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Avanza en Senado pago por 84 días desde el inicio de la incapacidad por embarazo a trabajadoras

  • También se especifica que el periodo de descanso anterior y posterior al parto constituye una medida para proteger tanto la salud de las trabajadoras, como la del producto de la concepción.

Micaela Márquez

SemMéxico, Ciudad de México, 12 de diciembre del 2022.- Para dar certeza jurídica a las trabajadoras aseguradas en periodo prenatal y postnatal, se aprobó en comisiones del Senado la iniciativa para que las trabajadoras embarazadas reciban en una sola emisión, 84 días desde el inicio de la incapacidad.

Las comisiones unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos Segunda, que preside la senadora Gricelda Valencia de la Mora y el senador Rafael Espino de la Peña, aprobaron la minuta que envió la Cámara de Diputados que adiciona un tercer párrafo al artículo 101 y un artículo 102 Bis a la Ley del Seguro Social.

El dictamen plantea que, “a solicitud expresa de la asegurada, con la previa autorización escrita del médico del Instituto o, en su caso, del médico externo que lleve el control y vigilancia prenatal, y será tomada en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrán transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo”.  

Las y los legisladores consideraron viable establecer en la ley, sin inconveniente jurídico alguno, que el subsidio en dinero, al que tiene derecho la mujer asegurada durante el embarazo y el puerperio, se pague mediante la emisión de un certificado único de incapacidad por 84 días, y se entregue en una sola exhibición desde el inicio de la incapacidad. 

El descanso obligatorio que se otorga a las trabajadoras, antes y después del parto, se encuentra esencialmente relacionado con el pago de un subsidio, el cual se otorga en sustitución del salario que percibían por el trabajo prestado hasta antes que les fuese concedida la incapacidad por maternidad. 

También se especifica que el periodo de descanso anterior y posterior al parto constituye una medida para proteger tanto la salud de las trabajadoras, como la del producto de la concepción, por lo que si aquél ocurre antes de la fecha probable fijada por el médico, el resto de los días no disfrutados del periodo prenatal deberán ser transferidos al de posparto. 

SEM/MG

Mujeres y Política| Gato encerrado

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Oaxaca, 12 de diciembre, 2022.- Desde el pasado 7 de diciembre, la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, del Tribunal de Enjuiciamiento de Huajuapan de León, había anunciado que este 12 de diciembre daría a conocer la pena que se impondrá a la ex presidenta municipal de Nochixtlán, Lizbeth V.H. y a otros tres servidores públicos, quienes fueron considerados responsables del crimen de lesa humanidad por la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu Cruz. La novedad es que hubo audiencia, pero la sentencia será para después, se pospuso. El trasfondo puede no ser agradable para quienes esperan justicia verdadera y no un mero acto de simulación de esos que abundan en la impartición de in-justicias.

La desaparición de Claudia Uruchurtu en marzo del año pasado, de acuerdo a lo que sabemos y se ha dicho en la prensa local, nacional e internacional, está ligada a su actividad como defensora de los derechos de las personas. Desde su posición como ciudadana y formación personal, había denunciado desvío de recursos y obras no realizadas por parte de la munícipe de Nochixtlán, incluso, envió cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la entonces secretaria de Gobernación y hoy senadora Olga Sánchez Cordero, y a otros servidores públicos, además, se hicieron desde la institucionalidad algunas auditorias que revelaron que Claudia Uruchurtu estaba en lo correcto.

Un día después de la primera suspensión del veredicto del Tribunal de Enjuiciamiento, el 1 de diciembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió, en la mañanera, que “autoridades locales” de Oaxaca, pretendían no castigar un caso de violación a los derechos humanos, pero, advirtió estaría pendiente al caso. El 7 de diciembre pasado se entendía que habría castigo para las personas involucradas, luego de que la jueza señalara que serían sentenciados.

Incluso, el hecho fue retomado por el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja, en la mañanera del 8 de diciembre, es decir, al día siguiente de la audiencia. El funcionario federal dijo es que se trataba de “una sentencia relevante”, luego apuntó que “una vez desahogadas las pruebas ofrecidas y ante la contundencia del material probatorio, se logró obtener de una jueza de la región mixteca, fallo condenatorio en contra de los acusados Lizbeth ‘N’, exalcaldesa de Nochixtlán, Oaxaca; Juan Antonio ‘N’ alias ‘el Centinela’, Rolando ‘N’ alias ‘el Colas’ y Nelci Yanet ‘N’ por el delito de desaparición forzada.

Pero el pelo en la sopa nos dice que podríamos, no lo duden ni tantito, tener una sorpresa. Como lo advertimos desde el primer momento, y propusimos no echar las campanas al vuelo, porque hasta ese momento nadie sabía “cuál era la pena”, como no lo sabemos ahora. No sé si alguien se está arrepintiendo, no sé sabe si obligaron a que alguien se arrepienta…pero todo indica que si esta sentencia no se ha dado es porque evidentemente hay gato encerrado. Ojalá no salgan con que a Chuchita la bolsearon.

SEM/sj

Cuba: Mujeres en la encrucijada del trabajo por cuenta propia

Lisandra Fariñas

SemMéxico/SEMlac, La Habana, Cuba, 12 de diciembre del 2022.- En medio de un escenario socioeconómico que ha potenciado recientemente diversas formas de gestión, como las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y otras iniciativas de desarrollo, el trabajo por cuenta propia sigue siendo, para miles de mujeres en Cuba, una opción a su proyecto de vida.

Fue ese el camino que hace ya 12 años escogió Bárbara Puentes, quien se dedica junto a su esposo a la fabricación de vinos artesanales en Bayamo, provincia de Granma, a unos 700 kilómetros al este de La Habana.

Su esposo elabora vinos desde los años noventa, pero solo hasta después de 2010, cuando se jubiló, fue que Puentes quiso registrarse como trabajadora por cuenta propia y dedicarse a esa labor. Ella también elabora vinagre, una producción completamente suya, cuenta a SEMlac.

Ahora es una de las 201.654 mujeres que, al cierre de agosto de 2022, reportaba el Registro de Contribuyentes de la Oficina Nacional de Administración Tributaria como adscritas al trabajo por cuenta propia; poco más del 34 por ciento de las 585.921 personas acogidas a esa modalidad de empleo.

Sin embargo, aunque las estadísticas hablan de una mayor incorporación de ellas a este segmento del sector privado en la nación caribeña, una mirada a las actividades donde ejercen revela que algunas brechas se mantienen.

Datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) dan cuenta de que las mujeres siguen trabajando, en su mayoría, en ámbitos tradicionalmente femeninos, como los servicios, los cuidados y la atención educativa a niñas y niños.

La especialista principal del Grupo de Trabajo por Cuenta Propia del MTSS, Yenisey González, apuntó recientemente a la agencia Prensa Latina que en provincias como La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Santiago de Cuba se registra un incremento de la inserción femenina en esta forma de gestión, pero el mayor número de ellas se desempeña como trabajadoras contratadas.

Sobresalen, por ejemplo, entre las actividades relacionadas con alojamiento y alimentos, inmobiliarias, industria manufacturera, servicios de belleza y domésticos, información, comunicaciones y telecomunicaciones, dijo.

A juicio de la economista Ileana Díaz Fernández, el trabajo por cuenta propia es un escenario de empleo válido para las mujeres. «Puede ser una forma de ganar experiencia en el manejo de negocios a pequeña escala y después crecer. Todo depende de la condiciones y competencias de la persona», dijo a SEMlac.

Con esta experta coincide la socióloga Dayma Echevarría León, profesora del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), quien explicó que aún con la presencia de mipymes, cooperativas no agropecuarias y proyectos de desarrollo local, el trabajo por cuenta propia sigue siendo un espacio laboral legítimo, también para las mujeres.

Esta modalidad representa un tipo de actividad realizada por menos de tres personas, dijo la especialista, quien agregó que es la figura económica con mayor autonomía para la toma de decisiones.

Sin embargo, Echevarría sostiene que «las mujeres seguimos enfrentando los mismos retos para entrar en este mundo: acceso a recursos que empoderan (tiempo, dinero, propiedades, redes de información y contactos)».

A ello se suman las otras crisis agudizadas por la pandemia de covid-19, como la económica, que significó para este tipo de emprendimientos un escenario de, por un lado, innovar, y por otro de sobrevivencia, explicó Díaz Fernández.

«El contexto actual de la economía cubana agrava todo ello, incluso les hace difícil crecer a aquellos emprendimientos ya consolidados», agregó la economista.

Bien lo sabe Puentes, quien considera que la principal dificultad con la que chocan las trabajadoras por cuenta propia que, como ella, se dedican a la elaboración de alimentos, es la falta de materias primas.

«Mi esposo y yo hemos buscado las vías, mediante contratos, para tratar de que nos vendan azúcar de manera mayorista, por ser un producto imprescindible para nuestro trabajo. Pero no hemos conseguido un suministro estable y no podemos darnos el lujo de no producir vinos, porque de eso vivimos”.

«El precio de ese renglón en el mercado negro ha aumentado exponencialmente, además del riesgo que implica la ilegalidad. Por eso vimos con buenos ojos la posibilidad de establecer contratos con entidades estatales que nos dieran acceso al producto, pero en realidad es un proceso engorroso, que lejos de estimular, desestimula», comentó la cuentapropista.

Puentes refiere que, en el contexto de las modificaciones económicas, firmaron un contrato con la empresa de materias primas para el suministro de botellas, pero este año el precio subió, sin que haya una razón para ello, pues se trata de productos reciclados, no de una nueva producción.

El difícil acceso a recursos es también una de las principales limitaciones para Dayana Pulido, emprendedora de 30 años de edad que lleva adelante el proyecto Daya cosmética natural, en el municipio habanero de Diez de Octubre.

Pulido es profesora de la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana y, durante la pandemia de covid-19, comenzó la producción de cosméticos para uso propio y de su familia, luego para sus amistades, hasta que decidió establecer el negocio y comenzar la venta online.

Entre las estrategias que ha implementado, en medio de las limitaciones del contexto económico, está la de acceder a presentaciones que favorezcan sus ventas y, a la vez, le permitan interactuar con clientes, establecer redes con otros trabajadores/as por cuenta propia y así intercambiar e impulsar el reciclaje y la reutilización efectiva de recursos que, para otros negocios, son residuos.

Entre nuevos cambios y viejas brechas

La eliminación, en septiembre de 2021, del listado de 127 actividades aprobadas hasta ese momento fue la principal transformación de las disposiciones que actualizaron el ejercicio del trabajo por cuenta propia.

Estas normas no establecieron nuevos desempeños, sino que definieron las actividades que quedarían prohibidas, por lo que se abrieron más posibilidades de empleo. Actualmente sobrepasan 2.000 las áreas en que, de acuerdo con el Clasificador Nacional de Actividades Económicas, puede desempeñar una persona en esta forma de gestión.

Otras actualizaciones fueron la generalización del reconocimiento del mínimo exento de los tributos (39.120 pesos, equivalentes a 326 dólares a la tasa oficial en las casas de cambio) a todos los trabajadores/as por cuenta propia; antes solo se les reconocía a un grupo de actividades.

Junto a las transformaciones económicas, el 13 de octubre de 2021 se aprobó por el Consejo de Estado el decreto-ley De la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias, que incrementa los derechos de las mujeres en el sector estatal, que concede garantías igualmente a las que laboran en el no estatal.

Si bien la ley las ampara, existen vulnerabilidades aún en este tema para ellas, reconoció Yumerky Santana, directora de Fuerza de trabajo calificada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), durante un panel realizado en noviembre en el Centro Loyola, de filiación religiosa, en ocasión del Día de la Mujer Emprendedora.

«Ellas tienen derecho a la licencia, pero no tienen seguridad de que luego su puesto de trabajo esté garantizado, y ese empleador vuelva a contratarles», dijo.

«Los derechos laborales están refrendados en el Código de Trabajo, en cualquier sector deben tener su convenio con el empleador, contrato por escrito donde se incluya su horario de trabajo, el salario por la labor a realizar, que no debe estar por debajo del salario mínimo del país; las horas de labor, el descanso, el derecho a la maternidad, al certificado médico», enumeró.

«Pero todavía existen brechas y ese es uno de los retos: identificar las vulnerabilidades para poder dirigir políticas y proteger a las mujeres», subrayó la especialista.

Velar por estas y otras garantías para las cubanas, independientemente del sector laboral que ocupen, es uno de los propósitos del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), aprobado por el Consejo de ministros el 30 de octubre de 2020. Este documento incluye como una de sus siete áreas de especial atención, el empoderamiento económico de las mujeres.

El programa exige a personas naturales y jurídicas empleadoras la creación de condiciones adecuadas de trabajo, que permitan el desarrollo de su actividad laboral sin discriminación, tanto en la contratación como en el ejercicio de sus funciones. Pero falta aún por concretar esa protección formal en la vida real.

(lisycolor5@gmail.com )

Opinión| La revisión sobre los derechos humanos

Angélica de la Peña

SemMéxico/ElSoldeMéxico, Ciudad de México, 12 de diciembre del 2022.- En el marco del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ONU integrado por países, no por funcionarios/as de ONU, se crea en 2006 el Mecanismo de Evaluación Periódica Universal MEPU para revisar cómo se encuentra cada país o estado nacional, en el ejercicio de los derechos humanos de su población. Los países se revisan mutuamente, de manera que el resultado de esa revisión en situ, se complementa con el informe que realizan las instancias que representan a la Alta o el Alto Comisionado en turno de la ONU para los DDHH donde se ha reconocido su competencia, como sabemos hay todavía países que son reactivos a la revisión externa particularmente en esta materia. La sociedad civil también presenta lo que se conoce como informe sombra, con el objeto de tener una revisión integral y real del ejercicio de los DDHH.

Es importante destacar que cuando la sociedad civil especializada en las materias de los derechos humanos es tomada en cuenta por cada país, el avance de las políticas públicas para ir concretando el ejercicio de cada derecho, transita hacia estadios de bienestar social e individual. Por el contrario, cuando en el proceso la presencia de las OSC es marginal o incluso prohibida, se reflejan los obstaculizadores que a su vez, evidencian los problemas que sufre la población; podemos señalar sin dudas, esos gobiernos, son malos gobiernos. Pocos los países han logrado avances en DDHH. Sigue siendo una aspiración la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La evaluación se emprende periódicamente cada 4 o 5 años a cada país o estado nacional. El resultado de cada informe es revisado por el Consejo en sesiones de trabajo exprofeso en Ginebra, en el antiguo edificio de la anterior Sociedad de las Naciones que fue el antecedente de la ONU; de hecho fue el primer intento de integración de las naciones al terminar la primera guerra mundial. El Tratado de Versalles de 1919 se propuso lograr la paz mundial. Después de su evidente fracaso, en 1945, después de la segunda guerra mundial, se constituye la ONU, otra esperanza para la paz.

México ha dado 3 informes al MEPU: el primero en 2009 con Calderón; el segundo en 2013 y el tercero de 2018 le correspondieron a Peña, y en 2023 le corresponderá a López Obrador. De entrada tendrá que informar cómo emprendió la prevención y atención de la pandemia del COVID; la crisis de la falta de medicamentos e interrupción de tratamientos de distintas enfermedades crónicas desde el sector salud, como el cáncer en niñas y niños; también el retraso para atender recomendaciones ante las graves violaciones a los derechos humanos en materias de seguridad, desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, feminicidio, contra personas de la diversidad sexual, y defensoras de derechos humanos; el desplazamiento forzoso y la vulnerabilidad y riesgos de personas migrantes.

Es necesario insistir en la derogación del arraigo, así como la corrección de la lista de delitos que derivan en prisión preventiva oficiosa en contraposición al sistema de justicia penal acusatorio que no termina de instaurarse en México. Es inevitable que el recuento de los 16 días de activismo para eliminar la violencia contra las mujeres, formará parte del informe de las OSC. Hemos avanzado en legislación y marco jurídico, pero seguimos fallando en su implementación, por desgracia no hay paz para las Mujeres.

Consejo de Género OEM: Autoridades invisibilizan la violencia feminicida

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Nurit Martínez

SemMéxico/ElSoldeMéxico, Ciudad de México, 12 de diciembre del 2022.- Los feminicidios que se convirtieron en virales en este año en México mostraron que en los casos de violencia en contra de las mujeres no hay articulación entre autoridades para enfrentar su desaparición de forma inmediata o hacer investigaciones claras, transparentes, expeditas y que eviten la revictimización, coincidieron especialistas al hacer un balance al cierre de 2022.

Durante la vigésimo sexta sesión del Consejo de Perspectiva de Género de la Organización Editorial Mexicana (OEM) para revisar lo ocurrido con las desapariciones, feminicidios, las violencias, las reformas legales, el papel de las activistas y la agenda periodística, Nancy Angélica Canjura, investigadora de la agrupación Causa en Común, explicó que vivimos “una realidad penosa en donde el discurso oficial desde el gobierno pretende seguir invisibilizando estos sucesos”.

Dijo que la violencia en contra de las mujeres está perpetuada en una sociedad machista y patriarcal en la que a ellas se les ve como “seres humanos de segunda categoría, sujetas a cualquier violencia sin consecuencias”.

La especialista con maestría en Gobierno de Asuntos Políticos en la UNAM y docente del diplomado en Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana señaló que es lamentable que de parte del gobierno federal se tenga una actitud defensiva para poder señalar que los números de feminicidio han bajado, que “no hay tantos o que antes se cometían más pero no se contaban”.

Indicó que hoy el gobierno de la Cuatroté asegura que hay una reducción de ocho por ciento en los casos si se compara con el registro del año pasado, pero también “tenemos una duda de estos datos, ya que el discurso del gobierno es de defensa: no son tantos, sí vamos bajando, pero eso, al final, hace que no estemos seguras de que se estén registrando adecuadamente”.

Puso como ejemplo los casos de Luz Raquel en Jalisco, Debanhi en Monterrey y de Ariadna en la Ciudad de México en los que en un inicio se informó que lo que les ocurrió había sido consecuencia de sus propias decisiones.

En Monterrey una de las hipótesis que se difundió, incluso por una filtración en medios, fue que Debanhi había caído a la cisterna; en el caso de la activista de Jalisco que ella misma se había prendido fuego.

“Ese discurso no ayuda a clarificar que de verdad se está trabajando en contra del feminicidio”. Enfatizó que importa que sean verdad y que eso sirva para actuar en consecuencia.

Ante los directivos, editores y periodistas de la OEM afirmó que se desconoce en realidad qué se está haciendo para atender los orígenes de la violencia feminicida, porque lo que sabemos es que la violencia contra ellas inicia y se encuentra en el seno familiar.

Hasta ahora, en lo que va de la administración, 2019 es el año con más víctimas registradas, según el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al sumar mil 016 víctimas. De ellas un gran porcentaje tuvieron como agresor a su pareja sentimental, dentro de sus propios domicilios, cuando se supone que el más seguro es su propia casa.

Puntualizó que lo que persiste es un discurso que las estigmatiza, revictimiza e impide verdaderas políticas de prevención.

Canjura acusó que en los últimos años lo que existe es un retroceso en programas de apoyo a las mujeres como grupo vulnerable, por ejemplo en materia de cuidados donde existían guarderías de bajo costo, comedores comunitarios, ciudades para personas de la tercera edad e inclusive en el cierre de hospitales psiquiátricos para atención de internamiento.

Aunque en principio parecieran no estar ligadas con las mujeres, al final les coarta libertad para trabajar y desarrollarse porque no existe una estructura del Estado que les permita relevarlas en esas labores.

Acusó que como en otros casos lo poco que se había alcanzado se eliminó bajo la acusación de corrupción sin sanción y en cambio sólo se decidió cerrar todo esto sin considerar que son las mujeres a las que se les carga esa labor.

Al moderar el análisis virtual, la directora nacional editorial de la OEM, Martha Ramos Sosa, anunció que para el próximo año el consejo se regionalizará para abordar los desafíos que enfrenta la agenda de género a nivel local.

Indicó que la tarea de los medios de comunicación es reflejar lo que ocurre en materia legal, con las reformas legislativas para ampliar los derechos de género, hasta ahora el país no es un todo homogéneo.

Citó que aunque todas las entidades han aprobado el matrimonio igualitario, hasta octubre en sólo once estados se ha despenalizado el aborto y en 19 se cuenta con una ley de identidad de género.

Leslie Jiménez, quien es abogada feminista expresó que a pesar de que desde la reforma de derechos humanos en 2011 el Estado mexicano hay reconocimiento sobre la violencia de género “este año hemos podido advertir, con una serie de casos de la violencia feminicida o de desapariciones, en donde la articulación de las autoridades está ausente.

“El caso de Debanhi nos va a marcar desde varias aristas porque no se dio una articulación entre la Comisión Nacional de Búsqueda, la comisión estatal, las fiscalías, las policías y en esto la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y la ley general en materia de desapariciones son bastante específicas en qué hacer en caso de desaparición de una mujer y en el caso de ella no se llevó a cabo”.

Refirió que en las protestas de las mujeres a exigir que se atienda la violencia, la única respuesta del Estado es la excusa porque consideran que con aprobar la ley es suficiente, falta esa articulación.

En consecuencia “la falta de articulación entre las autoridades deviene de un discurso revictimizante y así lo vimos en el caso de Debanhi”.

Gabriela Ramírez, integrante del centro de información de la ONU México y quien es consejera permanente de OEM dijo que el año pasado más o menos 81 mil mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente en el mundo y 45 mil fueron a manos de sus parejas y otros familiares, y la cifra no está bajando.

En Latinoamérica y el Caribe los feminicidios tampoco han bajado, se estima que cuatro mil 473 mujeres han sido víctimas de feminicidios en los 29 países, esto según la Cepal, lo que significa que son más o menos son 12 cada día.

“Se han mantenido las cifras de asesinato de mujeres, no está bajando. Las cifras se han mantenido sin cambios en la última década. Eso nos dice que no estamos haciendo lo suficiente desde el Estado y necesitamos sobre todo enfocarnos en la prevención y en la respuesta hablando de las acciones por parte de los gobiernos”.

Adicional a ello necesitamos acciones a nivel estatal, social que atiendan las distintas violencias desde cambio cultural para que todo el trabajo doméstico no remunerado no recaiga solamente en las mujeres.

El matrimonio infantil o la venta de niñas es un problema que no hemos dejado atrás, pero también las tasas de embarazo en adolescentes “que es un problema intenso y que en la mayoría de los casos con violencia sexual en contra de las niñas”.

Sin olvidad que en el reto para el próximo año hay temas relacionados con el cambio climático y su impacto en la vida cotidiana, o bien, avanzar en el reconocimiento social del movimiento feminista, de los grupos feministas, de las defensoras de los derechos de las mujeres para no estigmatizarlas.

SEM/MG

CDH acompaña a las trabajadoras víctimas

  • Metro desatiende la violencia de género.
  • Dos casos de violencia laboral y sexual develaron las deficiencias de atención hacia las mujeres.

Sara Lovera

SemMéxico, Ciudad de México, 12 de diciembre del 2022.- En las dependencias del gobierno de la Ciudad de México no existen mecanismos de prevención, atención, investigación y, en su caso, sanción para la violencia contra las mujeres, concluyó una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a propósito de dos quejas de trabajadoras del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

La queja y la denuncia de dos trabajadoras sobre acoso y hostigamiento laboral y sexual en el Metro, que originó la recomendación 15 /2022 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH) emitida el 28 de noviembre, reveló que esas prácticas son añejas y ocurren de la misma manera en las instituciones y dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, donde no existe ninguna política visible y efectiva contra la violencia de género, a casi cuatro años de gobierno y la auto declaración de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, de la que siempre se ofrecen resultados.

La recomendación agrega que “tampoco se notó la intención de la autoridad en implementarlo”.

La discriminación, el acoso sexual y laboral, y el atentando a la dignidad de las trabajadoras del Metro y del gobierno de la Ciudad de México están normalizadas y se han perpetuado durante años, aunque de manera particular en el Metro donde laboran más de ocho mil 200 mujeres, quienes representan 38.6 % de más de 14 mil 100 trabajadores.

En el caso de las dos víctimas directas, que se quejaron por hechos sucedidos en 2019 y 2020, en lugar de recibir protección, fueron revictimizadas y desacreditadas por haber denunciado a jefes y pares de acoso y hostigamiento sexual.

La indagatoria para construir la recomendación también reveló que se mantiene un ambiente laboral hostil contra las mujeres, en una dependencia y otras, lo que perpetúan el machismo y como en todas las dependencias de la ciudad no operan los órganos de control internos, ni las oficinas encargadas de velar por la no violencia contra las trabajadoras.

La recomendación de más de 100 páginas resulta en un documento profundo que aborda todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos de las trabajadoras quejosas, cuya investigación mostró que lo mismo está sucediendo en la administración de la Ciudad de México.

En estos dos casos, discriminación y mal trato, se agudizaron a raíz de las quejas y las denuncias penales radicadas en la Fiscalía de la Ciudad, donde hay abiertas dos carpetas de investigación sin resultados durante más de tres años.

“Cabe precisar, que en ninguna de las respuestas emitidas por la autoridad se incluyó información relativa a la existencia de un mecanismo de prevención, atención, investigación y, en su caso, sanción de la violencia contra mujeres, tampoco se notó la intención de la autoridad en implementarlo. Es importante mencionar, que estas prácticas se han perpetuado durante años, pues en el presente instrumento recomendatorio se hacen notar las mismas deficiencias en las instituciones y dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y de manera particular del STC”, relata textualmente el documento.

La primera víctima directa realizaba funciones en uno de los talleres, las cuales comprendían mantener los equipos e instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de vías, y atender las averías que presentaran los mismos, y la segunda víctima directa se encuentra desarrollando labores de conducción, ambas funciones hechas históricamente por hombres, en virtud de una percepción patriarcal de la división del trabajo que permea aún en nuestros días no solo en el ámbito familiar sino también en el profesional, lo que ha implicado someter a quienes rompen dichos paradigmas a estigmatización, discriminación y violencia, como en los casos que nos ocupan.

La recomendación de referencia obliga a las autoridades de la capital del país, que, para el Metro, las deben cumplir en un plazo de 15 días y a reparar las violaciones a los derechos humanos que las denunciantes siguen sufriendo.

Según se lee en la recomendación, en el Metro, la queja que ambas trabajadoras iniciaron desde el día de los hechos, en lugar de atenderlas, se les revictimizó y desacreditó, a pesar de los procedimientos administrativos que se iniciaron con motivo de los hechos en el órgano de control interno. Ellas hicieron del conocimiento de sus superiores jerárquicos del acoso laboral y sexual, sin ser atendidas, ni escuchadas. Al contrario, fueron sometidas a burlas y obligadas a volver al trabajo, junto al acosador, abusador sexual en un caso, que volvió a tocar su pelvis.

La recomendación 15 /2022 al Metro conmina a su director, Guillermo Calderón, a admitirla y apurar la reparación. Preocupa que además de lo que vivieron esas dos trabajadoras, ahora fueron entorpecidas para realizar sus labores, violando el derecho humano al trabajo, a la no discriminación, afectación a su integridad personal y discriminación por las ofensas laborales y sexuales ocurridas en abril de 2019 y marzo de 2020.

La Comisión concluye que se vive ese ambiente laboral hostil, lo que denota una conducta repetida en esa dependencia donde se les sigue violando a las quejosas cinco derechos humanos documentados sobre distintas formas de violencia que la institución tiene normalizadas.

La recomendación y las investigaciones de los hechos que motivaron los expedientes de queja estuvieron a cargo de la Quinta Visitaduría General que el metro deberá admitir y reparar.

El texto de la recomendación, de más de 100 páginas, señala que la información recibida por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, constató que hay carpetas de investigación iniciadas por las propias víctimas; también requirió informes y otros datos del Órgano Interno de Control en el STC, se recabaron indicios y medios de prueba que fortalecieron la convicción de las violaciones a derechos humanos referidas por las personas peticionarias y agraviadas, y se identificó a las personas servidoras públicas que intervinieron en ellas.

La recomendación comprobó que en esa dependencia del gobierno de la Ciudad de México, persisten formas de violencia que se encuentran normalizadas en el ámbito laboral, puesto que las dos víctimas directas identificadas fueron agredidas tanto por personas que forman parte de la estructura jerárquica laboral -en la modalidad de hostigamiento laboral y sexual-, como por sus pares -en la modalidad de acoso laboral y sexual-.

De acuerdo con el organismo de Derechos Humanos de la Ciudad de México la violencia que ambas mujeres vivieron lesionó sus derechos a una vida libre de violencia, a la igualdad y no discriminación.

“El alcance de tales violaciones a derechos humanos se agravó ante la omisión de una política institucional integral que garantizara un mecanismo eficaz para la prevención, atención, investigación y de ser el caso, sanción y reparación de actos de violencia de género, lo que fortaleció un clima de impunidad que también tuvo por efecto la victimización secundaria de ambas mujeres y la afectación a su desarrollo profesional”, agregó en un comunicado.

La Comisión solicitó al Metro diseñar e instrumentar una política institucional en contra de la violencia de género en el ámbito laboral acorde con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Violencia y el Acoso, ratificado por nuestro país y que obliga a generar ambientes laborales al margen de la violencia contra las mujeres, que ahora forma parte de la Constitución.

Hechos

Los hechos materia de las quejas se suscitaron el 15 de abril de 2019 y marzo de 2020 y en esas mismas fechas la Comisión tuvo conocimiento de los mismos dentro del plazo señalado, por lo que contó con la competencia para iniciar la investigación que concluye con la recomendación 15/2022, así como las afectaciones derivadas de las violaciones a los derechos humanos continúan a más de dos años de los hechos.

La violencia institucional ejercida en contra de las víctimas al momento de hacer del conocimiento de sus superiores jerárquicos los actos de discriminación y violencia que estaban viviendo y la falta de mecanismos para denunciar son el entorpecimiento para continuar con sus funciones en un ambiente libre de violencia y la estigmatización de las víctimas en el entorno laboral.

También la falta de medidas de protección para las víctimas, la ausencia de asesoría jurídica y acompañamiento adecuado y la omisión en el acceso a la justicia con perspectiva de género, enfoque de interseccionalidad y análisis de contexto.

A la lista se suma la revictimización y desacreditación de las víctimas durante los procedimientos administrativos que se iniciaron con motivo de los hechos que hicieron del conocimiento de sus superiores jerárquicos.

La Comisión de Derechos Humanos mostró su preocupación ante las condiciones laborales en las que las mujeres trabajadoras del Metro desarrollan su empleo, a quienes ante la ausencia de medidas efectivas de prevención, protección, atención, investigación y, de ser el caso, sanción y reparación de los actos de violencia, se les coloca en una condición de riesgo que impacta de manera directa en las víctimas y provoca diversas afectaciones en su desarrollo laboral y profesional, estabilidad psicoemocional, salud e incluso en su contexto familiar y que también incide en el ambiente laboral que persiste después de ocurridos los hechos.

Agrega que en virtud que en los casos documentados materia del presente instrumento, una vez que el Metro fija las condiciones de trabajo para las mujeres, ya sea en el taller de mantenimiento o en la conducción de un convoy, ellas deben ser protegidas particularmente debido a que el entorno laboral, que les es cotidiano a estas mujeres no consideró las particularidades de un ambiente que resulta adverso en cualquier momento, en función de las relaciones interpersonales.

Comunidad LGBTTTI recibe reconocimiento a su lucha y, a su vez, reconoce a Javier Saldaña Almazán

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Ignacio Hernández Meneses

SemMéxico/Ceprovysa, Acapulco, Guerrero, 12 de diciembre del 2022.- La Universidad Autónoma de Guerrero, a través del Departamento de Diversidad Sexual, entregó reconocimientos a activistas pioneros en la lucha LGBTTTI así como a quienes realizan acciones en defensa de este movimiento para que las aulas educativas sean espacios de participación donde puedan expresarse libremente sin ser juzgadas, juzgados, ni acosados, acosadas, ni reprimidos/as.

En un evento encabezado por el maestro emérito de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, hicieron uso de la palabra el activista por los Derechos Humanos de la Comunidad LGBTTTI, Igor Petit, así como la periodista Isabel Ortega Morales.

Igor Petit hizo un reconocimiento al también exrector Javier Saldaña por abrir un espacio especial de atención que ha estado impulsando acciones a favor de la Comunidad LGBTTTI que han dignificado su ingreso y permanencia en las aulas universitarias respetando su presencia con libertad y sin ser reprimidos/as, juzgados/as, marginados/as. Asimismo dijo a Saldaña Almazán que esa acción ha permitido contar con un espacio de derechos humanos que visibiliza y a su vez respeta la diversidad.

Por su parte la también activista y periodista Isabel Ortega Morales hizo un recuento de la lucha por la atención a la Diversidad Sexual que llevó a que se considera la atención médica cuando en el año 1983 el SIDA se convirtió en un reto de salud pública, e hizo un recuento de la primera víctima que fue marginada, segregada, a la que le fue negada la atención médica, la extremaunción, ser sepultado en un panteón. Asimismo el repudio que causó entre sus vecinos que no solo apedreaban su casa, sino que les negaban la venta de alimentos, les cortaron el agua, y les insultaban.

Tanto Igor Petit, Isabel Ortega y Juan Antelmo García, entre otros/as, impulsaron un movimiento en los albores de los años 80 para la atención al SIDA como una política pública y una política pública de salud, así como el respeto a su expresión pública y reconocimiento a su talento en espacios educativos y laborales.

El exrector Javier Saldaña Almazán, que recibió de la comunidad LGBTTTI un reconocimiento al apoyo que les ha brindado como principal promotor de una universidad de calidad que también las y los incluya, respete e impulse su formación en aulas que fomenten el respeto a la diversidad.

En el evento recibieron un reconocimiento como activistas pioneros en la defensa de la comunidad LGBTTTI, Isabel Ortega Morales, Juan Antelmo García y Manuel Castillo, conocido como Igor Petit. Asimismo activistas como Karla Celedonio Santiago y Alberto Mogollón, entre otros provenientes de Chilpancingo, Atoyac, Iguala, entre otros.

Estuvieron presentes Citlalli Arroyo Rosas, directora de la Facultad de Contaduría y Administración, quien dio la bienvenida, así como la doctora Xóchitl Astudillo, coordinadora de la Zona Sur Sureste, así como el jefe de la Unidad de Diversidad Sexual, Ulises Salvador Nava Juárez.

SEM/MG

Audiencia resolutoria caso Aurelia García Cruceño, temen sea visto nuevamente sin perspectiva de género e interculturalidad

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  • García Cruceño, presa acusada de homicidio en razón de parentesco, a pesar de que la defensa ha contravenido cada una de las pruebas presentadas por la fiscalía.

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico, Chilpancingo, Guerrero, 12 de diciembre del 2022.- El próximo 20 de este mes se llevará cabo audiencia resolutoria del proceso en contra de Aurelia García Cruceño, presa acusada de homicidio en razón de parentesco, a pesar de que la defensa ha contravenido cada una de las pruebas presentadas por la fiscalía, temen parcialidad de la jueza Mariela Alfaro Zapata por su falta de perspectiva de género e interculturalidad.

Verónica Garzón Bonetti y Ximena Ugarte Trangay abogadas defensoras de Aurelia García Cruceño, mujer indígena náhuatl presa en el reclusorio de Iguala acusada de homicidio en razón de parentesco, participaron el jueves pasado en la última audiencia de desahogo de pruebas.

En dicha audiencia que duró alrededor de siete horas, el equipo de la defensa presentó a sus últimos testigos, entre ellos, a una perito antropóloga criminalista, quien realizó todo el contexto social, económico, cultural, como las normas e instituciones que rigen la comunidad de Xochicalco de donde Aurelia es originaria; las violencias que enfrentan las mujeres de dicha localidad y específicamente la violencia sexual en contra de Aurelia, razón por la cual tuvo que salir huyendo.

Verónica Garzón Bonetti consideró que este análisis fue muy importante, porque dio a la jueza elementos de contexto, que dijo, son fundamentales para juzgar con perspectiva intercultural.

Sin embargo lamentó que la fiscalía no le dio importancia a este peritaje, mantuvo una actitud de desprecio al análisis antropológico, no le pusieron atención “y eso nos dejó muy claro cuál es la posición de la fiscalía frente a este tipo de peritajes, análisis de contexto que son fundamentales e incluso una obligación para juzgar este tipo de casos e investigar, pero les importan tan poco, pero de verdad tan, tan poco que no solo no los hicieron ellos aunque debieron como fiscalía desde el principio y no solo no los manda hacer sino que cuando lo tienen a la vista, ni siquiera le pone atención, eso deja evidente que hay un largo camino por recorrer”, deploró la litigante. 

En esta misma audiencia se desahogó el análisis de medicina forense, una médica forense analizó la necropsia del cadáver del producto que realizó el primer médico de la fiscalía y quien en su dictamen determinó que sí respiraba, lo que estableció que Aurelia fuera procesada por homicidio.

En su análisis, la nueva analista forense mostró la falta de elementos científicos con que no contó el dictamen del primer médico forenses, entre ellos, la falta de sustento de las conclusiones, no describió lo que debió; tampoco realizó prueba que debió realizar para distinguir ciertas características del cuerpo para demostrar que el producto si nació con vida, entre otras.

La nueva analista dejó en claro una duda muy grande sobre la vida o muerte del producto por las carencias y omisiones del doctor; además de que no cumplió con el protocolo, ni un análisis; por ello, concluyó que “no se puede tener certeza de esas conclusiones, las cuales son carentes de cualquier sustento científico”.

Tras el desahogo de estos testimonios, la jueza dio por concluida la presentación de pruebas y señaló la fecha 19 para alegatos de clausura y 20 para dictado de sentencia.

Al equipo de la defensa le preocupa que siga siendo la jueza Mariela Alfaro Zapata la que tenga en sus manos la resolución del proceso en contra de Aurelia, esto al considerar que “ella no tiene una perspectiva de género, una perspectiva intercultural completa realmente, ni adecuada para lo que este caso implica y eso nos tiene en incertidumbre sobre lo que va a resolver, las pruebas de la fiscalía han sido tumbadas por esta defensa pero nos preocupa que la resolución no vaya encaminada a las pruebas científicas que se presentaron y que se base en lo que esperaban de Aurelia al momento del parto”.

Desde su punto de vista las posibilidades para desestimar el caso en contra de Aurelia son muy fuertes, con todas las pruebas presentadas, tumbaron los dichos de la fiscalía, está muy sustentado, sin embargo las afirmaciones hechas por la jueza durante el proceso, las actitudes que asumió durante el mismo, les crea mucha incertidumbre sobre el sentido en que emitirá la sentencia, señaló la abogada. 

“Si nos preocupa”, admitió Garzón Bonetti, sin embargo en este momento, lo único que les queda, es esperar el día de la sentencia, el próximo 20 de este mes.

En caso de que la sentencia fuera condenatoria, habría recursos a los cuales podría recurrir, adelantó la abogada, sin embargo, dijo que también es preocupante el mal manejo de la fiscalía su insistencia de mantener esta mentira tan grande de lo que sucedió en los hechos de lo que hizo Aurelia, sigue sosteniendo, que hubo testigos cuando no los hubo, que el producto iba con vida cuando llegó al hospital, lo cual tampoco es cierto, entre otras falsedades, dijo.

Como abogada, Garzón Bonetti se dijo sorprendida de que esta sea la forma en que se maneja la fiscalía de Guerrero, “nos hace cuestionar cual es el tipo de justicia que hay en Guerrero, si es así como han estado investigado y llevando todos los casos, me preocupa mucho las graves violaciones a los derechos humanos, la falta de una investigación adecuada, exhaustiva, completa, y el caso de Aurelia no es el único, al contrario, ha de ser solamente una pequeña punta del iceberg de todo lo mal que esta la fiscalía de Guerrero”, acusó.

Finalmente, del estado en que se encuentra Aurelia, Garzón Bonetti comentó que se siente muy abrumada, son muchas cosa que están posando, muchas emociones, pero por otro lado se siente muy acompañada, muy fuerte, y mejor que al inicio del proceso.

SEM/MG

Miradas de Reportero| Asombro por los 14 frentes contra la crisis humanitaria

Rogelio Hernández López

SemMéxico, Ciudad de México, 12 de diciembre del 2022.- ¡Estoy asombrado! Ni siquiera me aproximaba en la percepción de que son 14 los equipos del Poder Ejecutivo Federal que enfrentan directamente las crisis de derechos humanos. ¡Y menos sabía que estuvieran coordinados! -comentó el veterano reportero político al toparse con Alejandro Encinas Rodríguez, su antiguo camarada del Partido Comunista Mexicano-. -Y el subsecretario respondió a bote pronto:

– ¿Verdad que mucha gente tampoco lo sabe? Estamos acabando con la fragmentación de organismos y de políticas públicas. Sí, hemos avanzado en centralidad y transversalidad-.

El reportero ha sido testigo, por 40 años, de cómo la vida de millones de mexicanos y mexicanas se ha ido degradando no solo por la inequidad económica sino también por los flagelos de la discriminación, la violencia contra las mujeres, la trata de personas, la delincuencia organizada, las desapariciones, los encarcelamientos injustos y, especialmente se ha dolido de las agresiones y asesinatos contra cientos de sus colegas desde el año 2000 a la fecha. A todo eso los especialistas lo califican como la gran crisis humanitaria.

Al recibir la invitación para asistir a la presentación del cuarto informe del gobierno federal en materia de derechos humanos el 7 de diciembre en la Secretaría de Gobernación, el reportero no imaginaba lo que vería allí. Le pesaba en el ánimo que todavía son demasiadas las expresiones de esa crisis y que el trabajo de su antiguo amigo es el más amargo de todo el gabinete presidencial porque tiene que toparse diariamente con las infelicidades que todavía causan los más ineptos y nefastos.

Primeras sorpresas

La primera extrañeza, por lo novedoso, fue cuando el subsecretario federal para los derechos humanos pidió paciencia a las y los asistentes al más grande auditorio de la dependencia, porque no sería un informe, sino catorce.

Al escuchar cada uno de los 14 resúmenes de las labores de los 8 organismos descentralizados, de las 2 comisiones especiales y de las 4 unidades operativas el veterano reportero actuó a la antigüita: tomaba fotos de cada persona que exponía y anotaba frenéticamente lo que parecían los datos más trascendentes sin importarle que todo se trasmitía en vivo por redes sociales. Era mejor prestar atención a lo que representaba cada parte y todo junto.

Otra sorpresa fue saber que estaban allí, como público, quienes dirigen esas tropas civiles que operan en todas las áreas ejecutivas ahí representadas. Eran cientos de mandos medios y de operaciones. Eso se inducía fácilmente por los murmullos, por su vestimenta y por sus reacciones de aplausos o sonrisas posteriores a las intervenciones. Solo desarmonizaba una decena de colegas de la “fuente” de Gobernación ahí presentes.

Al final también fue novedoso que todos las y los presentes se pusieron a disposición de las y los reporteros para preguntas y respuestas. Acción desusada en este tipo de informes.

Los reportes

Primero expuso Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Ella resaltó que cuentan con la cooperación del Registro Nacional de Población, también que han tenido fuerte apoyo presidencial porque inicialmente eran 40 personas con un presupuesto de 8 millones de pesos y que ahora son más de 200 que ejercerán 1 mil 100 millones en 2023.

En segundo lugar Enrique Irazoque, titular de la Unidad de Derechos Humanos habló del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas. Informó que el personal de protección ya aumentó en 70 por ciento este año y que su presupuesto para 2023 será de casi 570 millones de pesos, lo que contrasta con los 782 millones gastados en los seis años de la administración anterior.

En tercer lugar Fabiola Alanís, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), aseguró que 890 mujeres han recibido atención, en promedio diario en 101 Refugios y Centros de Justicia; que este sistema ha recibido 3 mil 212 millones de pesos para sus propósitos y que en 2013 tendrá un incremento mayor que la inflación.

En cuarto lugar habló Martha Yuriria Rodríguez responsable de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reportó haber realizado 354 mil 672 servicios personalizados y adelantó que su presupuesto en 2023 será de 1 mil 300 millones, uno de los mayores incrementos.

El quinto fue Félix Santana, director de la Unidad Estrategias y Atención de los Derechos Humanos. Reportó la defensa a mujeres en problemas con la ley (presas) porque 7 de cada 10 mujeres fueron torturadas, y de estas la tercera parte fueron abusadas sexualmente. Como secretario técnico de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa destacó como histórico que se abrieran los archivos de los campos militares, que la confianza de los familiares se ha consolidado y que seguirá hasta marzo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Josefina Bravo Rangel, responsable de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) habló en sexto lugar. Reportó la atención especial en el terreno a conflictos por posesión de tierra y otras causas en comunidades del norte, del bajío y del sur; destacó la colaboración que tiene esa comisión con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

El séptimo reporte fue de Claudia Morales, presidenta indígena de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Primero saludó en su lengua y luego resaltó lo robusto que es la actuación de todos los organismos de derechos humanos, de otras secretarías del Ejecutivo y en buena parte de los estados para aplicar transversalmente las políticas contra la discriminación. Se ha capacitado a 108 mil personas.

Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo Nacional de Población (CONAPO) dio el octavo reporte. Aseguró que se han consolidado las relaciones con los 32 consejos estatales, que se ha capacitado a más de 20 mil docentes y que su labor sirve a otras áreas de derechos humanos, por ejemplo para localizar núcleos de población que necesitan ser atendidos.

En noveno lugar participó Jorge Wheatley, director general del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO). Aseguró que uno de los mayores derechos humanos es el reconocimiento del Estado a la identidad de las personas. Informó que ya avanzaron en extender 149 millones de registros certificados y que se avanza rápidamente en el registro con rasgos físicos (huellas y fotografías) y que 17 millones de personas ya tienen CURP, certificada con esa modalidad.

La responsable de la Unidad de Política Migratoria, Rocío González Higuera expuso en décimo lugar. Informó que realizan investigaciones y análisis para la toma de decisiones, que han generado 350 documentos y 182 textos de recomendaciones sobre movilidad humana y que también analizan el desplazamiento interno forzado.

La onceava exposición fue de Andrés Ramírez, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Aseguró que México es el tercer país, después de Estados Unidos y Alemania que recibe ahora más solicitudes de refugio, que sus registros indican que lo han solicitado ciudadanos de 138 naciones de 2018 a la fecha. México ya no es solo país de tránsito sino también de destino.

Sorprendió al reportero y otras personas saber en la doceava exposición que existe en la Subsecretaría una Unidad de apoyo al Sistema de Justicia que presta auxilio y asesorías en casos emblemáticos de atención a personas que lo necesiten. Su titular Crescencio Jiménez Núñez ocupó 20 minutos para explicar que lo hacen en los casos de la aplicación de la ley de amnistía y que han logrado la libertad de 164 personas y apoyan a personas perseguidas por aborto, derecho a la salud, pueblos indígenas, robos sin violencia, sedición y otros delitos no graves.

En treceavo lugar participó Constanza Tort San Román, encargada de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Destacó que en los últimos cuatro años han avanzado en mejorar ese sistema de sistemas con mejoras en la coordinación con los 32 sistemas estatales.

La catorceava y última de las exposiciones fue de José Luis Calderón Ríos, director general de Política Pública de Derechos Humanos, una oficina de seguimiento y coordinación con los gobiernos estatales Informó que por su influencia se han capacitado 44 mil servidores públicos (más que en todo el sexenio anterior), que de 178 líneas de acción del programa nacional de derechos humanos se ha avanzado un 70 por ciento, y que ahora se extenderán los convenios y capacitación a empresas.

Del presídium no expuso aunque también estaba José Guadalupe Cruz Ariza, coordinador administrativo de la Subsecretaría. “Es el más transversal de todos nosotros porque es quien nos apoya con recursos y también para el uso adecuado de ellos” comentó Encinas.

Catorce reportes en 2 horas y 50 minutos con dos participaciones breves del subsecretario, al principio y al final.

Por el asombro de todo lo escuchado, el reportero comenzó a buscar más respuestas a sus significancias. Entonces, algunas de las preguntas las disolvió al final Encinas cuando informó, con una sonrisa, que el presidente López Obrador ha apoyado sin restricciones a esa subsecretaría y agregó que los apoyos políticos reales se traducen en presupuesto.

Detalló que para 2023 la subsecretaría tiene proyectado un presupuesto general de 1 mil 178, millones 75 mil pesos lo que representa un incremento del 17.4 % comparado con el ejercicio 2020; aumento que busca consolidar la atención integral a la crisis en materia de derechos humanos en México.

A preguntas directas de periodistas Alejandro Encinas resaltó que los retos fundamentales para los años que viene son: la búsqueda e identificación de personas, combate a las violencias contra las mujeres y protección a personas periodistas y defensoras de derechos humanos, para los que se dedicarán los mayores aumentos de recursos. El informe se puede conocer en https://derechoshumanos.segob.gob.mx/es/SDHPM#unidades

Deveras que el veterano reportero tenía una percepción muy incompleta de lo que lo que hace el gobierno federal para enfrentar las crisis de derechos humanos especialmente en esta subsecretaría. Asombra que sea como un ejército de civiles en 14 frentes que se está capacitando en la calle, en los territorios; toda una generación de ejecutivos defensores de derechos humanos desde el gobierno. Al retirarse del recinto de Gobernación retumbaba en sus oídos lo que le presumió Alejandro Encinas: “Estamos acabando con la fragmentación de organismos y de políticas públicas. Si hemos avanzado en centralidad y transversalidad”. Mirada de reportero (rogeliohl@yahoo.com.mx )

Violeta del Anáhuac| “Incursión a fiscalía ¿vulnerabilidad?”

Isabel Ortega Morales

SemMéxico, Chilpancingo, Guerrero, 12 de diciembre del 2022.- En el año 2014, diversos grupos de activistas del estado y de otros lados del país, acudieron a Guerrero en apoyo a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de ese año en Iguala. Como parte de sus acciones incendiaron diversos espacios, tanto políticos, como el PRD que gobernaba como partido, como de atención pública. Palacio de Gobierno, Ayuntamiento de Chilpancingo y el Congreso, pero no lograron incendiar Casa Guerrero.

Con la Reforma Educativa de Peña Nieto vimos lenguas de fuego de institutos políticos como el PAN, -andador Zapata-, PRD -Av. Alemán-, MC, -Calle Ignacio Ramírez y, el PRI -Av. José Francisco Ruíz Massieu- que en ese orden recorrieron la ciudad generando caos y miedo. 

Y hay innumerables acercamientos a la Fiscalía General del Estado en forma de protestas y, siendo por primera vez gobernador -interino-, por la renuncia de Rubén Figueroa Alcocer, Ángel Aguirre Rivero apedrearon las instalaciones de esta instancia cuando en un desalojo en el centro, detuvieron a varios normalistas y la intervención del entonces Diputado Federal, Armando Chavarría Barrera,  permitió la liberación de los jóvenes.

Cuando este viernes 9 de diciembre, un día antes de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, arriban dos autobuses con estudiantes a la Fiscalía por el andador del Rio Huacapa que lleva el nombre del exgobernador René Juárez Cisneros, y no solo se acercan a la instancia procuradora de justicia, sino que ingresan y realizan en su interior consignas en las paredes, apedrean cristales y arrojan bombas molotov en una zona específica, la incredulidad del hecho rondó en la sociedad.

¿Por qué una incursión no solo sorpresiva, sino temeraria tuvo lugar en esas instalaciones dirigidas en este momento, por primera vez en su historia, por elementos del Ejército Mexicano? ¿Fue una provocación?, o ¿quizá una deliberada acción para borrar la memoria delictiva de algunos, de alguno o de alguien? ¿O seremos tan incrédulos/as también si consideramos que no hay respaldo digital de los mismos? O que, incluso, ¿algunos documentos de casos relevantes de esa zona estén en manos de quienes han pasado por esa instancia de justicia?

El posicionamiento de la Fiscalía es parco. No podemos desde ahí entender la magnitud del riesgo que corrieron ambos frentes: estudiantes y trabajadores tanto civiles como militares. No abarca a desentrañar la mirada estupefacta de quienes resguardan las instalaciones para mantener la prudencia, y no nos dice, por supuesto, que alguna voz dictó el croquis para recorrer ese lugar en una acción que, se dice, duró apenas unos 10 minutos pero la vulnerabilidad de la instancia quedó marcada.

Que bueno que no hubo bajas, no hay heridos/as, que salieron los normalistas con bien, como entraron, porque sería un costo muy alto para el gobierno estatal, federal y la propia Fiscal. Pasaron una gran prueba de mesura. Pero reprobaron la de no ser vulnerables.

Reforzar la paridad desde niñas y adolescentes para ser mujeres fuertes y empoderadas: Josefina Vázquez Mota

  • Las mujeres en defensa del INE, el gran aliado en la paridad: Cecilia Soto González.
  • Exigir a las y los candidatos presidenciales en su agenda la violencia contra las mujeres: Beatriz Paredes Rangel.

Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México, 12 de diciembre del 2022.- La defensa del Instituto Nacional Electoral como el gran aliado en la paridad de las mujeres, que el tema de la violencia de género se exija en las agendas electorales de las y los candidatos a la presidencia y se refuerce la paridad desde la niñez y considere a la niñas y adolescentes junto con las mujeres como sujetas de derechos, fueron las propuestas de tres mujeres políticas del país con amplia experiencia en puestos de decisión como son Beatriz Paredes Rangel, Cecilia Soto González y Josefina Vázquez Mota.

Como culminación a la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de Género, la “Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo” que preside Josefina Meza Espinoza, con presencia en 27 entidades, llevaron a cabo el Foro “La violencia contra las mujeres como retroceso en materia de Derechos Humanos”.

La senadora Beatriz Paredes Rangel, exgobernadora de Tlaxcala, expresidenta del CEN del PRI, diplomática con amplia trayectoria en el Congreso expuso que se requiere un gran cambio cultural para erradicar la violencia contra las mujeres que llegue incluso a las familias donde se encubre al marido, el padre o al hermano.

Se refirió a las cifras oficiales e internacionales de la violencia feminicida en México que es evidencia de la compleja situación que viven las mujeres que se deciden a denunciar. La violencia contra las mujeres en los últimos tres años lejos de disminuir ha aumentado, y sabemos, dijo que muchas violaciones no son denunciadas. Como los retrocesos presupuestales a los programas como la Red Nacional de Refugios han afectado su continuidad.

“Como Red las felicitó y les planteo la exigencia a las y los candidatos a la presidencia que tengan un programa que aborde el problema de la violencia contra las mujeres”.

En materia legislativo señaló que se han hecho esfuerzos importantes como la paridad en 2014 y luego la definición de violencia política en el 2019, incluso la modificación a la legislación de salud.

Paredes Rangel insistió en la instrumentación de políticas públicas en las que se incorpore el cuidado masivo de las jóvenes y las mujeres en sus entornos escolares y laborales cuando hay horarios complejos. Propuso alumbrado público, transporte público oportuno y autoridades policiales en el entorno. La senadora del PRI exigió también que la alerta de género funcione.

El INE aliado de las mujeres

Cecilia Soto González, feminista, política, diplomática, excandidata presidencial en 1994 y quien se pronuncia por una candidatura única de oposición para el 2024, como señala en sus redes, pidió defender al Instituto Nacional Electoral (INE), que ha sido un gran aliado en la defensa de los derechos políticos de las mujeres, como se demostró en las elecciones del 2021.

Se refirió a la reforma enviada por el Presidente que busca incidir en todos aquellos aspectos que no están anclados en la Constitución, pero que son violatorios de la misma.

Busca reducir en 60 por ciento el personal del INE, es decir unos 1800 empleados/as que ya están capacitados/as en el mapeo de casillas, en hablar con los directores de las escuelas, en labores que no son automáticas que se tienen que hacer personalmente. Y además propone que se les contrate temporalmente, lo que afectaría el desempeño especializado que realizan.

Respecto a la violencia se preguntó ¿qué es lo que estamos haciendo mal? y aludió a los últimos tres años de austeridad en las áreas del poder judicial que además nunca han estado lo suficientemente bien. Por lo que un aspecto importante es apoyar a las policías municipales. 

Un millón de ciber pederastas conectados 24/7

La senadora Josefina Vázquez Mota llamó la atención a priorizar el tema de la violencia contra las niñas y adolescentes que son la tercera parte de la población, unos 40 millones de la población total, a las que se invisibiliza y no importan porque no votan, parece que no son sujetas de derecho.

Para lograr la paridad hay que construirla desde que somos niñas, la paridad no es una cuestión de partidos sino de derechos, expresó. Destacó que destruir las estancias infantiles y escuelas de tiempo completo fue destruir las bases.

Vázquez Mota, quien ha sido candidata presidencial, secretaria de Educación Pública, y actualmente preside la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Senado de la República, llamo a voltear a ver a las niñas y adolescentes cuya violencia sexual contra ellas ha crecido en un 150 por ciento durante la pandemia, en un país que ocupa los primeros lugares en turismo sexual y pederastia.

La violencia ha crecido brutalmente contra las niñas y las adolescentes, el 80 por ciento de las desapariciones de mujeres son adolescentes entre los 12 y 17 años. Por lo que invito a las mujeres a incluirlas desde el lenguaje, cuando hablamos de mujeres incluirlas como “niñas, adolescentes y mujeres”, no sólo a las mujeres en la adultez.  “Cuando hablemos de paridad de mujeres hacerlo como paridad de niñas, adolescentes y mujeres”, como ejemplo.

Como otra forma de la violencia patriarcal que cuenta con una gran complicidad es la violencia vicaria, el 80 por ciento de los casos de las madres a las que se arrebata un hijo, una hija reciben amenazas y tiene amparos en el 50 por ciento de los casos, lo que les imposibilita a las mujeres a defenderse, el 30 por ciento  de las mujeres no tienen como sostenerse. “Esto mina también la posibilidad de una paridad”, señaló la senadora.

En el caso de los embarazos adolescentes dijo que México ocupa el primer lugar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con 340 mil embarazos al año en edades tempranas, en mujeres menores a 19 años de edad y las edades de embarazo son cada vez más cortas, después de la pandemia  se registró en  niñas menores entre 9 y 11 años de edad.

Detalló que en el Senado se prohibió el matrimonio infantil pero el tema hay que ponerlo desde lo local, la violencia se encuentra desde el primer metro cuadrado donde viven las niñas.

También se refirió al ciber acoso, el internet nos ha favorecido enormemente, pero para las niñas y niños que son nativos digitales es su infierno porque el bullyng no se queda en la escuela se traslada a su intimidad en el WhatsApp de sus celulares. También dio los nombres de las diferentes violencias digitales que existen y los delitos que incluso desconocen las autoridades procuradoras de justicia.

Advirtió del grave peligro del millón de ciber pederastas conectados las 24 horas del día los siete días de la semana que simulan ser jóvenes, cuando en realidad son adultos de hasta 70 años de edad ubicados en Cancún, o cualquier parte del mundo.

La apertura del foro y el mensaje oficial lo realizó la presidenta de la Red Nacional, Josefina Meza Espinoza; la conducción y moderación estuvo a cargo de Mónica Mendoza Madrigal, co-presidenta del Capítulo Veracruz. El mensaje final y las conclusiones generales estuvieron a cargo de Mar Barragán.

SEM/MG

Vida y Lectura| María Juana Moliner Ruiz

Marcela Eternod Arámburu

SemMéxico, Aguascalientes, 12 de diciembre del 2022.- Inmaculada de la Fuente González relata, en su libro “El exilio interior. La vida de María Moliner” que Gabriel García Márquez, al igual que miles de personas, le agradeció efusivamente a Moliner su diccionario, afirmando que ella había escrito “el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana.” Y es ineludible suscribir lo dicho por el nobel colombiano.

Escribir un diccionario es una tarea titánica y su elaboración requiere del trabajo de profusos equipos, coordinados durante años. Eso sucede con prácticamente todos los diccionarios que tienen por objetivo ser la mejor referencia para utilizar, conocer y comprender el uso de las palabras, sus acepciones, sus etimologías y complejidades. En el caso del español, esta hazaña fue realizada por una sola persona, una mujer que invirtió 15 largos años de su vida en hacer un diccionario que posibilitara mejorar la sintaxis y conocer la mejor manera de utilizar cada palabra. Un diccionario único en el mundo, inundado de ejemplos y precisiones que permiten escribir bien y con apego a las connotaciones a las que obliga el contexto y la intención de quien escribe.

María Moliner escribió el “Diccionario del Uso del Español” en su casa, a mano y con ayudas esporádicas de familiares, amistades y colaboradoras. Con una disciplina que solo en parte obedecía a una pasión, porque sobre todo respondía a ese “exilio interior” al que se vieron arrastradas millones de personas que se vieron obligadas a permanecer en España, con la derrota de la República española y la imposición, a sangre, fuego, delación y constante terror, del perverso y nefasto franquismo.

El libro de Inmaculada de la Fuente es un admirado homenaje a Moliner, a su trabajo, a su vida y a su manera de ser. Pero no se trata de ese enamoramiento que sufren, a veces, los y las biógrafas ante su personaje, enamoramiento que subyuga, pero también obnubila. En este caso, se trata de una investigación rigurosa y una búsqueda cuidadosa de fuentes que le permiten a la autora construir explicaciones, plantear hipótesis, cuestionar afirmaciones e iluminar esos grises años de la vida de Moliner que nunca habían sido objeto de atención.

Para Inmaculada, dar cuenta de la vida de la lexicógrafa le exigió una rigurosidad poco frecuente. No se tomó, como autora, ninguna libertad, ni complementó con la imaginación los faltantes, tampoco especuló. Las hipótesis que sugiere se basan en muchas referencias, documentos y testimonios, como si estuviera dando un examen de grado y se le preguntara ¿en qué se basa usted para afirmar tal o cual cosa? Al comprobar el abandono del padre de María, no hace sino constatar que partió como médico de barco para Buenos Aires y, en su segundo viaje, decidió no regresar a España, dejando en una situación precaria a un trío de pequeños, a cargo de una madre que disimuló por años el abandono.

Para afirmar que la educación de los Moliner Ruiz (Enrique, María y Matilde) se vio muy limitada por su situación económica, indaga sobre qué tanto pudieron asistir en forma regular a la escuela, en dónde hay evidencias de que estuvieron inscritos, por qué tuvieron que presentarse a exámenes libres de suficiencia académica, ante la imposibilidad de asistir a la escuela. En qué registros se encuentran sus nombres, en cuáles no y cuál es la causa probable.

Sin embargo, lo que más llama la atención en esta biografía es el ambiente de miedo, de extrema prudencia, de contención, en la que vive España durante el franquismo. Esos interminables años de la dictadura feroz que le permitieron a Moliner escribir su diccionario, una vez que sus sueños republicanos de bibliotecas públicas y libros para todas las gentes, en todos los municipios, murió. Esa atmósfera de terror que desencadenó el famoso “Pliego de Cargos” al que se vieron sometidos todos los que habían trabajado con el gobierno republicano, o que habían simpatizado con él, o que alguien denunciaba que así había sido, todos los que se vieron obligados a vivir exiliados en su propia tierra.

En el caso de Moliner fue acusada de “roja”, “muy leal” a los rojos, y no faltó quien declarara falsamente que ella se había “…manifestado durante este periodo como roja rabiosa…”. Nada más lejos de la verdad, porque a María lo que le interesaban eran las bibliotecas populares, rurales y accesibles para todos y todas. Durante los años republicanos Moliner se centró en ello: Libros, promoción de la lectura, bibliotecas, nuevos libros, redes de intercambio, preservar el patrimonio local y fortalecer los liderazgos de quienes promocionaban la lectura.

Minuciosamente, Inmaculada de la Fuente da cuenta del absurdo proceso que sufrió Moliner en manos de los franquistas, la defensa a la que se vio orillada ante las acusaciones y, finalmente, la resolución de su caso: su degradación laboral, en más de 15 escalones del escalafón, regresándola al puesto que ocupó muchos años atrás. “El exilio interior -afirma la autora- no solo implica esconderse, callarse o protegerse. Hay algo peor, mucho peor…convivir y compartir con el enemigo”. Es en ese ambiente de desolación donde cobra fuerza la idea del diccionario, donde una idea de hacer algo útil, funcional y necesario, que a la vez que entretiene y distrae de las penurias cotidianas se transforma en el motor de una hazaña que se va configurando cada tarde.

Quizá, tal vez quizá, la organización que decide darle Moliner a su diccionario -se aventura a decir Inmaculada- obedezca a la necesidad de organizar un mundo diferente al que está condenada a vivir, un mundo que permita la armonía, los lazos comunicantes, las familias afines de palabras y raíces; la organización y la amplitud, las relaciones y los ejemplos. El diccionario, entonces, es el mundo que Moliner construye, dándole orden, peso y dimensión a esos tabiques que son las palabras. Es pues, un arduo poema de resistencia y tesón.

En la biografía que sobre Moliner escribe Inmaculada de la Fuente hay mucha más información. Al leerla, se dimensiona la magnitud del trabajo que deslumbró a escritores, traductores, especialistas, periodistas, filólogos, gramáticos y demás especialistas en todo el mundo. Pero todo eso no fue suficiente. A la mayoría de los notables, responsables de decidir sobre su ingreso a la Real Academia Española de la Lengua no le bastó que en solitario se escribiera un diccionario único en el mundo, no fue suficiente su alma de lingüista, su mente de ingeniera o su espíritu Saussureano, ni tampoco su dedicación y perfeccionismo. La Real Academia, igual que hizo con Gertrudis Gómez de Avellaneda y con Emilia Pardo Bazán, le negó a Moliner la silla que le correspondía. ¡Que inmensa vergüenza!

Hallazgos| Morir para ser yo

Rocío Fiallega

SemMéxico, Ciudad de México, 12 de diciembre del 2022.- Anita Moorjani descubrió el propósito de la vida: “ser nosotras mismas, vivir nuestra verdad y ser el amor que somos”, encontró que el amor incondicional y que la vida en el presente es más importante que los juicios, que mientras más nos alejamos de nosotras mismas menos estamos en armonía con el todo, tomando en cuenta que todas y todos somos uno.

La narrativa que utiliza esta mujer con genética hindú, nacida en Singapur y con educación británica, en su libro Morir para ser yo, va desde sus orígenes y su propia historia, la forma en la que enfrentó el cáncer que la postró hasta mantenerla en coma y así vivir una Experiencia Cercana a la Muerte (ECM), en la se le presentó la opción de regresar o no (ya sabemos la respuesta); por lo que ahora comparte con quien la quiera escuchar y leer, los mensajes que obtuvo.

En su experiencia, así, envuelta por un océano de amor y aceptación incondicionales, contempló un nuevo paradigma de la existencia: convirtiéndose en la cristalina luz de su propia conciencia: “Cada uno de nosotros es como un prisma que refracta la luz blanca pura (el amor) en todos los colores del arcoíris, y todas esas tonalidades (las emociones) son necesarias por igual para constituir el todo”

Para ella “Darme cuenta de que soy amor fue la lección más importante que aprendí. Esta comprensión me permitió librarme de todos los miedos y esa es la clave que salvó mi vida” y  “Comprendí que sólo puedo hallar la verdadera dicha y felicidad si me quiero a mí misma, yendo a mi interior, siguiendo a mi corazón y haciendo lo que me proporciona alegría”.

Nos comparte que hasta ser ella misma pudo ser, que dios no es un ser sino un estado del ser, que “Nuestro ser real es infinito y mucho más poderoso, una entidad completa y total que no se puede romper ni dañar de forma alguna”, pero seguimos en la necedad de vivir con y por el miedo, de permanecer en la ilusión de la dualidad, en lugar de reconocer el amor y la energía universal en cada célula y que somos una unidad con el universo, pues todas y todos estamos conectados.

El haber decidido estar en la vida, le implicó contemplarla con nuevos ojos y tratar de traducir su experiencia, para que cada persona comprenda que “todos/as somos uno, todos/as somos puro amor en esencia, todos/as somos magnificentes”, que somos una parte divina e integral de un Todo mayor.

El conocimiento que nos ha legado es que “soy parte de un gran tapiz cósmico, de que estoy en su centro esencial y de que puedo entrar en contacto con todo el universo con solo ir hacia mi interior”.

Hay que leerla.

Tras la Puerta del Poder| Validar lo aprobado por diputados afectaría sin retorno a la democracia mexicana: Monreal

Roberto Vizcaíno

SemMéxico, Ciudad de México, 12 de diciembre del 2022.- La conclusión del senador y constitucionalista Ricardo Monreal es contundente:  

“Validar el Plan B electoral aprobado por las y los diputados de Morena y aliados/as no sólo pone en riesgo la operación de INE y la viabilidad de las elecciones de 2023 y 2024, sino a la democracia misma en este país”.

Es de tal nivel, dijo, el posible impacto de este Plan B, que:

“La decisión que asuma el Senado va a definir el futuro, sin que lo diga de manera superficial, sino muy seria: puede definir el futuro de nuestra democracia y tenemos que ser muy cuidadosos/as… este es un momento muy complicado, quizá el más difícil de los últimos cuatro años… estamos hablando de un nuevo sistema electoral y no sé si nos dé tiempo para que se adecue en un año este sistema”.

Monreal considera que los cambios previstos por el Plan B de AMLO, modifican de tal forma la estructura original de los órganos de dirección y ejecutivos del INE que no hay forma de que continúen con las tareas que normalmente realizan.

Sería de tal nivel su compactación y la fusión de áreas en el INE, que no se puede evaluar el impacto en sus resultados.

“Eliminar áreas fundamentales para el instituto es una situación que a todos nos sorprende.

“Se necesita que la estructura del instituto soporte los recortes, dado que se trata de actividades sustanciales en el proceso electoral, por ejemplo, la capacitación de funcionarios/as de mesas directivas”, indicó.

Entrevistado por el diario Reforma, Monreal admitió que la decisión que él tome respecto de este Plan definirá su futuro político inmediato.

“Lo que quiero es cumplir con mi deber y cuidar la Constitución. No estoy intentado erigirme en un hombre que destaque, pero sé que mi decisión puede sepultarme para siempre”. Es decir, Monreal está pensando en votar en contra.

Y es que lo aprobado por diputados y diputadas contiene tantas inconsistencias constitucionales que es imposible validarlo tal cual para un constitucionalista como el zacatecano.

Horas tensas de limpieza y corrección

Sábado y domingo se dedicaron a revisar e intentar corregir las fallas encontradas. Una tarea imposible fue ajustar lo reformado en más de 450 artículos de 6 leyes a lo establecido en la Carta Magna, sin anular los objetivos de AMLO en contra del INE y el sistema electoral.

Las y los senadores encargados de esa revisión y limpieza estuvieron vigilados todo el tiempo por el ala dura de Morena en el Senado, encabezados por el senador César Cravioto, suplente y representante fiel de Martí Batres.

Cravioto insistió en que Monreal no sólo no debe meterle mano al Plan B, sino que su misión es votarlo todo a favor tal como está de tal forma que pueda mantenerse como coordinador de la bancada de Morena en la cámara alta.

El suplente de Batres dijo que espera que la bancada vote «en el mismo sentido y que no haya fisuras, que no haya divisiones».

El plan es que este lunes las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda dictaminen las minutas y estas sean presentadas en el Pleno mañana martes en primera y segunda lectura a fin de ser votadas de inmediato para que puedan regresar antes del jueves a San Lázaro, donde serían votadas antes del cierre del período legislativo.

Si Monreal decidiese votar en contra dice Reforma, precipitaría su salida de Morena seguido quizá por las y los senadores Cristóbal Arias, José Ramón Enríquez, Eduardo Ramírez Aguilar, Freyda Marybel Villegas, Claudia Balderas, tal vez por Armando Guadiana y por Elí César Cervantes, Soledad Luévano, Griselda Valencia; Nancy Sánchez Arredondo, Ricardo Velázquez, Casimiro Méndez, Adolfo Gómez Hernández y Rocío Abreu.

El senador Germán Martínez, fundador del Grupo Plural, expresidente del PAN y exdirector del IMSS afirma que Monreal está por mostrar en las siguientes horas si es un aspirante presidencial tibio y que merezca ser apoyado en su camino hacia el 2024.

«Monreal tiene hoy la llave de la democracia o la antidemocracia. Si está en esa responsabilidad, se le debe exigir que se comprometa. Como dice López Obrador: que se defina: no se puede estar con Dios y con el diablo», afirma Martínez.

Retos en seguridad

Incorporar a la formalidad al mayor número de empresas de seguridad privada que hoy operan en el país fuera del marco legal, su profesionalización y mejorar las condiciones de trabajo del personal que en ellas laboran, es el principal reto de la nueva mesa directiva de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, la AMESP, encabezada por Gabriel Bernal Gómez.

Al tomar posesión para el bienio 2022-2024, el nuevo dirigente dijo buscará crear bases sólidas para proponer acuerdos y compromisos que garanticen el avance sostenido de la seguridad privada, consolidando esfuerzos con múltiples actores de los sectores públicos e institucionales.

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Qatar y los ensueños

Mujeres cataríes.En Qatar el poder lo ostenta una persona con sus 45 miembros de la Asamblea ConsultivaCréditos: Especial – GettyImages

En algunas familias, las mujeres viven bajo el “tutelaje masculino” y sus decisiones tienen que estar acompañadas de un permiso escrito por “un guardián” hombre; vulneración de los derechos humanos

Por NORMA G. ESCAMILLA BARRIENTOS

Escrito en LA CADERA DE EVA el 2/12/2022 · 12:56 hs

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SemMéxico/La Cadera de Eva, 10 de diciembre, 2022.- Qatar conocido ahora por la Copa mundial de fútbol 2022 es un país de medio oriente, al oeste de Asia, ubicado en una península cobijada por el golfo pérsico y la cual sólo tiene una frontera terrestre con Arabia Saudita. En 1971 se independizó de Inglaterra. Actualmente tiene una monarquía absoluta a cargo de un jefe de estado y gobierno, nombrado Jeque, término con el cual se nombra al jefe de un territorio en algunos países musulmanes.

Su gobierno literal, se sustenta en una Asamblea Consultiva de 45 miembros y su Constitución, en la cual no se considera la creación de partidos políticos, reconoce el derecho a la libertad de expresión y asociación, el derecho a un juicio justo y a la libertad de culto. Su sistema legal es la sharia (ley islámica) sustentada en su Constitución, dentro de la cual se penalizan diversos delitos, sin embargo, cuando la infracción tiene que ver con los Tribunales de familia los testimonios de las mujeres valen menos que los realizados por los hombres y en algunos casos no son aceptados. De igual forma, cuando las mujeres son violadas son condenadas por adulterio, lo cual nos habla de una revictimización.

MUNDIAL QATAR 2022

¿Cuántos trabajadores murieron en preparación del Mundial Qatar 2022?

El total de su población estimada según el Ministerio de Planificación y Estadística de Qatar hasta abril de 2022 se tenía un registro de 2,7 millones de habitantes de los cuales 2,42 millones son extranjeros principalmente de Asia, África, India, Nepal, Bangladesh y Pakistán. Su distribución por género es de 2.008.241 hombres (72,4%) y 765.357 mujeres (27,6%). Teniendo un mayor número de población en el intervalo etario de 25 a 64 años con un total de 70,64%.

Qatar cuenta con un índice de desarrollo humano alto dentro del mundo árabe, ya que su economía es buena y reconocida por el Banco Mundial, es considerado a nivel internacional como uno de los países más ricos del mundo, ya que cuenta con la tercera reserva mundial de gas natural y petróleo, en 2021 reabrieron sus fronteras después de tomar acuerdos con Kuwait, Catar, Arabia Saudita y Estados Unidos, realizando una inversión principalmente en mejoras de su infraestructura para la realización tanto de la Copa Mundial de Fútbol 2022, como también, una estrategia para promover el turismo. Sin embargo, datos obtenidos por la BBC News Mundo, Human Rights Watch (HRW), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), El Guardian y Amnistía Internacional, entre otros, han visibilizado la pobreza y vulneración de derechos humanos en la que viven una gran parte de sus pobladores en Qatar, de la cual no se permite hablar mucho.

Por otro lado, si bien en su constitución y en su sistema legal se plantea la libertad de expresión y juicios justos, los registros nos muestran otra realidad, en donde los derechos no son para todas y todos, además de una serie de violaciones a los derechos humanos tanto para sus población de origen como para la población trabajadora migrante la cual tiene pocas alternativas de un empleo digno y al cual trasgreden permanentemente sus derechos laborales y humanos, según lo registrado por la BBC News Mundo en el ámbito laboral “los exponen a palizas, retención de pagos, les quitan sus pasaportes, los amenazan, y les agreden sexualmente, aun cuando ya no es vigente el Kafala, el sistema de empleo por patrocinio que “exclaviza” a los trabajadores ”. De igual forma, la organización HRW registró “que los trabajadores extranjeros todavía sufren deducciones salariales punitivas e ilegales y enfrentan meses de salarios impagos por largas horas de trabajo agotador” la población en general tiene restricciones para la libertad de expresión, de movimientos y de culto, entre otras. 

Las mujeres en tal sentido, una vez más son doblemente vulneradas por el hecho de ser mujeres, algunas se cubren de negro y otras utilizan el velo a color solo en la cabeza y el cuello, siendo que “hay libertad de culto”. En el caso de las familias más conservadoras las mujeres se viven bajo el “tutelaje masculino”, y sus decisiones tienen que estar acompañadas de un permiso escrito por “un guardián” hombre, a fin de ser aceptadas, lo cual nos habla de la vulneración de sus derechos humanos y que no es vista como sujeta social y de derechos. Cuando las mujeres más jóvenes cuestionan este tutelaje se les reprende bajo el discurso de que “los derechos humanos son una idea occidental que se contrapone a los valores islámicos” y si bien, el monarca quatarín menciona que el empoderamiento de las mujeres tiene un gran avance ya que se incluyen en la toma de decisiones del país, que tienen buenos indicadores de igualdad de género, que tienen una alta tasa de participación de mujeres en el ámbito laboral, que tienen igualdad de salarios y que su matricula universitaria es alto, podemos observar que estos argumentos se contraponen cuando la mujer tiene que ser tutelada, cuando cuestionan un sistema, cuando es coaccionada, cuando en una denuncia su voz no es válida, cuando es difícil su acceso al divorcio y si lo obtiene no puede tener la tutela de sus hijos e hijas, cuando las mujeres que son violadas son acusadas de adulterio y cuando existe la pena de muerte si se asume como parte de la población LGBTI+.

Finalmente, podemos decir que el hecho de ser un país rico y con un alto índice de desarrollo humano no necesariamente garantiza la distribución equitativa del ingreso en su población, tampoco impacta en el ejercicio de los derechos humanos y se sigue visibilizando una doble violación de derechos hacia las mujeres, donde no se garantiza su libre expresión, su libertad de culto y se le coacciona a través de un sistema monárquico donde el poder lo ostenta una persona con sus 45 miembros de la Asamblea Consultiva. 

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