Ella creyó en las promesas de cambio de AMLO
Crece en México la desaparición de personas, 25 % son mujeres
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 2 de abril, 2024.- La desaparición forzada de Claudia Uruchurtu Cruz, hace tres años, es un crimen de lesa humanidad y ejemplo de lo que sucede en el país, donde convergen actores del crimen organizado y del Estado en su desaparición, además de una deficiente investigación y la renuncia a su búsqueda por parte de las instituciones, aunado al papel que desempeñaba como defensora de los derechos humanos en el municipio mixteco de Asunción Nochixtlán.
En el foro Búsqueda Justicia e Impunidad… a tres años de la desaparición de Claudia Uruchurtu Cruz se recordó a la defensora desde la voz de su familia y de las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado el caso, hoy a 13 días de la celebración de la audiencia de juicio de amparo en el que se espera se niegue la reposición del procedimiento tomando en cuenta el derecho de las víctimas.
AMLO un gobierno sin corrupción, mi hermana se lo creyó
Sara Uruchurtu, apuntó que su hermana estaba convencida de que las cosas se podían mejorar, se da cuenta que las cosas en el municipio de Nochixtlán no estaban bien, investiga y solicita por diversos medios la rendición de cuentas de la entonces presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta.
Había, agrega Sara Uruchurtu, una circunstancia política, por primera vez gobernaba el país un presidente -Andrés Manuel López Obrador- surgido de un partido de izquierda, con la idea de justicia, de igualdad, de combate a la corrupción y de cambio.
“Mi hermana se lo tomó literal, mi hermana se tomó cada una de sus palabras y cada una de sus de sus promesas de este nuevo gobierno literal, de podemos denunciar corrupción, podemos investigar, podemos detener la corrupción y tener una distribución de recursos, todo lo cree a la letra…un toque de ingenuidad”, dijo tras afirmar que tienen entre cuatro y cinco cajas con el contenido de la investigación realizada por Claudia Uruchurtu.
Incluso, añade Sara, envió cartas al presidente López Obrador para que fuera a Nochixtlán para que personalmente constatara cómo el dinero destinado a educación y obras públicas no estaba gastando como debía, “como imagina usted” y lamentaba al mismo tiempo que esa corrupción impedía a las y los jóvenes “prepararse como lo hubieran querido”.
Las denuncias por el desvío de recursos en obras públicas e incluso de dinero destinado para atender la pandemia de Covid 19 para campañas políticas en 2021 pasó del ámbito municipal, al estatal y finalmente al federal, lo que la lleva a enfrentar diversos obstáculos que pretendían que ella no llegara a conocer la verdad.
Mi hermana era una defensora de los derechos humanos de la comunidad donde vivía, ella solo quería ayudar, pero por ser mujer su voz y su actuar fue calificado como el de una persona loca, estridente. Pero si hubiera sido un hombre el que hubiera alzado la voz, entonces, en la comunidad lo hubieran visto como un hombre asertivo, un líder.
Sara Uruchurto señaló que frente al cinismo y la impunidad, muchas personas piensan que las cosas no van a cambiar, pero Claudia siempre pensó en que sí se podía y en ello empeñó los últimos años de su vida.
“Hoy, su familia, tenemos ese legado, seguiremos peleando, seguiremos luchando, nos dio el mensaje de esperanza y de amor, porque ella sigue aquí, entre nosotras”.
Desaparición de personas, crimen generalizado y sistémico
La directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Silvia Patricia Chico, hizo hincapié en el papel de la defensora Claudia Uruchurto, cuya desaparición se inserta como “un crimen de lesa humanidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y explicó el contexto de las desapariciones en México, que de acuerdo con datos estadísticos, es un problema generalizado y sistemático presente en todas las entidades mexicanas.
La especialista explicó que este delito no disminuye, al contrario aumenta y se sigue reproduciendo porque detrás hay planes criminales asociados y autoridades coludidas, que de alguna manera generan impunidad y silencio.
Recordó que el 16 de mayo del 2022, “oficialmente” llegamos a los 100 mil casos de personas desaparecidos en el país, momento que fue un parteaguas.
Explicó que existe una correlación entre el aumento de los casos de personas desaparecidas y la expansión y control de territorios por parte de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que de esta forma garantizan el control territorial, el miedo y facilita la operación de las organizaciones criminales, en un marco de impunidad.
En 2022 había 100 mil personas desaparecidas, un año después las cifras aumentaron a 107 mil, en 2023 llegaron a 107 mil y para mayo de este año, cuando actualicemos los datos, estaremos hablando de más de 112 mil personas desaparecidas en México, en general, una cuarta parte son mujeres.
En Oaxaca las personas desaparecidas en 2022 fue de un total de 418, al siguiente año se contabilizaron 620. Cuando se trata de mujeres los rangos más altos por edad fue entre el grupo de 15 a 19 años de edad. Al siguiente año, el porcentaje de mujeres desaparecidas aumentó.
En 2023, las cinco entidades con más delitos de desaparición forzada son Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León, que concentran el 56.5 por ciento de los casos.
Por otra parte, dijo la directora del IMDHD en 14 estados federativos siguen careciendo de una ley de declaración de ausencia, 10 carecen de leyes sobre desaparición de personas y 18 estados no tienen Consejo Ciudadano de Búsqueda.
Silvia Patricia Chico como el abogado José Juan Julián Santiago, del Colectivo Defensores por la Justicia, recordaron que desde 2022 las autoridades locales no han vuelto a buscar a Claudia Uruchurtu Cruz.
Desigualdad procesal
Julián Santiago habló sobre el estado actual del proceso judicial, luego de que en diciembre del 2022 fueran sentenciados cinco de las personas responsables, cuatro por desaparición forzada con penas que van de 40 a 60 años de prisión, mientras que la ex presidenta municipal de Asunción Nochixtlán solo se le impuso un pena de cuatro años y dos meses de prisión, señalando que están a la espera de una audiencia el próximo 15 de abril.
Esto luego de la Sala Penal de Justicia Indígena del Tribunal Judicial de este estado, ordenó la reposición del procedimiento, sin reconocimiento de los derechos de todas las víctimas indirectas.
La Sala Penal hizo esa petición porque el Tribunal de Juicio Oral no dictó la sentencia en el plazo de 24 horas, por falta de capacidad de la Secretaría de Seguridad Pública que no podía trasladar a los inculpados y consideró que se violó el debido proceso.
Sin embargo, señala el abogado del Colectivo Defensores por la Justicia, hay desigualdad procesal, que causa un perjuicio mayor a las víctimas, violando el derecho a la tutela efectiva de las víctimas, “de fondo lo que buscan es que salgan libres, apostándole a la impunidad”, dijo refiriéndose a las cinco personas sentenciadas, entre ella la ex munícipe.
Dijo que, la familia Uruchurtu apeló a tres cosas de fondo: una, porque no consideró como autora intelectual a la ex presidenta, solo como el supuesto de obstrucción a la búsqueda, mientras al resto de sus subalternos se les consideró como responsables del delito de desaparición forzada.
Segundo, en la sentencia no hay un reconocimiento claro y contundente de Claudia Uruchurtu como defensora, que revelara el tipo de trabajo que estaba desempeñando y tercero, la investigación sin perspectiva de género.
