• Presentación del informe “Impactos del Feminicidio en México y las respuestas del Estado”.
• La investigación tiene como finalidad conocer las diversas afectaciones que padecen las víctimas directas e indirectas.

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 9 de diciembre del 2022.- En el marco del 10 de diciembre “Día Internacional de los Derechos Humanos”, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), presentó el informe “Impactos del Feminicidio en México y las respuestas del Estado”.

La investigación tiene como finalidad conocer las diversas afectaciones que padecen las víctimas directas (sobrevivientes de tentativa de feminicidio) e indirectas (familiares de víctimas de feminicidio), luego del hecho victimizante, y cuál es la respuesta del Estado, a través de las diferentes instituciones encargadas de la impartición de justicia y atención a víctimas.

El conocimiento de los efectos de la comisión del delito en las víctimas directas e indirectas es relevante pues tradicionalmente han sido minimizadas e incluso revictimizadas por las instituciones que deberían brindarles protección. Es por ello que cobra gran importancia obtener de fuentes primarias, cómo es la experiencia de quienes desafortunadamente tienen que dar seguimiento al procedimiento para obtener justicia y la reparación del daño, pues son quienes viven en carne propia la ineficiencia y las omisiones del Estado en la salvaguarda de sus derechos como víctimas de un hecho delictivo.

Para ello se entrevistó a 19 víctimas mujeres sobrevivientes de tentativa de feminicidio y familiares de víctimas de feminicidio (madres, padres, hermanos/as y tías/os de víctimas de feminicidio), debido a que son las personas que principalmente dan o dieron seguimiento en la búsqueda de justicia. Los casos de estudio acompañados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. El objetivo de las entrevistas fue identificar cuáles son los principales impactos psicosociales individuales y familiares, a la salud, económicos y a la sociedad en general del hecho victimizante; pero también la forma en la que las víctimas afrontan las situaciones a que se enfrentan. Los casos en análisis se registraron en el periodo de 2018 a 2021.

Previamente se creó una guía a través de la que se buscó identificar: a) datos sociodemográficos; b) proceso de acceso a la justicia; c) impactos en la integridad psicoemocional; d) impactos familiares; e) impactos en la integridad física; f) impactos en la esfera laboral; g) impactos comunitarios; h) proyectos de vida (cambios y proyección futura); i) propuestas de mamás, familiares y sobrevivientes. 

Otra de las acciones para la obtención de la información presentada en este informe fue la realización de solicitudes de información sobre las características, actuaciones y atención en casos de feminicidio y tentativas a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas de todos los estados, a las Fiscalías Especializadas a través del portal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cabe mencionar que no todas las instancias a las que se les formularon preguntas respondieron. Las Fiscalías Especializadas Estatales de las entidades que no respondieron son: Baja California, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Nayarit. Las Comisiones de Atención a Víctimas estatales que no dieron respuesta son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. El análisis profundizó en la situación que se vive en: Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Puebla. Se incorporó el estado de Chiapas -que se caracteriza por su población indígena-, esto permitió ahondar en la dimensión intercultural.

Los enfoques analíticos para encauzar este documento se basan en el género, la interseccionalidad y el enfoque psicosocial, con el propósito de que los métodos contemplen los contextos particulares, la sensibilidad y el tratamiento que se requiere para el acercamiento a la problemática de estudio.

El informe fue realizado con el apoyo del Fondo Fiduciario de la Organización de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer (UNFT) y de la Unión Europea. Si bien el estudio no refleja necesariamente sus puntos de vista, la realización del informe fue posible gracias a su apoyo financiero.

Hallazgos

Uno de los hallazgos más dolorosos y que trastocan la vida de las familias de víctimas de feminicidio y de las sobrevivientes de esta violencia son los impactos emocionales que sufren las y los integrantes de todo el núcleo familiar. Los impactos y las pérdidas no son lineales, las madres, padres, hermanas, hermanos, abuelas, abuelos, tías, entre otros familiares, enfrentan duelos complejos, con múltiples sentimientos que no necesariamente mejoran con el transcurso del tiempo.

Otro de los hallazgos relacionado con los impactos emocionales, es la culpa, la cual es uno de los sentimientos más recurrentes. Algunas madres de víctimas de feminicidio se culpan por el hecho victimizante, sobre todo por no haber protegido a sus hijas como ellas hubiesen querido hacerlo. Se culpan por no haber estado más pendiente de sus relaciones personales. Cuestionan incluso qué podrían haber hecho diferente para haber evitado la muerte de sus hijas. Este sentimiento de culpa de las madres de las víctimas de feminicidio y de las propias sobrevivientes, se explica, entre otros aspectos, por la construcción sociocultural en torno a las relaciones inequitativas de poder entre hombres y mujeres.

En el caso de la problemática de las tentativas de feminicidio, la violencia que viven las víctimas tiene una doble afectación, ya que hay impactos en su rol de mujer y en su rol de madre. Además, cuando el agresor es la pareja sentimental, las mujeres sobrevivientes que fueron entrevistadas se sienten responsables de la violencia y, si son madres, la culpa se presenta cuando los hijos e hijas de las víctimas presencian también violencia de la que son objeto.

Por otro lado, a pesar de los avances en materia de los derechos de las mujeres, prevalecen una serie de normas socioculturales patriarcales que responsabilizan a las mujeres de la violencia que viven. Estos discursos son naturalizados, incluso, por las mismas víctimas.

El testimonio de una madre nos refirió lo siguiente: “A mí no me gusta ser mala persona y nunca me ha gustado maldecir a alguien, pero no sabes cómo odio al maldito que me arrebató no solamente a mi hija, sino mi seguridad, mi fe, me arrebató el amor hacia la vida, las ganas de vivir, las ganas de sonreír, las ganas de querer convivir con los demás, ver a mis amigos, querer bailar, me arrebató muchas cosas, no nada más a mi hija”.

Otro de los hallazgos es la depresión, este es un padecimiento reiterativo en las entrevistas realizadas a madres de víctimas de feminicidio y a sobrevivientes. La depresión es un padecimiento que puede poner en riesgo la vida, por lo que requiere un acompañamiento adecuado. Las víctimas indirectas y de tentativa de feminicidio identifican que padecen enfermedades como depresión y ansiedad (en algunos casos, diagnosticadas por algún/a especialista o por consideraciones propias); estos padecimientos representan afectaciones importantes a su salud.

Otras expresiones de enfermedades psicosomáticas en las víctimas directas e indirectas de la violencia feminicida son: aislamiento, cambios de comportamiento, pensamientos recurrentes sobre el hecho victimizante, pérdida o aumento del apetito.

Impactos emocionales causados por la violencia institucional

La violencia institucional agrava los impactos emocionales en las víctimas directas e indirectas. Esto se debe a la falta de sensibilidad y preparación de las autoridades durante los procedimientos de búsqueda de justicia. El testimonio de una madre nos refiere:

“Todos en la familia teníamos ansiedad, todos teníamos depresión, todos teníamos ataques de pánico, ese no es el punto, el punto es la revictimización del Estado mexicano a lo largo de todos estos años, por supuesto que se tiene que deteriorar la salud emocional, la salud psicológica”.

En las entrevistas realizadas se observa que la revictimización genera emociones como miedo y enojo, además de sentimientos de frustración, culpa, desesperación, decepción, desconcierto, desmotivación.

Otro testimonio de una madre refiere: “En ningún momento me dijeron No se preocupe ahorita vamos a traer a una psicóloga o psicólogo. No, no hubo nada de eso. Ni siquiera: “¿Necesita una pastilla?” Ni agua, nada, nada.

Cabe señalar que desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio se solicitó la información sobre la atención a víctimas indirectas relacionadas con el delito de feminicidio vía transparencia de información a todas las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas.

En relación a la atención psicológica, solo 7 estados respondieron. Hay comisiones estatales de atención a víctimas que refirieron que remiten las solicitudes al “área correspondiente” como fue el caso de Morelos. Durango refirió que de 2018 a 2021, atendió a 14 víctimas de feminicidio. En Tabasco durante 2021, las cifras de atención ascendieron a únicamente a 3 víctimas; y entre 17 a 30 víctimas en Nayarit, Michoacán, Veracruz y Yucatán. Esto evidencia la poca o nula cobertura que hay por parte del Estado para la atención psicológica requerida para el afrontamiento del duelo como consecuencia de una muerte traumática, como es el caso del feminicidio, así como hacia sobrevivientes de feminicidio. Otro hallazgo y efecto de la revictimización es la pérdida de confianza en las instituciones, lo que provoca que, en ocasiones, por el desgaste generado no exijan sus derechos o exista el temor de que surjan represalias por la exigencia de justicia. La realidad es que las víctimas se enfrentan a autoridades poco sensibles.

De las 32 Comisiones de víctimas, a las que se solicitó información sobre su Modelo de atención a Víctimas, la mayoría de estados no cuentan con un modelo de atención, el estado que informó que cuenta con un modelo específico de atención es el estado de Guerrero. Por su parte, Puebla  refirió que tienen “grupos de primer contacto adscritos a la Subdirección de Ayuda Inmediata a Víctimas que brinda contención emocional a cargo del área de psicología, incorporando el trato empático, de conformidad con las leyes y derechos humanos, debida diligencia, principio pro persona, privacidad y confidencialidad”. En el caso de Nuevo León, “la atención primaria e inicial es una valoración psicosocial”, bajo un modelo donde aplican el enfoque de género diferencial y especializado. Por su parte, el Estado de México cuenta con una Unidad de Atención Psicosocial que brinda atención psicológica bajo un enfoque de psicoterapia breve. De las 32 entidades federativas a las que el OCNF solicitó la información, solo el 12 por ciento, es decir, solo 4 estados refirieron contar con un Modelo de Atención a Víctimas.

Respecto al número de víctimas indirectas atendidas psicológicamente luego de un hecho de feminicidio, la CDMX refirió que no brinda esta atención, Puebla brindó atención psicológica a 3 víctimas indirectas. Colima hasta febrero de 2022, no había brindado ninguna atención a víctimas indirectas de feminicidio. Guerrero atendió a 35 víctimas. En el caso de Nuevo León, atendieron en promedio 6 casos semanalmente, aunque este número es variable. En el Estado de México, cada psicólogo tiene 329 solicitudes de atención (sin distinguir delito). Durango informó que de 2018 a 2021, se atendieron a 14 víctimas indirectas por el delito de feminicidio. En Tabasco durante 2021, las cifras de atención ascendieron a menos de 3 víctimas; y entre 17 a 30 víctimas en Nayarit, Michoacán, Veracruz y Yucatán.

Enfoque diferencial

Cabe señalar que la Ley General de Víctimas reconoce entre sus principios el enfoque diferencial y especializado, en otras palabras, se reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad u otro. Sin embargo, la respuesta de los estados indica que la mayoría de las Comisiones de Víctimas no cuentan con personal  que trabaje con este enfoque; salvo en algunas entidades como Guerrero, entidad que reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad u otro. Sólo Guerrero cuenta con psicólogos que integran la perspectiva multicultural.

En el caso de Colima y la CDMX ambas entidades buscan vías para brindar atención especializada con este enfoque. Puebla no cuenta con personal que integre esta perspectiva a pesar de contar con población indígena. El Estado de México no especificó si cuenta o no con personal capacitado en esta materia. Nuevo León impulsa acciones como la búsqueda y enlace con intérpretes de instituciones estatales y el apoyo de Organizaciones de la Sociedad Civil. Mientras que el estado de Jalisco no respondió a la solicitud de información realizada por el OCNF vía transparencia. Las entidades que refirieron contar con personal especializado en perspectiva multicultural son: Nayarit, Yucatán, Morelos, Tabasco. Por su parte Sonora y Veracruz informaron que no cuentan con personal especializado, a pesar de que son estados con altos niveles de población indígena.

Cabe mencionar que en las entrevistas realizadas a víctimas indirectas del delito de feminicidio y de tentativa de feminicidio, la mayoría afirma que no ha recibido algún tipo de atención psicológica por parte de las autoridades.

Otro hallazgo importante se relaciona con la especialización del personal que atiende a las víctimas, se encontró que mucho de este personal no ha recibido ninguna capacitación. El estado de Veracruz y la Ciudad de México. Colima, Puebla y Jalisco no respondieron al respecto, mientras que Nuevo León y Estado de México no especificaron el tipo de capacitación que brindan a su personal. La falta de capacitación refleja la mala atención que reciben las víctimas  indirectas y sobrevivientes, así como la ausencia de la perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género y multicultural.

Seguimientos a la atención psicológica

Sobre los seguimientos que las Comisiones de Atención a Víctimas hacen a las medidas de atención psicológica a las víctimas, podemos afirmar que no hay claridad sobre la atención que brindan, salvo el Estado de México, el cual sí cuenta con la información sobre el tipo de seguimiento psicológico y psiquiátrico que dan a través de la Unidad de Trabajo Social.

Estrategias de afrontamiento

El informe visibiliza que los impactos de la violencia feminicida en víctimas directas e indirectas son diversos y afectan todas las esferas de sus vidas. Las víctimas tienen diferentes reacciones frente a una situación para la cual no estaban preparadas. No obstante, las víctimas han generado estrategias de afrontamiento emocional, algunas de manera individual y otras en colectividad. El hecho victimizante marcó sus vidas, la de sus familias y del entorno; pese a ello, generan estrategias para continuar y reconstruir la vida, en sus palabras: “tratan de aprender a vivir con esto”.

Las víctimas directas e indirectas entrevistadas señalaron que la propia familia (dependiendo de las particularidades y contexto familiar de cada una) es un sostén; se apoyan emocionalmente de sus hermanas, hermanos, además de ser quienes les ayudan con las tareas de la vida diaria, posibilitando que ellas tengan tiempo para atenderse, o bien para las diligencias derivadas de los procesos de búsqueda de verdad y justicia.

Otro hallazgo frecuente es que, para algunas víctimas directas e indirectas, el confinamiento derivado por la pandemia les ayudó. Encontraron condiciones para tener una “pausa” que les permitió un proceso de introspección y calma para ellas y sus familias.

Los integrantes de la familia nuclear: hermanos o hermanas de las víctimas de feminicidio son quienes presentan mayores afectaciones por el grado de convivencia que sostenían con sus hermanas. Entre las emociones que se identificaron están la tristeza, el enojo, la desolación, la pérdida de apetito, la desmotivación y el aislamiento. Se presentan algunos impactos entre ellos la depresión.

Impactos económicos

Las víctimas directas e indirectas reconfiguran aspectos de sus vidas relacionadas con el ámbito económico como consecuencia de la agresión o ausencia de su familiar. La situación de afectación económica es diversa, ya que depende del contexto de cada familia. Los gastos se agudizan acorde al tiempo que tienen de transcurridos los hechos. En el caso de la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, el tiempo influye de manera particular, depende desde cuándo se encuentre desaparecida la víctima (días, semanas, meses, años). También, cuando las familias se encuentran en otras entidades, se generan otros gastos de traslado (autobuses, casetas, gasolina), hospedaje y alimentación. Dependiendo de las necesidades inmediatas, se incrementan los costos que representa la contratación de estos servicios. Una vez que es encontrada la víctima, se suman los gastos funerarios.

Uno de los impactos económicos que se identificó en este análisis se relaciona con la asunción de la jefatura familiar de las víctimas de feminicidio y de tentativa. Son casos donde la economía se sostenía con el aporte de las parejas sentimentales, que más tarde se convirtieron en los agresores de las víctimas de feminicidio y de tentativa. La violencia económica forma parte del continuum de violencia contra las mujeres. Entre sus características se reconocen las valoraciones producto de las visiones estereotipadas sobre la organización de la familia, donde el agresor se presenta como el que tiene capacidad productiva y contribuye a la proveeduría del hogar. Sumado a ello, la precarización de los empleos afecta en gran medida a las mujeres. En un caso de tentativa y de feminicidio, las víctimas y familiares reconocen que la economía se vio impactada y afectó las condiciones materiales de subsistencia del núcleo familiar consecuencia de la distribución de gastos con las parejas.

En algunos casos las víctimas de feminicidio y de tentativa de feminicidio en donde tienen hijos o hijas. Los escenarios que surgen son múltiples: en los casos de mujeres sobrevivientes a la tentativa y que asumen la jefatura del hogar, están en procesos simultáneos: la búsqueda de justicia y de estabilidad laboral -los impactos psicológicos generan desmotivación-. Asimismo, estar en un procedimiento jurídico implica que destinen tiempo que en ocasiones no les permite conservar sus empleos o negocios. Son factores que en su conjunto tienen impactos en las condiciones materiales de los hijos e hijas. Por otro lado, en los casos donde las infancias quedan en orfandad, son las y los parientes (padres, madres, abuelas, abuelos, tías y tíos) quienes asumen sus cuidados, por lo tanto, impacta en las dinámicas económicas ya que se responsabilizan de la subsistencia, como la alimentación y la educación, por mencionar algunos. En el informe podrán encontrar los diversos niveles de impacto económico para las  familias de las víctimas y las sobrevivientes padecen en la búsqueda de justicia.

Impactos comunitarios

Otro de los hallazgos a nivel comunitario es que la estigmatización y culpabilización de las mujeres asesinadas y víctimas de tentativa generan exclusión hacia las madres y familias a través del distanciamiento por parte de la comunidad. Hay rupturas del tejido social en los diferentes espacios de socialización: con la familia, amistades, vecinos, compañeros del trabajo, lo que afecta diversas áreas individuales de las víctimas, sin embargo otra de las respuestas a nivel comunitario es la empatía con las familias  de las víctimas de personas de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, etc.

Actos de revictimización por parte de las autoridades

En la práctica  podemos advertir que la revictimización tiene lugar en varios momentos del proceso de justicia; se ha presentado desde la visita o encuentro con la policía con motivo de la agresión sufrida, y puede prolongarse a lo largo de la interacción con las y los servidores públicos durante el procedimiento legal. En el informe se puede evidenciar que la revictimización que viven las familias es todo un proceso en la lucha por acceso a la justicia, por lo que la procuración y administración de justicia se ha vuelto un factor más de revictimización.

Los actores que principalmente cometen esta revictimización durante el proceso son: La policía, el Ministerio Público, Los servicios periciales y el Poder Judicial. Algunos de los actos revictimizantes que padecen las víctimas y sus familiares son: maltrato constante, culpabilización, reproducción de estereotipos de género, etc. Un ejemplo es la frase referida por una autoridad a una madre víctima de feminicidio: “Señora yo no sé ya qué busca si su hija está muerta”.

Acreditación del delito

El OCNF ha tenido conocimiento de varios casos que debieron ser clasificados como feminicidios en grado de tentativa. No obstante, la autoridad ministerial inició las investigaciones como violencia familiar o en algunos otros casos como lesiones. Un ejemplo es el caso de una joven encontrada sin vida al interior del domicilio que habitaba en la Ciudad de Puebla. Desde el inicio, personal de la Fiscalía del Estado ha obstaculizado la investigación, sosteniendo como única hipótesis la del suicidio. Inconformes con ese criterio clasificatorio, debido a que no se encontraba sustentado en pruebas robustas y científicas, la familia ha sido constantemente maltratada por exigir que se realice la investigación apegada al Protocolo de investigación del delito de Feminicidio, con lo cual se asegura en cierta medida la aplicación de la perspectiva del género y debida diligencia en el caso. Desde la opinión de la madre de la víctima directa y del OCNF: “El trato de la fiscalía ha sido revictimizante, porque a pesar de tratarse de una muerte violenta, no se ha investigado con perspectiva de género”.

Descrédito a la víctima por prejuicios de género

La búsqueda de indicios clave debe ser cuidadosa, metodológica y exhaustiva. No debe circunscribirse únicamente a la investigación de la escena del delito, sino a las circunstancias y el entorno social que desencadenaron la conducta delictiva. De este modo, el personal que integra los servicios periciales son clave para la determinación de indicios o signos de un feminicidio, ya sea sexual, íntimo o de otro tipo.

Negativa a registrar todas las heridas en el informe médico 

En el caso de feminicidios, el levantamiento del cuerpo de la víctima del lugar del hallazgo y la posterior necropsia médico-legal deberá realizarse por el personal médico forense misma que tendría que recolectar todas las evidencias existentes, (incluidas aquellas que sean tomadas o reproducidas por medios electrónicos, como cámaras fotográficas, videos, etcétera). Además, deberán ser sometidas de manera rigurosa a la cadena de custodia, todo esto para avanzar en el conocimiento de lo ocurrido, cuidando de no alterar los elementos presentes, ni dificultar ulteriores fases de investigación.

En uno de los casos de tentativa de feminicidio, la sobreviviente narra una situación por parte del personal médico forense de la Fiscalía de la Ciudad de México, al exigir que las heridas de la víctima midieran como mínimo siete centímetros para poder tomarlas en cuenta y asentarlas en el acta médica; además de describirlas incorrectamente. En este caso, la víctima lo pudo advertir dada su formación en enfermería. Incluso, cuando ella señalaba que la ubicación de las mismas no era acertada, había un evidente enojo por parte del personal médico.

Revictimización por el poder judicial

La jurisprudencia impone la obligación de juzgar con perspectiva de género,  sin embargo esto no es así.

Riesgo a la integridad personal de las víctimas y medidas de protección

El riesgo que enfrentan las sobrevivientes de feminicidio, así como víctimas indirectas (familiares de la víctima) es latente. Es fundamental que en todos los casos se realice la evaluación del riesgo en que se encuentran. Dicha evaluación constituye una herramienta metodológica que parte de un conjunto de preguntas realizadas a las víctimas, directas e indirectas que permiten comprender el alcance del peligro a que pueden estar expuestas.

Considerar el nivel del riesgo en que se encuentran las víctimas permite estimar las medidas de protección que son necesarias para asegurar la integridad personal (psíquica y física) de las víctimas; también permite diseñar, en conjunto con las víctimas, medidas de autoprotección y las medidas de asistencia y acompañamiento necesarias.

Ante la existencia del riesgo, las autoridades tienen el deber de adoptar medidas jurídicas para conminar a los agresores a abstenerse de intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de las víctimas directas o indirectas del delito.

En algunos casos aún y cuando los familiares de las víctimas de feminicidio hicieron saber a las autoridades la necesidad de que se dictaran a su favor órdenes o medidas de protección, éstas no fueron emitidas; o bien, cuando sí lo fueron, en su mayoría no respondieron a un análisis de riesgo realizado.

En los casos de feminicidio, ante la falta de respuesta de las autoridades, las familias de las víctimas o sobrevivientes buscan conocer la verdad de lo que pasó a sus hijas a través de información y personas referentes que les ayuden a poder tener respuestas. Ante la inacción de las autoridades, las omisiones y las negligencias en las investigaciones de los casos de feminicidio, las familias de las víctimas se vuelven investigadoras de sus propios casos, a fin de conocer lo qué  sucedió que llevó a sus hijas a ser víctimas de un feminicidio; estas acciones las van acercando a las organizaciones de la sociedad civil que acompañan casos de víctimas de feminicidio, también a otros familiares de víctimas o a madres defensoras que han logrado tener una presencia pública importante, las cuales comparten lo que hicieron para aproximarse a la justicia en sus casos.  

Los hallazgos nos reflejan los impactos en las y los familiares de víctimas de feminicidio, así como los impactos en el tejido social. La brutalidad con la que mujeres, niñas y adolescentes son asesinadas se extiende en el caminar que las familias enfrentan prácticamente en todo su caminar en búsqueda de justicia. La gravedad de la problemática nos debe sentar a concientizar lo que estas violencias significan no solo a nivel familiar sino social. Es necesario generar políticas públicas que atiendan lo que está provocando esta violencia y respuestas estructurales urgentes que contribuyan de una vez por todas a erradicar la violencia feminicida en México.

Desde el OCNF reiteran que los impactos en las familias se dan desde el momento en que les arrebatan a sus hijas por lo que las respuestas también tendrían que ser inmediatas. No quieren una justicia tardía, no quieren una justicia a medias, quieren acciones que no solo inyecten a las familias las fuerzas para seguir viviendo sino acciones que se erradiquen la obstaculización a la justicia que las mata en vida.

SEM/MG