El PAS primer partido que busca armonizar sus leyes en protección progresiva a favor de madres solteras y niños y niñas abandonadas: Angélica Días Quiñonez
Más de 60 por ciento de madres solteras no acceden a este derecho por negligencia y hasta ahora, falta de sanciones precisas a los deudores
La iniciativa busca homologar Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Familiar
Sara Lovera
SemMéxico, Culiacán, Sinaloa, 15 de abril, 2023.- El Partido Sinaloense presentó esta semana al congreso de esta entidad la iniciativa que crea el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias, de acuerdo al registro nacional que limitará a quienes sean morosos en estas obligaciones, quienes no podrán obtener ni pasaporte, ni licencia de manejar, ni contender por cargos de elección popular, ni casarse, entre otros trámites y es la primera entidad que buscará armonizar sus leyes a las recientes reformas generales de marzo pasado.
La iniciativa del Grupo Parlamentario del PAS, avalada y promovida por la Secretaria General del PAS, Angélica Díaz Quiñónez, reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Familiar, del Estado de Sinaloa, reformas que se armonizan a los cambios en la legislación federal, aprobados el 22 de marzo pasado por el Congreso de la Unión, y tal como se hizo en la reforma federal actualiza y pone sanciones civiles y políticas a los deudores de alimentos.
El Registro ya está previsto en el Registro Civil, de casi todas las entidades desde 2011, pero además de no ser homogéneo, no era público, los jueces civiles siempre fueron morosos en su aplicación, por lo que los nuevos registros tendrán sanciones y serán siempre públicos, en favor del 67.5 de madres solteras o separadas, que según cifras del Inegi, no reciben una pensión alimenticia, algo que se traduce en una proporción de 3 de cada 4 hijos de padres separados que no reciben dicha pensión.
Además, es congruente con la reforma que se hizo el 15 de diciembre en el estado de Sinaloa cuando el Congreso reformó leyes diversas para armonizarlas con la Constitución Política de Sinaloa en las que se sumó a la ley conocida como 3 de 3, que establece que quienes tengan sanción por cometer violencia política contra las mujeres en razón de género, o ser agresor familiar o estar registrado como deudor alimentario moroso, no podrán obtener una candidatura a un puesto de elección popular. Por lo que el registro era necesario e inminente.
La iniciativa se armoniza puntualmente con las características y requerimientos que se establecieron en lo federal. Ese registro de deudores alimentarios requiere reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Familiar, ambas del Estado de Sinaloa, para crear el Registro Estatal, que se coordinará con el Registro Nacional, para concentrar la información de deudores morosos y acreedores de obligaciones alimentarias, a fin de dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Entre las obligaciones estará que las autoridades de los tres órdenes de gobierno dispondrán lo necesario a fin de establecer como requisito la presentación de certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para procedimientos y tramitaciones.
Entre otras cosas, se negará a los deudores la obtención de licencias y permisos para conducir, pasaporte o documento de identidad y viaje; para participar como candidatos a cargos concejiles y de elección popular, así como participar en procesos de selección para asumir el cargo de juez o magistrado en el ámbito local y federal.
Los responsables, padres o tutores de niños y niñas abandonados que no cumplan sus obligaciones alimentarias serán limitados también en los trámites realizados ante notario público relativos a la compraventa de inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales, así como para solicitudes de matrimonio en donde el juez deberá hacer del conocimiento de los contrayentes si alguno se encuentra en el Registro y la situación que guarda respecto a sus obligaciones, así también habrá restricciones migratorias.
La iniciativa armonizada busca impedir que las personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias puedan salir del país cuando sean deudoras morosas o existan medios de prueba que le permitan a la persona juzgadora determinar la existencia de un riesgo importante de que la salida del país sea utilizada como un medio de evasión de pago.
Esta iniciativa, de ser aprobada por el Congreso estatal, garantizará los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de pensión alimenticia, y, por tanto, reflexionó Angélica Díaz Quiñónez, impactará positivamente en ámbitos como la salud, educación, recreación y formación.
Díaz Quiñónez explicó que algunos datos relevantes que contiene la iniciativa: propone que el Supremo Tribunal de Justicia suministre, intercambie información, sistemáticamente deberá ser consultada; analizará y actualizará, la información que se genere; vigilará el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito de sus competencias utilizando los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia, DIF para tener una buena integración de ese registro.
Además, la calidad de deudor moroso se difundirá en el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias, el cual, será público. El Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias emitirá certificados que acredite no ser deudor moroso, a petición de la parte interesada.
Antecedentes
En algunas entidades federativas, como el estado de Chiapas, o la Ciudad de México, el Registro Público de Deudores Alimentarios Morosos está a cargo del Registro Civil. En otras entidades, como es el caso del estado de Coahuila, el Poder Judicial tiene a su cargo la creación y manejo del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos.
A partir del año 2011 se contempla en el Sistema Jurídico Mexicano el Registro de Deudores Alimentarios Morosos como un mecanismo jurídico para asegurar el cumplimiento del pago de la obligación de dar alimentos.
El Registro de Deudores Alimentarios Morosos es estatal y estará a cargo del Registro Civil o del Poder Judicial según lo disponga el código civil, código o ley para la familia del estado de que se trate.
En el plano nacional, congresos locales, como el de la Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Chiapas y Guerrero, han diseñado y activado registros similares en materia de deudores alimentarios
No obstante, la falta de homogeneidad en la legislación local constituye un grave problema, ya que, si bien es cierto existen entidades federativas en las cuales operan estos registros para facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de alimentos, en la mayoría de las entidades del país no existen medios para hacerlos efectivos. Es decir, no había sanciones. La iniciativa del PAS responde a los considerandos del Congreso de la Unión, que argumentó que resulta necesario plasmar en ley los mecanismos y las acciones que harán que los deudores alimentarios cumplan con su obligación en toda la República Mexicana.
