- En la detención las 34 mujeres, de las más de 80 víctimas, denunciaron abusos sexuales
- Este jueves 28, el TSJO iniciará el procedimiento, “se abre una esperanza”, dice Frente del Pueblo Sol Rojo
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 27 de mayo, 2026.- La detención arbitraria de 86 personas, 46 hombres, cinco niñas y un niño, así como 34 mujeres, algunas de ellas reportaron actos de abuso sexual, enfrenta -11 años después- un nuevo episodio de esperanza cuando el TSJO inicie este 28 de mayo un juicio de protección de derechos humanos (JPDH 03/2025) por incumplimiento del gobierno de Oaxaca.
Los hechos ocurridos el 7 de junio de 2015, en el contexto de lucha contra la “reforma educativa” y las reformas estructurales del entonces presidente Enrique Peña Nieto, han dejado como consecuencia de los actos denunciados a dos víctimas en las personas de Javier López Martínez y Luis Enrique López López quienes fallecieron como resultado de la violencia de Estado.
Así lo señalaron hoy desde el zócalo de la ciudad de Oaxaca, integrantes del Frente del Pueblo Sol Rojo, donde anunciaron que este jueves 28 la Sala Constitucional y la Cuarta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, TSJO, aperture la audiencia de apertura del juicio de protección de derechos humanos por el incumplimiento a la recomendación 05/2018 emitida por la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
En conferencia de prensa y acompañados por Consorcio Oaxaca, y el Comité de expresos políticos y familiares del 7 de junio de 2015, a nombre de las víctimas demandaron la judicialización contra todo el aparato opresor del Estado que criminalizó nuestra labor; la reparación integral del daño sufrido en manos de las autoridades estatales; garantías de no repetición, que cancelen las acciones represivas del Estado contra las y los Defensores de Derechos Humanos, y el reconocimiento de responsabilidad por los hechos violatorios a nuestros derechos humanos.
De las 86 personas detenidas entonces, 26 defensores de derechos humanos fueron puestos a disposición de la entonces Procuraduría General de la República siendo recluidos en Centros Federales de máxima seguridad en distintos estados del país. Su absolución, por falta de pruebas en agosto de 2018 cuando el juez tercero de distritito resolvió que “los elementos aprehensores actuaron con mendacidad”.
Puntos sin cumplir
Javier Aluz Mancera, vocero de Frente del Pueblo Sol Rojo, dijo que la recomendación contempla 11 puntos, “algunos de ellos son de trámite”, sin embargo, uno de ellos se refiere a la reparación integral del daño por la detención arbitraria, la tortura, el aislamiento y la estigmatización que sufrieron las personas defensoras detenidas hace 11 años.
Además del reconocimiento de responsabilidad por parte del gobierno del Estado de Oaxaca por los actos violatorios cometidos, actos reconocidos por la Defensoría del Pueblo de Oaxaca y que están sin cumplir, de acuerdo con la demanda del juicio de protección de derechos humanos.
Las víctimas siguen esperando justicia
Yésica Sánchez Maya, defensora de derechos humanos, se refirió al tiempo transcurrido de 11 años y 20 de la represión contra el magisterio de 2006, periodos marcados por la complicidad y permisividad de los gobernadores priistas (los murat), sin embargo, ahora Oaxaca es gobernado por más de tres años y medio por la 4T con una actitud evidentemente más grave, por la expectativa y la narrativa que colocan con respecto a los derechos humanos.
Lo lamentable, agregó la también integrante de la directiva colegiada de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, son las víctimas que siguen esperando justicia, que los aparatos como la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas que ha sido omisas ante las violencias del Estado como las detenciones arbitrarias prolongadas, la tortura en momento de la detención, por tortura en el momento de la permanencia en prisión y la persecución una vez que estuvieron afuera.
Por ello, señaló que este es un llamado al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca para que asuma su rol protagónico y que el juicio de protección no sea solo maquillaje, un elefante blanco donde abone la permisibilidad y la impunidad.
El recuento
Tras los hechos ocurridos en 2015, en su momento el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió la Opinión No. 17/2016, demandando su liberación y la reparación del daño causado por el Estado mexicano, calificando como arbitraria su detención.
En 2018 se emitió la recomendación 05/2018, sin que el Estado, misma que no se ha cumplido. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca por fin dará apertura al Juicio de Protección de Derechos Humanos.
SEM/sj
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