Zuleyna Beltrán, ya en libertad, forma parte de la organización Mujeres Libres, que brinda atención sicosocial y apoyo a mujeres que han sido criminalizadas por esa causa. Foto: Edgardo Ayala / IPS

Zuleyma Beltrán y Marlene Ponce sufrieron emergencias obstétricas y fueron acusadas por el sistema de justicia de El Salvador de practicarse un aborto

El Salvador uno de los tres países centroamericanos con prohibición absoluta de ese derecho reproductivo.

Redacción

SemMéxico/IPS, San Salvador, 16 de octubre, 2022.- Pese a la lucha de colectivos feministas y a los llamados y resoluciones de organizaciones de derechos humanos para que se despenalicen las muy severas leyes antiaborto, la mayor parte de América Central continúa criminalizando a las mujeres por la interrupción del embarazo.

Y entre ellos, El Salvador mantiene su posición extrema, la de encarcelas por largas condenas y arruinar sus vidas.

Los casos más recientes son, en este país, los de Lesly Ramírez, una joven de 21 años condenada el 29 de junio a 50 años de cárcel, tras ser acusada de homicidio agravado. Ello pese a que ella insistió en que sufrió una emergencia obstétrica que desembocó en un aborto espontáneo, sufrido 2020.

Esa es la pena más severa impuesta hasta ahora a una mujer por ese tipo de casos.

Además, el 9 de mayo, fue condenada a 30 años “Esme”, como se conoce a la joven que también experimentó una interrupción involuntaria de su gestación en 2019. Fue a buscar ayuda médica y ahí fue denunciada por el personal hospitalario.

“Yo desperté en la cama del hospital esposada, para mí fue bien duro, creo que fui la tercera persona que entraba a la cárcel por esa situación”, contó a IPS la salvadoreña Zuleyma Beltrán, ahora de 40 años, en lo que retrata la pesadilla que soportan las mujeres salvadoreñas cuando buscan atención médica por una emergencia obstétrica.

Ella tenía 17 años cuando fue detenida y encarcelada, en agosto de 1999.

“Yo desperté en la cama del hospital esposada, para mí fue bien duro, creo que fui la tercera persona que entraba a la cárcel por esa situación”: Zuleyma Beltrán.

Fue sentenciada en febrero de 2000 a 26 años de cárcel, pero por su buen comportamiento salió libre el 10 de noviembre de 2010.

Beltrán contó que sufrió un aborto espontáneo y su hermano llamó al número de emergencia 911, pero en lugar de un equipo médico llegó la policía. Vivía entonces en la zona rural del departamento de Santa Ana, en el este del país.

Como parte de los programas de apoyo a mujeres que han sido criminalizadas por la justicia salvadoreña, que aplica en forma draconiana las normas antiaborto, la organización Mujeres Libres les provee de chequeos médicos regularmente. También les brinda talleres de capacitación y para sus hijos se imparten clases de música y otras ramas del arte. Foto: Cortesía de Mujeres Libres

América Central a contracorriente

Nicaragua, Honduras y El Salvador son de las pocas naciones en el mundo que mantienen una prohibición total a los abortos, independientemente de las causas, incluso en el caso de violaciones. En esa categoría se encuentra también República Dominicana, en el Caribe.

Guatemala también lo prohíbe, pero permite una excepción: cuando la vida de la mujer corre peligro si continua la gestación.

Sin embargo, es poco frecuente que la justicia en Guatemala avale casos de esas características.

“Lo que se sabe y ha sido comprobado con los datos es que son muy pocas las mujeres que logran hacer una interrupción del embarazo por el riesgo para la vida”, señaló a IPS, desde Bogotá, Carmen Martínez, al frente del programa para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, una organización internacional de abogados y juristas que promueven esos derechos en el mudo.

Martínez dijo que el Estado guatemalteco no incluye a las sobrevivientes de violencia sexual en esa excepción.

“Eso es condenar a cientos de mujeres y niñas a que lleven embarazos forzados y muchas veces maternidades forzadas”, subrayó.

La experta dijo que América Central va a contracorriente de otras naciones de América Latina, que han dado pasos significativos hacia una mayor apertura en los derechos reproductivos de las mujeres.

Citó los casos de Colombia, Uruguay y Argentina, así como varios estados de México, que han despenalizado el aborto hasta determinado límite de semanas de gestación; Colombia, por ejemplo, hasta la semana 24, desde febrero de este año. Ellos se suman a Cuba, un país donde el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está garantizado hace décadas.

También hay un grupo de naciones que ha abierto parcialmente sus legislaciones, permitiendo excepciones a la prohibición del aborto, bajo algunos supuestos, como el riesgo de la salud de la embarazada, la malformación fetal o la violación, explicó Martínez.

“Y luego están otros países con contextos híperrestrictivos, como Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, incluso pondría en esa lista a Guatemala”, destacó Martínez.

El Salvador es el que más críticas ha recibido, local e internacionalmente, por la agresividad con que persigue a mujeres en esas circunstancias, desde que penalizó el aborto, en 1998.

Más de 60 mujeres que han ido a prisión por esas circunstancias han recuperado su libertad gracias al apoyo legal provisto por organizaciones como la salvadoreña Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

En esos países con leyes antiaborto draconianas, el personal de salud, temeroso de ser acusado de cómplice, y condenado a penas de cárcel por ello, ha sido por años el primer eslabón en la criminalización de las mujeres.

Sin embargo, en una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó, en noviembre de 2021, que el personal de salud en América Latina y el Caribe debe de abstenerse de denunciar presuntos casos de aborto.

Las sentencias de este tribunal interamericano son inapelables, de obligado cumplimiento y actúan como antecedentes jurídicos para toda América Latina, pero su aplicación depende de cada Estado.

El dictamen quedó establecido en el fallo de la Corte (Corte IDH) que condenó al Estado salvadoreño por la muerte de Manuela, como se conoció a la mujer que falleció en 2010 luego de ser detenida en 2008 y enviada a prisión por presuntamente practicarse un aborto.

La Corte sentenció en caso de Manuela y Otros versus El Salvador que en esos casos debe prevalecer la inviolabilidad del secreto profesional entre el personal médico, sin revelarse el historial clínico de las pacientes.

Ni siquiera la píldora del día después

Honduras es el único país latinoamericano que prohíbe la llamada píldora del día después, una pastilla anticonceptiva posterior a sostener relaciones sexuales que se consigue sin problemas en cualquier farmacia en el resto de países, incluso en El Salvador.

Ese fármaco, vigente en Honduras desde la primera década del siglo, fue satanizado en 2009 por grupos conservadores y el Congreso de ese país prohibió no solo su uso, sino la venta, compra y la promoción, explicó a IPS Neesa Medina, de la organización hondureña Somos Muchas.

La píldora anticonceptiva fue parte de una política de prevención de violencia sexual en Honduras, “y desde que entró fue un punto de batalla muy fuerte”, dijo Medina, en entrevista desde Tegucigalpa.

La prohibición aprobada por el legislativo Congreso Nacional fue vetada por el entonces presidente Manuel Zelaya, quien fue sacado del poder en junio 2009, por medio de un golpe de Estado.

Después del golpe, fue responsabilidad de la Secretaría de Salud mantener la prohibición de la píldora, por medio de un acuerdo ministerial.

“Y con ese acuerdo, la píldora se saca del paquete de atención básica de sobrevivientes de violencia sexual”, subrayó Medina.

Agregó: “Lo único que se requiere (para anular la prohibición) es que se haga otro acuerdo ministerial, que depende de la Secretaría de Salud, y no lo han hecho”.

Cuatro años después Honduras se ubica como el segundo país con la tasa de embarazo adolescente más alta en América Latina, se afirma en el estudio Criminalización de Mujeres por el Delito de Aborto en Honduras.

Un grupo de mujeres salvadoreñas, víctimas de la criminalización del aborto bajo cualquier circunstancia, incluida en ocasiones la emergencia obstétrica, durante uno de sus encuentros en la organización Mujeres Libres, donde buscan apoyarse en lo familiar, social y económico, con talleres de capacitación para iniciar emprendimientos. Foto: Cortesía de Mujeres Libres

Sanando las heridas

Mientras, muchas mujeres una vez fuera de la cárcel por una condena referida a sus derechos reproductivos, buscan forjarse un mejor destino para ellas y sus familias.

“Es duro lo que vivimos aquí en El Salvador, no es fácil”, acotó la salvadoreña Beltrán. Y agregó: “Ahora me doy cuenta de que entre uno más lo expresa, menos se siente ese dolor”.

Ella forma parte del colectivo Mujeres Libres, de reciente formación, que aglutina a unas 25 mujeres que han purgado penas en la cárcel tras ser acusadas de realizarse abortos. Esa organización mantiene abierto, en San Salvador, un espacio llamado la “casa de encuentro”, que ofrece albergue a las mujeres que lo necesitan.

Ahí ellas comparten sus experiencias y se ayudan mutuamente. Buscan sobrellevar la carga emocional vivida, con apoyo sicosocial brindado por la organización, y también las apoya en la reinserción social y laboral, capacitándolas como emprendedoras.

“La idea es sanar todo lo que hemos pasado, queremos sanar nuestras heridas sin dolor, sino que levantando nuestra mirada bien en alto”, sentenció Beltrán.

Ahora ella tiene un negocio de comidas y otro de venta de perfumes.

Con la misma fortaleza enfrenta la vida Marlene Ponce, de 31 años, oriunda del cantón Cabañitas, del municipio de Ciudad Delgado, en el departamento de San Salvador.

Ponce también sufrió una emergencia obstétrica, en 2009, cuando ella tenía 18 años. Fue un sangrado intenso que la llevó al hospital y a la salida fue detenida. Los fiscales pedían 50 años de cárcel para ella.

Pasó un año en prisión preventiva, en la primera parte del proceso, pero al carecer los fiscales de evidencia, fue dejada libre en enero de 2010.

A su salida de la cárcel ingresó a la universidad y se graduó en 2014 de profesora de parvulario, pero que no ejerce su profesional en la actualidad, sino que también le apuesta por el emprendimiento.

Ponce forma parte de Mujeres Libres, y al igual que Beltrán, ha encontrado albergue en la casa de la organización.

“El Estado salvadoreño nos debe mucho, fuimos juzgadas y condenadas sin haber pruebas”, sostuvo.

ED: EG

La agricultora Lourdes Barreto al interior de su fitotoldo, un huerto tipo invernadero, en el poblado rural de Huasao, en el municipio de Oropesa, en las elevadas altitudes del departamento de Cusco, en el sur de Perú. Ella muestra orgullosa sus lechugas moradas, producidas con abonos naturales y técnicas agroecológicas. Foto: Mariela Jara / IPS

Este artículo integra la cobertura sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales

Redacción

SemMéxico/IPS, Cusco, Perú, 16 de octubre, 2022.- Lourdes Barreto tiene 47 años y el convencimiento de que como mujer rural agroecológica ha mejorado su vida y la de la pachamama. “Me quiero a mi misma como a la madre tierra y he aprendido a valorarnos a nosotras dos”, dice en su campo de cultivo en el poblado de Huasao, en el departamento de Cusco, en el sur de Perú.

Cuando se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre, destinado a reconocer su aporte al desarrollo rural, la erradicación de la pobreza y la seguridad alimentaria, la historia de Barreto evidencia las dificultades que son parte del día a día de este sector de la población, y su capacidad de lucha para enfrentarlas.

“Yo me quedé huérfana a los seis años y me adoptaron unos señores que no me han criado como familia, no me han educado y solo me hacían pastar su vaca. A los 18 años tuve mis hijos y mala vida llevé con mi esposo, me pegaba, me celaba. Decía que solo él trabajaba y no me daba dinero para la casa”, recordó en su huerto con fitotoldo (tipo invernadero) en Huasao, con unas 200 familias, durante la visita de IPS a la comunidad.

Incursionar en capacitaciones sobre el manejo agroecológico hace cuatro años por insistencia de su hermana que le cedió un terreno, fue un punto de inflexión para los cambios sustanciales en su vida.

De las casi 700 000 mujeres productoras rurales que se estima que hay en Perú, según el último Censo Nacional Agropecuario 2012, menos de 6 por ciento ha logrado acceder a la capacitación y asistencia técnica.

“He aprendido a valorarme y quererme como persona, a organizar mi familia para no tener tanta carga de trabajo. Y otra cosa ha sido cuando empecé a cultivar en el terrenito, me daba para comer de la chacra (terreno de cultivo) a la olla como se dice, y para tener mi platita”, relató esta madre de tres hijos de 27, 21 y 19 años.

Algo que valora mucho es haber conseguido “conciencia agroecológica” como llama a su convicción de que la producción agrícola debe erradicar el empleo de insumos químicos porque “la pachamama, la madre tierra, está cansada de tanto que le matamos sus microorganismos”.

“Mi bocashi (abono natural) lo preparo yo misma con el estiércol de mi ganado. Y fumigo también sin químicos”, afirmó con orgullo. Y continuó: “hago una mezcla con ceniza, con rocoto (ají peruano), con cinco cabezas de ajos y cinco de cebolla, más un poco de jabón de ropa”.

“Antes lo molía con el batán (método preinca que emplea piedras para triturar alimentos) pero ahora lo meto todo a la licuadora para ganar tiempo, lleno dos litros en la mochila y salgo a fumigar de forma natural”, detalló sobre su fabricación y uso de la ecofumigación.

Los años 2020 y 2021 en que la pandemia de covid impulsó a muchos gobiernos municipales de zonas rurales a organizar ferias de alimentos, que se convirtieron una oportunidad para Barreto y otras campesinas para dar a conocer su producción agroecológica.

Lourdes Barreto se inició como productora agroecológica hace cuatro años, lo que mejoró su vida, en muchos aspectos, incluido el familiar. En la imagen (I), en la feria sabatina al aire libre de Huancaro, en la ciudad de Cusco, con el mandil verde que la identifica como socia de la Asociación Provincial de Productoras Agroecológicas de Quispicanchi. Foto: Cortesía de Nadia Quispe

“Vendí vainitas, zapallito italiano, lechugas de tres variedades, brócoli, coliflor, zanahoria, cebollita china, culantro, perejil…” enumeró haciendo un alto para tomar aire y mirar a su alrededor por si se le olvidaba alguna de sus hortalizas que comercia en la ciudad de Cusco, a hora y media de distancia de su comunidad, y en Oropesa, su cabecera municipal.

Otro beneficio menos tangible de su actividad agroecológica es la mejora de la relación con su esposo, cuenta, porque ella ganó seguridad con la venta de sus cultivos, en que la han apoyado sus hijos. Ahora su esposo también la ayuda en el huerto y el ambiente familiar es bueno.

Barreto, junto con 40 productoras de seis municipios, es parte de la Asociación Provincial de Productoras Ecológicas de Quispicanchi, conocida como APPEQ por su sigla. Se trata de una organización productiva y de promoción de sus derechos formada en el 2012.

Los seis municipios participantes son Andahuaylillas, Cusipata, Huaro, Oropesa, Quiquijana y Urcos, todos situados en las zonas de las alturas de los Andes del departamento de Cusco, entre los 3100 y los 3500 metros sobre el nivel del mar, y con una población quechua y campesina que vive de la agricultura familiar.

Contagiar la agroecología

La presidenta de la organización APPEQ, Maribel Palomino, de 41 años, también es productora.

Vive en el poblado de Muñapata, parte de Urcos, donde ha podido sembrar y cosechar en áreas cedidas por su padre. Madre de Jared, de nueve años, su meta es que la organización y sus productos que las campesinas comercian bajo la marca colectiva Pacharuru (frutos de la tierra, en quechua) sean conocidos en todo Cusco.

“Yo reconozco y agradezco la capacitación que recibimos de la institución Flora Tristán para hacer este camino propio como mujeres productoras agroecológicas que es bien distinto del que tuvieron nuestras madres y abuelas”, declaró a IPS en el intermedio de un taller de capacitación de la asociación que preside realizado en la ciudad de Cusco.

El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán disemina prácticas ecológicas en la producción agrícola en combinación con el empoderamiento de las mujeres en comunidades campesinas, en áreas rurales remotas y postergadas de este país de 33 millones de habitantes, donde 18 por ciento es rural según el Censo Nacional de Población 2017.

Ahora, agregó Palomino, “nosotras somos parte de una generación que está liderando cambios que no solo son para la mejoría de nuestros hijos o de la familia, sino de nosotras mismas como personas y mujeres productoras”.

Palomino se refirió a las desigualdades que todavía hoy, en pleno siglo XXI, limitan el desarrollo de las mujeres del campo peruano.

“Sin educación, siendo mamás en la adolescencia, sin tierras a su nombre sino del esposo, sin oportunidad de salir a aprender y capacitarse es muy difícil ser ciudadana con derechos”, cuestionó.

El Censo Nacional Agropecuario indica que ocho de cada 10 productoras conduce predios menores a tres hectáreas y que seis de cada 10 no percibe ingresos económicos por su labor productiva. A ello suman una carga total de trabajo mayor que los hombres y el estar subrepresentadas en los espacios donde se toman decisiones.

Además, las mujeres de zonas rurales son las que experimentan más violencia por razón de género  entre los 33 a 59 años, según el  Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres..

En ese contexto de desigualdad y discriminación, Palomino representa los nuevos tipos de liderazgo femenino rural.

“Yo soy mamá soltera, mi hijo tiene nueve años y con mi trabajo le doy educación, alimentación saludable, un hogar con afecto y cuidado. Y él ve en mí una mujer luchadora, orgullosa de trabajar en el campo, que defiende sus derechos y de sus compañeras con la APPEQ”, afirmó.

Para ella es crucial contribuir “a cambiar el chip” de las personas mayores y de mucha gente joven que si pudiera asomarse a una ventana de oportunidad podría mejorar su vida y su entorno.

“Con la APPEQ hacemos réplicas para compartir nuestros aprendizajes y que más mujeres puedan amanecer con alegría ante el futuro”, sostuvo.

Es el caso de María Antonieta Tito, de 32 años, del municipio de Andahuaylillas, quien por primera vez en su vida como productora rural está realizando prácticas agroecológicas y a quien IPS visitó en su huerto en la comunidad de Secsencalla, dentro de su recorrido por varias comunidades con campesinas de la asociación.

“Yo soy alumna de las lideresas de la APPEQ que nos dan réplicas, ellas nos dicen cómo trabajar de forma correcta la tierra, a voltearla hasta cuarenta centímetros para que esté blandita, sin piedras ni raíces de nada. También a almacigar las semillas para después sembrarlas”, dice con orgullo

Luego dice, señalando con el dedo a sus almácigos, como se conoce localmente a los semilleros o las partes del terreno miniparceladas para la germinación de los vegetales, “yo tengo aquí, mire, lechuga, repollo morado y apio, todavía falta que brote, así chiquito empieza”.

Tito se define como “alumna nueva” en la agroecología, inició en el mes de marzo de este año, pero ha logrado claros avances. No solo ha podido cosechar y probar sus propias hortalizas, sino que cada miércoles va al mercado local a vender sus excedentes.

“Ya hemos comido lechuga, tomate, pepino, acelgas, les ha gustado en mi casa, lo he preparado en ensalada y como torrejitas (pequeñas tortas de verduras) con huevo. ¡Yo estoy ayudando en la nutrición de mi familia!, y también de las personas que me compran”, refirió contenta.

Cada martes cosecha al final de la tarde, lava las hortalizas con cuidado y a las seis de la mañana del día siguiente ya está en un puesto del mercado al aire de Andahuaylillas, la cabecera municipal, ayudada por su hijo adolescente.

“La clientela nos está aprendiendo a conocer, dicen que el sabor de mis hortalizas es distinto de los otros puestos, tengo tres meses vendiendo y ya me han hecho pedidos”, añadió.

Pero el camino para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres rurales es muy empinado.

Como dice Palomino, la presidenta de la APPEQ, “hemos conseguido logros importantes, pero falta mucho para decir que somos ciudadanas en igualdad de derechos, y en eso la responsabilidad principal es de los gobiernos que todavía no nos han puesto como una prioridad”.

ED: EG

Un grupo de mujeres participa en la Marcha y Manifestación de Mujeres por la Justicia del Aborto frente al Capitolio Estatal en Austin, Texas. — Sergio FLORES / AFP

La asociación Planned Parenthood lanzará a finales de año la primera unidad móvil para permitir el acceso de las mujeres a este derecho.

Se ubicará en la frontera de Illinois con Misuri.

Manuel Ruiz Rico

SemMéxico/Público, Washington, 16 de octubre, 2022.- La ofensiva conservadora contra el aborto en Estados Unidos está provocando una respuesta en defensa de este derecho no sólo en el ámbito político o jurídico de los estados más progresistas, sino también mediante acciones de colectivos sociales.

 La asociación Planned Parenthood (en inglés, Planificación Familiar) va a poner en marcha antes de que acabe el año una unidad móvil para abortar que se desplazará a la frontera de los estados que hayan legislado en contra de este derecho. Será la primera unidad de este tipo que exista en Estados Unidos.

Planned Parenthood pondrá en marcha este servicio en el sur del estado demócrata de Illinois, que hace frontera, entre otros territorios, con Wisconsin, Misuri y Kentucky, zonas que han aprobado legislaciones ultrarrestrictivas sobre el aborto. De este modo, las mujeres que habiten en ellas solo tendrán que cruzar la frontera hacia Illinois para ser atendidas. Arkansas y Tennessee tampoco están lejos del sur de Illinois, por lo que sus mujeres podrán beneficiarse también por la presencia de la clínica móvil.

La asociación ha justificado su lanzamiento en este dato: en los 100 días transcurridos desde la sentencia del Supremo, el centro de salud de Planned Parenthood en la localidad de Fairview Heights, a unos 32 kilómetros de la frontera entre Illinois y Misuri, «ha experimentado un aumento del 30% en cuanto a las visitas de mujeres para abortar, los tiempos de espera para las citas de aborto pasaron de cuatro días a dos semanas y media, y las pacientes procedentes de fuera de esa zona biestatal entre Misuri e Illinois aumentaron en más de un 340%», aseguró su presidenta, Yamelsie Rodríguez, en el acto de presentación de la unidad móvil el pasado 3 de octubre.

«Este incremento ha sido tan rápido y pronunciado que ha sorprendido hasta a la propia organización y a esto nos referimos cuando decimos que eliminar el aborto no va a eliminar la necesidad de un aborto», añadió.

La instalación móvil incluirá una pequeña sala de espera, un laboratorio y dos salas de examen. En un primer momento, ofrecerá abortos con medicamentos hasta las 11 semanas de gestación para, en una segunda fase, ofrecer ya abortos quirúrgicos, probablemente a partir del próximo año, según la asociación.

La legislación antiabortista está vigente en 15 estados

Tras la sentencia de junio del Tribunal Supremo en la que se derogó este derecho en el ámbito federal (un derecho que la propia corte había establecido en 1973 en un fallo sobre la cuestión), 15 estados del país se han apresurado a aprobar normativas para restringir o vetar en la práctica el acceso al aborto.

En enfoque general en esos estados ha sido el de prohibir ese derecho y sólo despenalizarlo si a posteriori los profesionales sanitarios demuestran que el aborto practicado era necesario para salvar la vida de la mujer o que ésta había sido violada o víctima de un incesto.

Estas leyes han dividido al país en dos entre los estados donde esta práctica es legal y los que no. Esto ha convertido a Illinois en un estado refugio para el aborto puesto que está rodeado o se encuentra cerca de varios estados con legislaciones antiaborto.

«Nos situamos en la brecha creada por los políticos y garantizamos que todas las personas puedan acceder a la atención sanitaria que merecen, independientemente de su lugar de residencia», asegura Rodríguez.

Planned Parenthood asegura que no descarta ampliar el número de unidades móviles en el futuro, aunque eso dependerá del éxito de esta primera. En la extensión de esta estrategia baraja colaborar con otros colectivos. De hecho, otra organización, Just the Pill (Sólo la píldora), ha anunciado también su intención de ofrecer servicios de aborto con medicamentos en clínicas móviles a pacientes de los estados ubicados en el llamado medio oeste de EEUU, precisamente la zona donde se ubicará la clínica móvil de Planned Parenthood.

«Estamos tratando de trabajar juntos para hacer frente al aumento exponencial del número de pacientes que viajan desde estados prohibidos a lo que llamamos estados refugio para recibir atención al aborto», aseguró la semana pasada Yamelsie Rodríguez en una entrevista esta semana con la radio pública NPR. «En un momento así todos tenemos que ponernos manos a la obra», añadió.

@MANUELRUIZRICO