Aumentaron en una década los divorcios, las más afectadas mujeres e infancia
Llenará el vacío de la falta de información y contribuirá a la justicia para mujeres y su prole
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 17 de agosto, 2023.- El Registro Nacional de Deudores Alimentarios deberá estar listo a más tardar el próximo 2 de marzo del 2024, donde aparecerán todos los deudores alimentarios y solventará la ausencia de información sobre quienes no cumplen con sus deberes, además concentrará los mecanismos para que se cumplan, según análisis de su trascendencia. Publicado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República.
En México, dice el análisis es poca la información sobre el impacto económico en los hogares después de los divorcios y no se cuenta con estadísticas administrativas sobre la situación del incumplimiento en pago de pensiones alimenticias y sus consecuencias en el bienestar de las infancias, juventudes y las mujeres.
Este registro, explica la investigadora Lorena Vázquez Correa, autora del análisis, servirá para impedir que las personas que incumplen con sus obligaciones salgan impunemente del país; estarán impedidos de tramitar licencias de manejo, ocupar cargos en el servicio público y realizar operaciones de compraventa o inmuebles.
Resultado de las modificaciones de Ley, que crea el registro, señala, que actualmente existen registros estatales que concentran datos de los deudores alimentarios en Ciudad de México, Morelos, Chiapas y Coahuila, ahora, la reforma, pretende homogeneizar el sistema para garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas.
El análisis, denominado “El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias: una batalla contra el incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia”, elaborado por Vázquez Correa, aporta datos inquietantes:
Divorcios y separaciones al alza
En 2021, el 47.9 por ciento de los divorcios registrados en el país, se asignó al menos a uno de los divorciantes el pago de pensión alimenticia para las o los hijos. En una década aumentaron divorcios de 13 por cada 10 mil habitantes en 2012 a 16.9 en 2021, según dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Los divorcios afectan más a las mujeres y a las infancias, que a los hombres, por tres razones: las mujeres suelen tener ingresos menores a ellos; en la mayoría de los casos las mujeres son las que continúan viviendo con las hijas e hijos después de la ruptura, y con frecuencia los hombres dejan de colaborar económicamente para la manutención de sus hijas/os cuando se disuelve el vínculo conyugal, lo que vulnera sus derechos a la alimentación, la salud, la educación y su desarrollo integral.
La Reforma fundamental gracias a la 3 de 3
En marzo del 2023 se aprobó por el Congreso de la Unión la modificación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en mayo del 2023, la creación del Registro que está a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), quien ya informó esta en la elaboración de este.
El Registro será público y se actualizará mensualmente con las personas que adeuden pensiones mayores a 90 días. La base de datos contará con nombre, CURP y RFC del deudor, el órgano que ordenó la inscripción, el monto de la obligación alimentaria y el plazo de pago.
Los Tribunales Superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México suministrarán, sistematizarán y actualizarán la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias para integrarse al Registro Nacional de Obligaciones.
El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias emitirá certificados de no inscripción, para lo cual dispondrá de un sitio web en el cual se genere automáticamente el certificado de forma gratuita.
Las autoridades municipales, estatales y federales podrán exigir como requisito la presentación del Certificado de no inscripción para los trámites de licencias de conducir, pasaporte, para participar como candidatos de elección popular, jueces o magistrados, compra venta de bienes inmuebles y solicitudes para matrimonio.
El requisito para poder participar como candidato de elección popular coincide con la reciente reforma constitucional conocida como 3 de 3 contra la violencia, la cual establece que La ciudadanía no podrá ser registrada como candidata para ningún cargo de elección popular, ni podrá ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público si ha sido sentenciada de manera firme por cometer intencionalmente algunos delitos, entre los que se encuentra el de ser persona deudora alimentaria morosa.
El estudio señala que es importante tener un registro de deudores, como herramienta para generar información sistematizada, confiable y actualizada para la elaboración de políticas públicas más afectivas para avanzar hacia la igualdad sustantiva y la justicia social.
A través del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y la creación de los certificados de no inscripción como requisito para hacer algunos trámites administrativos, el Congreso de la Unión atiende la obligación de promover instrumentos, acciones y políticas necesarias para garantizar el derecho al desarrollo óptimo de la infancia y juventud, establecido en el Articulo 73 de la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias.
Varios países latinoamericanos han legislado sobre la creación de un registro de deudores como una herramienta para inhibir el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia para niñas, niños y adolescentes.
El estudio también refiere que durante el pico de la pandemia Covid-19, en América Latina el incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias ha tomado relevancia en la agenda pública, tanto por las condiciones económicas, como por la paralización de la actividad judicial. Se documentaron que en Nicaragua y Ecuador los deudores alimentarios podían pedir una rebaja justificada por la crisis económica. En Chile y Argentina los medios informaron sobre montos retenidos judicialmente que no estaban siendo entregados a los beneficiarios. En Costa Rica se presentaron varios proyectos de ley relativos a la suspensión temporal de la cárcel motivada por deudas de alimentos.
Queda en manos del poder judicial en México, materializar este mecanismo, para beneficio de las familias, principalmente de los menores. Muchos aspectos deberían operarse oficiosamente, para evitar las trabas burocráticas o los impedimentos económicos a los justiciables.