* Fundar, Consejo Tiyat Tlali e Imdec hacen un llamado al Estado mexicano
* Se debe garantizar la protección a quienes defienden los derechos humanos y ambientales
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 31 de octubre de 2019.- Diversas organizaciones hacen un enérgico llamado al Estado mexicano, a nivel local y federal a garantizar la protección de las personas defensoras tanto de las organizaciones acompañantes, como de las comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán, así como garantizar su legítimo derecho a la defensa de los derechos humanos.
En un comunicado explican que desde 2016, el Consejo Tiyat Tlali, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y Fundar, Centro de Análisis e investigación, acompañan jurídicamente a las comunidades totonacas, en la Sierra Norte de Puebla en la lucha por defender su territorio y agua de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1), de la empresa Deselec 1, perteneciente al grupo Comexhidro.
Con el inicio del proceso jurídico, se obtuvo la suspensión temporal del proyecto, lo que dio inicio a una serie de eventos de descalificación, criminalización y hostigamiento en contra de representantes comunitarios demandantes en el juicio, integrados en los Comités de Defensa del Río Ajajalpan, así como en contra de las organizaciones y defensoras que acompañan el caso.
Recientemente las comunidades han denunciado también la generación de un ambiente de tensión y desconfianza que busca dividir a las comunidades para dar paso a la construcción del proyecto. De hecho, las comunidades habían ya denunciado de manera previa a la presentación de la demanda, la criminalización legal en contra de varios de ellos, debido a la resistencia y defensa contra el proyecto.
En los últimos meses y en el marco de la sentencia emitida el pasado 10 de octubre en la que un juez negó a las comunidades demandantes el reconocimiento de sus derechos, al avalar una consulta simulada, e ignorar los impactos ambientales que dicho proyecto tendrá sobre sus tierras, y su medio de vida, los incidentes han incrementado.
Es importante recordar que el caso fue compartido ante Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos en su visita oficial a México en enero de 2017.
En el informe derivado de su visita, el Relator resaltó que “más de dos terceras partes de las agresiones registradas [por proyectos a gran escala] se habían perpetrado en los estados de México, Sonora, Oaxaca, Puebla, Colima y Campeche”.
De igual manera, Forst concluyó tras su visita que “los dirigentes comunitarios y los defensores de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente que se oponen a proyectos a gran escala se enfrentan a actos de violencia a manos de personas vinculadas a las empresas que participan en esos proyectos”.
Asimismo, mostró su preocupación frente a la situación particular de las personas defensoras de derechos humanos de las personas indígenas “el aumento del número de proyectos de construcción y apropiaciones de tierras en algunos estados ha provocado una intensificación de los conflictos”.
Ante el contexto de agresiones a personas defensoras de derechos humanos, en particular defensoras del medio ambiente en México y la región, que se oponen a megaproyectos, resulta de gran preocupación la escalada de incidentes en contra de integrantes de las organizaciones que acompañan el proceso y contra las personas defensoras de las comunidades.
Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado el clima de riesgo que viven las y los defensores del derecho al medio ambiente; siendo los proyectos hidroeléctricos de los principales contextos de estos ataques. En este sentido, Amnistía Internacional ha denunciado que México es uno de los países más peligrosos a nivel mundial para la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, denunciando que tan solo en 2019, 12 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas.
Por ello, desde Fundar, el Consejo Tiyat Tlali e Imdec, acompañadas de organizaciones nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Oxfam México, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Poder, Servicios y Asesoría para la Paz, y el Centro de Estudios Ecuménicos hacemos un enérgico llamado al Estado mexicano, a nivel local y federal a garantizar la protección de las personas defensoras tanto de las organizaciones acompañantes, como de las comunidades, así como garantizar su legítimo derecho a la defensa de los derechos humanos.
SEM/sj
