicos y fiscalías estatales para acabar con la impunidad.
Enfatizó que la primera línea de defensa en la impartición de la justicia a las mujeres es el personal, por lo que resulta indispensable, asegura, el derecho al acceso a la justicia de las mujeres y a las familias de las víctimas.
Cámara de Diputados turna a comisiones cinco minutas del Senado
Por otra parte, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó de la recepción de cinco minutas del Senado sobre espacios libres de violencia en transporte público; violencia vicaria; se persiga de oficio a quien lesione a mujeres, incorporar a mujeres y jóvenes a la productividad, e incorporar perspectiva de género y derechos humanos en responsabilidades administrativas.
La reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la intención de que las entidades federativas promuevan espacios y transportes públicos libres de todo tipo de violencia en contra de las mujeres, adolescentes y niñas. Se envió a la Comisión de Igualdad de Género.
Otra que en materia de violencia vicaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Civil Federal y del Código Penal Federal, en materia de violencia a través de interpósita persona. Se busca atender, sancionar y erradicar esa violencia denominada “vicaria”, garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de este tipo de agresiones. Se define a la violencia a través de interpósita persona; y que considere a la persona alegada e incorpore un catálogo de conductas a través de las cuales se manifiesta esa violencia.
El Senado de la República también devolvió para los efectos de la fracción e) del artículo 71 constitucional tres minutas.
Una minuta modifica los artículos 85 Bis, fracción I, inciso e) y 310 del Código Penal Federal para señalar las lesiones infligidas por razones de género cuando se cometan dolosamente en contra de una mujer, así como precisar que el delito se perseguirá de oficio. Se remitió a la Comisión de Justicia.
Otra minuta, modifica diversas disposiciones de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, en materia de enfoque de derechos y género e impulsar la participación de las mujeres y personas jóvenes. Se canalizó a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.
La tercera, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, respecto a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos e incorporar la perspectiva de género. Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
Evitar que una niña se embarace es cuestión de derechos humanos, se señaló en Cámara de Diputados. Chiapas, Guerrero y Oaxaca con el mayor número de madres adolescentes
Alanna Armitage, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, México, (UNFPA), por sus siglas en inglés), señaló que evitar que una niña o adolescente se embarace es una cuestión de derechos humanos, salud pública, económica y de sostenible, ya que las mujeres que se combinan en madres en esta etapa de la vida alcanzan desarrollo menores logros educativos, perciben bajos ingresos y se incorporan al mercado laboral en condiciones desfavorables.
Al participar en el conversatorio sobre “Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes” que en el marco de la conmemoración del 8 de marzo “Día Internacional de las Mujeres”, la diputada morenista Julieta Kristal Vences Valencia, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género organizó en la Cámara de Diputados.
Declaró Vences Valencia que es necesario impulsar una agenda nacional para prevenir y erradicar el embarazo en las niñas y adolescentes, en el que estén al frente y al centro sus derechos.
Tras recordar que México ocupa de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el primer lugar de embarazos adolescentes, se realizaron propuestas como fortalecer el sistema de salud para la atención universal para que los mecanismos de prevención sean eficaces y que las niñas y adolescentes tengan revisión periódica y sean escuchadas, como lo hizo la diputada morenista Aleida Alavez.
Atender las causas de la marginación y la pobreza para que las mujeres, niñas y jóvenes accedan a educación, salud, vivienda, servicios sin violencia, por parte de la diputada Irma Juan Carlos, de Morena, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, quien dijo que en 2020 se registraron ocho mil 876 nacimientos de madres menores de 14 años.
El diputado morenista Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud, propuso garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva y que la educación sexual aborde aspectos biológicos, emocionales, sociales y culturales.
Baja muy lentamente la tasa de fecundidad adolescente: CONAPO
La secretaria general del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Gabriela Rodríguez Ramírez, afirmó que la tasa de fecundidad adolescente ha descendido de 134 nacimientos por cada mil adolescentes (en 1970) a 67. “No está en aumento, solo que baja muy lentamente, entre otras razones, porque es un indicador de pobreza y exclusión”.
Los estados con mayor número adolescentes madres son: Chiapas, 827; Guerrero, 518, y Oaxaca, 321. De los progenitores, 38 por ciento son adolescentes de 15 a 19 años, 30 por ciento son mayores de 20 años; el 60 por ciento de las niñas mamás están unidas a la pareja y el 80 por ciento se dedica al cuidado de hijos, hijas, hermanos o familiares.
Refirió que la ENAPEA es muy amplia y tiene un gran componente de educación integral de la sexualidad, de trabajo con adolescentes y juventudes, de salud sexual y reproductiva. Explicó que es un programa interinstitucional que incluye a 17 instituciones federales, universidades y organizaciones civiles.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena), dijo que se necesita generar un instrumento jurídico que proteja a quien denuncie violencia familiar y que ésta no sea un asunto privado, sino público; retomar el origen del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, como una institución que trabaja con las familias y centrar sus recursos en ellas.
La directora de Coordinación Sectorial y Regional del Instituto Mexicano de la Juventud, Nayeli Yoval Segura, se pronunció por reconocer los derechos sexuales como derechos humanos. Destacó la importancia de trabajar con perspectiva de juventud en estos temas y promover derecho de los jóvenes a una vida en paz y libre de violencias.
La directora ejecutiva de Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud AC, Oriana López Oribe, explicó que esta instancia ha colaborado en que las niñas y mujeres identifiquen su valor en la familia y el Estado en el momento de ser madres. Apuntó que es primordial que se atiendan las causas estructurales de los embarazos, como la anticoncepción y educación sexual.
La directora de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Célida Duque Molina, expuso que en esta institución se atendió cerca de 30 mil niñas y adolescentes que se embarazaron en el 2022e implementan campañas de capacitación en salud sexual y reproductiva, de plan de vida y toma de decisiones en escuelas y unidades familiares.
