Para Jorge Carlos Ramírez Marín: que su propuesta entusiasta haya convencido a las y los meridanos de votar por ella.
Dulce María Sauri Riancho*
SemMéxico, Cd. de México, 2 de junio, 2021.- Hoy concluyen las campañas electorales en todo el país. Después vienen tres días que la Ley destina a la reflexión sobre el sentido del voto que depositaremos el domingo 6 de junio.
Es entendible que el interés general se concentre en la jornada que se iniciará en punto de las 8 horas en casi 163 mil casillas instaladas en toda la geografía nacional (en Yucatán, 2 mil 588). Esa misma noche comenzará el recuento de los votos recibidos, cuyos resultados preliminares serán dados a conocer a la ciudadanía por las autoridades electorales a través del PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) o del Conteo Rápido en los estados donde se juega la gubernatura, que se realiza con los resultados de una muestra representativa de casillas.
Millones de personas están involucradas: empleados/as y funcionarios/as de los órganos electorales, representantes de los 10 partidos políticos participantes y, lo más importante, casi millón y medio de ciudadan@s que decidieron aceptar la invitación y tomar la responsabilidad de recibir y contar los votos. La seguridad en todo el territorio nacional estará a cargo de los ejecutivos federal y de los estados.
Tras este complejo y monumental ejercicio se encuentra el esfuerzo de varias décadas realizado por la sociedad en su conjunto para hacer “normal” el relevo de las y los representantes populares.
Esta “rutina de la democracia” parecía haberse establecido desde 1997, coincidente con la pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputados que sufrió el PRI ese año. Se consolidó con el triunfo de Vicente Fox en 2000 y continuó avanzando con los ajustes requeridos por el severo cuestionamiento al 0.56 por ciento de diferencia entre los candidatos del PAN y del PRD a la presidencia de la república en 2006.
Dos grandes reformas político-electorales: 2007 y 2014, fortalecieron a las instituciones responsables de organizar el proceso y dar certidumbre a los resultados. Los tribunales han intervenido cuando se han denunciado irregularidades, incluso decretando la anulación de elecciones a la gubernatura en algunos estados de la República (por cierto, Tabasco fue el primero en 2000). Parecía que, finalmente, se instauraba una “cultura de la legalidad” entre actores políticos y ciudadanía. Hasta que llegó 2021 con su cauda de polarización y enfrentamientos.
La sombra de la violencia se adueñó de las campañas electorales de este año. La pandemia del Covid, como macabro telón de fondo, ha transformado las formas de contacto entre candidat@s y ciudadanía, además de representar un interrogante respecto a la participación en las urnas.
Desde la presidencia de la República se ha cuestionado severamente al INE, a su consejero presidente y a varios de quienes integran el Consejo General, así como al Tribunal Electoral, cuando sus decisiones no se ajustan a los deseos presidenciales. Aun así, la organización de las elecciones más grandes en la historia de México avanza.
El día después, el lunes 7 de junio, millones de personas se levantarán para ir a sus trabajos y en algunos estados, niñas y niños retornarán a sus escuelas después de más de un año de ausencia. La vida seguirá con sus enormes retos en la salud, empleo, ingreso, justicia y derecho a una convivencia libre de violencia. Habrá ganador@s de las gubernaturas, presidencias municipales, congresos locales y una nueva legislatura en la Cámara de Diputados.
Para ese día, la disyuntiva es clara y se impone: o se aceptan las derrotas como compromiso central de la democracia, o se intenta arrebatar triunfos de los adversarios por la vía de la violenta impugnación de los resultados. En 2000, el PRI reconoció sin subterfugio alguno su derrota en la elección presidencial. No hubo entonces, como algunos auguraban, intento de escatimar o desconocer los resultados de las urnas, a pesar de haber sido el partido en el gobierno más de 70 años. Tampoco lo hubo en el 2018, cuando se reconoció el triunfo, limpio y contundente, de Andrés Manuel López Obrador.
¿Cómo se conducirá ahora el presidente de la República ante los posibles triunfos de sus adversarios? ¿Habrá ese reconocimiento consustancial a la democracia? ¿O buscará por todos los medios anular los resultados desfavorables al partido en el gobierno?
En el escenario factible del éxito de Morena y sus aliados, ¿reaccionará el jefe del Ejecutivo como un demócrata que entiende el papel fundamental de las minorías en los gobiernos? ¿O buscará aplastar, avasallar, para que en tierra arrasada ya no vuelva a florecer la amenaza de las oposiciones a su proyecto político?
México se juega mucho el 6 de junio, pero más el día después. Cambiar de opinión de una elección a otra es el valor supremo que tutelan las instituciones electorales para 126 millones de habitantes de este país. No hay que darle vueltas: la democracia de un solo hombre se llama dictadura; por el contrario, pluralidad y diversidad de opciones son rasgos de una sociedad democrática que no podemos permitir que sea sofocada por el poder presidencial. En esta elección votan mayores de 18 años, pero en nuestra decisión se juega el futuro de la niñez de 2021.
Tres años en la vida de una nación son apenas un suspiro. Pronto llegará 2024, el domingo 2 de junio, cuando se elegirá a él o la nueva presidenta de la república. Sin duda, 2021 será el prólogo de 2024. Para ese porvenir cercano, realizar ese proceso en paz, con la rutina de la democracia, depende de este año, de estos días.
Resistamos las tentaciones de retorno a la incertidumbre, a las turbulencias que acompañaban a los anuncios de triunfos o derrotas. Exijamos el correcto funcionamiento de las instituciones y de las personas responsables de ellas. Y sobre todo, votemos. Ciudad de México, 2 de junio.
dulcesauri@gmail.com
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados