Una encuesta, en la que han participado casi 40.000 mujeres, concluye que el 42 por ciento de las encuestadas con ciclos regulares experimentó un sangrado más abundante
Redacción
SemMéxico/AmecoPress Madrid, España. 23 de julio de 2022.- Diversos estudios confirman que la vacuna frente al covid-19 causa alteraciones en la regla. Ha llevado tiempo reconocerlo e incluirlo entre los efectos secundarios de la misma, pero la contundencia de los miles de testimonios de mujeres que señalaban cómo, tras ponerse alguna dosis, experimentaban ausencia en el periodo, fuertes cólicos o sangrados excesivos o intermenstruales, se convirtió en el germen de investigaciones que, algunas ya concluidas, lo confirman.
Según publicó la revista Science el pasado viernes, un macroestudio con casi 40.000 personas en todo el mundo, concluye que al menos un 42 por ciento de las encuestadas notaron más dolor y más sangrado de forma temporal.
El trabajo se desarrolló entre abril y octubre de 2021, y estudió a población femenina y mayor de 18 años que hasta entonces manifestaba tener un periodo regular. De ellas, hasta 16.000 confirmaron unos síntomas similares en su ciclo.
El estudio, diseñado por las investigadoras Katharine M. N. Lee y Eleanor J. Junkin, entre otras, encontró también que entre las personas encuestadas que habitualmente no menstrúan, el 71 por ciento de las personas que toman anticonceptivos reversibles de acción prolongada, el 39 por ciento de las personas que toman tratamientos hormonales y el 66 por ciento de las personas posmenopáusicas manifestaron sangrado intermenstrual.
Las autoras solo incluyeron los datos de las personas que no habían pasado el covid, ya que uno de los efectos asociados a la enfermedad es el de los cambios en el periodo y excluyeron los datos de las personas de entre 45 y 55 años. El 42,1 por ciento de las encuestadas dijo que tenía un flujo menstrual más abundante en las dos primeras semanas después de vacunarse, el 43,6 por ciento que su flujo menstrual no se había alterado y el 14,3 por ciento no había experimentado ningún cambio o, si acaso, menos sangrado de lo habitual.
Los cambios, que son temporales, no son infrecuentes ni peligrosos, según recalcan las investigadoras, están relacionados con factores como la edad, los efectos secundarios más frecuentes de la vacuna (fiebre o fatiga), los antecedentes de embarazo o parto y el origen étnico. En todo caso, las investigadoras recomiendan atender y estudiar estos síntomas y mejorar la atención sanitaria para que no haya confusiones, ya que algunos de ellos son compartidos con enfermedades que sí pueden llegar a ser graves si no se diagnostican a tiempo. A pesar de todo, la recomendación sigue siendo vacunarse frente al covid.
En España dos estudios, que darán a conocer sus conclusiones próximamente, relacionan covid-19 y menstruación: uno en la Universidad de Extremadura y otro en la Universidad de Granada.
La sanción también lo incluye en el padrón de personas infractoras.
Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero, 22 de julio del 2022. – El pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEE), aprobó sancionar con cerca de 20 mil pesos e inscribir por 4 años en el padrón de personas infractoras al ex candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a presidente municipal de Xalpatlahuac, así como a uno de los principales del pueblo, por ejercer violencia política en contra de las mujeres en razón de género.
En la sesión de este viernes, se desahogó el Procedimiento Especial Sancionador (PES), TEE/PES/052/2021, a cargo de la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, relacionado con la denuncia interpuesta por la presidenta municipal de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, en contra de Edmundo Delgado Gallardo, ex candidato a presidente municipal del partido MC, y Nicolás Villareal Dircio, quien ostenta por usos y costumbres el cargo “Tlayakanqui”, o principal del pueblo, por actos constitutivos como violencia política en contra de las mujeres en razón de género.
En cumplimiento de la sentencia del 24 de mayo emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF), al confirmar la acreditación de la como violencia política en contra de las mujeres en razón de género, cometida en contra de la denunciante, así como la responsabilidad individual de cada denunciante.
En dicha resolución, la Sala Regional Ciudad de México, ordenó al TEE, revisar a conciencia las constancias del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC), como órgano auxiliar, respecto al PES iniciado por dicha instancia, y determinar el incumplimiento de las medidas decretadas por la comisión de Quejas y Denuncias, el 4 de noviembre y 6 de diciembre del 2021.
Asimismo determinó que en caso de incumplimiento, imponer las medidas de apremio correspondientes; en cuanto a los infractores, corresponderá imponerles una sancionar mayo, no solo en atención a su capacidad económica, sino también en grado de afectación por la obstrucción del ejercicio del cargo de la denunciante.
El TEE también tendría que valorar la pérdida del modo honesto de vivir de dichas personas denunciadas, de acuerdo al artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ordenar la inscripción de los sujetos infractores en el registro nacional de personas Sancionadas en materia de Violencia Política en contra de las Mujeres por Razón de Género; finalmente deberá tomar en cuenta las medidas de reparación integral a fin de resarcir las violaciones detectadas.
En el proyecto presentado por la magistrada Eugenio Alcaraz, se mencionó que en cuanto a las acciones desplegadas por las Secretarías General de Gobierno, y de Seguridad Pública, respecto a las medidas de protección para garantizar la vida e integridad de la denunciante, han sido cumplidas, y anota que deberán continuar hasta que cese la violencia en contra de la denunciante.
Respecto a las medidas necesarias y urgentes para inhibir los hechos de violencia que estaban ocurriendo en la población y liberar la sede del ayuntamiento, el TEE estima que están en vías de cumplimiento, debido a que hay constancias de las acciones realizadas por las autoridades para garantizar el dialogo entre las partes –los infractores y los grupos a los que pertenecen-, así como las y los ciudadanos que les son afines, incluyendo a dos regidores y dos regidoras; así como las acciones de los cuerpos de seguridad estatal y federal que buscan liberar la sede del ayuntamiento, así como el cambio de la cabecera de la comuna a la comunidad de Cacahuatache, autorizado por el Congreso Local, el 7 de junio pasado.
Se precisa que las acciones de diálogo y consenso que se llevan a cabo, deben evitar procedimientos de mediación o conciliación por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima, al ser un derecho de ésta, en no ser obligada a participar en mecanismos de conciliación mucho menos de confrontación con su agresor.
Respecto a las medidas dictadas en contra de los infractores Edmundo Delgado Gallardo, y Nicolás Villareal Dircio, se determinó que han incumplido con las mismas, continúan realizando actos de molestia en contra de Selene Sotelo Maldonado, siguen realizando conductas de intimidación y continúan alentando e incitando a la ciudadanía con el objeto de generar un ambiente de tensión y obstaculizar el ejercicio de sus funciones como presidenta municipal.
De las sanciones impuestas a los infractores, con base a su capacidad económica, y considerando que los actos de violencia en contra de la denunciante continúan, constituyéndose como una falta grave especial, con la imposición de una multa individual de 200 unidades de actualización, equivalente a 19 mil 244 pesos.
Del registro en el padrón nacional de personas sancionadas en materia de Violencia Política en contra de las Mujeres en Razón de Género, se consideró que debido a la particularidades del caso, la gravedad especial y las consecuencias de la conducta infractora en la que incurrieron, las agravantes de las mismas y por tratarse de una persona perteneciente a un pueblo originario y el menoscabo al derecho, es procedente orden la inscripción de los involucrados por un plazo de cuatro años, a partir de que la sentencia quede firme.
Se considera la pérdida honesta de vivir de los denunciados, debido a que los infractores continúan ejerciendo violencia política con conductas ininterrumpías y sistemáticas y trasgreden de manera constante los derechos políticos de la denunciada, en tanto no se cumplan cada una de las medidas de relación a la víctima y revertir la situación de violencia que han generado, debiendo informar al IEPC.
El gobernador de Jalisco aseveró que ningún mecanismo de protección puede garantizar la seguridad de las mujeres amenazadas
Los colectivos feministas contabilizan 239 feminicidios
Analy Nuño
SemMéxico. Puerto Vallarta, Jalisco. 22 de julio de 2022.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez aseveró que ningún mecanismo de protección puede garantizar la seguridad de las mujeres amenazadas y descartó que el feminicidio de Luz Raquel Padilla sea consecuencia de la omisión de las autoridades.
Durante la conferencia mañanera donde participó como parte de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Puerto Vallarta, el gobernador dijo que se ha informado al gobierno federal el avance en las investigaciones en torno al feminicidio de Luz Raquel, quien falleció el pasado martes a consecuencia de las quemaduras que sufrió en un ataque directo.
Tras aseverar que no se descarta ninguna línea de investigación, Alfaro Ramírez rechazó que el feminicidio sea consecuencia de las omisiones de las autoridades mismas que Luz Raquel en diversas ocasiones señaló ante la falta de actuación de éstas para brindarle seguridad a ella y su hijo de 11 años diagnosticado con espectro autista.
“Está, insisto, acreditado que la orden de protección estaba vigente, que se tomaron las medidas por parte de la policía municipal de vigilancia”. Y añadió: “Por supuesto que no (es consecuencia). La presencia y acompañamiento de la policía municipal de Zapopan fue permanente a partir de que se emitió la orden de protección”, aseguró.
El gobernador advirtió que ningún mecanismo o protocolo es tan efectivo para salvar a Luz Raquel o cualquier mujer amenazada cuando su agresor está decidido a dañarla.
“Estamos hablando de un acto de violencia brutal, ni todas las medidas de las que pueda disponer el gobierno, en cualquier nivel, son suficientes cuando hay la determinación de cometer un acto tan atroz”.
Sin asumir responsabilidad y como un acto para deslindar de su responsabilidad a las autoridades a las que Luz Padilla solicitó ayuda, Alfaro Ramírez dijo que más allá de las acciones de la autoridad la sociedad debe reflexionar en torno al tema “porque sería una conclusión equivocada simplemente pensar que este es un problema de actuación de la autoridad, es un problema que evidencia una descomposición social brutal y es necesario hacer un ejercicio de reflexión en ese sentido”.
En este sentido, pese a que los colectivos feministas contabilizan 239 feminicidios, a decir del gobernador las acciones del gobierno han dado resultados positivos, pues Jalisco está por debajo de la media nacional en los índices de feminicidios, sin embargo hechos como el de Luz Raquel pueden afectar la percepción.
“Es un tema que nos duele, que nos lástima y que evidentemente cuando tienes resultados como los que estamos presentando son hechos que por muchas razones pueden generar un mensaje distinto”.
Respecto a Ismael “N”, quien se presentó como testigo pero fue detenido tras cumplimentarse una orden de aprehensión, Alfaro Ramírez señaló que aunque la medida de protección está dictada en contra de él, “hasta el momento no se tiene la certeza de su participación en los hechos”.
El acuerdo fue votado por las y los representantes nacionales y regionales
Habrá mesas de trabajo, pero el sindicato no retira sus demandas
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 22 de julio del 2022.- El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana STRM decidió levantar la huelga en Telmex, una vez que las partes firmaron un acuerdo para conformar una mesa técnica en donde se presentarán propuestas que solucionen el pasivo laboral de la empresa.
De esta forma, se restablece la normalidad operativa y laboral de la telefónica, después de que se colocaran las banderas rojinegras el mediodía del jueves.
El acuerdo suscrito obliga a ambas partes a conformar una Mesa Técnica con representantes de la Empresa y el Sindicato, que en los próximos 20 día hábiles presentará propuestas viables de solución al pasivo laboral, a las vacantes no cubiertas y al futuro esquema de pensiones.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social STPS fungirá como mediador en esta Mesa Técnica y fue esa dependencia laboral la de la iniciativa. No obstante esas mesas se suman ya a muchos meses de negociaciones. Tanto que hasta se modificó la fecha del estallamiento, para lograr acuerdos. Ahora se verá si esta es la vía.
Ambas partes aceptaron sujetarse, para acordar una solución bilateral, a alguna de las propuestas que surjan de los trabajos de dicha Mesa Técnica.
«El acuerdo signado hoy no solo logra el levantamiento de la huelga, sino que busca que surja una solución de fondo y duradera», afirmaron las partes en un comunicado conjunto.
Previamente
Desde la noche de ayer en asamblea convocada para informar sobre los resultados de la mesa de negociación sostenida por el STRM y la empresa del magnate mexicano Carlos Slim, el líder sindical Francisco Hernández Juárez informó a los dirigentes de las secciones locales sobre el acuerdo y el plan trabajo preliminar que presentaría a las autoridades y Telmex tras ser aprobado por los trabajadores.
Dichas propuestas, entre las que se consideró el levantamiento de la huelga iniciada este jueves, posteriormente fueron sometidas a votación en modalidad de distancia y aprobadas.
Tras obtener el visto bueno de los líderes regionales se acordó ponerlas a consideración de los trabajadores durante el transcurso de la tarde y temprano por la mañana de este viernes, por lo que se conoció del levantamiento de la huelga este mediodía.
El acuerdo presentado por Hernández Juárez explicó que el levantamiento de huelga se daría con el objetivo de retomar las negociaciones con Telmex que, hasta antes de la tarde de ayer, no había mostrado disposición para negociar e incluso, agregó, había tomado a broma las amenazas de estallar una huelga.
Hernández Juárez informó que como parte de los acuerdos se crea una Mesa Técnica para la negociación, que se deberá de conformar por dos integrantes del STRM y su secretario general; dos integrantes de la empresa y el director general; dos servidores públicos designados por la Secretaría de Trabajo, dependencia encargada de las labores de mediación.
Esta figura tendrá como objetivo sesionar por primera vez el lunes 25 de julio y analizará la viabilidad financiera de las demandas del sindicato, entre las que se incluye el aumento salarial del 7.5 por ciento para trabajadores activos y jubilados, un aumento del cuatro por ciento en las prestaciones generales y así como la contratación de mil 942 vacantes.
La Red Feminista Quintanarroense se reúne con la titular de Conavim y exige avances
Este año un feminicidio cada mes y la entidad con la tasa más alta de delitos sexuales
Sara Lovera
SemMéxico, Ciudad de México, 22 de julio del 2022.- La Red Feminista Quintanarroense, exigió a las autoridades federales, responsables de la política de no violencia contra las mujeres, seguridad, condiciones de igualdad, justicia y paz. Ello luego de evaluar los escasos avances de la declaración de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, que está cumpliendo 5 años.
No hay en esa entidad “un solo refugio”, en lugar de uso de recursos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, invierten en un centro de reeducación para hombres; tres veces han inaugurado un Centro de Justicia para Mujeres, pero no opera ni avanza; mientras crece el número de desaparecidas, violadas, ultrajadas y “nadie sanciona a quienes revictimiza a las mujeres”.
Sus exigencias fueron expuestas en una evaluación de este 20 de julio, a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres CONAVIM, Fabiola Alanís Sámano, en la reunión evaluatoria.
Afirmó la red que se reunió y dialogó, pero que hay acciones necesarias no cumplidas y en tanto no se puede avanzar en asegurar la vida libre de violencia para las mujeres. Le pidieron intervención concreta. Le recordaron que abiertas al diálogo, una y otra vez se han sentado con el Gobernador de la Entidad, con el Congreso estatal, y las cosas no caminan. Y 5 años desde la AVGM,
Quintana Roo aparece desde 2020 con la tasa más altas en delitos sexuales por cada 100 mil habitantes, con 97, el mal alto entre los primeros 5, seguida por Baja California Sur con 90, Querétaro con 78, Chihuahua con 75 y Ciudad de México con 72.
Según el Centro de Atención a Víctima CEAV, el tipo de lesiones presentadas por las con heridas (34.3 %), casi una cuarta parte (23.6 %) presentaron algún tipo de contusión o magullamiento, el 10.5% sufrieron fracturas y 1.8% quemaduras o corrosión, 18.7% del total de casos no indican el tipo de lesión.
Se pudo precisar que el 41% de los delitos sexuales fueron abuso sexual, seguido de violación simple (23%), otros delitos sexuales (15%), acoso sexual (10%), violación equiparada (8%), hostigamiento sexual (3%) e incesto (0.1%).
Marea Verde y otras colectivas de Quintana Roo han advertido –lo hicieron el 8 de febrero- que estos delitos están rodeados de impunidad. Señalan que la impunidad no es abstracta; el Gobierno del Estado de Quintana Roo y el Poder Legislativo deben de asumir su compromiso de garantizar que las personas atienen estos delitos, sean independientes y tengan una sólida trayectoria en materia de derechos humanos, para #NuncaMás permitir la impunidad.
Solo en esa medida se construirá confianza ciudadana sobre una decisión de gran relevancia para la salvaguarda de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en Quintana Roo y se recuperará la legitimidad de una institución esencial para establecer límites a los abusos de poder.
Las cifras
En los primeros cuatro meses de este 2022, se han reportado 319 presuntas víctimas de feminicidio a lo largo del territorio nacional, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Cuatro de los 319 casos ocurridos en el primer cuatrimestre se registraron en Quintana Roo. Si bien el número dista de ser el de mayor incidencia por estado, sí representa que dicha demarcación no está exenta de este crimen.
Por otro lado, y a través de la labor de las distintas organizaciones no gubernamentales, se dio a conocer que el estado cerró con 53 feminicidios en 2021, cifra con un margen mucho mayor al comunicado por la fiscalía, puesto que expresó que en 2021 se habían iniciado 25.
Por ello le dejaron claro a Alanís Sámano que es indispensable que quienes trabajamos en la atención directa a las víctimas de violencia en el Estado, debemos ser escuchadas y reconocidas en el trabajo que desempeñamos como Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres y dejar de ser criminalizadas y perseguidas por el propio estado.
¿Es necesario reeducar a los hombres violentos? Sin duda. Esa no es la discusión.
Recordaron que si se da una lectura a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Quintana Roo, emitida el 7 de julio de 2017, se puede observar que se señalan una serie de medidas que el Gobierno debe implementar para asegurar nuestro derecho a una vida libre de violencia, entre las que se pueden señalar las siguientes:
Crear módulos de atención inmediata para mujeres en situación de riesgo en los municipios. Su funcionamiento deberá contemplar asistencia multidisciplinaria (personal jurídico, psicológico, médico, de trabajos sociales y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes.
Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; particularmente, se brindará protección inmediata y pertinente en casos de violencia familiar. Para ello, se deberán generar mecanismos efectivos de implementación y seguimiento a las órdenes de protección –como pueden ser el uso de brazaletes electrónicos en los agresores, para aquellos casos en los que las circunstancias particulares lo permitan-.
Crear y/o fortalecer las agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública, así como células municipales de reacción inmediata. Su personal deberá estar capacitado y contar con los recursos materiales suficientes para ejecutar sus funciones con perspectiva de feminista.
Establecer e impulsar una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector educativo público y privado. Para ello, se deberá diseñar una estrategia de educación en derechos humanos de las mujeres y perspectiva feminista que busque la transformación de patrones culturales y la prevención de violencia mediante la identificación, abstención y denuncia.
Iniciar el funcionamiento del Centro de Justicia para las Mujeres con recursos humanos y presupuestales suficientes.
Crear y poner en funcionamiento, refugios para mujeres víctimas de violencia.
Diseñar una estrategia transversal de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas al interior de sus comunidades, que tenga como objetivo transformar los patrones socioculturales que producen y reproducen la violencia. Para la construcción de dicha estrategia se debe contar con la participación activa de las mujeres a quienes se dirigirá.
Garantizar el derecho de acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidio.
Establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que actúen en violación del orden jurídico aplicable en materia de violencia de género.
Realizar un programa de monitoreo ambulatorio y anónimo para evaluar el trato a las víctimas por parte de las y los servidores públicos estatales.
No obstante, en vez de utilizar los pocos recursos que hay y que se destinan a prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres de manera directa, deciden invertir en un centro de reeducación para hombres, cuando en el municipio de Solidaridad es la tercera vez que se inaugura con bombo y platillo la construcción del Centro de Justicia para Mujeres pero nada más no avanza, cuando no tiene un solo refugio para mujeres víctimas de violencia, cuando cada vez hay más mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas, cuando las turistas ya no pueden considerar que es un destino turístico seguro, cuando la totalidad de las corporaciones policíacas no están capacitadas para atender casos de violencia contra las mujeres con enfoque en derechos humanos ni perspectiva feminista (sólo quienes integran los GEAVIG lo están y no son siempre quienes pueden acudir a atender auxilios), cuando nadie sanciona a quienes revictimiza a las mujeres.
Y advirtieron que si van a reeducar a los machos está súper bien, pero no lo hagan instalando un Centro justo al lado del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, y menos lo presuman como la solución al contexto feminicida que permanece en el Estado y que cada vez aumenta más. Y preguntan ¿Carlos Joaquín ya termina su administración y publica que esta obra representa un legado para las mujeres? ¿Es en serio?
SemMéxico. Chiapas. 22 de julio del 2022.- Disculpen mis queridas lectoras y escasos lectores que insista sobre el tema, de seguro algunas al ver mis fotos, dirán escribe así por envidia, porque no está delgada, porque no se hace el bypass o una operación para levantarse los senos o la autoestima, que la debe tener un poco caída.
Fíjense compañeras que en mis años mozos, tenía una cuerpecita, que levantaba suspiros y otras partes del organismo masculino, me decían: la Sepultura (un cerro que hay que atravesar para ir a mi pueblo, Arriaga), por mis curvas y porque muchos corazones quedaron sepultados ahí, el paso de los años, el embarazo, la vida sedentaria, ya que prefiero un libro a hacer ejercicio, y ponerme en manos de un cirujano, pues le pienso, prefiero ponerme en manos de una terapeuta y aceptarme con mis estrías, michelines, se oye mejor que llantas, recovecos, manchas, y curvas bien distribuidas, porque las tocan quien yo quiero.
Hoy me asusta observar las inseguridades de jóvenes a quienes les sobra un kilo, o dicen que tiene brazos de boxeador, y no se ponen manga corta, recién me compre, en las pacas por supuesto un vestido sin manga, que luciré en un ejercicio de humildad y de activismo gordo.
Confieso, aparte que he vivido que he hecho críticas a compañeras con vestidos ceñidos que se pegan a todas nuestras prominencias, o demasiado corto, lo cual pasa por varias razones, tenemos nuestra autoestima muy alta y nos vale, engordamos y no tenemos paga para renovar nuestro outfit , ni con las pacas, no tienen una mamá como la mía, que era mi superyo y me revisaba al salir si cumplía con las normas del Manual de Carreño, prometo no volver a criticar en una actitud de empatía y sororidad, y recordaré siempre la frase de una canción de CriCri “el comal , le dijo a la olla”.
Un día vi una foto mía, con un vestido que me ponía por primera vez y dije que rodillas, que son de las partes más feas de nuestro cuerpo, pero estas rodillas me han sostenido 67 años y pues si que son de presumir, aunque necesito tomar alga silicio, un producto de Blen que yo vendo y que a mi amiga Martita le cae de perlas, para fortalecer esta parte de la anatomía, que, junto con nuestros pies, son quienes pueden criticar nuestro peso, no hablan, pero responden de otras maneras.
¿Cuántas veces te has limitado a ponerte un traje de baño o lencería sexy por no tener un cuerpo perfecto?} Isabella Davis, una modelo, reconoce que no es fácil procesar el “amor propio” que tanto pulula en redes, sin embargo, es posible. A través de meditación y reflexión, se dio cuenta que era ilusorio perseguir el cuerpo perfecto, las curvas, estrías y celulitis son aspectos normales de un cuerpo. Por lo que se dedicó a promover el body positive en redes sociales, ahora cuenta con más de 211 mil seguidores en Instagram.
Según activistas gordas, el body positive sostiene un discurso individualista donde el amor propio y la aceptación de la cuerpa quedan por encima de todo lo que sucede en la colectividad, por ello, la persona es quien carga con la responsabilidad de “sentirse bien” sin cuestionar el sistema que existe a su alrededor y por el que está siendo discriminada y rechazada.
El body positive plantea “amate como sea, aunque todo indique que no te podés amar”, mientras que el activismo gordo busca visibilizar y reconocer el cuerpo y decirte “no te odies, aunque exista toda esa violencia que busca que lo hagas”. Considero que ambos mensajes son importantes, el body positive, puede ser un primer paso para posteriormente cuestionar el sistema.
Las conductas gordofóbicas no solo son aquellas que rechazan abiertamente a las personas con sobrepeso. También es gordofobia pensar que las personas gordas están gordas porque quieren, o porque no tienen suficiente autoestima. Gordofobia es creer que las personas gordas no hacen deporte, o mirarlas con pena por creerles inferiores. Todas estas conductas surgen por la presión social de seguir ciertos cánones de belleza y al pensar que las cuerpas delgadas son sinónimo de salud y buena calidad de vida.
Escribirlo suena fácil, vivirlo es otro rollo, convoco a todas las flacas, sobre todo a las flacas feministas, a no sumarse a los pactos patriarcales, entender que si sos flacas o gorda, se debe a diversas razones, en ocasiones no comprensibles a quienes no somos sensibles y no nos gusta ponernos los zapatos de otras. Así como hay lentes violetas, hay lentes gordas desde las cuales hay que observar a nuestras compañeras.
Y que más mensaje o moraleja, que las que nos cantan los del Río: Dale a tu cuerpo alegría Macarena
Se experimentan nuevas formas de violencia feminicida, por la pedagogía patriarcal y se restringe capacitación y recursos
Luz Raquel Padilla Gutiérrez una entre miles donde un refugio la hubiera salvado, pero nada la protegió
Sara Lovera
SemMéxico, Ciudad de México, 22 de julio del 2022.- El Estado de Jalisco, sólo en la presente administración, han sido asesinadas alrededor de 946 mujeres y niñas, de cuyos casos menos del 7 por ciento han sido investigados y sancionados, existen 52 feminicidas sentenciados, apenas del 4.5 por ciento de los responsables de cegar la vida a las jaliscienses. Aumentan los casos denunciados sin respuesta institucional.
Las denuncias poco atendidas, – recogemos como ejemplo 5 casos en los últimos 5 años – cuando lo son y hay medidas de protección, pero insuficientes y este gobierno federal ofreció, sólo que hasta 2023, tener refugios en todo el país, mientras restringe presupuestos a los existentes y operados por la sociedad civil. En Jalisco opera uno o dos refugios, pero no se publicitan.
Eso sucedió con Luz Raquel Padilla Gutiérrez, atacada y quemada el 16 de julio pasado quién tenía el perfil del auxilio, no sólo judicial, sino de protección integral, ante los hechos. Ni una ni otra sucedió.
En Jalisco y específicamente en Zapopan, se creó un mecanismo para salvar vidas de mujeres que hayan denunciado a su agresor, llamado Pulso de la Vida. En el caso de Luz Raquel Padilla, las autoridades no le dieron esa protección. Por eso la tremenda muerte ya generó una indignación generalizada, porque los hechos sucedieron en un espacio público, un parque y sobre todo porque había denunciado ante las autoridades las amenazas de su presunto agresor y feminicida, denuncia no investigada.
Wendy Figueroa, la coordinadora de la Red Nacional de Refugios, dijo que el feminicidio de Luz Raquel es uno de los miles de casos que el gobierno mexicano ha dejado a la intemperie, porque no previene, no capacita –ha destruido el presupuesto nacional de género- y encima no protege, al desmantelar o disminuir los programas de Refugios nacional.
El de Luz Raquel es uno de los clásicos casos –miles diario- que necesitan esa protección, para eso son los Refugios, una política pública en suspenso, insuficiente y restringida, desde que Andrés Manuel López Obrador decretó en febrero de 2019, no apoyar, no reconocer y no otorgar derechos a las asociaciones civiles, reglamentadas y con existencia legal. Ahora, siguen en litigio algunos de los recursos, por decisiones equivocadas. A Luz Raquel, si esa política fuera real y nacional, podría haber salvado su vida.
Las Cifras, las únicas existentes
En el estado de Jalisco, sólo este año, suman 67 los asesinatos de mujeres, que en 2021 rompieron récord al sumar 245, 37 más que en 2020, que había sido el año más violento contra las mujeres según cifras de la fiscalía del estado.
Según explica Guadalupe Ramos Ponce, representante del capítulo Jalisco del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), en 2021 las autoridades jaliscienses clasificaran como feminicidio apenas 66 de los 245 asesinatos de mujeres y que el resto fueran catalogados como homicidios dolosos, pese a que no se sabe quién las mató.
Lo que no funciona después de un atentado o feminicidio es la justicia, el 95 por ciento de los casos quedan impunes. Pero tampoco funciona el Sistema Estatal de Atención a la Violencia contra las Mujeres; no funciona la educación no sexista, y las mujeres quedan expensas a un contexto de violencia institucional y criminal que aumenta sus niveles de riesgo. en los dos últimos años hubo un “incremento exponencial” en feminicidios y homicidios, aunados a la violencia doméstica y laboral.
Y lo que le sucedió a Luz Raquel Padilla se inscribe en esa característica de la violencia con ácido, sustancias corrosivas o inflamables, que como las demás violencias es una violencia extrema y patriarcal, donde aflora el dominio, poder y control de ese sistema, sustentado en la pedagogía cotidiana de la criminalidad que invade al país. Pero además la indiferencia de las autoridades -añeja- pero viviblemente superada tanto en el estado de Jalisco como en el país, donde todo se arregla con violencia machista, prepotencia e imposición.
Las violencias contra las mujeres, señala reiteradamente CLADEM, tienen una altísima carga simbólica, ya que con ellas no solo se pretende causar un sufrimiento físico enorme —o, incluso, la muerte—, sino también para imponer a las víctimas una condena social y psicológica de por vida debido a las secuelas en su salud en general, vida social y economía, exacerbada con los ataques con ácido. Igualmente, cuando son asfixiadas, mutiladas o humilladas.
El diario Mural de Guadalajara, Jalisco, hizo esta mañana, en su versión digital, un recuento de mujeres que fueron asesinadas luego de que solicitaron la intervención de las autoridades, que pidieron ayuda, gritaron y hablaron del riesgo que corrían sus vidas. Ejemplo de cómo las autoridades competentes no actuaron y por tanto el Estado no las protegió.
Estos son algunos de estos casos donde las mujeres finalmente fueron asesinadas para algunas de ellas se otorgaron órdenes de protección por la Fiscalía del Estado. Esas órdenes, no obstante, no fueron suficientes para protegerlas y evitar que fueran atacadas por los feminicidas. En algunos casos, ellas señalaron concretamente a sus agresores y dieron nombres y apellidos. En la mayoría de los casos la justicia está pendiente.
Luz Raquel Padilla Gutiérrez
“Ayuda, mi agresor me atacó con cloro industrial y mi seno izquierdo está mal y las #amenazasdemuerte son a diario porque es mi vecino mi #agresor, ya levanté mi denuncia, pero no hacen nada por protegerme, tengo miedo por mi vida y la de mi familia”, fue uno de los tuits (17 de mayo) en que Luz Raquel Padilla Gutiérrez hizo públicas las agresiones y amenazas que sufría. A pesar de haber contado con una orden de protección, el Ayuntamiento de Zapopan le negó un Pulso de Vida y careció de vigilancia institucional pese a que su departamento fue vandalizado con amenazas de muerte en su contra, donde le advertían que la quemarían viva y que se hizo realidad.
El sábado 16 de julio por la tarde fue bañada en alcohol y posteriormente le encendieron fuego. La quemaron viva cinco personas en un parque público de Zapopan. El 90 por ciento de su cuerpo sufrió quemaduras graves y, al cabo de tres días, murió en el Hospital Civil. Luz, de 35 años, tenía problemas con un vecino en particular que le expresaba repudio a su hijo con autismo, que por su condición generaba ruidos fuertes en las noches. Ella misma hacía pública la situación en sus redes sociales. El vecino, Sergio N, acudió a rendir declaración ante la Fiscalía, pero no está en calidad de detenido ni se le relaciona con el ataque con fuego que le arrebató la vida este martes. Por ese hecho no hay detenidos.
Alondra Guadalupe González Arias
Nancy, madre de Alondra, posa con una foto de su hija.
La mañana del 10 de marzo de 2017, Alondra Guadalupe González Arias, de 20 años, fue encontrada sin vida con signos evidentes de violencia en el departamento que compartía con su pareja, en Tlajomulco de Zúñiga. Alondra contaba con una orden de protección emitida un mes antes, cuando había denunciado violencia por parte de su pareja; acudió al Centro de Justicia para la Mujer con signos evidentes de golpes en el cuerpo y marcas de ahorcamiento en cuello.
Sin embargo, dicha orden no se hizo llegar a las autoridades responsables de aplicarla, lo que provocó que no se activara la protección para Alondra. Cuando fue asesinada, se cumplieron apenas 10 días de haber dado a luz al hijo que tuvo con su pareja, quien le quitó la vida. Después de dos años, se detuvo al asesino de Alondra en el municipio de Zapopan, su ex-pareja Pedro Giovani, el 14 de mayo del 2019.
Alexandra Castellanos Méndez
“¡Autoridades, no fue un balazo, fueron dos y hago directamente responsable al señor Alberto Cárdenas Camarena, a su amante Catalina y a toda su familia si algo nos pasa a mis hijos o a mí!!!!”, publicó Alexandra Castellanos Méndez, de 40 años, en su Facebook sobre un ataque armado recibido en su casa. Al día siguiente, un 24 de diciembre de 2017, fue encontrada muerta de dos disparos dentro de un auto, en la colonia Jardines del Zapote en Tlajomulco de Zúñiga.
Alexandra había denunciado las amenazas y constantes ataques que recibía de su ex esposo y la nueva compañera de éste, 20 días antes denunció ante la Fiscalía los hechos y tenía una orden de protección, pero no impidió que finalmente le quitaran la vida. Alberto “N”, ex esposo, así como Catalina “N”, Enedina “N” y Juan “N” fueron detenidos el 29 de diciembre del mismo año. El 4 de enero de 2018 fueron vinculados a proceso por un año y en enero de 2019 fueron enviados a prisión preventiva, sin embargo, la familia de la víctima ha denunciado constantes irregularidades en su caso y retrasos en las audiencias, que dificulta sean sentenciados.
Vanesa Gaytán Ochoa
Vanesa Gaytán Ochoa denunció tres veces a su esposo Irving Emanuel Ramírez Barajas y acudió otras 16 veces al Centro de Justicia para la Mujer, pero por una serie de fallas en el mecanismo de protección, no evaluaron el nivel de riesgo en que vivía la joven de 25 años, lo que derivó en que no contara con resguardo institucional y fuera blanco de su victimario.
El 25 de abril del 2019, Vanessa se dirigía a su trabajo y en su camino notó que su agresor la seguía a bordo de un auto, ella se comunicó con su abogado y este le sugirió que se bajara en Casa Jalisco para que la seguridad del Gobernador le brindara protección. Se bajó, habló con uno de los policías de la residencia oficial, pero su esposo la atropelló cuando hablaba con el agente y se bajó para atacarla con un cuchillo. Los escoltas ahí presentes dispararon contra el agresor, pero este no se detuvo hasta causarle la muerte, posteriormente él también murió. El caso se volvió de interés internacional debido al grado de negligencia de las autoridades, y a que el ataque final se dio frente a la residencia del gobernador Enrique Alfaro.
Verónica Patricia Guerrero Vinueza
Era abogada y encabezó la lucha social y jurídica de vecinos de Urbi Quinta, en Tonalá, en contra de Caabsa y del Ayuntamiento por permitir que la planta de transferencia de Matatlán se convirtiera en un basurero clandestino, afectando la calidad de vida de los habitantes cercanos. Era Verónica Patricia Guerrero Vinueza, quien organizó marchas y protestas vecinales contra el basurero desde diciembre de 2021.
Sin embargo, comenzó a recibir amenazas que hizo extensivas a sus vecinos que también se defendían del foco de infección de Matatlán, pero a pesar de que incluso se hizo público el amedrentamiento de grupos encapuchados contra los vecinos y contra ella, nadie actuó. El 3 de febrero de 2022 fue asesinada por personas que se acercaron a su auto exclusivamente para dispararle a quemarropa, en el centro de Tonalá. Su caso se investiga como feminicidio, pero no hay detenidos por el atentado fatal.
Desde 2016 se tiene Alerta de Violencia de Género en 5 municipios
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 22 de julio 2022.- El caso de Debahni Escobar Bazaldúa, joven de 18 años cuyo cuerpo fue encontrado el 22 de abril hizo visible que en Nuevo León se ha recrudecido la violencia feminicida.
De acuerdo al recuento de colectivas feministas el número de muertes violentas de mujeres se ha duplicado de 40 casos de enero al 15 de julio del 2021, a 82 muertes violentas de mujeres en el mismo periodo del 2022.
La entidad tuvo cambio de gobernador en octubre del 2021 y a partir de ahí se desconoce la agenda para atender la violencia contra las mujeres por el Instituto Estatal de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres donde hubo cambio de titulares.
La movilidad de personal repercute en este aumento alarmante de la violencia contra las mujeres, ya que algunos puestos claves requieren personal con conocimientos de derechos humanos y enfoque de derechos de infancia, informan colectivas.
No se conoce hasta el momento de algún programa para prevenir la violencia y al parecer los 28 millones de pesos etiquetados para este año, a los cinco municipios con Alerta de Violencia de Genero como son Monterrey, Benito Juárez, Guadalupe, Apodaca y Cadereyta no los han recibido.
Desde que se declaró la Alerta de Violencia de Género en los cinco municipios de Nuevo León en 2016, el Poder Judicial no ha dado ninguna información, ni del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género que anunció. Tampoco ha homologado a nivel nacional el protocolo para juzgar con perspectiva de género.
Otro dato que arroja este recuento, es que la desaparición de las mujeres, aumentó desde el confinamiento por la pandemia del COVID 19.
Las colectivas tienen la percepción de que la Fiscalía Especializada no hace su trabajo, y esto se ve reflejado en las cifras de las muertes violentas de mujeres de enero a mayo, según datos oficiales.
Los datos lo señalan, en Nuevo León se dieron hasta 65 muertes violentas de mujeres de las cuales 48 son feminicidios y 17 homicidios dolosos. En Guanajuato son 165 muertas violentas de mujeres con 8 feminicidios y 155 homicidios dolosos.
Michoacán registra 133 muertes violentas de mujeres con 12 feminicidios y 121 homicidios dolosos.
Y en Baja California son 121 muertes violentas de mujeres con 12 feminicidios y 109 homicidios dolosos.
En el portal del gobierno de Nuevo León se informa que resultados de la Alerta decretada en los cinco estados con mayores índices de desapariciones de mujeres y se reconoce que “aún falta trabajar en diseñar y ejecutar estrategias para la recuperación de espacios públicos; en el crecimiento y fortalecimiento de las agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública; establecer programas de capacitación, sensibilización y formación en materia de derechos humanos de las mujeres; diseñar estrategias específicas de localización e identificación de restos humanos, entre otras.”
De acuerdo al reporte del 1 de enero al 19 de julio del 2022 del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) que depende la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, los índices mayores de desapariciones y donde se ha reportado dos muertes es en la capital Monterrey con 114 reportes de búsqueda con 97 localizaciones y 15 desapariciones.
El municipio de Benito Juárez tiene 54 reportes de búsqueda con 47 localizaciones y 7 desapariciones. Le sigue el municipio de Guadalupe con 42 reportes de búsqueda con 38 localizaciones y siguen 4 desaparecidas.
El municipio de Apodaca tiene 27 reportes con 24 localizaciones y 3 desaparecidas y Cadereyta de Jiménez registra 12 reportes de búsqueda con 10 localizaciones y siguen 2 desaparecidas.
Presentan en Chiapas el libro Periodismo de Investigación en el ámbito local, editado por el INAI
Esta obra nos relata periodistas descubren, a través del derecho de acceso a la información, presuntos actos de corrupción de autoridades en los estados: Norma Julieta del Río Venegas
Redacción
SemMéxico. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 22 de julio del 2022.-Mujeres periodistas alertan sobre tentaciones de opacidad en los gobiernos y llaman a defender a las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y el acceso a la información en el país, durante la presentación del libro Periodismo de Investigación en el ámbito local, editado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en el estado de Chiapas.
En el evento, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, Presidenta del Comité Editorial del INAI, destacó que el libro contiene seis historias de periodistas, quienes, a través del ejercicio del derecho de acceso a la información lograron descubrir casos emblemáticos de corrupción en las entidades federativas.
“Esta obra, que fue coordinada por la reconocida periodista Sandra Romandía Vega, nos relata cómo ella y sus compañeros periodistas descubren, a través del derecho de acceso a la información, presuntos actos de corrupción de autoridades en los estados (…) El propósito del Comité Editorial es precisamente este: apoyar obras, investigaciones, reportajes, ensayos o cuadernillos que hablen de los dos derechos que tutela el INAI”, expuso.
Y señaló, que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ha contribuido de manera significativa al periodismo de investigación y puntualizó que “es un bien público, de todas y todos los mexicanos, que fue desarrollada en el año 2016 y, como todo desarrollo tecnológico, ha tenido sus altas y bajas.
Aclaró que, si bien ha tenido intermitencias en su operación a consecuencia de millones de ciberataques registrados desde 11 de julio, “la plataforma está estable, nunca dejó de estar en el aire, siempre estuvo trabajando”.
En su intervención, la periodista y coordinadora del libro, Sandra Romandía Vega, al hablar de su reportaje “Estado de México: la fábrica de falsos culpables” dijo que, gracias a la información obtenida vía transparencia, se pudo constatar cómo operaba en la entidad este sistema de detención de personas inocentes a las que les fabricaban delitos, con el fin de bajar los índices de impunidad.
“Revelar esa realidad, desenmascarar a quienes nos gobiernan y cometen estos actos de corrupción, abuso de poder, conflicto de interés, tráfico de influencias es y será relevante siempre, y por eso es sumamente importante que el marco legislativo que hoy tenemos para garantizar el acceso a la información lo defendamos desde la trinchera del ciudadano, pero también del periodista”, exhortó.
A su vez, la periodista Susana Guadalupe Solís Esquinca, señaló que el sistema de transparencia en el país marca un antes y un después en el periodismo de investigación, pues ahora es más fácil obtener evidencias documentales con el apoyo de los institutos locales y el nacional, para contrastar los datos y los dichos de las autoridades.
“Cuidado porque la tentación de la opacidad sigue vigente. No solo desde el periodismo hay que defender a estas instituciones, sino también desde la ciudadanía; quizá lo que haya que hacer en estos momentos es socializar la forma en cómo el ciudadano común puede acceder a estos datos (…) pero cuidado con estas tentaciones, el dinosaurio no se ha ido, sigue vivo, colea y se quiere poner ropajes transparentes: no hay que creerle”, advirtió.
En su mensaje, el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas (Itaipch), Hugo Villar Pinto, sostuvo que la obra demuestra la utilidad de la transparencia en el periodismo de investigación.
“Es un trabajo que está diciendo que la transparencia es un asunto que sirve y mucho, porque puede instrumentar una serie de procesos sociales y que puede encaminar a una sociedad hacia mejores estadios”, subrayó.
Por su parte, la Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia y Comisionada Presidenta del IDAIP, Luz María Mariscal Cárdenas, dijo que el libro permitirá a la ciudadanía saber cómo puede obtener información de utilidad para participar en la toma de decisiones.
“Creo que, para combatir la opacidad, en la que por muchos años los gobiernos han permanecido, la Plataforma Nacional de Transparencia y el acceso a la información son una herramienta fundamental, al igual que para combatir la corrupción”, recalcó.
En su turno, la Coordinadora de la Región Sureste del SNT y Comisionada Presidenta del órgano garante de Veracruz, Naldy Patricia Lagunes Rodríguez, indicó que la obra demuestra lo práctico y eficiente que puede llegar a ser el ejercicio del derecho de acceso a la información para conocer cómo se entretejen algunos casos de corrupción en los estados, “que impiden el crecimiento y el desarrollo de nuestros territorios, así como condiciones reales de mejora para la población”.
La obra fue comentada también por el Comisionado del Itaipch, Jesús David Pineda Carpio, y el Director de Promoción del INAI, Sergio Octavio. Participó, en calidad de moderadora, la Comisionada del órgano garante de Chiapas, Marlene Marisol Gordillo Figueroa.
SemMéxico. San Luis Potosí. 22 de julio del 2022.- ¿Cómo se puede prevenir la ocurrencia del feminicidio? ¿Sirve o no el cuerpo de leyes actuales que México reconoce o tiene vigentes para fundamentar y motivar las políticas de acuerdo con la función de las autoridades?
En esta semana coincido en impartir una capacitación sobre el Protocolo de Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí que fue publicado en el Periódico Oficial en octubre de 2021 y podemos abordarlo aquí para exponer el devenir de este instrumento de carácter público.
Partimos de una postura de posibilidad, afirmando que las formas más extremas de agresión como lo es el feminicidio se previenen atendiendo y sancionando todas las prácticas de violencia contra las mujeres. De más está decir que al cabo de la muerte a manos de otros, los bienes fundamentales conformados por la vida y el derecho a vivirla en condiciones dignas y pacíficas están perdidos y son irreparables.
Estos verbos, prevenir, atender, sancionar, se encuentran en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y también en la Convención de Belém do Pará, donde se reconoce entre otras cosas el compromiso político de los países firmantes de adoptar medidas apropiadas para asegurar los derechos y la seguridad de las mujeres como por ejemplo el suministrar servicios especializados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia.
Justo esas herramientas jurídicas fueron empleadas dentro de la Recomendación 49/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mediante la cual se determinó su responsabilidad en el caso de una mujer cuya salud y derechos fueron puestos en un riesgo innecesario en el contexto de su condición de víctima por un delito sexual. Para el caso se determinó la responsabilidad en la inadecuada atención y debida diligencia, es decir la obstaculización en el acceso a la justicia además de señalar la posibilidad de que el área especializada para atender a las mujeres careciera de recursos humanos suficientes y de instrumentos de atención con pautas claras.
Dentro de los puntos de la Recomendación se solicitó la elaboración de un diagnóstico que determinase si el número de agentes del Ministerio Público adscritos a Fiscalía para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales eran suficientes para atender adecuadamente la carga de trabajo, y en caso de no serlo, se debería gestionar ante la autoridad competente los recursos necesarios a efecto de incrementar el personal adscrito, con el objeto de cumplir con el trabajo de garantizar a las mujeres su derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración.
Y también, la emisión de un protocolo para atender a las víctimas, con perspectiva de género y discapacidad, que privilegiase el interés superior de la niñez en los casos de violencia, con pautas claras para su derivación oportuna a los servicios de salud y lineamientos para estandarizar la indagación de los delitos sexuales, especialmente la violación, de carácter obligatorio.
Analizar lo primero requirió la recuperación de una labor de seguimiento a distintas variables que venía proyectándose desde el año 2017 y que se actualizó mediante el seguimiento operacional de esa área especializada desde su origen en 1998, entre los resultados se descubrió que conforme a la población que debía atenderse en todos los municipios por especialidad a cada una de las Agentes del Ministerio Público le correspondían aproximadamente 126,184 personas en total o de por lo menos 65,453 mujeres, de acuerdo con el perfil de las victimas con el que se trabaja.
Por consiguiente, la cobertura se consideró insuficiente conforme a los criterios internacionales como el de Naciones Unidas que indica que debe haber un centro de atención para víctimas de estos crímenes por cada 50 mil mujeres, uno para crisis por delitos sexuales por cada 200 mil mujeres y un albergue por cada 10 mil habitantes. Precisamente esa necesidad de personal y de espacios adecuados produjo a su vez un proyecto de adecuación para las instalaciones de esa Fiscalía Especializada en septiembre del año 2020. A las mujeres, niñas y niños no se les puede atender en cualquier lugar, y no los debería atender cualquier persona. Usted se ha preguntado ¿En qué estado se encuentra la Fiscalía dedicada a esto en el sitio donde vive? Como le decía allí se devela la “voluntad política” de querer evitar el feminicidio.
Seguimos la próxima semana para profundizar ahora sí en el Protocolo. A más ver.
SemMéxico/Testigo Púrpura. Orizaba, Veracruz. 22 de julio del 2022.- Un policía turístico del Pueblo Mágico de Orizaba violó a una adolescente de 16 años el pasado 27 de junio, y solo fue suspendido de sus labores sin que hasta el momento exista una orden de aprehensión en su contra.
Una estudiante de preparatoria se encontraba junto con tres amigas explorando un inmueble abandonado conocido como “Romanchu” en la Colonia Centro, cuando fueron interceptadas por dos policías turísticos.
De acuerdo con Leslie, hermana de la víctima, las adolescentes fueron intimidadas y obligadas a entrar a una habitación de este edificio, que antes era utilizado como restaurante, en el lugar les revisaron sus pertenencias, pero uno de los policías apartó del grupo a una de ellas.
De acuerdo con lo narrado por la familia de la menor, ella fue subida al segundo piso donde entre intimidaciones fue violada.
Posteriormente, las niñas salieron del inmueble no sin antes ser extorsionadas con 500 pesos que las jóvenes lograron juntar. Afuera ya se encontraba una patrulla y el abuelo de otra compañera, que previamente había sido avisado por su nieta que estaban siendo interceptadas en el lugar por dos policías.
Cuando el abuelo de una de las jóvenes llegó al lugar, ya se encontraba una patrulla fuera del inmueble, el adulto les explicó que su nieta se encontraba dentro del lugar junto con tres compañeras más y dos elementos, pero policiales, pero los que viajaban en la patrulla no le permitieron el acceso y tampoco entraron al lugar . Posteriormente, las estudiantes salieron del lugar.
Al otro día la adolescente habló con la terapeuta de su preparatoria y fue cuando su familia se enteró de los hechos, y el 28 de junio acudieron ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres y Niñas para presentar la denuncia en contra de este elemento policial, en el lugar la fiscalía les pidió discreción a la familia, sin embargo, hasta el momento no ha girado ninguna orden de aprehensión.
Hasta el momento la familia de la víctima teme que el elemento policial ya haya huido de la ciudad, y es que de acuerdo con la declaración del alcalde priista, Juan Manuel Franco, el elemento solo fue suspendido.
“El señor de momento se suspende, yo no soy juez, ni soy Dios para decir te vas”, declaró el edil quien añadió que acudió a clausurar el lugar.
Al ser cuestionado sobre si se están capacitando los elementos para evitar este tipo de acciones añadió que “el que es malo, es malo”.
Actualmente, la menor se encuentra afectada psicológicamente y su familia exige castigo para el policía que fue identificado como turístico, ya que junto con su compañero se transportaban en una bicicleta y portaban cámaras de videovigilancia en el pecho, mismas que fueron suspendidas desde el momento en que abordaron en a las cuatro jóvenes.
Areli “N”, Magda “N” y Karla “N” fueron detenidas en abril pasado por su probable participación en los delitos de robo calificado y daño a la propiedad en pandilla
Redacción La Prensa/ Foto Daniel Hidalgo
SemMéxico/La Prensa. Ciudad de México. 22 de julio del 2022.- Integrantes de la Colectiva «Libres ya» se manifiestan afuera del edificio de Gobierno de la Ciudad de México para exigir la liberación de sus compañeras Areli “N”, Magda “N” y Karla “N”, detenidas el pasado abril.
Después de un cateo y desalojo del edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ubicado en la calle de República de Cuba número 60, en el Centro Histórico, las jóvenes fueron detenidas por su probable participación en los delitos de robo calificado y daño a la propiedad en pandilla.
La imputadas permanecen en el Centro Femenil de Reinserción Social, Santa Martha.
Ante esto, alrededor de las 7 de la mañana de este jueves, las feministas llegaron al edifico de Gobierno capitalino para exigir una audiencia con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Las manifestantes comenzaron hacer pintas en dicho edificio, sin embargo el agrupamiento Ateneas intentan detenerlas, lo que ha causado la molestia de las feministas.
Periodistas dieron a conocer que hasta el momento han sido cuatro los casos de agresión contra el gremio, los cuales no han sido considerados
Jessica Arellano
SemMéxico/ El Sol de Cuernavaca, Cuernavaca, Morelos. 22 de julio del 2022.- Integrantes del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de Morelos, denunciaron que no ha habido avances en su solicitud para que se inicie un proceso de investigación a la encargada del mismo y quien representa a la Secretaría de Gobierno, Adriana Barroso Rodríguez, y por tal motivo están a la espera de una reunión con el secretario Samuel Sotelo Salgado.
Pedro Tonantzin y Leticia Villaseñor, representantes de periodistas en el Mecanismo de Protección, dieron a conocer que tras su reactivación son cuatro los casos de agresión que se han presentado hasta el momento y no han sido considerados, por lo que son rebotados, a diferencia de lo que ocurre con los defensores de derechos humanos.
Es por ello que se había insistido tanto en que no era viable tener en conjunto un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas porque existen diferencias en la percepción de lo que ocurre en materia de seguridad y la forma de trabajarlos.
Refirieron que desde el primer caso existe una petición de manera formal solicitando la separación del cargo de la encargada del mecanismo, Adriana Barroso, porque hizo todo lo posible para que no procediera e incluso hubo intimidación contra el periodista, petición que hasta la fecha no ha sido atendida por la Secretaría de Gobierno.
“Lo creemos es que hay un buen grado de improvisación en la parte burocrática del mecanismo que no están entendiendo los procesos de intimidación y de acoso contra los periodistas en Morelos”, expresó Pedro Tonantzin.
Por su parte, Leticia Villaseñor comentó que además de la ignorancia de actuar por parte de Adriana Barroso, también han visto que actúa con dolo y un encubrimiento por parte de la Secretaría de Gobierno.
Sobre esta situación tuvo conocimiento el exsecretario de Gobierno Pablo Ojeda, como su sucesor Samuel Sotelo, quien hasta el momento ha hecho caso omiso.
Asimismo comentó que resulta incomprensible que quienes principalmente agreden al gremio periodístico son la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la Fiscalía General del Estado, y éstos a su vez tienen presencia, voz y voto en este mecanismo.
De hecho las negativas de atraer los casos al mecanismo ha sido por un voto mayoritario por parte de las autoridades, quienes no quieren reconocer las agresiones.
Finalmente, indicaron que si no les cancelan, en próximos días se espera una reunión con el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo, para volver a solicitar la separación del cargo de Adriana Barroso, a quien consideran negligente en sus actuar.
SemMéxico, Querétaro, Qro. 22 de julio del 2022.- El caso de Juanito, en Querétaro, el niño de 14 años, al que sus compañeros de escuela le rociaron alcohol para después prenderle fuego sólo por su origen otomí, debe prender los focos rojos en toda la sociedad, no sólo queretana sino del país, ya que son inconcebibles los signos de violencia, racismo y clasismo que imperan en México en pleno 2022 y las infancia y adolescencias no están ajenos a esto.
Debemos ser conscientes que nos corresponde a todos y todas atacar esta problemática, desde los propios padres, hasta el gobierno y las instituciones educativas, todos debemos trabajar para erradicar cualquier forma de acoso escolar o bullying dentro y fuera de las escuelas.
La ONG Bullying sin Fronteras aseguran que en México existe un incremento considerable de casos de acoso escolar tanto físico como virtual, también conocido como ciberbullying; destacan un registro de 180 mil casos entre enero de 2020 a diciembre de 2021, lo que coloca a nuestro país a la cabeza de este bochornoso ranking de países con más bullying, por encima de Estados Unidos, China, España, Japón, Guatemala, República Dominicana o Costa Rica, entre otros. La misma organización señala que 7 de cada 10 niños y adolescentes sufren un caso de bullying cada día.
Sabemos del arduo trabajo que realiza la Secretaría de Educación Pública del estado de Querétaro en esta problemática. Sin embargo, queda claro que aún existen áreas de oportunidad para que esos esfuerzos permeen en todos los sectores de la sociedad, pues aquí no se trata de ricos o pobres, niños o adultos, mujeres u hombres, homosexuales y heterosexuales, sino de todos y cada uno de los segmentos de la población que han registrado al menos un caso de violencia derivado de su origen, género, creencias o condiciones sociales.
El bullying en las escuelas también refleja un núcleo familiar roto, en el que existe una nula o muy escasa cercanía de los padres con los hijos, provocado entre otras cosas, por la necesidad que tienen, tanto la madre como el padre, de atender la economía familiar, pues sabemos que un solo ingreso ya no alcanza para cubrir los gastos prioritarios de una familia promedio.
A esto, hay que añadir el daño psicológico que produce el acoso escolar en el infante, quien invariablemente lo verá reflejado en un futuro, lo que nos hace decir, ¿qué les espera a esas generaciones violentadas?
Un dato del INEGI que me conmocionó fue que el 15% de los suicidios están ligados al bullying y que de 2008 a 2018 se registraron cerca de 7 mil suicidios infantiles ocasionados por el acoso escolar, es decir, un promedio de 58 casos por mes.
El caso de Juanito debe unir a toda la sociedad y nos debe llevar a realizar acciones contundentes. No puede quedar en el olvido y no debe repetirse.
*Publicado originalmente en el diario de Querétaro
El caso de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, evidencia la necesidad de atender y cuidar a personas con discapacidad.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables elaborará declaratoria por la muerte de Luz Raquel Padilla
Libertad López
SemMéxico, Ciudad de México, 22 de julio del 2022.-Diputadas de todos los partidos políticos coincidieron en que es urgente en el país la puesta en marcha de un sistema nacional de cuidados, para descargar a las mujeres y atender a quienes con discapacidad, carecen de la atención y su derecho a ser cuidados y exigieron a las autoridades de Jalisco, esclarecer y hacer justicia al asesinato de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, madre de un autista.
Las diputadas insistieron en que el gobierno federal debe poner en marcha el programa nacional de cuidados con suficientes recursos económicos y técnicos, anunciaron que en septiembre se realizará un foro, para analizar cómo no solamente se puede abordar el tema de la discapacidad, sin analizar lo que viven las mujeres cuidadoras, que “somos todas”.
Las diputadas de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que encabeza Gabriela Sodi Miranda del Partido de la Revolución Democrática, anunció la también, elaboración de una declaratoria sobre ambas situaciones, las personas discapacitadas y los efectos en la vida de las mujeres.
Su reacción y organización para la declaratoria y el foro, se dio a partir del feminicidio de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, madre de un niño de 11 años con autismo, víctima de feminicidio en Jalisco esta semana.
Esa Comisión se comprometió a seguir el proceso de investigación, para que se haga justicia, pero también a redactar un documento camaral que sea el principio de una postura legislativa, para apurar la justicia, la verdad y la creación del Sistema Nacional de Cuidados, que significó un cambio constitucional y que está parado en el Senado de la República, al cual ya enviaron una minuta para que acelere su aprobación.
Al respecto Sodi Miranda dijo, “No podemos permitir que siga el impasse en el Senado, que defina si va a aprobar o no la propuesta”. No podemos seguir con este ritmo y “no está pasando nada” cuando se desarrollan muchas situaciones en la sociedad a través de los grupos con las variantes de discapacidad. Urge, reiteró echar a andar el Programa Nacional de Cuidados.
Agregó que, “Nos toca poner en la mesa la discusión sobre los grupos de las personas con discapacidad para que se atienda este caso y nos sumemos en una sola voz”, propuso armar una declaración que firmen diputadas y diputados de toda la cámara.
La diputada Sodi Miranda solicitó a las diputadas Janine Patricia Quijano Tapia (PVEM) y Carolina Dávila Ramírez (PRI), integrantes de la subcomisión, por ser madres de hijos con autismo, que redacten el documento para que sean las voces que pongan claridad y sentido tras el evento dramático, en el que se sumó un feminicidio causado a las mujeres cuidadoras, que todas lo son.
La diputada del PRI, Carolina Dávila Ramírez, indicó que el asesinato de Luz Raquel Padilla no solamente fue un feminicidio, sino que se atentó contra la madre de un pequeño con autismo, una mamá que era la cuidadora primaria de quien necesitaba todas las atenciones. Lamentó que no hay presupuesto para apoyar a estos pequeños y sus familias. “Como legisladoras y madres las exhorto a dar seguimiento hasta el punto final a esta situación; esto nos demuestra qué tan deficientes son nuestros programas y fiscalías”.
La diputada Janine Patricia Quijano Tapia (PVEM) calificó de indignante que los responsables sigan libres, por lo que exigió que la fiscalía los encuentre y enjuicie, llegando hasta las últimas instancias con mano dura. “Como mamá de un niño con autismo hemos sido señaladas, pero imaginar que mi vida está en peligro porque mi hijo tiene una discapacidad es indignante”.
Por el PAN, la diputada Ana Teresa Aranda Orozco dijo que se debe generar empatía hacia las causas y personas con discapacidad, así como “ponerse en los pies del otro porque nos estamos deshumanizando”. Pidió que el gobierno haga campañas de difusión sobre estos padecimientos y que la gente entienda lo que una madre en esta situación enfrenta.
La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (PRI) señaló que el problema de fondo es que se carece de un sistema de cuidados para menores con discapacidad, adultos mayores y personas enfermas, siendo las mujeres las principales cuidadoras, lo que para ellas se convierte en una doble o hasta triple jornada. “No solamente no hay, sino que se ha desmantelado el poco sistema de cuidados que teníamos”.
También del PRI, la diputada Norma Angélica Aceves García llamó a visibilizar a las personas con discapacidad, sus derechos y que el contexto de la familia no se acote únicamente al trabajo de la Comisión, pues debe llegar más allá. “Les pido que nos ayuden a replicar este tema y la red de apoyo. Si más personas se involucran avanzaremos más rápido y con precisión”.
Por el PAN, la diputada Berenice Juárez Navarrete afirmó: “Tenemos que legislar para vincular a los tres órdenes de gobierno, en particular para sensibilizar a los presidentes municipales, directores generales y regidores; que atiendan las denuncias de violencia de género y a las personas con discapacidad, al prevalecer la falta de compromiso de muchos funcionarios”. Advirtió que los presupuestos y mecanismos han sido insuficientes para erradicar estos fenómenos.
Del PAN, la diputada Mariela López Sosa apuntó que Luz Raquel Padilla Gutiérrez era madre de un niño de 11 años y no ha sido la única mujer violentada por el actuar de su hijo. “Es indignante la pérdida de valores en la sociedad y la falta de empatía con las personas que tienen alguna discapacidad”, por lo que las y los legisladores debemos ser la voz de quienes están en silencio. Refirió la creación de un foro en septiembre próximo para escuchar a esta población, hacer conciencia de la inclusión y estar al pendiente de sus necesidades.
De Morena, el diputado Pedro David Ortega Fonseca aseguró: “Estamos en la mejor disposición para trabajar en estos temas porque nos damos cuenta que, como ciudadanos, nos falta mucha conciencia en materia de discapacidad en todos los niveles de los servidores públicos”. Propuso ir en bloque y unidos como Comisión y expresó su decisión de firmar la declaratoria que se elaborará y realizar las acciones necesarias al respecto, porque tenemos que levantar la voz en este asunto tan delicado.
La diputada del PVEM, Ciria Yamile Salomón Durán consideró que se debe hacer un exhorto muy puntual al gobierno y a la procuración de justicia de Jalisco por este lamentable suceso. “Con firmeza y fuerza se debe hacer un pronunciamiento”, afirmó.
Aprueban Opinión
Por otra parte, la Comisión aprobó por unanimidad la opinión en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación incluyente para personas con discapacidad, a cargo de la diputada Gabriela Sodi Miranda, del PRD.
Lo anterior, al considerar que la propuesta se encuentra apegada a los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, concretamente en lo relativo a la no discriminación y de participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, a través de la educación, por lo que la propuesta se considera procedente.
La iniciativa busca reestablecer los artículos 61 al 68 de la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019, que fueron declarados inválidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sentencia a la Acción de inconstitucionalidad 121/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
