• En una reunión paralela donde hablaron Reem Alsalem y Soledad Jarquín, se analizó el emblemático caso de María del Sol Cruz Jarquín, en las oficinas de Servicio Internacional de Derechos humanos en Ginebra
• Reem Alsalem destaca: Los Estados deben eliminar la violencia de género no como una buena meta, sino como una obligación.
• Organizaciones civiles y el Parlamento Europeo preocupados por la impunidad en México

Sara Lovera y Miriam Ruíz

SemMéxico, Ciudad de México, 22 de junio, 2022.- La relatora especial de la ONU sobre Violencia contra las Mujeres, Reem Alsalem, recordó hoy a México, que es parte de los acuerdos internacionales y tiene obligación de atender los feminicidios con justicia, tras señalar que nuestro país es uno de los más peligrosos para las mujeres.

Llamó a atender realmente la corrupción que limita las investigaciones, criminaliza a las víctimas y que en conjunto conduce a la impunidad, ello luego que Soledad Jarquín Edgar presentó en Ginebra el caso de impunidad sobre el asesinato de su hija.

Dijo en un mensaje especial, que, en México, ante la ola de violencia, el Estado tiene que hacer respetar y proteger a las víctimas, tanto como todos los derechos de las mujeres.  Recordó que tiene también el mandato de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocida como Campo Algodonero, que México debe de cumplir.

Considerando a toda la región Latinoamérica, dijo que los gobiernos firmaron desde 1994 la Convención contra todas las formas de Violencia contra las Mujeres, que los obliga a deconstruir la estructura patriarcal.

Durante una presentación desde las oficinas del Servicio Internacional de Derechos Humanos, en Ginebra, trasmitida en México por la organización Consorcio Oaxaca, hablaron la relatora y la periodista Soledad Jarquín Edgar.

Jarquín Edgar les dijo a las mexicanas que, ante la falta de justicia en el país, hay que tender puentes internacionales duraderos para fortalecer la solidaridad y les pidió a todas quienes buscan justicia por el feminicidio de sus hijas que “no dejen de luchar”.

Desde Ginebra, antes de volar a Berlín, la periodista que participó en el marco del 50 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, comentó que organizaciones como la Federación Internacional de Periodistas, el Parlamento Europeo, la International Service for Human Rights o la Organización Mundial contra la Tortura OMCT, le manifestaron su preocupación por lo que sucede en México, por la impunidad sistemática y el asesinato de mujeres y periodistas.

Satisfecha con sus gestiones, ya que ahora el comité de la CEDAW, analizará la admisión del feminicidio sin justicia de Ma. del Sol Cruz Jarquín, la periodista dijo en la reunión que no dejará de luchar a pesar de las amenazas de que ha sido objeto y de los obstáculos. También seguirá pidiendo reparación integral y acceso a la justicia.

La reunión conducida por Olga Guzmán Vergara de la OMCT, permitió resumir lo que está sucediendo en Oaxaca y en México, por lo que expresó Guzmán Vergara, la necesidad de que la Relatora Especial visite México, para conocer en detalle el contexto y la forma en que los protocolos y los mecanismos para atender los feminicidios, no se cumplen.

En esta reunión, en la que se trasmitió el mensaje de la Relatora, ésta habló alrededor de su último informe y reiteró que hay países en América Latina que no están cumpliendo con los mínimos de justicia y atención a la violencia contra las mujeres.

Llamó a los países a construir observatorios de la violencia, eficaces para desarrollar acciones certeras, “dar tiros de precisión” y sostuvo que no se podrá erradicar los feminicidios, si no hay buenas legislaciones, si no se resuelven sus “lagunas”, tanto como tomar en cuenta el contexto social y político; el ideológico del machismo y las prácticas políticas, todo ello para facilitar la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Y dijo que ha identificado desde luego donde el Estado tiene mandatos para proteger a las mujeres de la violencia y que no es algo opcional al mencionar el caso de Campo Algodonero, resolución de la Corte sobre un conjunto de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Y señaló, “si agregamos estructuras patriarcales o corrupción se entiende la alta impunidad que se evidencia en los feminicidios”

También mencionó que, para subsanar la falta de datos, en particular de feminicidios no relacionados a la esfera doméstica, destacó el papel de los observatorios de feminicidio, en particular la fortaleza que da cuando participa la sociedad civil. Y tener recursos, asentó, no basta porque en el mundo hay países que no tienen observatorios, aunque tengan recursos.

Cerró su participación remarcando que “recordarnos que los Estados deben eliminar la violencia de género no como una buena meta, sino una obligación concreta para proteger y garantizar”, la Convención de Belem do Pará hace obligación para cambiar la realidad.

El mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala “la centralidad de erradicar el feminicidio” en su sentencia del Campo Algodonero.

El feminicidio “constituye la forma más irreversible de violencia hacia las mujeres», finalizó

Mensaje de Soledad Jarquín

Mesurada y directa, Soledad Jarquín Edgar recordó que en su caso, las autoridades de justicia de Oaxaca han cometido tres omisiones: el feminicidio de su hija, sin investigar correctamente a los autores intelectuales y materiales del mismo;  las autoridades federales por no atraer el caso a pesar del uso de armas de alto poder, destacando que ello si sucedió para el caso de Debanhi Escobar , sucedido en Monterrey, Nuevo León  desde el 9 de abril pasado  e hizo votos para que se resuelvan los casos de desapariciones que ya atiende la Fiscalía General de la República, en esa entidad.

Destacó que esa oportunidad que para ella fue negada a pesar de que se documentó el uso de armas de alto poder, sólo para uso del Ejército, y siempre que ello sucede el caso debe ser federal, pero no sucedió.

También  explicó las fallas “técnicas” que cerraron toda acción para resolver el caso de Ma. del Sol Cruz Jarquín, además del delito de robo de la computadora de su hija que se hizo con dolo para borrar las pruebas de que fue enviada a Juchitán –violando las leyes electorales- para cubrir la campaña de Hageo Montero, hermano de un secretario del gobierno de Oaxaca, por lo que hizo una denuncia penal y finalmente el delito de corrupción, por la alianza de los poderosos en Juchitán, donde las niñas y mujeres, sólo este año han sufrido 26 agresiones y  11 asesinatos a mujeres, sobre todo indígenas.

Explicó en esa trasmisión que pudo verse y oírse en cualquier parte del mundo, que los expedientes de la investigación fueron saqueados. Con testigos inventados, que no firmaron.

Destacó la importancia del litigio ciudadano, durante un Tribunal Feminista realizado en Oaxaca, con la participación de expertas en justicia, que analizó 7 casos, 6 en proceso y con recomendaciones, pero el de Ma. del Sol, se trajo a los organismos internacionales, ante el cierre total de alternativas.

Caso que en los próximos días será expuesto ante otras organizaciones de Derechos Humanos en Alemania y España, de modo de enderezar una protesta coordinada e internacional. Tanto éste caso emblemático, como los miles que hay en México, hacen evidente que los órganos del estado Mexicano por su impericia, dijo “son una vergüenza” para las y los mexicanos.

• Soledad Jarquín Edgar presenta el primer caso de feminicidio de Oaxaca ante el Comité CEDAW en Ginebra

• Lleva al plano internacional los miles de casos de feminicidio sin justicia y advierte que las madres no pararán

Redacción

SemMéxico, ONU-Ginebra, 21 de junio 2022.-  Ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres Soledad Jarquín Edgar, responsabilizó por acción u omisión al presidente Andrés Manuel López Obrador, por contribuir al crimen perfecto: impunidad institucional en el feminicidio de su hija.

Y dijo: faltó a su deber.

Así lo dijo al presentar la denuncia formal contra el Estado Mexicano, el primero que de Oaxaca se lleva al análisis de ese comité del que es parte México y que en su última observación demandó a este gobierno hacer prioritaria una política para eliminar la violencia contra las mujeres, que no ha cumplido. El de María del Sol Cruz Jarquín, es un caso emblemático.

Lo dijo a las afueras del Palacio Wilson, y a las autoridades mexicanas les advirtió que ese encubrimiento e impunidad “los miles de madres no estamos dispuestas a permitir”. Los próximos días seguirá reuniéndose con organismos de derechos humanos de otros países y ante organizaciones y colegios de periodistas.

La denuncia deja en claro el doble discurso de la actual administración, porque negar el acceso a la justicia viola el derecho que como familia y sociedad “tenemos de castigar, de acuerdo a la ley, a los perpetradores, incluyendo al funcionariado que sistemáticamente nos negó la justicia”

Manifestó que frente a la negación de la justicia y a cuatro años de los hechos ocurridos en Juchitán, Oaxaca, México, las autoridades mexicanas perpetuaron y garantizaron la impunidad, “por violar repetidamente el derecho al acceso a la justicia, por investigar de manera parcial y sin perspectiva de género, por brindar protección a perpetradores intelectuales y materiales del artero crimen que costó la vida de mi hija y por negar la verdad histórica de lo sucedido el 2 de junio de 2018”.

La periodista Soledad Jarquín Edgar acudió a la sede de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) donde recordó que, en casi mil 500 días, el deber de las autoridades se fue diluyendo, por intereses inconfesables.

Nadie cumplió, ni el gobernador Alejandro Murat ni los dos fiscales generales de Oaxaca, una fiscal de delito electoral y otro anticorrupción. Así como el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, la que fue Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y que en total suman alrededor de 20 funcionarios públicos estatales y federales que encubrieron lo sucedido.

Jarquín Edgar, convertida en defensora –“la violencia tocó a mi puerta”-  realiza una gira de trabajo para hacer visibles los hechos, y explicó: “Buscamos que la ONU judicialice y sancione a los responsables de feminicidio de mi hija y abonemos con ello a detener un flagelo que lacera, lastima y tortura a las familias de las víctimas y a la sociedad mexicana, la impunidad en la que permanecen miles de feminicidio en México”

Emilie De Wolf de Consorcio Oaxaca puntualizó que se presenta este caso ante CEDAW al ser un caso emblemático de las distintas violencias que sufren las mujeres en Oaxaca, donde se cruza entre otras, violencia política, investigaciones revictimizantes y misóginas, así como represalias por exigir el acceso a la justicia.

Enfatizó que la ONU, la máxima casa de los derechos humanos, tiene la oportunidad de sentar un precedente que permita frenar el feminicidio y su permisibilidad en México.  

Presenciaron la reunión en las puertas del Palacio de Wilson, representantes de organizaciones internacionales como la Organización Mundial Contra la Tortura e International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific).

A su vez, defensoras de derechos humanos de la región centroamericana ahí se solidarizaron con Soledad Jarquín y su exigencia de justicia.

Lucía Inés Xiloj Cuin, destacada abogada de derechos humanos en Guatemala señaló que en su país viven una situación similar y un alto grado de impunidad, enfatizó que únicamente el 20 % de feminicidios llegan ante el sistema de justicia

Dilma Consuelo Soto indígena tolupán, defensora del territorio expresó que se solidariza con la exigencia de justicia de Soledad dado que, en su país, Honduras, también enfrenta una grave situación de impunidad y que no se cansará de pedir justicia,

Mara Bocaletti, Directora de la Plataforma Internacional contra la Impunidad expresó su total resplado a las demandas de Soledad Jarquín y su total repudio a la impunidad que impera en la región mesoamericana en casos de feminicidio.

Al finalizar el acto, Soledad Jarquín Edgar acompañada de Emilie De Wolf de Consorcio Oaxaca fueron a la entrada del Palacio Wilson para hacer formal entrega de su denuncia. Que se suma a la antigua denuncia por los hechos repetidos en Ciudad Juárez y luego en el caso preciso del feminicidio de Pilar Argüello de Coscomatepec, Veracruz.

El Comité de la CEDAW, tras estudiar el caso, podrá hacer  recomendaciones para que el Estado Mexicano cumpla con lo que ha firmado y podrán aplicar  para los procedimientos de investigación de casos de violencia contra mujeres y feminicidios en todo el país, de modo de  garantizar el funcionamiento de los juicios y las sanciones a los responsables, así como detectar y eliminar las trabas para acceder a la procuración de justicia y reforzar e implementar programas contra la violencia de género.

Previamente Soledad Jarquín Edgar participó en el Debate Interactivo con el Relator de Independencia de Jueces y Abogadas/os de la ONU en el que expresó que el feminicidio de su hija permanece impune “a causa de la corrupción, encubrimiento, fabricación de pruebas y colusión de la Fiscalía y gobierno local. Las denuncias que he hecho ante las instancias judiciales, se han traducido en ataques en mi contra y de la organización que me representa, Consorcio Oaxaca.

Ahí informó que las denuncias que ha hecho ante las instancias judiciales, se han traducido en ataques en su contra y amenazas que también sufre la organización que me representa, Consorcio Oaxaca. En México también se pone en riesgo a defensoras y defensores.

Y ante los abogados expresó que, en Europa del Este y Asia Central, los abogados especializados en derechos humanos también se enfrentan a diversas formas de acoso y obstáculos para desempeñar sus funciones.

En Bielorrusia, al menos 60 abogados han sido inhabilitados durante los últimos dos años y privados de su derecho a la profesión, y al menos 4 abogados se encuentran detenidos. En Crimea, ocupada por la Federación Rusa, tres abogados de derechos humanos fueron detenidos por ejercer su profesión hace tan solo un mes.

En Turquía, debido al Estado de emergencia desde 2016, al menos 570 abogados fueron detenidos y 79 fueron sentenciados a penas de prisión de larga duración.

Este Consejo debe llamar a los Estados mencionados a cesar las acciones judiciales contra jueces, abogados, fiscales independientes y personas defensoras de derechos humano y a que garantizar la independencia e imparcialidad de sus órganos de justicia.