Sobrerrepresentación 2024: la trampa para abatir la democracia

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Ilustración: Víctor Solís

Análisis publicado este día en la Revista Nexos

Es ligeramente aritmético pero explica bien por qué Morena no obtuvo los votos para cambiar la Constitución

Ciro Murayama

SemMéxico, Ciudad de México, 7 de junio, 2024.- La coalición encabezada por Morena ganó las elecciones, pero no borró el pluralismo político de la sociedad mexicana. Aun así, el gobierno ha anunciado que lo que las urnas no le dieron, una votación suficiente para hacerse de la mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, lo tratará de conseguir mediante una argucia legal para poder hacer realidad el llamado “plan C” y terminar con la división de poderes. Nada más y nada menos.

La Constitución general de la República, en su artículo 54, establece un límite a la sobrerrepresentación del 8 %, pero el gobierno busca darse un exceso de diputados sobre ese tope.

De acuerdo con los datos del cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), para la Cámara de Diputados, Morena obtuvo 40.4 %, el Partido del Trabajo 5.4 y el Partido Verde 8.3, en total reúnen 54.1 % de los votos emitidos.

Pero el miércoles 5 de junio, el día que iniciaron los cómputos en los 300 consejos distritales del INE en todo el país, en la conferencia matutina del presidente, la secretaria de Gobernación presentó un escenario de conformación de la Cámara de Diputados. Se trató, de entrada, de una clara invasión de las atribuciones constitucionales del Instituto Nacional Electoral. Pero, además, el gobierno anunció que su coalición estaría por recibir 372 diputados, el 74.4 %. Una sobrerrepresentación del 20.3 %. Un despropósito y un exceso autoritario.

Ahora bien, si se estima la votación nacional emitida —restando los votos nulos, por candidatos no registrados e independientes y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que perderá su registro al no alcanzar el 3 % de los sufragios—, entonces subirá un poco el porcentaje que corresponde a cada uno de los seis partidos que sobreviven y que tienen derecho a diputados plurinominales. Así, la votación nacional emitida a favor de los tres partidos de la coalición gobernante sería de 57.9 %, es decir, 16.5 % por debajo del 74.4 % de diputados que Gobernación pretende. Se trata de una violación por más del doble del límite impuesto por la Constitución de hasta ocho puntos porcentuales.

La Tabla 1 muestra cómo la pretensión de gobernación es inflar el peso de los tres partidos de la coalición gubernamental y reducir el peso de los votos por los tres partidos opositores que conservan su registro al traducir esos sufragios en curules.

La distorsión de la voluntad popular sería enorme. Implicaría que la segunda fuerza política más votada, el PAN, tuviera menos diputados que el PVEM aunque tuvo más del doble de sufragios ciudadanos. Se estaría sobrerrepresentando tanto al Verde hasta el grado de convertirlo en la segunda bancada aunque es la quinta fuerza en votación popular. Sí, al quinto lugar se le daría el segundo grupo parlamentario más numeroso.

Y el partido con registro menos votado en el país, el PT (con 5.8 % de la votación nacional emitida) se le otorgaría la cuarta bancada, con más legisladores que el PRI y Movimiento Ciudadano que recibieron muchos más sufragios populares.

Tabla 1.Escenario de sobrerrepresentación por partido

 Porcentaje de votación nacional emitida (datos PREP) (A)Diputados según SEGOBPorcentaje diputados (B)Sobre o subrepresentación (B-A)
PAN18.3 %7014.0 %-4.3 %
PRI12.0 %336.6 %-5.4 %
PVEM8.9 %7515.0 %6.1 %
PT5.8 %5010.0 %4.2 %
MC11.7 %234.6 %-7.1 %
MORENA43.2 %24749.4 %6.2 %
OtrosNo aplica20.4 % 
 100 %500100 %0

Fuente: Elaboración propia a partir del PREP del INE y “mañanera” del 5 de junio.
Nota: Otros se refiere a un diputado del PRD y un independiente, que no se contabilizan para la votación nacional emitida.

Se trataría de un ejercicio para sobrecargar el peso de los votos, al traducirlos en curules, del gobierno y de comprimir al mínimo los votos populares depositados a favor de la oposición. Sería atentar contra el principio de igualdad del voto en que se sustenta la democracia, un claro contrasentido.

Para soportar esa treta, sus impulsores dicen que el límite de ocho puntos en exceso de la Constitución sólo aplica a partidos y no a coaliciones. Pero omiten decir que cuando la cláusula contra la sobrerrepresentación se incorporó a la Constitución en 1996, la ley electoral reglamentaria, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), señaló en consecuencia y de forma meridiana en su artículo 60, párrafo 4: “A la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido”. Al ser una coalición tratada como partido, la disposición constitucional aplica para ambos. Eso nunca se modificó.

Hubo después una reforma secundaria, menor, para evitar el trasvase de votos que consistió en que los emblemas de los partidos coaligados aparecieran separados en la boleta electoral. Pero jamás el constituyente ni el legislador establecieron que eso quería decir que las coaliciones fuesen un salvoconducto para violar la cláusula constitucional, que sigue del todo vigente y debe ser aplicada.

Al Consejo General del INE le corresponderá, a inicios de agosto y una vez que el Tribunal Electoral haya concluido todos los juicios por impugnaciones a la votación en casillas y distritos a la Cámara de Diputados, hacer la distribución de los diputados plurinominales. Esa decisión, como todas las del INE, podrá ser revisada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son el INE y el Tribunal quienes deberán hacer valer la Constitución por encima del interés del gobierno de hacerse de una mayoría calificada que las urnas no le concedieron.

Permitir una sobrerrepresentación por encima del límite constitucional, para construir artificial y tramposamente una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, puede ser la antesala de la demolición del orden constitucional vigente, que considera la separación de poderes, la autonomía de las autoridades electorales y la independencia de los poderes Legislativo y Judicial frente al Ejecutivo. Es el régimen democrático lo que se pondría en grave peligro.

Ciro Murayama: Economista. Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Profesor visitante en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego. Coautor, junto con Lorenzo Córdova del libro La democracia no se toca (Planeta, 2023).

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