- Elemento común en Guatemala, Ecuador, Colombia, Chile y México: Renaum, secretaria ejecutiva de la CIDH
- En 13 años: 165 mil 700 muertes violentas de mujeres: Irinea Buendía
- Información periodística, fundamental para el registro de feminicidios: Sara Lovera
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 10 de agosto 2023.- Ante la violencia feminicida y la impunidad en todo el país, las mujeres no se van a callar, no van a dejar de protestar, de tomar las calles como les dé la gana para exigirle al Estado que cese la violencia contra las mujeres en el país; hoy, con cifras alarmantes, a 30 años de los feminicidios de Ciudad Juárez y Chihuahua, que se creían era una situación aislada de la frontera norte.
En el Foro “Muertes Intolerables: 30 años de feminicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua”, activistas, feministas, abogadas, defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales y organismos internacionales coincidieron que en esas tres décadas, la impunidad sigue vigente, debido a la omisión de las autoridades, a pesar de los grandes logros de la sentencia histórica de Campo Algodonero y las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —por los casos de Mariana Lima Buendía y Karla Pontigo— que reconocen las muertes violentas de mujeres como feminicidios, por lo que deben ser investigados con perspectiva de género.
Convocada por Amnistía Internacional (AI), en la reunión efectuada en la Ciudad de México, dividida en una bienvenida y en tres mesas de debate, se reconoció por su persistencia y dignidad a las madres y familiares, como víctimas directas de los feminicidios, y a las madres buscadoras que son las que realizan las investigaciones que tendrían que hacer las autoridades.
En la bienvenida, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, Edith Olivares, criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador diga que es violentado por “razones de género”. Esas expresiones y la intolerancia del Estado mexicano, dijo, son lo que nos obliga estar aquí, 30 años después de los feminicidios de Ciudad Juárez, que se creía en ese momento que eran un hecho aislado. Vimos que no; hoy, todo México es Ciudad Juárez, remarcó.
El Estado mexicano tiene sumido al país en una “noche oscura”, donde las madres, hermanas y familiares de las víctimas son la luz de esperanza. Gracias a ellas, tenemos legislaciones e instituciones que deberían tutelar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero el Estado nos sigue debiendo acceso a la verdad y a la justicia, continuó.
“La esperanza sigue viva. No por lo que hacen las autoridades sino por lo que hacemos las mujeres en esta primavera feminista que estamos viviendo en México”, expresó Edith Olivares.
Rupert Nox, investigador en el informe global “México: Muertes intolerables. 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua”, elaborado para AI en un día como hoy de hace 20 años, lamentó que las omisiones de las autoridades sigan vigentes.
Destacó que la presencia de los feminicidios en la agenda nacional se debe a familiares de las víctimas y al movimiento feminista. Ha sido un proceso largo y arduo, pues los cambios institucionales y sociales no son fáciles de obtener. Recordó desde que se reunieron con el presidente Vicente Fox, cómo se documentó la responsabilidad del Estado y cómo se mostró la discriminación contra las víctimas.
Reflexiono que hay que volver a las y los familiares para saber lo que realmente funciona, para poder ir avanzando en la erradicación de la violencia de género y para construir las estrategias para dicho fin.
Yanett Bautista, encargada de redactar dicho informe, en una transmisión desde Colombia, se refirió a la impunidad rampante en los feminicidios de mujeres jóvenes y pobres, y que —en su opinión— se quería resaltar un sello de clase. Destacó que se debe reconocer como defensoras de los derechos humanos a las madres, hermanas y familiares de las víctimas y a las madres buscadoras.
Agregó que en Colombia ya se está preparando elevar a ley los derechos de las víctimas directas para que dejen de ser revictimizadas por las autoridades y darles el lugar social que les corresponde.
Por otra parte, Tania Renaum, secretaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recordó cómo en 2006, cuando trabajaba en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en México, apenas eran 70 mujeres las que protestaban en las calles por la despenalización del aborto en la Ciudad de México, y ahora le alegra ver la cantidad de feministas que se concentran para protestar por la violencia contra las mujeres.
Erika Guevara, directora de la Oficina Regional de las Américas, dijo que el informe en cuestión, publicado en el 2010, registró 370 feminicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua, de los cuales la tercera parte fue sometida a violencia sexual. Se hizo un análisis como Ciudad Juárez era tierra fértil para la violencia, por el boom de las maquiladoras que se convirtieron en sitios de explotación laboral y sexual, el cual se ha documentado en diversas películas.
Tristemente, vemos que la realidad supera a la ficción: “La violencia que mata a las mujeres se ha convertido en una plaga bajo el silencio y complicidad de las autoridades”, lamentó.
Avances y retos en el acceso a la justicia por feminicidios
En la mesa “Avances y retos en el acceso a la justicia por feminicidios”, la periodista Sara Lovera reivindicó la labor de los periodistas de la nota roja, quienes registran las muertes violentas de las mujeres. Sin su labor, Esther Chávez Cano no hubiera recopilado la información sobre las muertes en Ciudad Juárez, lo que detonó la investigación para los feminicidios en Ciudad Juárez.
Karla Michel, directora de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, señaló que las mujeres siguen sin conocer sus derechos, y que los hombres las matan porque pueden. Han pasado 22 años desde que se empezó a contabilizar las muertes de mujeres, a partir de que Esther Cano Chávez, activista de Ciudad Juárez, comenzó a contabilizar las muertes de mujeres, de acuerdo con notas periodísticas.
La trascendencia de la Sentencia de Campo Algodonero por la CIDH radica en que se reconoció que las mujeres tenemos derechos humanos que no habíamos aplicado y que los crímenes que se cometen contra ellas son feminicidios por la única razón de ser mujeres. Fue la posibilidad para que las víctimas fueran escuchadas y para acercarse a la justicia.
La obligación del Estado mexicano es investigar y prevenir los crímenes contra las mujeres: a “las mujeres le deben importar al Estado. Mientras no haya justicia no habrá paz para el Estado mexicano”, expresó.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y litigante en diversos casos de derechos humanos, también participó en la Sentencia de Campo Algodonero. Destacó que no se ha querido reconocer el impacto que tienen en los feminicidios el crimen organizado y la militarización en las comunidades indígenas; sobre todo, en el caso de las mujeres afrodescendientes.
Ofreció más datos: A pesar de que la Sentencia de Campo Algodonero es un manual para investigar los feminicidios, muchos de los litigios tardan años solo para obtener copias, para que las personas elijan a sus defensores o para tener peritos independientes.
Al referirse a las sentencias de la SCJN, sobre Mariana Lima Buendía y Karla Pontigo —la primera, para que la muerte violenta de una mujer se investigue como feminicidio, y la segunda, para que el derecho a la verdad sea una forma de reparación de sus familias y de responsabilidad institucional—, subrayó que la violencia institucional es tremenda por parte del Estado para las madres, hermanas y familiares de las víctimas.
Sobre lo cuerpo de las mujeres se libra una batalla de poder, Guadalupe Morfin
Guadalupe Morfín, ex comisionada especial para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género en Ciudad Juárez, a quien se le debe el establecimiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), entre otros muchos aportes institucionales, hizo un enérgico llamado a las fiscalías, principalmente al fiscal general Gertz Manero, para que cumplan con lo especificado en la sentencia de Karla Pontigo.
Calificó esa resolución como un precedente histórico, al ordenar que el caso de Karla Pontigo se tenía que volver a iniciar, pues se investigó de manera incorrecta, sin perspectiva de género y se violaron los derechos de las víctimas. La sentencia dejó sin efectos la consignación por homicidio culposo, ordenó el inicio de una investigación con perspectiva de género y respetar y garantizar los derechos de los familiares como víctimas, aspectos que se deben aplicar en cualquier caso de violencia institucional.
Comentó que sobre lo cuerpo de las mujeres se libra una batalla de poder, y las madres buscadoras son los rostros más visibles. Para Morfín, falta romper el pacto patriarcal, desde el jefe del Ejecutivo y las y los gobernadores, porque no es la falta de capacitación por lo que los procuradores de justicia hacen caso omiso de todos los instrumentos para evitar la violencia contra las mujeres, como los códigos alba, por ejemplo: es falta de voluntad y arrogancia de las autoridades.
Ninguna autoridad es capaz de poner un alto al feminicidio: Irinea Buendía
Con el grito: “¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más!”, Irinea Buendía, la madre convertida en activista, señaló la realidad que todo el país, desde Ciudad Juárez hasta Chiapas, está lleno de sangre feminicida, por lo hizo un llamado a las mujeres a seguir en la lucha por la verdad y la justicia.
Evidenció a las autoridades de procuración de justicia, desde los fiscales, ministerios públicos y los policías —estos, por ser los primeros respondientes de un delito— que desconocen la sentencia de la SCJN denominada Mariana Lima Buendía, de 2015, y que los obliga a investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio y desde la perspectiva de género.
La madre, convertida en activista, actualmente está en campaña en todo el país para que se conozca la sentencia que lleva el nombre de su hija, además de que promueve una iniciativa para el Congreso del Estado de México. Hizo énfasis que, durante los 13 años en la búsqueda de justicia para su hija, al asesino feminicida apenas le dictaron una sentencia de 70 años, la cual no está firme, por lo que las autoridades le dan la oportunidad de reducirla 30 años.
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