Las mujeres en situación de pobreza destinan más del doble de tiempo a un empleo sin paga que los hombres en la misma situación.
Seis de cada 10 mujeres en pobreza no tienen acceso a seguridad social. De aquellas que sí tienen acceso, 90% lo tiene de forma indirecta.
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 29 de abril, 2024.- La pobreza trasciende el nivel de ingresos percibidos por las personas ya que, en México también se consideran las carencias sociales como educación o servicios de salud en su medición. Con el objetivo de visibilizar la pobreza con una perspectiva de género, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó las disparidades que existen entre hombres y mujeres en cuanto a las oportunidades económicas y sociales con base en el Sistema de Indicadores sobre Pobreza y Género en México (SIPyG) del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicado en marzo de 2024.
En México, 37% de las mujeres vive en situación de pobreza, es decir 24.8 millones de mujeres no cuentan con ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios básicos, además de contar con al menos una de las seis carencias sociales: educación, servicios de salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación. Esta proporción no difiere mucho de la de los hombres (36%), sin embargo, la situación de pobreza se agudiza cuando las mujeres dedican más tiempo al trabajo no remunerado del hogar y de cuidados, lo cual no se observa en el caso de los hombres.
Las mujeres en pobreza son quienes tienen un mayor nivel de prevalencia en todas las carencias sociales medidas por el Coneval. Las mujeres en pobreza enfrentan tasas más altas de: rezago educativo (33%), falta de acceso a seguridad social de manera directa (91%), carencia de vivienda propia (88%) e inseguridad alimentaria (36%) en comparación con los hombres en pobreza y con las mujeres que no están en pobreza.
Mercado laboral
La situación que enfrentan las mujeres, en específico aquellas que viven en pobreza, se relaciona con una menor participación laboral. En México, 47% de las mujeres en pobreza tiene un empleo remunerado, esta proporción es 9 puntos porcentuales menor que las mujeres que no están en esta situación. Por otro lado, en el caso de los hombres estar o no en pobreza no cambia mucho la participación económica ya que equivale a 82% y 81%, respectivamente.
Dependencia económica
En el caso de las mujeres, esto se traduce en una mayor falta de autonomía económica, es decir, la capacidad para generar ingresos propios y suficientes. La autonomía económica es un mecanismo para lograr un mayor margen de libertad en la toma de decisión, sin embargo, las mujeres en pobreza son quienes más carecen de ella. Las mujeres en situación de pobreza son cuatro veces más propensas a tener un empleo sin salario1 en comparación con otras mujeres.
Esta mayor carga de trabajo sin salario se relaciona con una mayor dependencia de ingresos provenientes de terceros, ya sea de familiares, amigos o programas sociales. 30% del ingreso de las mujeres en condición de pobreza proviene de medios indirectos2, para los hombres esta cifra disminuye a 7%. Además, 19% de las mujeres en pobreza dependen de programas sociales para satisfacer sus necesidades básicas, en comparación con 12% de los hombres.
Acceso a seguridad social y salud
Esta dependencia económica no es únicamente de ingresos, sino también en el acceso a derechos como la salud o la vivienda. En México, el acceso a servicios públicos de salud está determinado–en buena medida–por la condición laboral de las personas, es decir, el acceso depende de trabajar en la formalidad o no. Aquellas mujeres que se encuentran en situación de pobreza son más propensas a trabajar en la informalidad, por lo que seis de cada 10 carecen de acceso a seguridad social, para el resto de la población esta cifra desciende a cuatro de cada 10.
Aunque 40% de las mujeres en pobreza son derechohabientes de algún sistema de salud pública, de ellas, nueve de cada 10 lo son de manera indirecta. Es decir, que el acceso les es garantizado por ser dependiente económico de otra persona con derechohabiencia directa. Entre 2016 y 2022, la diferencia entre el porcentaje de mujeres y hombres con acceso directo a servicios de salud pública se duplicó, ya que mientras el acceso directo de los hombres en pobreza a servicios de salud creció de 11% a 26%, las mujeres lograron pasar de 4% a 9% en este periodo.
En México, las mujeres en situación de pobreza se enfrentan a una desigualdad en términos de ingresos, así como en la falta de acceso a servicios básicos como educación, vivienda y salud. Impulsar el acceso de las mujeres a más y mejores oportunidades económicas y sociales promueve una mayor autonomía económica lo que puede ser un mecanismo para acceder a empleos con mejores condiciones laborales, continuar sus estudios o emprender, lo que a su vez contribuirá al crecimiento económico del país. Para ello, el IMCO Propone:
1. Profundizar en la medición de pobreza con una perspectiva de género. La medición del Coneval permite entender la manera en que hombres y mujeres enfrentan la pobreza. Sin embargo, dado que el acceso a algunos derechos sociales como vivienda, ingreso o salud están sujetos a las características del empleo, es clave ahondar en el efecto que esto tiene sobre la pobreza en las mujeres.
2. Utilizar los indicadores con perspectiva de género para la toma de decisiones. Impulsar que los gobiernos federal y locales utilicen estas mediciones desde el diseño de políticas públicas para mitigar la pobreza hasta las reglas de operación de los programas sociales. Asimismo, promover un monitoreo y evaluación utilizando estos indicadores.
1. Algunos ejemplos de personas que tienen un empleo sin salario son aquellas que laboran en negocios familiares sin remuneración, por comisiones o propinas.
2. Se consideran ingresos directos aquellos que provienen del trabajo subordinado, independiente, jubilaciones, indemnizaciones y renta de la propiedad. La procedencia indirecta del ingreso se compone de ingresos por transferencias, como remesas y beneficios provenientes de programas gubernamentales (excluyendo jubilaciones e indemnizaciones).
