• · Reconoce a las madres de víctimas de feminicidio y madres buscadoras como defensoras que debe proteger el Estado mexicano
• · Deberá México crear políticas publicas de protección a infancias producto de orfandad por feminicidio de sus madres
• · En un año México será evaluado por la Corte IDH

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Ciudad de México, 19 de diciembre, 2025.- La sentencia García Andrade y otros Vs. México será una hoja de ruta para la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, además de contener aportaciones al sistema jurídico mexicano y de la región, señalaron Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, asesores jurídicos del caso e integrantes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social.

En conferencia de prensa virtual desde Costa Rica destacaron tres puntos resolutivos fundamentales, por un lado, la garantía de derechos sociales, como educación y salud, a las niñeces en orfandad resultado del feminicidio de sus madres; el reconocimiento de la madres buscadoras y madres de víctimas de feminicidio como defensoras de derechos humanos que deben ser protegidas por el Estado mexicano, y el reconocimiento de la violencia sexual como un acto de tortura cometida por particulares.

Al término de la lectura de la notificación de la sentencia en el Caso García Andrade Vs. México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Norma Andrade García, madre de Lilia Alejandra, asesinada en 2001 en la fronteriza Ciudad Juárez, destacó el trabajo de las y los jueces que integran el tribunal regional, “quienes fueron empáticos con mi hija Alejandra”.

El abogado David Peña Rodríguez destacó entre las aportaciones jurídicas propuesta a la Corte y que este tribunal acepto fue la protección a los derechos de las infancias en orfandad, para lo cual el Estado mexicano deberá establecer una política pública específica, con presupuesto y personal capacitado para cumplir.

No queríamos repetir lo que se ha establecido en otras sentencias, explicó el también coordinador del Grupo de Acción, esta sentencia establece que a partir de ahora las políticas públicas establecidas podrán ser medibles mediante una metodología que propone la Corte IDH para evaluar si hubo o no resultados en los contextos de violencia sexual, feminicidio y desaparición.

Salas Ramírez señaló que frente a una problemática como el feminicidio, cuando se emitió la sentencia de Campo Algodonero (2009) eran asesinadas seis mujeres por día, ahora son diez, lo que implica una reevaluación de las acciones del Estado mexicano, las cuales tendrán que ser medibles, “no buscamos la disminución de los casos sino su erradicación de la violencia contra las mujeres provocada por el sistema patriarcal”.

Ahora, añadió, la sentencia Andrade García sienta una buena base para que las acciones del Estado mexicano puedan ser evaluados, por tanto, tendrán que ser con acciones y lineamientos específicos.

Destacó que la Corte IDH ha revisado la situación de vida de la familia de Lilia Alejandra, su madre, sus hijos Jade y Kaleb, frente a un Estado que ha sido indolente con las madres que buscan justicia para sus hijas y con las madres buscadoras, por lo que la sentencia Andrade García impactará en decenas de madres y familias.

Señaló que la Sentencia también reconoce el desplazamiento de Chihuahua a la Ciudad de México, del que ha sido víctima Norma Andrade y sus nietos, producto de la búsqueda de la verdad y la justicia para Lilia Alejandra, acto que se reconoce como una violación al derecho de circulación.

Este hecho señaló como medida de reparación que el Estado debe reconocer a las madres defensoras, madres que buscan justicia para sus hijas y madres buscadoras, como sujetas de protección, implementando acciones y políticas públicas de protección.  

Se dijo en la conferencia de prensa que una de las situaciones que han advertido respecto a las madres ha sido justamente el desprestigio que el Estado mexicano hace con respecto a las madres y familias que se enfrentan a la indolencia de servidores públicos y la falta de apoyo, de ahí que deberán ser protegidas por el Estado e incorporadas al Mecanismo federal de protección a personas defensoras y periodistas.

Por otra parte, también destacaron el reconocimiento de la violencia sexual como un acto de tortura cometida por agentes particulares, decisión de la Corte que no solo tendrá impacto en México sino en toda la región, reiterando la obligación del Estado mexicano aún cuando no se trata agentes del Estado, sino también cuando se trate de particulares.

En ese sentido, Sala Ramírez dijo que en la sentencia de Campo Algodonero no se consideró como tortura la violencia sexual y ahora sí, lo que consideró como de una gran relevancia “frente a las circunstancias en que se dan los feminicidios”.  

Por otra parte, no soslaya la obligación que se le marca al Estado mexicano de continuar las investigaciones, destacando que se debe continuar, porque los perpetradores son autores de al menos cinco feminicidios de niñas, grupo que no ha sido desmantelado ni investigado, porque han señalado a un único responsable.

SEM/sj

• La población mundial está envejeciendo a diferentes velocidades
• Buenos hábitos, para envejecer mejor

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 17 de diciembre de 2025.- Datos recientes indican que en nuestro país, el 16.1 por ciento de las personas adultas mayores están desnutridas y el 43.6 por ciento tienen sobrepeso. Estas enfermedades están asociadas, además, a factores como el sedentarismo, la depresión, eventos estresantes, accidentes y dificultades motrices.

Cabe señalar que, aunque a diferentes velocidades, la población mundial está envejeciendo y en muchos casos la calidad de vida de las personas mayores tiende a deteriorarse por el tipo de alimentación y los malos hábitos, lo que se refleja en exceso de peso corporal o desnutrición.

Asimismo, diversas investigaciones consultadas por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO), coinciden en que consumir mucha carne roja y productos altos en grasas; azúcar en exceso; agregar demasiada sal a los alimentos, así como fumar y beber más de la cuenta, contribuyen a un envejecimiento prematuro y poco saludable.

En 2030, una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más y este grupo poblacional habrá aumentado de mil millones en 2020, a mil cuatrocientos millones en 10 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se considera que envejecer de una mejor manera tiene que ver con el mantenimiento, a edades avanzadas, de las capacidades funcionales que hacen posible el bienestar de las personas y su interacción con el entorno.

Y como menciona el Doctor Julio Maset en un artículo publicado en el sitio especializado Cinfa: “No se trata solo de vivir más años, sino también de disfrutar de una calidad de vida adecuada y de continuar participando de manera activa en la vida social y familiar”.

El National Institute on Aging, de Estados Unidos, afirma que elegir alimentos nutritivos puede proteger a las personas de ciertos problemas de salud a medida que envejecen, e incluso mejorar la función cerebral.

Se ha comprobado que la dieta mediterránea (que incluye vegetales, frutas frescas, cereales integrales y grasas saludables, menos productos lácteos y más pescado que una dieta americana tradicional) tiene un impacto positivo para la salud, ya que las personas que siguen de cerca ese tipo de alimentación registran también un menor riesgo de muerte cardíaca súbita.

Además, médicos y nutriólogos recomiendan mantenerse activo; alimentarse bien; dormir lo suficiente; cuidar la salud mental; acudir a chequeos regularmente; interactuar con familiares y amigos, así como participar en actividades que se disfruten.

SEM/sj

• · Analizará si es válida la norma que reduce el periodo en el que una mujer puede practicarse legalmente un aborto
• · La penalización del servicio de aborto incumple con la obligación del Estado

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 17 de diciembre, 2025.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, el 6 de enero próximo, la Acción de Inconstitucionalidad 172/2024 y su acumulada 173/2024, presentadas por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el Código Penal de Aguascalientes.

En la demanda se impugnaron los siguientes artículos del Código Penal:

Artículo 101 que penaliza el aborto voluntario después de la semana 6 de gestación; el artículo 103 que fija supuestos desproporcionales que exigen cuando menos “el juicio de dos médicos especialistas” para definir si “existen razones suficientes” para determinar que el aborto fue espontáneo o que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas.

Y el artículo 196 que contempla penas desproporcionados para cuando un tercero ocasiona un aborto por su conducta culposa y, aunque no penaliza a la mujer embarazada si el aborto es causado por su culpa o falta de cuidado, sigue considerando esta conducta como un delito.

La Corte analizará si es válida la norma que reduce el periodo en el que una mujer puede practicarse legalmente un aborto y si castigar por la vía penal a quien decide practicarse un aborto después de la sexta semana de gestación constituye un obstáculo para el ejercicio de su derecho a decidir.

Esta discusión tiene como antecedente el retroceso en materia de derechos reproductivos que significó la reforma aprobada por el Congreso de Aguascalientes el 28 de agosto de 2024, la cual redujo de 12 a 6 semanas el plazo del aborto voluntario.

Un año antes, el 30 de agosto de 2023, al resolver el Amparo en Revisión 79/2023, presentado por GIRE, Morras Help Morras, Cecadec, Terfu A. C. y Cultivando Género A. C, la Corte había determinado que era obligación de dicho Congreso eliminar las normas que criminalizaban de forma absoluta el aborto consentido. Al poco tiempo, en cumplimiento del mandato, el 14 de diciembre de ese año, por vía legislativa se despenalizó el aborto hasta la semana 12.6 de gestación.  

Sin embargo, ocho meses después, el 28 de agosto de 2024, los mismos legisladores que habían acatado la sentencia de la Corte aprobaron la reducción del plazo del aborto voluntario a sólo seis semanas de gestación.  

Esta reforma ignoró que el máximo tribunal ya había establecido que el plazo mínimo razonable para despenalizar el aborto debía ser de 12 semanas de gestación y contradijo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

El proyecto, elaborado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, propone declarar inconstitucionales los artículos 101, 103 y 196 del Código Penal de Aguascalientes, mismos que conforman el sistema normativo que sanciona a las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir un embarazo, de forma más restrictiva que en el texto anterior a la última reforma.

Concluye que la penalización del servicio de aborto incumple con la obligación del Estado de respetar, proteger, garantizar y promover el derecho a la salud, al desincentivar su prestación.

Considera que la penalización del aborto autoprocurado o consentido anula por completo el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre su maternidad, pues la elección de interrumpir el embarazo se considera como delito y se castiga con pena de prisión, incluso durante el primer trimestre de la gestación.  

Señala que el uso del derecho penal para proteger a la vida en gestación es contrario a los principios de un Estado democrático de Derecho, pues tiende a fortalecer la estigmatización sobre la decisión de interrumpir un embarazo, por lo que se hace necesario implementar políticas de salud pública, educación sexual integral, acceso a la información sobre la prestación de servicios y sobre otras formas de asistencia a la familia y la maternidad.

Desde GIRE hacemos un llamado a garantizar el acceso al aborto voluntario y eliminar las barreras que lo limitan. Esto implica declarar inconstitucional la regulación penal del estado de Aguascalientes y establecer un marco legal que respete la autonomía reproductiva y el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes, con base en los criterios señalados por la Corte y la Organización Mundial de la Salud.

SEM/sj

• · Permitirá abordar las múltiples barreras que enfrentan las mujeres indígenas y de edad en el acceso a la justicia
• · Celebra familia y representantes de Ernestina Ascencio Rosario determinación

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 17 de diciembre, 2025.- La decisión de la Corte IDH reviste una importancia histórica que permitirá abordar las múltiples barreras que enfrentan las mujeres indígenas en el acceso a la justicia frente a la violencia y discriminación por razones de etnia, género y exclusión económica, al declarar que las violaciones perpetradas por el Estado en perjuicio de las víctimas Ernestina Ascencio Rosario y Familia.

Así lo señalan en un comunicado la familia de dola Ernestina Ascencio Rosario y sus representantes, quienes afirman que las violaciones a derechos humanos de los que han sido objeto tras casi 19 años fueron resultado de la violencia institucional, la discriminación estructural y la violación del derecho a la verdad, que derivaron en la impunidad de los responsables y proponen que el Estado mexicano “proponga una hoja de ruta” para cumplir con la sentencia.

Por ello, celebran la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que, declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario, indígena nahua monolingüe de 73 años, agredida en febrero de 2007 por miembros del Ejército Mexicano en la Sierra de Zongolica, Veracruz.

La sentencia avanza en la protección de las personas mayores al declarar que adquiere un carácter reforzado cuando la edad se cruza con otros factores de vulnerabilidad, como el género y el origen étnico, particularmente en contextos de militarización, donde se agravan las condiciones de violencia, exclusión y discriminación estructural, refieren en un comunicado firmado por seis organizaciones.

Destacan que en la notificación de la sentencia, que se dio a conocer ayer, desde Costa Rica, la Corte IDH reiteró el reconocimiento de los obstáculos estructurales que enfrentan los pueblos y las personas indígenas en el acceso a la justicia como resultado de las dinámicas históricas de discriminación, marginación y exclusión social y ordenó al Estado adoptar medidas para su eliminación.

El análisis sistemático que realizó la Corte de los factores que garantizaron impunidad a los responsables, tales como las declaraciones públicas de altas autoridades, incluido el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, hace visible la manera en que la conducta estatal condujo a perpetuar la discriminación, la impunidad y a profundizar la situación de vulnerabilidad de la señora Ernestina y de su familia y en consecuencia el Estado incurrió en violencia institucional.

Una nueva metodología

De acuerdo con la familia de Ernestina Ascencio Rosario y sus representantes con la sentencia se sienta un precedente en la forma de abordar y analizar la actuación del Estado ofrece a las fiscalías y a quienes imparten justicia, una metodología para asegurar una actuación en el marco de las garantías del debido proceso y la protección judicial centrada en los derechos de las víctimas y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan por razones étnicas, de género y cualquier otro factor de discriminación.

En consecuencia, la Corte ordenó al Estado, entre otras medidas de reparación, realizar una investigación penal exhaustiva y seria en un plazo razonable, de la violación, tortura y muerte de doña Ernestina, que derive en la sanción de los responsables.

Además de adoptar medidas de satisfacción y rehabilitación, como brindar atención médica y psicológica culturalmente adecuadas a sus familiares; hacer pública la sentencia y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad; y otorgar becas de estudios básicos, técnicos y/o universitarios a nietos y nietas de doña Ernestina que así lo deseen.  

También ordenó al Estado mexicano implementar un programa de formación y capacitación de servidores públicos en los aspectos señalados en la sentencia; a fortalecer el centro de salud ubicado en el Municipio de Soledad Atzompa; a adoptar medidas en materia de salud y justicia con perspectiva de género, étnica y etaria; a atender las barreras lingüísticas que enfrentan las mujeres indígenas en el Estado de Veracruz, y a elaborar un registro nacional de intérpretes de lenguas indígenas.  

El Estado deberá informar dentro de un año sobre el cumplimiento de estas medidas y la Corte lo supervisará hasta su plena implementación.

«Estoy muy contenta porque nosotras solas no sabíamos qué íbamos a hacer y ustedes nos apoyaron. Ahora con la sentencia, ya sabemos que sí nos hicieron caso. A tres meses de cumplir los 19 años de la muerte de mi mamá, hoy escuché un poco de justicia de lo que hemos venido luchando, pero falta que el Estado cumpla con lo que le ordenaron», dijo Martha Inés Asencio, hija de doña Ernestina, tras conocer la sentencia.

Para Patricia Benítez Pérez, coordinadora del Cetntro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos, «la sentencia de la Corte IDH honra la memoria de doña Ernestina Ascencio Rosario. La verdad acallada durante 19 años de la familia Inés Ascencio ha sido dignificada en el más alto Tribunal de justicia en la región, que respalda la verdad y las palabras que en vida expresó doña Ernestina:

‘Pinomeh xoxokmeh nopan omotlahtlamotlakeh’ -Los hombres de verde se me echaron encima-«.

A su vez, Julia Marcela Suárez Cabrera, representante de Asesoría Jurídica y Defensa de los Derechos Humanos, señaló que «el reclamo que emprendimos para conocer la verdad sobre los agravios perpetrados contra doña Ernestina y su familia, posibilitó que la Corte IDH les brindara justicia y ordenara al Estado la implementación de medidas de reparación para las víctimas y de no repetición, que garanticen los derechos de las mujeres indígenas en México».

Las representantes de las víctimas consideramos que la jurisprudencia emitida por la Corte en este caso será una herramienta fundamental en la lucha contra el racismo estructural que como en el presente caso se manifiesta con la discriminación racial que enfrentan las mujeres indígenas y otros sectores históricamente discriminados que buscan protección judicial frente a las violencias ejercidas en su contra.

Casi dos décadas después

La sentencia llega luego de casi dos décadas de ocurridos los hechos, de búsqueda ininterrumpida de la verdad, la justicia y la reparación sin resultados, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar el caso ante la Corte IDH en el 2023.  

La prolongada falta de respuestas estatales adecuadas consolidó hasta el día de hoy, un escenario de impunidad y violación del derecho a la verdad que la decisión de la Corte IDH busca corregir y que refleja las fallas estructurales del Estado en la garantía integral de los derechos humanos de las mujeres indígenas, en especial, del derecho a una vida libre de violencia y discriminación, el derecho a una vida digna, así como a tener las garantías adecuadas de acceso a la verdad y la justicia.

El comunicado fue suscrito por las organizaciones Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM), Kalli Luz Marina A.C., la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

Como representantes de las víctimas tras la notificación de la sentencia solicitaron formalmente al Estado mexicano proponga una hoja de ruta para el cumplimiento pleno de la sentencia, lo cual le brinda la oportunidad de honrar la palabra empeñada al declarar el 2025 «Año de las Mujeres indígenas», cumpliéndola a cabalidad y sin mayor dilación.

SEM/sj

• · Se presenta a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral
• · Para efectos de la paridad, si el número de candidaturas es impar, la candidatura excedente será para mujer
• · Que para aplicar la 8 de 8 no sea necesaria una “sentencia firme”

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 17 de diciembre, 2025.- Mujeres en Plural presentaron su propuesta a la reforma Democracia paritaria: igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, libre de violencia política contra las mujeres en razón de género. a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en la que establecen que los avances que hoy se tienen se conserven o mejoren.

El documento contiene dos apartados que enumeran las disposiciones favorables al acceso de las mujeres a los cargos de elección popular que existen hasta hoy en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en Ley General de Partidos Políticos, solicitan que se conserven o mejoren.  

Las propuestas a nuevas medidas son 13, la primera es trasladar a la legislación electoral las acciones afirmativas que el Instituto Nacional Electoral ha plasmado en los Acuerdos del Consejo General que suman nueve acciones.

Una la paridad en la postulación de candidaturas para gubernaturas y alternancia en cada periodo electivo.  

En el caso de las candidaturas al Senado por el principio de mayoría relativa, deberá cumplirse con la paridad vertical y horizontal: a) la primera fórmula que integra la lista de candidaturas que se presenten para cada entidad federativa deberá ser de género distinto a la segunda; b) De la totalidad de la lista de candidaturas por entidad federativa, el 50 por ciento deberá estar encabezada por hombres y el 50 por ciento por mujeres.  

También proponen que el método para garantizar el cumplimiento del artículo 3, numeral 5 de la Ley General de Partidos Políticos en relación a la equidad en el registro de candidaturas en distritos, municipios y entidades de competitividad alta, media y baja para los respectivos partidos políticos.  

Que si en el proceso electoral hay sustituciones de candidaturas, respetar la paridad y la lógica de competitividad. Si se sustituye a una mujer, solo podrá ser en el mismo rango de competitividad en que se había registrado o en uno mayor.  

Las fórmulas de propietario y suplente deberán integrarse por personas del mismo sexo, cuando se trate de mujeres, pero podrán tener propietario hombre y suplente mujer si así lo decide el partido.  

Para efectos de la paridad, si el número de candidaturas es impar, la candidatura excedente será para mujer.  

Aumentar el porcentaje del presupuesto ordinario que los partidos deben destinar al fortalecimiento del liderazgo de mujeres, establecido a la fecha en tres por ciento, toda vez que 1) resulta insuficiente si se considera que, debido al mandato de paridad, un gran número de mujeres serán candidatas y ejercerán los cargos. Y 2), si la reforma electoral elimina los Organismos Públicos Locales Electorales, OPLEs, y disminuye a los partidos el financiamiento público, los recursos para capacitación a la militancia femenina será todavía menores.  

En otro punto demandan establecer medidas más estrictas de supervisión del ejercicio del recurso destinado al fortalecimiento del liderazgo de mujeres.  

Así como la obligación de los partidos políticos de crear un órgano especial para atender los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género; adecuación de estatutos para incluir la atención a esa problemática, actualización de sus protocolos de atención.  

Una segunda propuesta es con relación a las acciones afirmativas destinadas a grupos históricamente discriminados, que deben ser afinadas para probar la adscripción, a fin de evitar usurpación de identidad y simulación.  

En tercer lugar trasladar a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LGIPE, las disposiciones constitucionales de la 8 de 8 con respecto a la inegibilidad de personas violentadoras, eliminando la exigencia de que la persona tenga sentencia firme, debido a que, si la persona ya está sujeta a proceso, significa que la autoridad encontró elementos suficientes para señalarla como responsable.  

La exigencia de sentencia firme hace inaplicable la medida, toda vez que, en México, la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto es de alrededor del 0.9 por ciento.

En el mismo sentido, en cuarto lugar, proponen reformar artículo 10, numeral 1, inciso g) de la LGIPE para establecer “No estar condenado, sentenciado o sujeto a proceso por el delito, la infracción electoral o la falta administrativa de violencia política contra las mujeres en razón de género”.  

Quinto lugar la propuesta señala la importancia de establecer sanciones por incumplimiento de paridad en los gabinetes del Ejecutivo federal, estatal y local y definir a la autoridad responsable de hacer valer su cumplimiento.  

Sexto defender la permanencia del principio de representación proporcional, que es la vía por la cual las autoridades electorales pueden hacer ajustes para garantizar la integración paritaria en congresos y ayuntamientos.  

Las recomendaciones hechas por la Red de Mujeres en Plural incluye también la incorporación del criterio de equidad en la postulación de candidaturas para cargos edilicios en el tamaño y número de habitantes de los municipios, de manera que no exista una sobre representación de mujeres en municipios pequeños y con pocos recursos y recuerdan que existe ya una iniciativa de reforma aprobada por el Senado para aumentar ese recurso, pero está detenida en la Cámara de Diputados.  

Piden se establezca una acción afirmativa para que compitan únicamente mujeres en los municipios y entidades federativas que nunca han estado gobernados por una mujer.  

En noveno lugar plantean agregar la obligación de garantizar paridad en los montos de prerrogativas para precampañas y campañas políticas de mujeres y hombres.  

Así como no quitar a las autoridades electorales la facultad de interpretar la legislación de manera garantista en favor de las mujeres y de los grupos históricamente discriminados.  

Afinar las disposiciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, con base en la experiencia derivada de su aplicación en los últimos cinco años.  

Adicionar la acreditación de violencia política contra las mujeres en razón de género como causa de nulidad de una elección.  

Y la última de las nuevas propuestas es incluir en la nueva ley electoral que regula a la Fiscalía General de la República el mandato de crear la Base Estadística Nacional de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, plasmado en la derogada ley orgánica de la FGR en la reforma del 13 de abril de 2020.

Ni un paso atrás

Mujeres en Plural recuerdan que hasta hoy la ley electoral contempla diversas disposiciones favorables a las mujeres. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que “deben ser conservados o mejorados”.

Tal es el caso del artículo 10, numeral 1, inciso g), que establece los requisitos para ser diputada o diputada Federal o Senadora o Senador y que establece no estar condenada o condenado por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.  

El artículo 14, numeral 4 y Art. 234, para fórmulas paritarias, alternadas y compuestas por personas del mismo género para senadurías y diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional. Encabezamiento alternado de mujeres y hombres cada periodo electivo.  

Artículo 26, numeral 2. Paridad en candidaturas a los cargos de presidente o presidenta, alcalde o alcaldesa, concejalías, regidurías y sindicaturas de los Ayuntamientos. Suplencias mismo género que propietarias.  

Artículo 26, numerales 3 y 4. Participación paritaria y en condiciones de igualdad en elección de autoridades de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.  

Artículo 32, fracción b, inciso IX y Art.35. Atribuciones del INE: Garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género y el respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres.  

Artículo 36, numeral 1 y Art. 4. Paridad en la conformación del Consejo General del INE y en sus comisiones.  

Artículo 99, numeral 1. Paridad en la integración de consejerías de los OPLEs.  

Artículo 106, numeral 1. Paridad en la integración de autoridades electorales jurisdiccionales en las entidades federativas, alternando el género mayoritario tanto en la integración como en la presidencia.

Artículo 207. Paridad vertical y horizontal en la elección e integración de los Ayuntamientos y Alcaldías.  

Artículo 232, numerales 1-3 y Art. 233. Obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad en candidaturas a senadurías, diputaciones federales y locales y planillas de Ayuntamientos, por ambos principios, fórmulas de propietario y suplente del mismo género.  

Artículo 232, numeral 4. Facultad del Instituto y los OPLEs de rechazar candidaturas que no cumplan con la paridad.  

Artículo 241, fracción a). Sustituciones de candidaturas deben respetar paridad.  

Artículo 500, numerales 2 y 8. Paridad en los Comités de Evaluación integrados por cada uno de los tres poderes para el proceso de elección del Poder Judicial de la Federación. Y paridad en las candidaturas.  

Artículo 503, numeral 1. El INE garantizará la observancia de la paridad en la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial.  

Y las disposiciones que existen en la Ley General de Partidos Políticos, se conserven o mejoren.  

Artículo 3, numeral 3. Los partidos políticos garantizarán la participación paritaria en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidaturas.  

Artículo 3, numeral 4. Obligación de los partidos políticos de determinar los criterios para garantizar la paridad de género en candidaturas a legislaturas federales y locales e integración de los Ayuntamientos. Asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.  

Artículo 3, numeral 5. Criterios de competitividad en distritos para definición de candidaturas paritarias.

Artículo 23, fracción. Organizar procesos internos para postular candidaturas, garantizando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones.  

Artículo 25, fracción s). Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones.  

Artículo 25, fracción u). Sancionar todo acto de violencia política contra las mujeres en razón de género.  

Artículo 25, fracción v). Presentar informes trimestrales sobre la aplicación del recurso del tres por ciento.  

Artículo 25, fracción w). Garantizar la no discriminación por razón de género en la programación y distribución de tiempos del Estado.  

Artículo 37, numeral 1, fracción g). Establecer mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes ejerzan violencia política contra las mujeres en razón de género.  

Artículo 39, numeral 1, fracción g). [Los estatutos establecerán…] Los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género.  

Artículo 43, numerales 1 y 3. Listado de órganos internos de los partidos políticos, debiendo garantizarse la paridad.  

l. Artículo 46, numeral 2. El órgano responsable de impartir justicia interna deberá sustanciar cualquier procedimiento con perspectiva de género.  

m. Artículo 51. Recurso del tres por ciento para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

La propuesta de reforma electoral con perspectiva de género fue entregada durante un foro impulsado por el INE.

SEM/sj