• En la polémica se sostiene que regular contraviene acuerdos y tratados internacionales y leyes en materia de derechos humanos de las mujeres y de la niñez
• De 2002 a 2016 se ha intentado 18 veces regular a nivel federal y hay un dictamen de 2010 que nunca se publicó

Guadalupe López García y Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México, 26 de febrero de 2022.- Especialistas demandaron a legisladoras y legisladores prohibir lo que se ha denominado gestación subrogada, puesto que se trata de una forma de explotación y venta humana y violenta los derechos humanos de las mujeres y sus bebés, así como los marcos normativos en la materia, además de que es una práctica que está ligada al crimen organizado en México.

En el Foro sobre los Vientres de Alquiler en la Ley, efectuado este viernes, organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, las y el ponente expusieron que sería peligroso que se legalizara —y por lo tanto, normalizara— una práctica que está siendo contraria a la dignidad de las personas, a los derechos de las niñas y niños y porque se trata de la explotación reproductiva de las mujeres que pone en riesgo su salud física, psicológica y su vida..

El foro se inscribe en una polémica surgida por las iniciativas que estudia el Congreso de la Ciudad de México, sobre la regulación de esta práctica, y ante ello, la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputa propuso que en la discusión prevalezca la protección de los derechos humanos de las mujeres gestantes, así como de las niñas y niños que nacen considero

La diputada federal por Morena, Beatriz Rojas Martínez, indicó que la “gestación subrogada” se considera una forma de explotación humana con fines de lucro y que cada vez más recurrente en el país, por lo que promovió una iniciativa de reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las víctimas de estos delitos y de la Ley General de Salud, con el propósito de aclarar el delito de tráfico de órganos y sancionar el alquiler de vientres y la donación comercial de óvulos.

Su iniciativa va en sentido contrario a las que se están promoviendo en el Congreso de la Ciudad de México y a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que instó a regular la práctica de la gestación por sustitución de forma “urgente y prioritaria”.

La diputada, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, y moderadora del foro dijo claramente que: “No queremos que México sea un paraíso de explotación de los cuerpos de las mujeres”, por lo que el análisis del alquiler de vientres es trascendental para garantizar el respeto de nuestros derechos y la dignidad de las mujeres. 

Teresa Ulloa Ziaurriz, hizo una relación de las normatividades que se transgreden con la GS en México, como la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, el Código Civil Federal y Código Penal Federal, por lo que hay delincuencia organizada y tráfico de niñas y niños recién nacidos. México, pronosticó, se podría convertir en un paraíso de la explotación reproductiva de las mujeres. Alertó que el negocio se promueve o a través de anuncios en las redes sociales en la Ciudad de México para reclutar a mujeres pobres y explotarlas usando su capacidad de gestar.

Agregó que estas agencias reclutadoras de reproducción asistida están involucrados médicos, abogados, hospitales y notarios.  Y sostuvo que no sólo hay trata sino delincuencia organizada y tráfico de niñas y niños. Por ello es necesario actualizar los marcos jurídicos vinculados a esta problemática

Eleane Proo Méndez, del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, expuso que de 2002 a 2016 se ha intentado 18 veces legislar a nivel federal. En los estados de Tabasco y Sinaloa está permitida. Se prohíbe en Querétaro, San Luis Potosí y Coahuila y en la Ciudad de México están en curso dos iniciativas.

Precisó que, en México, su regulación legal y discusión inició    en 1997 cuando Tabasco autorizó la subrogación y en 2013 lo hizo Sinaloa, especialmente para parejas casadas con imposibilidad médica. En la Ciudad de México hubo un proyecto en 2010, que se le conoció como “Ley de Reproducción Asistida”, pero no nunca fue publicada.

Beatriz Rojas Martínez mencionó que en 2016 en la Cámara de Senadores se presentaron iniciativas para que por medio de la Secretaría de Salud se regulara la reproducción asistida y gestación subrogada.

En México, indica Proo Méndez, no hay un registro de casos de esta industria, pero a nivel global en 2018, su facturación del mercado fue de seis mil millones de dólares, con un crecimiento anual del 24.5 por ciento, de ahí que estén buscando eliminar regulaciones estrictas y bajar costos en el procedimiento; sobre todo en países pobres. y se proyecta que para 2025 podría incrementarse a 27 mil 500 millones de dólares.

El costo promedio del procedimiento en Estados Unidos (en el estado de California) es de 150 mil dólares, en México, de 90 mil, y en India, de 25 mil dólares. De estas cantidades, las mujeres que gestan reciben de 20 mil a 30 mil dólares, de 9 mil a 10 mil y de 2 mil a 10 mil dólares, respectivamente.  

Teresa Ulloa Ziaurriz reveló que en una clínica instalada en la Ciudad de México cobran un millón de pesos por un bebé. Hay reclutadoras de mujeres que les pagan de 250 mil a 300 mil pesos. Tienen que ser de 20 a 35 años, sin sobrepeso y estar en unión libre o solteras, entre otros requisitos.

Núria González López, de L’Escola, AC, calificó a Ucrania como el “útero de Europa” porque es el país más barato para esa “industria criminal”, en donde hay “granjas de mujeres”, pues son apartadas de sus familias. Berta O. García, copresidenta de la Coalición Internacional por la Abolición de los Vientres de Alquiler, advirtió que México puede convertirse en un lugar como Ucrania, debido a la reciente guerra con Rusia.

Olivia Tena Guerrero, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que Ucrania es la meca de la explotación reproductiva europea, porque las zonas rurales se han convertido en una mina explotada por las grandes empresas para “alquilar madres”.

Para Juan Martín Pérez, de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, consideró peligroso que se legalice algo que está siendo contrario a la dignidad de las personas y a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es la lógica extrema del capitalismo rapaz que ahora está tratando de utilizar a las instituciones y leyes para hacer negocio con los cuerpos humanos, sentenció.

Berta O. García señaló que la gestación subrogada (GS) es instrumentalizar a las mujeres. Se trata de violencia médica por los procedimientos a los que son sometidas (tratamientos hormonales, reducciones embrionarias, inducción al parto, cesáreas injustificadas, terapias psicológicas de desapego para romper el vínculo entre la gestante y el feto) que pone en riesgo la vida de las mujeres y sus hijas/os.

La gestación subrogada (GS) no cura ni revierte la infertilidad, no es una práctica médica, sino una práctica social que utiliza a las mujeres pobres para satisfacer un deseo. Se trata de un contrato de compraventa de humanos. “Usar una mujer para que traiga un hijo al mundo por contrato, teniendo que renunciar a derechos, es un acto de cinismo”, recalcó. Legalizarla, advirtió, consolidará la mafia de tratantes de mujeres en México.

Oliva Tena Guerrero y Juan Martín Pérez hicieron énfasis en que las y los recién nacidos quedan en desprotección total si los contratantes no los desean adquirir y se tendrían que ir a un albergue porque no se pueden regresar a la madre que los gestó y si tienen un problema de salud, simplemente se los dejan a las madres.

Eleane Proo Méndez, del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales y maestra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM llamó a cuestionar toda practica que involucre una industria transnacional apoyada en la teórica contractual y el velo de igualdad, ya que crean confusión respecto a que las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo, cuando en realidad privilegia los derechos de los solicitantes, más que de las madres y los recién nacidos.

El problema, añadió, es que las iniciativas presentadas en nuestro país para regular este proceso apoyan a quienes contratan los servicios, luego se respeta a las empresas que intervienen, pero no se visualiza bien a las gestantes, de quienes sólo se considera que tienen derecho a un contrato.

La investigadora en comunicación de la UNAM, Aimée Vega Montiel, reiteró que son productos que se venden: se elige el sexo, la raza, etnia, se proyecta la carga genética y si no se cumplen expectativas, pueden ser víctimas de abandono. Si los bebés no cumplen con las expectativas de los compradores, estos pueden exigir la devolución de su dinero y se le puede exigir a la mujer que aborte. Ulloa, resaltó que los bebés se convierten en mercancías.

Nuria González López aseveró que, con las iniciativas sobre GS, México está legalizando una neocolonización extractivista. Es abrir la puerta las puertas a gente rica para que puedan extraer un recurso más de México, a través de la explotación del cuerpo de las mujeres. La representante de la asociación feminista L’Escola, México llamó no puede soltar la bandera de los derechos humanos con la legalización de la compraventa de bebes, sería una neocolonización a través de una industria criminal que explota a las mujeres jóvenes, trabajadoras y pobres, donde el Estado se lava las manos.

Aimée Vega consideró que con la GS se pretende satisfacer los deseos de personas adultas de cumplir con el estereotipo de la maternidad. Se confunden deseos con derechos. Se presenta como una propuesta feminista y se promueven como una práctica que fortalece autonomía y libertad de las mujeres, sin considerar que constituyen formas de explotación y de cosificación.

Eleane Proo Méndez lo califica como un discurso neoliberal e individualizado con el uso de conceptos despolitizados como “autonomía reproductiva”. De acuerdo con los testimonios que ha podido recabar, el dinero que las mujeres obtienen lo utilizan para cubrir necesidades como la escuela de las y los hijos, pero no le representa autonomía a largo plazo. Para Ulloa, las necesidades de las mujeres no son consentimiento, sino una forma precarizada de sobrevivencia que puede tener efectos devastadores en su salud.

Vega Montiel comentó que hay grupos económicos que presionan a legisladores para que regulen la GS y, por el contrario, a quienes han intentado sancionar esa práctica han sido amenazadas y las amagan con destruirles su carrera política.

Olivia Tena Guerrero, Juna Martín Pérez y Eleane Proo Méndez instaron a legislar, agilizar y promover procesos de adopción, ya que también se ha convertido un problema por las irregularidades que se han dado, como ha documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de que cerca de 33 mil niñas y niños que permanecen en albergues son víctimas de prácticas de tortura y tratos humillantes.

Pidieron desestigmatizarla y, de hecho, ese es uno de los discursos que más se ha manejado desde las familias homoparentales, que alegan que pueden pasar hasta seis años, y al final se les niega. Además, está el estigma de que si no son hijos o hijas propios ya tienen ‘ciertos genes’ o ‘costumbres’ y se tiene mucho miedo de adoptar a alguien que no tenga lazos sanguíneos”.

La diputada Beatriz Rojas Martínez, al final del foro precisó que la participación de las y los panelistas ha clarificado la magnitud del problema y la importancia de legislar para cerrar la puerta de la explotación humana con fines de lucro.

Eleane Proo Méndez propuso analizar las condicionantes estructurales que hay detrás de la gestión subrogada para ofrecer opciones reales de desarrollo a las mujeres que les permitan una verdadera autonomía, la cual no puede lograrse cuando las decisiones sobre su cuerpo están a cargo de los contratantes y de las agencias intermedias.

Invito a las diputadas a revisar cuales son los derechos reproductivos y las demandas feministas que han estado en el centro de la lucha desde hace años para reivindicarlos.

También participaron la diputada Marisela Garduño Garduño del PT, Berta O. García de la Coalición Internacional para la Abolición de la Explotación Reproductiva de España, Olivia Tena Guerrero del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.

Legisladoras y legisladores presentaron en una semana más de 30 iniciativas a favor de mujeres, periodistas, y niñas, niños y adolescentes. 

Si aprueban pérdida de la patria potestad cuando haya costumbres o conductas “depravadas” y mala moral

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 26 de febrero, 2021.-Las y los diputados de la LXV Legislatura presentaron una serie de iniciativas con los temas nacionales del momento que tienen que ver, algunos, con la violencia no solo contra las mujeres; las niñas, los niños y las adolescentes; los periodistas y defensores de derechos humanos, la inclusión y la diversidad.

Y en menos de una semana, todas estas propuestas ocuparon tiempo en la sala de sesiones. Si se aprobó y discutió una que reforma al Código Civil donde padre o madre, o ambos pueden perder la patria potestad cuando se conduzcan con “inmoralidad “o sean “depravados”.

En un total de más de 30 iniciativas legisladores de las diversas bancadas partidistas como las del Partido Acción Nacional,  PAN, Partido Revolucionario Institucional PRI, Partido del Trabajo PT, Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática PRD , con proyectos, contextos, datos estadísticos, según el tema, y presentaron proyectos de reformas a leyes varias,  algunas que repiten lo que ya está , cambian una palabra o tratan de precisar alguna cosa,  otras que tienen que ver  con la coyuntura social o política. Por ejemplo, sobre protección a periodista, al tiempo que el Ejecutivo hace mesas regionales para crear una nueva.

Todas se presentan, con discursos, explicaciones y fueron turnadas a su estudio en comisiones.  

Ello a pesar de que la actual legislatura arrastra un rezago de 518 pendientes y omisiones; algunas esperando ser dictaminadas hace 9 años; unas 15 que modifican cuestiones de derechos sexuales o reproductivos; sobre violencia contra las mujeres, que ahora se repiten.

También 179 omisiones legislativas de leyes que deben adecuarse por reformas pasadas y 324 minutas que se aprobaron en alguna de las Cámaras y que tanto el Senado como la Cámara de Diputados aun no las resuelven, como definir en el código penal federal el feminicidio.

Con estas 30 nuevas, sólo en la diputación, se abulta el trabajo en comisiones. Según los análisis de la organización Integralia.

Reubicación a lugares seguros para mujeres migrantes que hayan sufrido violencia, tramites libres de discriminación y que las niñas, niños o adolescentes sin compañía sean trasladados al DIF

Para garantizar que las mujeres migrantes que hayan sufrido o sigan en peligro de violencia, tengan acceso a programas de reubicación y servicios donde puedan esperar, con seguridad, la resolución de sus trámites migratorios conforme a los estándares de derechos humanos independientemente de su situación migratoria, así como acceso a servicios de salud y reproductivos, la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN) propuso reformar el artículo 30 de la Ley de Migración. 

Tal vez leyó el estudio “Detención migratoria: prácticas de humillación, asco y desprecio” de la investigadora Alethia Fernández de la Reguera Ahedo del Centro de Investigaciones y Estudios de Genero de la UNAM que revela como es el trato a las/los migrantes en la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas.

Donde no les proporcionan las mínimas condiciones de higiene como son sanitarios en buen estado, ya que los baños generalmente no tienen puertas, falta de agua y menos les proporcionan productos de higiene menstrual, ya que en opinión de la investigadora la humillación y despojo de la dignidad humana se utiliza como una medida de control en el estudio que duro tres años en la estación gracias a las colectivas de apoyo a migrantes del país.   

Mientras que la diputada del PRI, Sofía Carvajal Isunza, presento una iniciativa de trámites libres de discriminación para que las autoridades migratorias de acuerdo con las facultades discrecionales estén debidamente fundadas y motivadas.

Al respecto, el mencionado estudio da cuenta que  depende del  guardia en turno cuando ingresan si les informa o no a las/los migrantes que tienen derechos por la Ley de Migración  aun cuando entraron ilegalmente al país, que es una falta administrativa y no un delito, que incluso pueden solicitar la condición de refugiados ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en sus diversas instalaciones o en las mismas oficinas de   Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM).

Mientras el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez del Partido del Trabajo presento la iniciativa de reforma el artículo 112 de la Ley de Migración con el propósito de estipular que cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no esté acompañado, deberá ser puesto a disposición del Sistema Nacional DIF para su salvaguarda, donde se les deberá proporcionar la atención y trato adecuados, mientras se resuelve su situación migratoria.

Protección a secreto profesional de periodistas

En materia de libertad de expresión y para fortalecer los derechos de las/los periodistas el diputado morenista    Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, plantea reformar el artículo 7º de la Constitución con el objetivo de estipular que las personas que, en ejercicio de la libertad de difundir opiniones, información e ideas, decidan guardar el secreto sobre la identidad de sus fuentes o cualquier otro dato que permita su identificación, sus documentos o grabaciones, podrán ejercer este derecho frente a cualquier Poder del Estado.

Protección a periodistas y quienes defienden los derechos humanos

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro del PRD presento una iniciativa para reformar los artículos 6° y 73 de la Constitución Política, que se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, para su dictamen y a la de Derechos Humanos, para su opinión.

Precisó que tiene el objetivo de expedir la ley general del Sistema Nacional de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos y para establecer que la Federación, estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México se coordinarán para garantizar la integridad física de las y los comunicadores y defensores de los derechos humanos, así como la libertad de prensa,

60 por ciento de mujeres trabajan en plataformas digitales

Con el dato de que el 60 por ciento de quienes trabajan en las plataformas digitales son mujeres, la diputada por Morena, Lidia Pérez Bárcenas, planteó adicionar la Ley Federal del Trabajo, para crear el capítulo “Personas trabajadoras de plataformas digitales”.

Precisa que es la relación de trabajo surgida entre una persona física o moral, que mediante una plataforma de tecnología digital proporciona, dirige, organiza o controla servicios de transporte, de logística, de reparto o similares, y una persona física que presta dichos servicios para conducir cualquier vehículo de transporte de pasajeros, así como para repartir bienes, servicios o mercancías, se regirá por las disposiciones contenidas en el presente capítulo. Se canalizó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Certificaciones de competencias laborales para mujeres que viven en el exterior

Al considerar que una mayoría de mujeres viven fuera del país con el fin de mejorar su condición económica la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa que plantea reformar los artículos 28, 38 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de establecer que las secretarías de Relaciones Exteriores, de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social, organicen, promuevan y realicen las certificaciones de competencias laborales de conocimientos, habilidades o destrezas adquiridas por mexicanos y mexicanas  en el exterior. Se turnó a la Comisión de Gobernación y Población, para su dictamen.

 Emplear al seis por ciento de trabajadores y trabajadoras con discapacidad

El diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo de Morena propuso adicionar el artículo 7 Bis de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de que, en toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear al seis por ciento de trabajadores con discapacidad, por lo menos.

El patrón, sin distinción alguna, deberá dar cumplimiento de las obligaciones y derechos establecidos en esta ley para el desempeño de las actividades laborales de las personas trabajadoras. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

De acuerdo al Inegi en México hay 7.7 millones de personas con discapacidad en México y solo el 38 por ciento tiene participación en actividades económicas. Esta diferencia es más notoria por sexo: entre los hombres la diferencia alcanza 31 puntos porcentuales y en las mujeres, la diferencia en la tasa de participación económica es de 21 puntos porcentuales; estos datos evidencian la poca participación económica de la población con discapacidad.

En tanto la Asociación Civil “Yo también” que tiene una plataforma de contenidos sobre discapacidad, inclusión y accesibilidad, recomienda a las empresas que se pongan en contacto con fundaciones especializadas en la capacitación para ser entornos incluyentes, ante la falta de desconocimiento de los tipos de discapacidad por parte de empleados, prejuicios e infraestructura. 

Prisión preventiva a quien utilice en delitos armas de réplicas o de juguete

La diputada María Guadalupe Román Ávila (Morena) presentó una iniciativa que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de establecer que se ordenará prisión preventiva oficiosa cuando se cometan delitos violentos con réplicas – de plástico, madera u otras- de armas y explosivos, sobre todo hacía mujeres. Se remitió a la Comisión de Justicia.

Se señala que un porcentaje de hasta de 55 por ciento de feminicidios es con arma de fuego, destaca el diputado panista Jorge Arturo Espadas Galván quien presentó la reforma al artículo 29 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para establecer que las licencias individuales para la portación de armas de fuego a elementos de seguridad de las instituciones policiales tendrán validez cuando esté en servicio o fuera de él. Se remitió a la Comisión de Defensa Nacional.  

Reforma al Código Civil Federal para perder patria potestad por violencia y otra iniciativa para agilizar adopción

Mientras que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular con 476 votos, reformar el Código Civil Federal con el objetivo de precisar los supuestos por los cuales se pierde la patria potestad cuando se ejerza violencia en contra de niñas, niños y adolescentes.

La diputada panista Berenice Juárez Navarrete, dio a conocer iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el propósito de que los procedimientos de adopción sean en todo momento expeditos, ágiles, sin más trámites, plazos o requisitos que los estrictamente necesarios, anteponiendo en todo momento el interés superior de la niñez.

Por otra parte, la reforma a la fracción III del artículo 444 del citado ordenamiento, que se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece que se pierde la patria potestad cuando por las costumbres, conductas depravadas, malos tratamientos o abandono de los deberes de quien ejerza la patria potestad, se afecte o se comprometa la dignidad, la salud, la seguridad, o la moralidad de los menores o incapaces a su cargo, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal. 

El dictamen, propuesto por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega de Morena, dijo que la reforma sustituye la palabra “padres” por “personas que ejerzan la patria potestad”; de esta manera, aseguró, “no se hace referencia exclusiva a los padres, sino que cualquier persona que ejerza la patria potestad estará sujeta al mandato legal”.

Afirmó que la legislación vigente permite que se infrinja algún daño a los menores, al señalar la eventualidad de que con los actos de violencia se pudiera comprometer la salud, la moralidad o la seguridad de los hijos, por lo que la reforma propone que no se debe afectar de modo alguno la dignidad de los menores de edad.

Puntualizó que con la modificación se fortalece el marco jurídico, a la vez que se protege a uno de los sectores más vulnerables en la sociedad, al brindar a la niñez un entorno familiar sano, seguro y respetuoso en donde se propicie su desarrollo integral, pleno y armonioso que posibilite su adaptación e integración a la sociedad.

Delito y sanciones para violación a la intimidad sexual

Con el propósito de incorporar que también comete el delito de violación a la intimidad sexual, aquella persona que comercialice, oferte, reproduzca, almacene o recolecte imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, la diputada Valeria Santiago Barrientes del Partido Verde Ecologista de México presentó reformas a los artículos 199 Octies y 199 Nonies del Código Penal Federal,

Mientras que el diputado morenista  Wilbert Alberto Batún Chulim, presento  el dictamen la cual adiciona un artículo 199 Undecies al Código Penal Federal con el propósito de imponer una pena de 2 a 6 años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa a quien, empleando cualquier tipo de violencia, amenace o coaccione a otra persona mayor de dieciocho años con llevar a cabo las conductas previstas en el primer párrafo del artículo 199 Octies del presente Código, relativo a la intimidad sexual con el objetivo de obtener un lucro o beneficio de cualquier naturaleza. Se envió a la Comisión de Justicia para su dictamen, la iniciativa presentada por el diputado de Morena.

La discriminación se debe eliminar de raíz, se aprobó reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 468 votos el dictamen que reforma el artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y lo turnó al Senado para sus efectos constitucionales.

La diputada de morena promovente Susana Cano González, señaló que el dictamen resulta de suma importancia para fortalecer a las instituciones; se trata de que los Poderes de la Unión garanticen e impulsen la participación de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y de las personas particulares para eliminar los obstáculos que limitan al desarrollo humano. 

Ello, dijo, con el fin de que las personas logren una efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país. La reforma, añadió, se planteó bajo los principios fundamentales de los derechos humanos y lo que establece el artículo primero de la Constitución.

Consideró que la discriminación es un gran problema para la sociedad y un cáncer que se debe eliminar de raíz. Las agresiones, el desprecio y la exclusión son prácticas cotidianas en contra de personas o grupos debido a condición física, social, económica o preferencia sexual. 

Precisó que esta reforma se traducirá en acciones políticas y públicas que garanticen la igualdad, la libertad y el libre ejercicio de los derechos de las personas; además, dijo, es congruentes con los convenios internacionales en materia de derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los que México es parte.

En los considerandos, resalta la necesidad de que los textos normativos derivados de principios y derechos constitucionales sean actualizados en su contenido y lenguaje para incluir términos que permitan una protección más amplia de acuerdo al principio pro persona, por lo que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación deber ser actualizada de acuerdo con los principios de progresividad y universalidad. Además, coincide con la importancia de democratización de la norma para que la misma incluya y proteja de manera efectiva.

Dañomoral por discriminación

Por otra parte, también de Morena, la diputada María Clemente García Moreno planteó cambios al artículo 1916 del Código Civil Federal, con el objetivo de incluir que se presumirá que hubo daño moral, cuando se discrimine por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o vulnere la dignidad humana. Se canalizó a las comisiones de Justicia y de Diversidad.

Crear el “Premio Nacional al Mérito de las Artesanas y los Artesanos

A la Comisión de Gobernación y Población se envió la iniciativa del diputado Azael Santiago Chepi, de Morena, que reforma la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles con el fin de crear el “Premio Nacional al Mérito de las Artesanas y los Artesanos” como un reconocimiento que el Estado Mexicano brinda a artesanas y artesanos que se hayan destacado por sus obras, considerando su habilidad y destreza de las técnicas de elaboración ancestral, simbolismo, tradición, así como de técnicas innovadoras y sustentables con el medio ambiente. 

Declaración de intereses de servidores públicos deben incluir a cónyuges 

Del PAN, el diputado Rodrigo Sánchez Zepeda planteó cambios a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal, para establecer que, todos los servidores públicos obligados a presentar declaración de intereses, deberán incluir las actividades económicas, profesionales o laborales de su cónyuge, concubina o concubinario y dependientes económicos directos. Para el caso del presidente de la República, secretarios y subsecretarios de Estado, directores de organismos descentralizados y de empresas productivas del Estado, deberá incluirse además a los parientes por consanguinidad hasta en cuarto grado y por afinidad hasta el primer grado. Se envió a las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Justicia. 

 Conocer condición étnica de víctimas 

Para que en las bases de datos criminalísticas conformadas por información que aporten las instituciones de procuración de justicia y del sistema penitenciario, se pueda conocer la condición étnico-racial de las víctimas de los delitos registrados, el diputado Pedro Sergio Peñaloza Pérez (Morena) propuso reformar el artículo 118 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Será analizada por Comisión de Seguridad Ciudadana.