En el Día Mundial contra la Trata, diferentes organizaciones han querido mostrar abiertamente su trabajo y apoyo a las víctimas de trata, así como la firme reivindicación de una ley integral que agrupe las diferentes formas de trata que existen y que no dejen en la indiferencia a la resonada explotación laboral

 Sonia Hortal Hurtado

SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 30 de julio, 2022. – Este 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de personas. La trata en sus múltiples formas, sigue siendo una de las lacras más arraigadas pese a llevar años formando parte de la agenda política del gobierno. Hoy, desde las organizaciones se reclama una vez más la necesidad de aprobar una ley que identifique a todas las víctimas de trata y, todas las formas de trata que coexisten, con un enfoque de derechos humanos que ponga en el centro a las víctimas. Una ley que apueste por la prevención, identificación, protección y coordinación integral de todos los actores para que nuestro país no sea “un país fácil para explotar a ningún ser humano”.

En el año 2013 la Asamblea General de la ONU decretó el 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas. Fecha en la que los Estados Miembros adoptaron la resolución A/RES/68/192, que señalaba el día como una fecha «necesaria para concienciar sobre la situación de las víctimas de trata humana y para promocionar y proteger sus derechos».

La trata, en su definición más extendida en el Protocolo de Palermo, es «la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.” Una definición amplia y disuasoria que muchas veces se traslada solo a la explotación sexual como si fuera la única modalidad de trata existente.

Y es que, pese a que, de forma contundente, la trata con fines de explotación sexual sea la forma más extendida y conocida de la trata, existen otras tipologías que muchas veces permanecen ocultas. Según Naciones Unidas, España es uno de los principales países de destino de la trata, sobre todo de mujeres con fines de explotación sexual. La Guía Básica para la Identificación, Derivación y Protección de las personas víctimas de trata con fines de explotación de APRAMP señala que se desconoce el verdadero alcance del fenómeno, por la ausencia de estadísticas oficiales anuales sobre el número de víctimas, así como de mecanismos de seguimiento.
Aunque no es lo mismo trata que prostitución, existe cierto consenso en establecer algunos vínculos entre ellas. El Instituto Nacional de Estadística estima que la prostitución constituye un 0,35% del PIB español y es una «enorme fuente de beneficios que favorece la proliferación de este delito». Se trata, nada menos que del primer país europeo y el tercero a nivel mundial líder en consumo de sexo de pago.

Sin embargo, la trata no solo alude a la explotación con fines sexuales, como comúnmente se idealiza, sino que la trata de personas se materializa en múltiples formas que muchas veces no se reconocen. Formas que se ignoran o se desconocen y que hoy las organizaciones han querido mencionar y reconocer, pues la plena identificación de todas ellas es algo que exigen recoja la nueva Ley Integral contra la Trata de Personas. Una ley que, pese a llevar años en la agenda política del gobierno, todavía es tan solo un borrador.
La trata no es solo explotación sexual

Desde Diaconía España, organización comprometida con los derechos fundamentales de las personas y, que forma parte de la Red Española contra la Trata de Personas, tienen muy claro que se tiene que hablar de todas las formas de trata que existen para abordar este movimiento y comercio ilegal de forma interseccional, nos cuenta Eva Márquez, directora del Área de Mujer y Lucha contra la Trata en Diaconía España. “Es importante llamar la atención sobre lo extendida que está la trata con fines de explotación sexual, pero también sobre las otras formas de trata que no son para nada puntuales o residuales y que existen de manera evidente en nuestro país.”

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un total de 40,3 millones de personas sufren formas modernas de esclavitud. De ellas, 24,9 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso (incluyendo la explotación laboral y sexual) y 15,4 millones de personas son víctimas de matrimonio forzoso. Así, la trata alude a otras formas de explotación, entre ellas, la trata con fines de comisión de actos delictivos desde plantaciones ilegales de marihuana, donde se les obliga a las víctimas a transportar o a formar parte de la cadena del tráfico de estupefacientes, hasta incluso víctimas que están obligadas a cometer hurtos en tiendas para robar ropa o bienes que luego se llevan a otros países. Eso es lo que se conoce como servidumbre forzada.

Del mismo modo, debemos hablar de la trata con fines de explotación laboral. Una vejación que hasta ahora, y en muchas ocasiones, pasaba desapercibida y que, sin embargo, reluce en nuestro país, sobre todo en los sectores de la construcción, la agricultura, los servicios domésticos… Sectores donde se da este tipo de trata de manera específica, y que muchas veces se confunde con abusos laborales. Al igual que no toda la prostitución es trata, no todos los abusos laborales son trata con fines de explotación laboral. Pero este tipo de trata existe en nuestro país.

Jornaleras, una trata mixta

Sin irnos más lejos, Huelva lleva la voz cantante en protagonizar la desarticulación de redes de jornaleras que se encuentran en situación de abuso. Una trata mixta que se da sobre todo en el sur de España en mujeres temporeras que vienen de diferentes países, especialmente del sur de África, a trabajar en busca de oportunidades. Mujeres que cruzan la frontera en busca de empleo y que al llegar ven sus condiciones traspuestas. Las condiciones de trabajo que firman no se corresponden con las que se encuentran. Vienen con la intención de trabajar todos los días, por horas, durante la campaña, para después no poder hacerlo algunas jornadas.

«Pueden venir perfectamente con contratos legales para trabajar una temporada, pero lo que se encuentran luego aquí es algo totalmente diferente”. Las mujeres vienen con la condición de permanecer en España solo a lo largo de la campaña, teniendo sus permisos una duración de 5 o 6 meses, que es lo máximo que se extiende la temporada. Después, deben volver a su país de origen para no quedarse en situación irregular. Las mujeres que son despachadas, tras el período de prueba de 15 días, se quedan en situación irregular y muchas acaban alojándose en chabolas.

Según cuenta Ana Pinto, fundadora de la organización Jornaleras en lucha, en esta situación de vulnerabilidad y trata son los empresarios quienes ejercen un abuso de poder al no pagar a las trabajadoras desviando, además, las horas extra que les deben a las recolectoras como productividad en la nómina para no pagarlas según lo regulado. Muchas incluso carecen de acceso a sanidad y llegan a España con contratos sin fecha límite y sin traducción. Condiciones coercitivas donde en muchos casos no se les permite llevar camiseta de tirantes o ropa que aguante mejor el calor; donde no pueden ir al baño cuando lo necesitan, donde no pueden hablar de otra cosa que no sea trabajo, y donde se castiga la no productividad con la sanción de no trabajar al día siguiente.

No todo son grandes redes articuladas

España, y Andalucía en concreto, es uno de los mayores países de tránsito y destino de trata de personas; las principales víctimas son mujeres de entre 18 a 25 años provenientes de países como Rumanía, Nigeria, China y Bulgaria.

Algo que destacan tanto desde Amnistía Internacional como desde Diaconía España, es que esto no ocurre solo a través de grandes mafias y redes. “Dentro de la trata con fines de explotación sexual no solo está la explotación sexual comercial o la prostitución. Tenemos que entender que no todos los tratantes son redes o grupos organizados, sino que pueden existir tratantes individuales”. Y eso es algo que queremos destacar. Los grandes abusos de trata no ocurren siempre bajo la imagen perfecta de una mafia, sino que son “muchas veces se visualiza la trata solamente como grandes redes criminales, mafias, etc., y es verdad que existen y en España se han desarticulado algunas de mucho renombre provenientes de Rumania o Nigeria, pero el problema es que no se está teniendo en cuenta que la trata también puede ser cometida por tratantes individuales o pequeños grupos informales”, comenta Martina Kaplun de Amnistía Internacional. Algo que ocurre, por ejemplo, en el caso de las mujeres rumanas, donde se encuentra la reconocida estrategia del loverboy, es un hombre el que obliga a ejercer la prostitución a su pareja. Hombres que enamoran a muchísimas mujeres y las hace ver que son su pareja afectiva para traerlas a España y después mantenerlas en la esclavitud para sacar el máximo rendimiento de ella.

No son redes sino personas que captan a personas de su comunidad a pequeña escala para explotarlas, algo mucho más desconocido y mucho más difícil de detectar porque existe un imaginario de grandes redes y grupos criminales cuando se habla de trata de personas.

La reivindicación de una Ley Integral contra la Trata de Personas

A finales del 2021, el Gobierno aprobó el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso. Sin embargo, este plan «no tenía previsto un presupuesto específico para poder garantizar y equiparar la atención integral que necesitan estas otras víctimas de trata» y debería ser especialmente importante que incluya la trata con fines de explotación laboral, señala Rocío Mora, directora de APRAMP.

De ese modo, ese mismo año, también se elaboró el denominado PENTRA, el Plan estratégico nacional de lucha contra la trata, donde también se incorporó una visión integral de la trata. Una serie de avances muy recientes que todavía en la práctica no se están viendo.

Pero fue en enero de este año cuando el Ministerio de Interior presentó el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023, el cual establece cinco objetivos prioritarios: detección y prevención de la trata de seres humanos; identificación, derivación, protección, asistencia y recuperación de las víctimas de la trata de seres humanos; persecución del delito; cooperación y coordinación, y, mejora del conocimiento. «Es un plan con un enfoque global que además prevé una Ley Integral contra la trata, pero que tiene una duración muy limitada e insuficiente», comenta Martina Kaplun de Amnistía Internacional.

Lo que hace falta, concuerdan cada una de estas tres organizaciones que han participado en este reportaje, es una Ley Integral contra la trata de personas «que cubra todas las finalidades de trata y que prevenga y proteja a todas las víctimas de trata».

“Queremos una ley que evidentemente hable de todas las formas de trata. Queremos que no se regule ni la prostitución ni la trata. Estamos hablando de que esto no es un trabajo de ninguna de las maneras, y no queremos que sea reconocido como tal”, nos dice Rocío Mora, directora de APRAMP. Y es que el Pacto de Estado de 2017 hablaba de explotación sexual, pero no se llegaba a un consenso en cuanto a la prostitución. Tienen muy claro, dicen, que ese Pacto de Estado delimita una serie de medidas, entre ellas la elaboración de una ley integral. “Queremos una ley que hable de prevención, de protección, de persecución, y de coordinación de todos los actores para luchar y para que nuestro país no sea un país fácil para explotar a ningún ser humano”

Eso es lo que, desde entidades especializadas, así como desde la Red, llevan años reivindicando. En el Código Penal y en la Ley de Extranjería se recogen una serie de medidas y derechos para las víctimas de trata, pero una ley de carácter «más amplio» es «imprescindible» para abordar la trata desde una perspectiva global. Y es que España no tiene una legislación específica integral contra la trata. Cuando hablan de “integral”, las organizaciones, reiteran, hablan de una ley que incluya a todo tipo de víctimas y a todo tipo de finalidades de la trata, no solamente a mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

“Tenemos un protocolo marco que no deja de ser un acuerdo en relación a las instituciones para actuar de manera conjunta en relación a casos de trata, es decir, tenemos abordada la trata desde diferentes instrumentos jurídicos, pero no hay una ley que de alguna manera aúne y, sobre todo, tenga el rango de ley de obligado cumplimiento”, aclara Eva.

En marzo de 2021, el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género, afirmaba el inicio de la elaboración de una Ley Integral Contra la Trata. De momento no ha salido a la luz. Hoy la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha recordado que Igualdad envió un borrador de ley al Ministerio de Justicia. «Confiamos en que pueda salir adelante lo antes posible. Nos han podido escuchar, hemos participado en las consultas públicas que se han hecho en cuanto a esta iniciativa legislativa hace un año y vamos a confiar en que pueda ser una realidad”, señala Eva Márquez de Diaconía España.

Junto a ello, exigen por otra parte que la persona víctima de trata pueda ser acreditada o identificada formalmente como víctima. “Lo que pedimos desde las organizaciones es que esa identificación o esa condición de víctima pueda ser obtenida de manera colegiada y no como está sucediendo ahora, que recae única y exclusivamente sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado”. Algo, que como comentan, no es muy coherente, pues en este momento, el mismo cuerpo y la misma institución que tiene como finalidad perseguir el delito, es también el cuerpo y la institución que decide si una víctima es víctima o no.

Esto, señalan, causa algunas distorsiones que está haciendo que las víctimas no están siendo identificadas como víctimas. Por eso hay que separar la investigación y la persecución del delito de la identificación y la condición de víctima.

Fotos: Archivo AmecoPress.

Misoginia, omisiones, falta de transparencia y de respeto por la víctima

Hablan 4 expertas de primer nivel y reflexionan sobre la persistencia del pacto patriarcal

Juana María Nava Castillo, corresponsal*

SemMéxico, Monterrey, NL, 30 de julio 2022.- Había escuchado y leído el nombre de Debanhi una infinidad de veces, pero nunca me había tocado escribirlo. Hacerlo ahora implica una enorme responsabilidad, sobre todo por cuidar la no revictimización, y no caer en la repetición y estigmatización que ha generado el caso de la joven nuevoleonesa desde el pasado mes de abril, y cuyo manejo atraviesa por la vida, las acciones y el cuerpo de la víctima, aún después de su muerte.

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, fue vista por última vez con vida la madrugada del 9 de abril de este año en el municipio de Escobedo, Nuevo León, situado al norte de la zona metropolitana. La última fotografía, al menos que conocemos públicamente, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la no violencia, las desapariciones y el feminicidio.

Su caso, que sobrepasó fronteras locales y nacionales, no es el único, pero sí uno de los más visibles de manera reciente. Se había conocido el caso de María Fernanda Contreras, desaparecida y encontrada sin vida en el municipio de Apodaca, también en la zona norte de la metrópoli. Luego trascendió la desaparición de Yolanda Martínez, quien incluso llevaba más tiempo con reporte de búsqueda, y que finalmente fue localizada sin vida en el municipio de Juárez. En medio de esos casos surgieron otros en Nuevo León, como el de Jessica Ramírez, desaparecida y encontrada sin vida cerca de su casa, en Monterrey, y por los familiares.

¿Qué sucedió en el caso de Debanhi? ¿Fueron las redes sociales?, ¿fue la actuación de las autoridades, especialmente de la Fiscalía? ¿Fue la exigencia de la familia, particularmente de su madre y padre? ¿Fueron los medios de comunicación, o las movilizaciones feministas, o una ciudadanía más informada o sensibilizada?

Debanhi fue localizada sin vida el 21 de abril, a 13 días de su desaparición. Los  resultados que desde entonces han presentado las autoridades sobre la forma en que murió o fue asesinada la joven, han dejado cada vez más preguntas sin respuesta.

Omitiré la cadena de discursos y dictámenes emitidos por las autoridades, así como la descripción de hechos ultraventilados desde que desaparece, hasta la versión más reciente presentada el pasado 18 de julio. Pero a su vez, es a raíz de los recientes resultados, dados a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, que SemMéxico, quiso explorar desde la mirada feminista, de mujeres expertas en el tema de no violencia, feminicidio y desaparición de personas, la lectura y el análisis del caso de Debanhi Escobar Bazaldúa, partiendo de cuatro aspectos principales: el desempeño de las autoridades, el manejo de los medios de comunicación, la participación de las colectivas y feministas, y la actuación de la ciudadanía en general.

Las voces de las mujeres entrevistadas nos señalan que los diferentes resultados en las investigaciones por el caso de Debanhi dan cuenta de una falta de coordinación institucional, omisiones, ausencia de rendición de cuentas, además de la revictimización de que ha sido objeto la joven no sólo por las autoridades, sino por los medios de comunicación y la ciudadanía.

Narrativa misógina, centrada en el cuerpo de la víctima

Mariana Gabarrot Arenas

En este sentido, y respondiendo a la pregunta de arriba, de por qué el caso de Debanhi trascendió de esa manera, Mariana Gabarrot Arenas, profesora investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación, del Tecnológico de Monterrey, con especialidad en Geografía Humana, nos señala cómo a partir de esta tragedia, es que se construye una narrativa escandalosa, creando un personaje con el cual la sociedad se puede identificar, y esto tiene que ver con la interseccionalidad, de un perfil visible socialmente, con características específicas, distintas a la de otras poblaciones, por ejemplo las mujeres indígenas o las mujeres diversas.

La también maestra en antropología del cuerpo, sociología y feminismos, refiere que la resonancia de este caso ha estado plagado de misoginia, no solo por el odio a las mujeres, sino por la clasificación de las mujeres en “buenas y malas”, cuestionándose cómo una joven, buena estudiante, estaba en una fiesta.

Respecto de la actuación de las autoridades, Gabarrot Arenas, comenta que se ha notado una falta de coordinación de las diferentes instancias, además de una total falta de transparencia ante las diversas versiones y resultados hechos públicos.

“Nos dan resultados distintos sin explicar por qué son distintos. ¿Qué pasó? No explican inconsistencias, no asumen responsabilidades. Hubo un mal manejo desde el principio, y no hay rendición de cuentas; es necesaria una auditoría del proceso”.

Destaca también que todo el caso está centrado en el cuerpo de la víctima, en sus restos, sin tener información de quién o quiénes la lastimaron y ocasionaron su muerte.

Hay una falta de respeto a su cuerpo, hasta en su muerte. Se la sigue revictimizando, pero es más importante saber quién fue y qué le hicieron. Toda la narrativa es misógina, tanto de las autoridades como de los medios de comunicación, sin que aparezcan agentes masculinos o quiénes son los culpables, afirma, ¿Cómo es posible que se trate así a las mujeres muertas? Tienen que ser tratadas con dignidad.

Lamentablemente, el caso lejos de indignarnos porque la tragedia es más profunda que un solo caso, abona más al escándalo, que a una conciencia real de lo que pasa en este país, donde diariamente diez mujeres son asesinadas, concluye Mariana Gabarrot.

Falta de coordinación para acceder a la verdad y la justicia

Liz Sánchez Reyna

Liz Sánchez Reyna, defensora de Derechos Humanos, experta en el tema de desapariciones, integrante del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local AC, coincide en la falta de coordinación entre las autoridades, aunque considera que el aparato de investigación demostró que puede movilizarse, como no lo ha hecho en otros casos de mujeres, adolescentes y hombres que llevan hasta más de una década en condición de desparición.

También señala que los resultados de las tres autopsias realizadas al cuerpo de Debanhi, generan más elementos que abonan a la desconfianza y a la incertidumbre frente a la posibilidad de acceder a la verdad y la justicia.

Al igual que Mariana Gabarrot, Liz Sánchez pone el foco en el hecho de que hay aspectos de los que no se habla, como lo es la presencia de sujetos masculinos en los espacios donde estuvo la joven, y la presunta vinculación con funcionarios de gobierno estatal, incluido el propio gobernador.

Respecto de la actuación de los medios de comunicación, considera positiva la visibilización del tema, pero no propiamente del manejo realizado, porque en general se ha revictimizado a Debanhi, y a otras mujeres desaparecidas, emitiendo juicios sobre su persona, actividades y amistades,  mostrando falta de ética, visión patriarcal, y ausencia de perspectiva de género. 

El movimiento feminista ha levantado la voz, ha exigido investigaciones con perspectiva de género y ha generado solidaridades de muchas mujeres de todas las edades, conectando con el riesgo que vivimos de violencia feminicida en este país, dijo Liz Sánchez.

Considera que entre la ciudadanía hay una mayor conciencia del riesgo que estamos viviendo, y de las condiciones de violencia en que nos desenvolvemos las mujeres, en particular las más jóvenes, sin embargo, me parece que aún no se alcanza a ver el espectro tan amplio y terrible de la cantidad increíble de desapariciones en el país y en el estado.

Es necesario, puntualizó, continuar exigiendo de manera conjunta un alto a las desapariciones y ejecuciones de personas, un alto a los feminicidios y una actuación clara de las autoridades, así como la aprobación de la ley estatal en materia de desaparición que sigue detenida en el Congreso, y que no se ha puesto a revisión de personas expertas en la materia.

Las instituciones no trabajan para las mujeres

Leal Puerta

La experta en la atención de las violencias en contra de las mujeres, y fundadora de Alternativas Pacíficas, AC, Alicia Leal Puerta, comenta a SemMéxico, que es indispensable dar respuestas claras respecto de una serie de preguntas relacionadas con el caso de Debanhi, específicamente en lo que respecta a las personas involucradas en los espacios en los que estuvo la joven.

Aun cuando los medios de comunicación han puesto en la agenda el tema de la violencia, en este caso, considera que no se han  hecho las preguntas adecuadas, por ejemplo para saber ¿quiénes estaban en la fiesta a la que acudió Debanhi? ¿quiénes operaban el hotel?; los dueños del hotel ¿ya fueron interrogados?, ¿qué pasó en las primeras 72 horas de la desaparición?, y se pregunta si más bien están respondiendo a peticiones del gobierno. ¿Negocian con la justicia y la verdad a cambio de otros intereses?

Tenemos instituciones, rebasadas, cooptadas por otros intereses, y hablo de instituciones operadas por servidores de gobierno en los tres niveles y los tres poderes, que no están funcionando en favor de las mujeres en este caso que nos ocupa, pero en general ante la fuerte problemática de violencia, desapariciones y feminicidios.

Más bien están manejadas por personas que siguen trabajando bajo el pacto patriarcal, bajo un sistema de dominación, señala la también extitular de la recién creada Secretaría de las Mujeres.

Hay, dijo, un desconocimiento profundo de qué es lo que necesitamos cambiar para que las cosas sucedan. Tenemos un alto nivel de impunidad, y solo contamos a las que denuncian, pero no a las que están siendo recurrentemente agredidas.  Podemos seguir haciendo cambios en las leyes, pero el problema siguen siendo los criterios en los que se aplican las leyes. El sistema de justicia, no trabaja para nosotras, en general.

Enfatiza: Nosotras ya cumplimos con la parte de romper el silencio; queremos que los hombres y el Estado, responsable en garantizar nuestros derechos, respondan, y asuman las responsabilidades de sus omisiones.

Llamar a cuentas a la Fiscalía

Séverine Durin,

La antropóloga, Séverine Durin, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, afirma que el caso de Debanhi visibilizó el grave aumento y feminización de las desapariciones en Nuevo León, especialmente de mujeres jóvenes, en lo cual han venido insistiendo desde hace tiempo, enfrentándose a la indolencia de las autoridades, a instituciones patriarcales, con un profundo desprecio hacia lo femenino.

Estamos ante una autoridad omisa y negligente en los tres poderes, y con una Fiscalía que, en este caso, no quiso coordinarse con las Comisiones de Búsqueda local y nacional, y emite tres dictámenes distintos, lo cual refleja un grave problema en cuestión pericial, señala la también experta en temas de migración, violencia, inseguridad, derechos humanos y desaparición de personas.

Y recalca, que, ante tan evidentes fallas, es preocupante que el Congreso del Estado no llame a la Fiscalía a rendir cuentas: Ser autónoma, no quiere decir que no deba ser transparente.

Respecto de los medios, la investigadora del CIESAS, destaca que fue esencial visibilizar el tema en el caso de Debanhi y otros como el de María Fernanda, que mencionamos al inicio, así como retomar el de Mayela Álvarez, colaboradora de esa institución, y desaparecida y no localizada desde agosto de 2020. Sin embargo, también apunta las diferencias que han surgido respecto de la prensa “amarillista”, revictimizante y llena de prejuicios, y la cobertura responsable de periodistas de investigación, aliadas/os.

“Nos hace falta una prensa no sólo con perspectiva de género, sino con enfoque de derechos humanos”.

Reconoce el gran impacto de las movilizaciones feministas en esta coyuntura; la transgresión y el acuerpamiento de las feministas, particularmente de las colectivas de jóvenes que difícilmente son cooptadas y forman una gran esperanza para exigir a las autoridades justicia ante demasiada violencia y demasiada impunidad. ¿Ante qué estamos?, se pregunta, y dice: Estamos ante un poder inconmensurable. Preocupante todo.

Las cifras de desaparición y feminicidio

Para dimensionar la realidad de lo que vivimos las mujeres en México, pero particularmente las del estado de Nuevo León, donde las autoridades reiteradamente han mencionado que no se tiene una crisis de desapariciones y feminicidios, y abundar en las ideas y reflexiones de nuestras entrevistadas, presentamos un breve recuento numérico.

Las estadísticas nacionales nos muestran un acumulado histórico, al menos de lo que se tiene registro oficial, de 255 mil 174 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, de las cuales 105 mil 887 son mujeres.

Lo anterior según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, de la Secretaría de Gobernación, de marzo de 1964 al 28 de julio de 2022.

Del total nacional, 13 mil 945 corresponden a Nuevo León, de las cuales, 5 mil 712 son mujeres.

Solo contando a las personas desaparecidas y no localizadas, en general, hombres, mujeres y personas no identificadas, se tiene en esta entidad un registro de 6 mil 226. De éstas, no se tienen datos precisos desagregados por sexo.

Sin embargo, sí se tienen los datos del año 2020, cuando desaparecieron 779 mujeres, mientras que en 2021 la cifra aumentó a mil 148.

También hay diferencias en las cifras que presentan las instituciones. Por ejemplo, para este año, a mediados del mes de mayo la Fiscalía General de Justicia reportó 420 desapariciones de mujeres, de las cuales 33 no estaban localizadas, y 8 fueron localizadas sin vida; mientras que el Registro Nacional reportó 379 mujeres desaparecidas, 55 no localizadas y 6 encontradas sin vida.

En su más reciente informe, publicado el pasado 2 de julio, la Fiscalía reporta que de enero a junio de este año hay 44 mujeres sin ser localizadas, y que tan solo en el mes de junio 94 fueron localizadas con vida, y 4 sin vida.

Un reporte de Verificado, establece que, de acuerdo a la estadística de enero al 10 de mayo de este año, Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional en desaparición de mujeres, con 376 casos, seguido del Estado de México, con 456.

 Y señala el repunte de casos comparando los primeros siete meses de la administración pasada y la actual, de modo que si en la anterior hubo en ese periodo 185 desapariciones, de las cuales 75 fueron mujeres; en la presente se registraron mil 391 casos, 617 mujeres.

Por otro lado, los más recientes datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentados el pasado 25 de julio, nos revelan que de enero a junio de este año se registraron en el país 479 feminicidios, ubicando a Nuevo León en segundo lugar con 58, otra vez seguido del Estado de México, con 76.

No obstante en la medición de casos por cada 100 mil mujeres, Nuevo León se ubica en primer lugar con una tasa del 2.01. Le sigue Morelos con 1.96.

Once municipios de Nuevo León se ubican entre los 100 que a nivel nacional tienen las mayores estadísticas de feminicidio, y destaca que el municipio de Guadalupe se ubica en primer sitio nacional, con 10 casos, mientras que Juárez se enlista en el quinto lugar con 7. Ambos municipios cuentan desde 2016 con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. 

El municipio de Escobedo, donde desapareció y 13 días después encontraron sin vida a Debanhi Escobar, está ubicado, por las cifras del Secretariado, en el octavo sitio, con seis casos en el periodo mencionado.

* Fundo la Revista Nosotras, por una sociedad con equidad (2008-2014); Periodista independiente (2006 a la fecha) y colaboradora de SemMéxico/Semlac hace 15 años.

• Desmantelan protección para las más pobres
• El Presidente no quiere nada de Rosario Robles y “el centro salió de ella”, reclama una habitante ante el abandono de la lucha contra la violencia

Carmen González Benicio/ texto y fotos

Fotografías galería: Cortesía el Sol de México

SemMéxico, Tlapa, Gro., 29 de julio del 2022.-  En julio de 2015 fue inaugurada Ciudad Mujer en Tlapa de Comonfort, Guerrero, obra de más de 121 millones pesos, en su mayoría aportados por el Gobierno Federal, que prometía beneficiar a casi 190 mil mujeres de 19 municipios de la región para combatir y atender la violencia de género, pero a siete años de su edificación está abandonada. “El Presidente no quiere nada de Rosario Robles y Ciudad Mujer salió de ella”, reclama una habitante del lugar.

El conjunto, ubicado en la región de La Montaña, ocupa dos hectáreas destinadas a áreas de recepción, cafetería, oficinas administrativas, atención médica y de violencia de género, desarrollo económico, salón de usos múltiples, y zona para niños y niñas, entre otras, sin embargo, hoy se aprecia la maleza crecida, los carteles, emblemas y nombres de los módulos lucen despintados, algunos edificios tienen la puerta de cristal abierta y otros no.

Emilia, una habitante de la zona, mantiene la esperanza de que funcione “tan bonita casa”. Muestra un folleto, que describe los módulos y el objetivo de Ciudad Mujeres como se le conoce, o Ciudad de las Mujeres, nombre del proyecto federal, “un espacio que incorpora la visión de género, los derechos humanos y la interculturalidad, con el fin de que las mujeres de La Montaña se apropien del Centro y consigan sus aspiraciones de desarrollo, bienestar y cumplimiento de sus derechos”.

Aclara que se ha llegado a dar mediana atención en el módulo de salud, con charlas semanales de salud sexual y reproductiva, nutrición y psicología, además de campañas ocasionales de pruebas de Papanicolau que “llegan de fuera”.

Galería fotográfica

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Sin embargo, Ciudad de las Mujeres debía ofrecer más servicios en sus diferentes módulos. En el de Vida libre de violencia, por ejemplo, se debían brindar asesorías, representación y acompañamientos legales. El módulo de Educación Colectiva era para alfabetización en educación primaria, secundaria y preparatoria abierta.

Hay otro módulo de educación no formal, donde se debían impartir talleres de sensibilización, género, derechos humanos e interculturalidad. Sobre este, Emilia dice que si “los hacen si se los piden, sobre todo para los municipios a los que se les pide que apoyen con el traslado o materiales”.

También existe un módulo de Autonomía Económica cuyo objetivo es ofrecer cursos en técnicas para el trabajo cómo hacer bisutería, estilismo y repostería, pero sólo está activo una vez al mes “para lo de bisutería”.

Los módulos de Atención a mujeres jóvenes y el de Cuidado infantil no están funcionando.

Una trabajadora eventual de Ciudad de las Mujeres dijo que se brindan servicios de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 14:00 horas, aunque reconoce que deben pedir apoyo económico voluntario a las usuarias para solventar hoy la totalidad de los gastos.

Encadenada

Ciudad de las Mujeres fue uno de los proyectos emblemáticos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Rosario Robles Berlanga, presa en el penal de Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019 acusada de simulación de servicios y lavado de dinero.

La entrada principal está cerrada con cadena. Un guardia de seguridad recibe a quienes llegan y les pide anotar su nombre en una libreta, para luego darles orientación sobre el servicio que buscan.

“No nos han respaldado presidentes, diputados locales, federales y senadores. Lo llevan al Gobierno federal, y nada, pierden el interés. Creemos que es allá y tiene que ver con Rosario Robles”, acusan las pocas trabajadoras que se mantienen como voluntarias en el lugar.

En el edificio, que en partes se observa desgastado por la humedad, recibe a las usuarias una trabajadora que pregunta qué servicio se necesita, siempre bajo la advertencia de “no contamos con todo”.

Emilia acudió por información sobre los talleres de autonomía económica. Se desplazó desde la colonia Aviación, en la parte oeste de Tlapa. Tardó una hora y media en llegar en un transporte colectivo que le cobra siete pesos. Un taxi que le cobraría 80 pesos.

Al llegar le dijeron que “por el momento no hay esos talleres. Se reactivarán en un mes”. La recepcionista le pidió que dejara su número telefónico para avisarle cual se abriría, pues la entrada solo era por cita.

Emilia cuenta que cuando se inauguró la Ciudad de las Mujeres el trato era diferente, “creo que atendían mejor, nos dejaban entrar a recorrer los siete módulos o una persona nos guiaba. Esta vez no fue así, no es la misma atención, tal vez la pandemia o lo que dicen no hay trabajadoras”.

Dijo que le entregaron un folleto con la información de los servicios, pero que no contaban con todos; como el de salud, pues ya no tienen consultas médicas ni dentales, “eso era antes”. En el edificio había silencio, en la entrada esperaba otra señora con dos niños que con fuerza tomaba de las manos.

Otras habitantes de la zona cuentan experiencias similares, como Marisol, quien fue a preguntar sobre educación para un familiar que tiene estudios truncos. Ella sintió que la persona que la atendió lo hizo de mala gana, pero le informó de los requisitos que debe llevar y le dijo que los evalúan para determinar el grado de conocimiento y así entregarles los materiales que requieren.

Por su parte Leticia mencionó que fue a Ciudad de las Mujeres a preguntar qué servicios daban porque el número que dan en el folleto que llegó a sus manos “siempre suena ocupado”.

Evelyn se compromete

El Gobierno de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado Pineda, ha reiterado que buscará la manera de reimpulsar la Ciudad de las Mujeres y ocupar las instalaciones.

El pasado 13 de julio, durante una gira en el municipio de Olinalá, Salgado Pineda dijo que se encuentra en negociaciones para definir el futuro del proyecto. “Estamos en pláticas con Inmujeres, el Gobierno federal, la doctora Fabiola Alanís Sámano (titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), ya estamos en pláticas para saber que vamos hacer en Ciudad de las Mujeres, pertenece al Gobierno Federal”.

La mandataria aseguró que buscará la mejor ruta “para darle uso a ese lugar, para que no esté así y tenga el apoyo del Gobierno Federal y estatal” y añadió que no puede quedar así, “hay muchas mujeres que han apoyado a otras mujeres durante muchos años, no puede quedar así en La Montaña debe continuar” porque parte de la estrategia de su Gobierno es atender la violencia contra las mujeres.

El 22 de julio en Tlapa, en un foro llamado Diálogo con mujeres indígenas, la representante de Inmujeres, Nadine Gasmann Zylbermann, fue cuestionada sobre Ciudad de las Mujeres, y solo respondió” que ese centro, en la Secretaría de la Mujer, se está pensando en cuál es la estrategia para trabajar en eso”, tras lo cual aceleró el paso y se fue a ver unos huipiles que vendían en el lugar. 

Una de las 30 trabajadoras que aún continúa en Ciudad de las Mujer, de las más de 60 que contemplaba la plantilla en sus inicios, tiene muy presente que en julio se cumplieron tres años sin recibir apoyos del Gobierno Federal, ni para el centro ni para su salario.

Dice que en promedio todavía llegan de 15 a 20 mujeres al día a pedir algún servicio, por lo que las trabajadoras lo mantienen dentro de sus posibilidades y piden ayuda económica voluntaria a las usuarias para completar, al menos, el pago de la luz eléctrica.

Recuerda que el gasto de energía eléctrica cuando operaban a tiempo completo era de 45 mil pesos a 100 mil pesos. Ahora son ocho mil pesos bimestrales. El ayuntamiento de Tlapa ofreció limpieza a las áreas, pero solo fue unas cuantas veces y también así las apoyó con el pago de la energía eléctrica.

“Para dar el servicio nos organizamos y venimos por periodos, como especies de guardias para atender a las usuarias en los módulos que nos corresponden las abogadas, nutrióloga, psicóloga, traductoras y lo combinamos con otras actividades donde podemos percibir un ingreso para solventar los gastos de nuestras familias.”

En su caso atiende el módulo Educación Colectiva con las asesorías a las mujeres para que acrediten la primaria, secundaria o preparatoria y en la aplicación de los exámenes.

Recuerda que en una reunión que tuvieron en 2019 la SEDATU les pagó su salario de diciembre de 2018 a septiembre de 2019, advirtiéndoles que con eso se concluía toda relación laboral.

“El presidente Andrés Manuel no quiere saber nada del PRI, menos de Rosario Robles y de los supuestos fraudes, y el Centro Ciudad de las Mujeres se construyó cuando Rosario Robles era secretaria de Desarrollo Social y luego se lo llevó a SEDATU, pero desde ahí no había certeza de quien asumiría su funcionamiento”, dijo la trabajadora.

Añadió, bajando el tono de voz para evitar que la escuchen otras personas, es que el Gobierno estatal tiene la idea de tomar las instalaciones de Ciudad de las Mujeres para llevarse ahí lo que se conoce como el Centro de Justicia, con lo cual están las trabajadoras en desacuerdo porque “Ciudad mujer nació como otra cosa. Es un proyecto integral para atender a las mujeres, no un refugio”.

Luego de nueve meses de cambio de Gobierno estatal, la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón, no ha visitado el lugar ni ha buscado acercamiento con las ocupantes para conocer la situación. Sin embargo, la continuidad de Ciudad de las Mujeres encontró eco en legisladores locales, federales y senadores que ya exhortaron al Gobierno federal a definir su situación, sin logros todavía.

El 4 de julio de 2017, la entonces diputada perredista, Yuridia Melchor Sánchez presentó un Punto de Acuerdo que fue aprobado por la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de Guerrero para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, “para que la Secretaría de Desarrollo Social sea la responsable de la administración, coordinación y vigilancia, así como la partida presupuestal para la operatividad de la Ciudad de las Mujeres, con el objetivo de otorgar certeza jurídica al Centro, así como al personal operativo que en el labora”. Ciudad de las Mujeres se quedó sin estatuto jurídico, “quedó en el aire” desde 2019.

Instaron también a los entonces titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, y al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a través de la Secretaría de la Mujer, a que “atiendan a la brevedad posible, la situación que enfrenta el personal que labora en el centro de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y así poder garantizar los servicios que se brindan en atención a mujeres víctimas de violencia”.

Pidieron a los Poderes Ejecutivo Federal y estatal para que en el ámbito de sus atribuciones consideraran en sus respectivos Proyectos de Presupuestos de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, partidas específicas destinadas a los centros de justicia para mujeres, y en específico del Centro Ciudad de las Mujeres de Tlapa.

Lo anterior para atender la petición de 30 trabajadores y trabajadoras entre médicos, profesoras, abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales e intendentes que denunciaron que desde que inició 2017 recibieron sólo 10 por ciento de su salario y para junio, les debían cuatro meses de sueldos. De los 60 la mitad sería despedida sin liquidación y quienes se quedarán recibirían la mitad de su pago.

En septiembre de 2019, la senadora morenista Nestora Salgado presentó un exhorto de urgente resolución al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Gobierno del estado de Guerrero y a los 19 municipios de La Montaña de Guerrero para que, en ejercicio de sus atribuciones, “realicen las acciones necesarias que permitan dar continuidad al Centro Ciudad de las Mujeres, Tlapa de Comonfort; así como determinar la dependencia que será encargada del funcionamiento para dar atención a dicho Centro”.

En estos llamados se mencionaba que Ciudad de las Mujeres tenía una atención a más de mil 500 mujeres indígenas de forma mensual con estancias temporales, talleres para adolescentes, de derecho a una vida libre de violencia, de derecho a la salud sexual y derecho reproductivo, módulos de salud, autoestima y cuidados infantiles, entre otros.

El proyecto

Ciudad de las Mujeres debía atender a las habitantes de los 19 municipios de la Montaña de Guerrero: Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlixtac, Atlamajalcingo del Monte, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Cualác Huamuxtitlán, Iliatenco, Malinaltepec, Metlétonoc, Olinalá, Tlacoapa, Tlalixtlaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán y Zapotitlán Tablas.

El modelo de Ciudad de las Mujeres surgió en El Salvador, en donde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo financió y en el caso de México también aportó 500 mil dólares considerados en el rubro de cooperación técnica no reembolsable.

Se tenían considerados centros similares en Nueva Italia, en el municipio de Múgica, Michoacán, y en Tepeji del Río, Hidalgo, este funciona, según su página de Facebook.

Ciudad de las Mujeres tuvo como objetivo responder a las dos sentencias de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos de octubre de 2010 contra el Estado Mexicano, derivadas de los casos de Inés Fernández Ortega y otros, y Valentina Rosendo Cantú y otra, que determinó que ambas mujeres habían sido violadas y torturadas por elementos del Ejército Mexicano en diferentes circunstancias durante 2002, lo que el Tribunal Interamericano denominó violencia institucional castrense.

En sus inicios el proyecto estuvo a cargo de Sedesol con el apoyo de Inmujeres y posteriormente pasó a la SEDATU.

El Gobierno de Guerrero donó el predio donde se construyó Ciudad de las Mujeres y se integraron los servicios jurídicos asistenciales que se otorgaban en el Centro de Justicia para Mujeres de la Región de La Montaña, con todos sus recursos financieros, humanos y materiales. Al municipio le correspondió otorgar las facilidades administrativas para la construcción y crear los mecanismos de acceso al inmueble.

El 23 de julio, El Sol de México publicó que el proyecto Ciudad de las Mujeres de Querétaro, que debía dar atención a usuarias de ese estado y de Guanajuato e Hidalgo también fue abandonado y el predio, donado por el gobierno municipal de la capital queretana, será destinado para otro fin pues el Ayuntamiento puso como condición que de no usarse ese predio regresaría a su titularidad.

• Una conmovedora novela que denuncia los matrimonios forzados

Marta Cabrera

SemMéxico, Ciudad de México, 29 de julio del 2022.- Ante un público atento y empático frente a un tema que mueve a la conciencia y, a veces, a la resistencia a aceptar que es real lo que le sucede a miles y miles de niñas en el mundo, se llevó a cabo la presentación del libro Tengo 14 años y no es una buena noticia, de la escritora francesa Jo Witek e ilustrado por Jimena Estíbaliz, en el Auditorio de la Casa de Francia de esta Ciudad de México.

La editora de esta conmovedora historia juvenil que busca sensibilizar y denunciar los matrimonios infantiles forzados, Ana Laura Delgado Rannauro, estuvo acompañada por la Senadora Patricia Mercado Castro, la traductora y poetisa Xitlalitl Rodríguez Mendoza , Ivonne Piedras, de Save the Children, y la ilustradora Jimena Estíbaliz, quienes hablaron de la relevancia de esta novela no solo para las niñas y adolescentes, sino para los adultos que tengan la oportunidad de leerla, y de cómo fue el proceso de traducir hechos tan delicados y sensibles a imágenes poderosas que pueden apreciarse en la obra.

La historia de Efi “nos habla de las circunstancias por las que atraviesan millones de chicas que anualmente son privadas de su autonomía y libertad. Con su voz, libre y progresista, Efi logra una potente denuncia, un llamado para cambiar las cosas”.

Tengo 14 años y no es una buena noticia “nos adentra a la vida de esta joven estudiante de secundaria a quien se le acabaron las risas y salidas al pueblo, porque la querían casar por la fuerza. Ella da voz a muchas niñas que no tienen esa oportunidad de ser escuchadas”.

Sin duda, una novela para seguir tomando conciencia de algo que sucede en cualquier espacio, entre usos y costumbres y en una “normalización” de una idea que debemos desterrar.  

La unión o el matrimonio como opción equivocada de una emancipación que se convierte en embarazos tempranos y, en la mayoría de los casos, en entornos llenos de violencia.

Pero las decisiones de Efi también son una gran oportunidad de visualizar un mundo distinto al que su “destino” le había marcado. Es un llamado -afirmaron las participantes- a cambiar un sistema en el que todas y todos hemos tenido responsabilidades.

Hoy, señala Ediciones El Naranjo, a escala mundial, una de cada cinco niñas se casa o vive en unión libre antes de cumplir 18 años.  En los países menos desarrollados la cifra se duplica, con el 36 por ciento de las niñas casadas antes de cumplir 18 años, en tanto que el 10 por ciento  de las niñas se casa antes de cumplir 15 años. Y si no se intensifican las iniciativas para evitarlo, más de 120 millones de niñas se habrán casado en 2030 antes de cumplir 18 años.

Con esta hermosa obra, Jo Witek fue ganadora, en 2021, del Premio Babelio en la categoría juvenil; ha publicado más de 50 libros y desde 2009 se dedica a escribir para niños y jóvenes.

Jimena Estíbaliz fue seleccionada, en 2018, en el Silent Book Contest de la Feria del Libro Infantil de Bolonia; en el Catálogo Iberoamericano de Ilustradores, y ganó el XXX Concurso Nacional de Cartel “Invitemos a Leer” de la FILIJ.

Ana Laura Delgado Rannauro, editora de @edicioneselnaranjo, una vez más, arriesga y presenta un propuesta de calidad. Pone sobre la mesa un tema para analizar, discutir y cambiar cosas.