Preocupa a Amnistía Internacional la omisión de las autoridades en el feminicidio de Camila

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Exige revisión del Protocolo Violeta  y otros protocolos 

Advierte que las autoridades fueron indolentes en la protección de las personas señaladas como responsables del feminicidio

Elda Montiel 

SemMéxico, Ciudad de México, 2 de abril, 2024.- Amnistía Internacional, hizo un   llamado urgente a las autoridades del estado de Guerrero para que lleven a cabo una investigación del feminicidio de la niña Camila con enfoque de género y apegada a los estándares internacionales de la CEDAW y la CIDH.

Pide  actuación expedita  de las autoridades. En un comunicado esta organización internacional  consideró inaceptable la revictimización de la madre por parte de las autoridades locales, luego de sustanciar la incapacidad reiterada de las autoridades.

Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México manifiesta preocupación por las omisiones en que incurrieron autoridades de diversos órdenes de gobierno durante la desaparición de la niña Camila, en la  aprehensión de las personas presuntas responsables de ese hecho, así como durante la contención y dispersión de la manifestación de personas, en la ciudad de Taxco, Guerrero, acción considerada “linchamiento”.

La investigación del feminicidio de la niña Camila debe incorporar la perspectiva de género, y ser expedita y profesional para que la familia de la niña tenga acceso a la verdad, justicia y reparación integral del daño, lo que incluye garantías de no repetición.

Las garantías de no repetición deben incluir la revisión de los protocolos de actuación, particularmente el Protocolo Violeta, es una estrategia del gobierno del Estado de Guerrero para realizar la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas. 

Se activa con solo presentar el reporte al 911 para mejorar la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales

En el comunicado, Edith Olivares Ferreto, precisa que de acuerdo con la información que se ha podido conocer de las autoridades, como de la familia de Camila, si bien se realizaron acciones inmediatas para localizar a ésta, de parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero no hubo celeridad en la emisión de la orden de aprehensión en contra de las personas que fueron señaladas como probables responsables de la desaparición de la niña.

Tampoco hubo una actuación eficaz por parte de policías municipales, estatales, elementos del Ejército y Guardia Nacional para salvaguardar la integridad y la vida de las personas que estaban siendo señaladas como presuntas responsables. 

Además, el Secretario de Seguridad de Taxco realizó declaraciones estigmatizantes que parecen responsabilizar a la madre de Camila de su desaparición y asesinato.

Amnistía Internacional advierte que el deber de las autoridades en el proceso de acceso a la justicia para las familias de las víctimas de feminicidio no termina con la lamentable localización de los cuerpos de éstas, sino que se extiende hasta la detención, resguardo y presentación ante las autoridades competentes de las personas involucradas en lo delitos y continúa con la investigación exhaustiva para dar con la verdad de los hechos y un proceso judicial apegado a derecho de las personas que cometieron el delito.

Esta situación pone de manifiesto una vez más la incapacidad de las autoridades federales, estatales y municipales para actuar con la debida diligencia, particularmente con la celeridad en casos de urgencia, tal y como lo ha denunciado  Amnistía Internacional desde hace décadas.. 

Amnistía Internacional refiere que estas irregularidades las ha expuesto  en el informe México: Muertes intolerables, 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, publicado hace 20 años. 

El 20 de septiembre de 2021 Amnistía Internacional publicó el  informe Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el estado de México, en el que se analizan cuatro casos emblemáticos de feminicidio en los que las omisiones referidas vuelven a figurar y a las que se suman las deficientes condiciones en que suelen llevar a cabo su trabajo las fiscalías del país.

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