Pronunciamientos, llamados, análisis vuelven a poner el foco en Guerrero, donde se violan los derechos humanos sistemáticamente
La estrategia de extermino, desde los años 60, recuerda el Centro Morelos ; la mesa de paz una simulación
Sara Lovera/ editorial e información
SemMéxico, Cd. de México, 25 de mayo 2026.- La crisis desatada en Chilapa, Guerrero, con el desplazamiento forzado, de más de 800 familias, revela una crisis humanitaria que no se está atendiendo, ni mirando su hondura y consecuencias.
En Guerrero al mismo tiempo se llama a La Paz, con una “mesa por la paz”, considerada como juegos artificiales.
Desde el 9 de mayo, la situación es tensa. Y según las noticias los asesinatos del funcionariado y las preocupaciones están al máximo. Mujeres y niñas, las víctimas mayoritarias. Mientras una campaña por hacer el camino al gobierno de Guerrero, desata discursos superficiales, se levantan informes turísticos y promociones de la comida guerrerense, como si nada pasara. También además de pronunciamientos y reflexiones, nuevas iniciativas en Congreso Local.
Llaman la atención al gobierno local y federal, encabezados por dos mujeres; mientras 2 mujeres andan en campaña.
Preocupa que todo apunte a una estrategia de contrainsurgencia, donde en los gobiernos de Guerrero esto se ha practicado desde los años 60, en que fue identificada la guerrilla. El tema es para ver cuidadosamente. Hay llamados a los alcaldes que no se quieren sentar en la mesa de paz, hay posicionamiento de esos alcaldes.
Con información de organizaciones, de la agencia Ceprovysa y otras, dejamos aquí para leer cuidadosamente.
Desde lo oficial, lo político y la preocupación de una docena de organizaciones sobre el desplazamiento en Chilapa, de hace dos semanas.
Se advierte que las consecuencias de una estrategia de contrainsurgencia busca el exterminio y despoblación de las comunidades ancestrales de la montaña. La pregunta es si y cómo esto tiene que ver con la producción de Amapola y dónde se ubican las informaciones oficiales.
En el Congreso
Toda vez que el desplazamiento forzado de familias enteras de las comunidades agobiadas por la violencia e inseguridad extrema constituye una violación múltiple y continuada de derechos humanos. El Estado tiene la obligación de garantizar mecanismos efectivos de reparación integral del daño, consideró la diputada local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Erika Isabel Guillén Román.
Explica en entrevista el contenido de la iniciativa que presentó la semana pasada que propone reformar la Ley Número 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con el objetivo de fortalecer el derecho a la reparación integral de las personas víctimas de desplazamiento forzado interno.
En su opinión el desplazamiento e s un problema enfrentado por decenas de comunidades en la entidad, ya no es un fenómeno aislado sino una grave crisis humanitaria derivada de la violencia en distintas regiones de la entidad, particularmente en comunidades de la Sierra y municipios indígenas como Chilapa.
Guillén Román hizo referencia muy especial a los recientes hechos ocurridos en comunidades indígenas de Chilapa, donde alrededor de 800 familias se vieron obligadas a huir debido a los enfrentamientos armados.
Advirtió que “hay comunidades en Guerrero donde el silencio ya no representa tranquilidad. Lugares donde la vida cotidiana fue sustituida por la incertidumbre permanente”.
Dijo que las disputas territoriales entre grupos armados, las amenazas directas contra la población y la ausencia de condiciones efectivas de seguridad han obligado a cientos de familias a abandonar sus hogares para proteger su vida e integridad.
Afirmó que entre 2011 y 2017 Guerrero se colocó entre los estados con mayor número de desplazamientos forzados internos en el país, junto con entidades como Tamaulipas, Coahuila y Michoacán, y agregó que al menos 135 episodios relacionados con este fenómeno.
Citando datos del INEGI se ve que hay una disminución drástica de población y un incremento de viviendas abandonadas en comunidades serranas durante el Censo de 2020, situación vinculada directamente a los contextos de violencia.
Propone reformar la Ley de Víctimas del Estado para incorporar el concepto de “proyecto de vida” desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconociendo que las víctimas no sólo pierden bienes materiales, sino también expectativas de desarrollo personal, familiar, educativo, laboral y comunitario pues enfatizó que “reparar no significa únicamente indemnizar. Reparar implica reconstruir condiciones de existencia y devolver posibilidades reales de desarrollo humano”.
Detalló que su intención es que las medidas de reparación integral sean adecuadas, efectivas, diferenciadas y transformadoras, además de establecer acciones específicas para garantizar retorno digno y seguro, acceso a vivienda, salud, educación, alimentación, empleo y atención psicosocial para las víctimas y destacó que también prevé medidas para la reconstrucción del tejido comunitario y garantías de no repetición.
La legisladora local por el PRD remarcó finalmente que el desplazamiento forzado de familias enteras de las comunidades azotadas por la violencia no puede seguir siendo atendido únicamente desde una lógica asistencial, al señalar que “detrás de cada vivienda abandonada existe una familia desplazada y detrás de cada víctima existe una vida que merece ser reconstruida con dignidad”.
Derechos humanos pide a 9 alcaldes y alcaldesas, mantenerse en las mesas para la paz
Luego del anuncio de 9 Alcaldes y Alcaldesa, de retirarse de las reuniones de las Mesas para la Construcción de la Paz, la Comisión Estatal de Derechos Humanos les conminó a mantener su presencia dentro de estos espacios.
Alcaldes de municipios de José Joaquín de Herrera, Zitlala, Acatepec, Tixtla de Guerrero, Quechultenango, Ahuacuotzingo, Mochitlán, Mártir de Cuilapan y Atlixtac, dieron a conocer que se retiraban de las Mesas de Paz por considerar que las mismas se han convertido en espacios donde los reportes son canalizados entre dependencias, pero sin acciones específicas que atiendan la violencia en sus regiones.
Las y los 9 Alcaldes que se retiraron de estos espacios, consideran que en los mismos, por parte de las autoridades estatales y federales, existe omisión, indiferencia y falta de respuestas eficaces ante temas como ataques armados, amenazas que enfrentan comunidades así como desplazamientos forzados.
Tras conocerse su la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que encabeza Cecilia Narciso Gaytán, llamó a las autoridades municipales a mantener un trabajo conjunto para fortalecer la paz en Guerrero.
La CDHEG dice a las y los 9 Presidentes Municipales: “En la Mesa para la Construcción de la Paz, la participación de los municipios es fundamental, porque son la autoridad inmediata a las comunidades. Por tanto, la paz se construye con su participación”.
Publicamos el comunicado
Hace 3 días inició la Mesa de diálogo por la Paz
Esta mesa es para dar seguimiento a la atención integral en el corredor Chilapa-Hueycantenango, en cumplimiento al acuerdo establecido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
El encuentro es encabezado por el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, y por parte del Gobierno del Estado, por el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, quienes fortalecen el diálogo con las comunidades y avanzan en la construcción de acuerdos para atender sus planteamientos sociales.
Una docena de colectivos de Derechos Humanos en el PAÍS se pronuncian ante desplazamiento forzado en Chilapa (Pronunciamiento Urgente)
Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes
Texto del PRONUNCIAMIENTO URGENTE
Ante la crisis humanitaria por el desplazamiento forzado en la Montaña Baja de Guerrero México a 20 de mayo de 2026.-
Las personas, colectivos de víctimas, comunidades y organizaciones civiles que conformamos el Colectivo sobre Desplazamiento Forzado Interno, manifestamos nuestra profunda preocupación frente a la omisión, negligencia e inacción de las instituciones del Estado mexicano ante los graves ataques de la delincuencia organizada. Hechos que han provocado el desplazamiento forzado de comunidades nahuas en la región de la Montaña Baja de Guerrero, en el municipio de Chilapa de Álvarez desde el 9 de mayo.
El uso de armamento de alta capacidad de fuego y drones con artefactos explosivos en municipios como Chilapa de Álvarez evidencia una escalada de violencia en la zona.
Esta situación vulnera la vida comunitaria de los pueblos originarios y profundiza un contexto de violencia que no es nuevo para la región.
No es la primera vez que comunidades de la Montaña Baja enfrentan eventos de desplazamiento forzado, ataques armados y despojo territorial. Sin embargo, hasta el momento no ha existido una sola estrategia integral y sostenida orientada a la pacificación de la zona mediante la reconstrucción del tejido social, la prevención de las violencias y la generación de condiciones reales de seguridad comunitaria. La respuesta oficial con el Ejército mexicano, las Guardia Nacional y la Policía Estatal ha sido insuficiente, y se ha limitado a despliegues reactivos, temporales, predominantemente militarizados que, aunque pueden contener momentáneamente algunos hechos de violencia, no atienden las causas estructurales del conflicto ni garantizan soluciones duraderas.
Las fuerzas armadas eventualmente se retiran —como debe ocurrir en un Estado democrático—, pero detrás permanece el abandono institucional, la fragmentación comunitaria y la ausencia de políticas preventivas y sostenidas.
No existen actualmente planes integrales de retorno seguro, reconstrucción comunitaria ni garantías efectivas de no repetición. Predominan acciones tardías, asistencialistas y fragmentadas que no permiten a las familias recuperar sus proyectos de vida ni restablecer condiciones básicas de dignidad y seguridad. En el momento de la salida forzada, la población se ha visto obligada a abandonar sus viviendas, las cuales han sufrido saqueos, destrucción parcial o total por incendios e impactos directos de artefactos explosivos. Así mismo, el patrimonio de las familias, que han sostenido durante generaciones, se ha perdido por completo: se han perdido cosechas para el sustento de las comunidades, así como las reservas de granos básicos y los animales de corral o ganado, los cuales están muriendo por falta de cuidado o en otros casos son robados por las células criminales operantes.
Sumando a estos hechos, el desplazamiento forzado genera un daño cultural y un etnocidio silencioso junto a su patrimonio biocultural ancestral. Esta pérdida de bienes e infraestructura no representa un simple daño colateral, sino constituye un despojo intencionado, sistemático de los medios de vida de las comunidades; ya que anula cualquier posibilidad de autosuficiencia alimentaria y hunde a las comunidades en una incertidumbre desde el primer día del éxodo.
Adicionalmente, queremos poner énfasis en que el desplazamiento forzado interno es una grave violación a los derechos humanos que lleva lustros desarrollándose: el poder destructivo que hoy describimos en Guerrero ha azotado a comunidades campesinas de Michoacán al menos desde enero de 2021, y desde allí se han implementado estas tecnologías de guerra en otras entidades, como Chiapas, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas. Las denuncias de sociedad civil respecto al riesgo de proliferación fueron múltiples, oportunas y no atendidas; por el contrario, los eventos de desplazamiento forzado en el país continúan multiplicándose. El Estado no puede continuar soslayando esta realidad sin poner en riesgo la gobernabilidad territorial, la vigencia del Estado de Derecho y con ello, la soberanía nacional.
Ante la persistencia de la emergencia, subrayamos las profundas afectaciones a mujeres jefas de hogar y las graves separaciones culturales forzadas que sufre la niñez indígena, y solicitamos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno:
1.- Garantías de seguridad e integridad física permanentes: Instalar mecanismos eficaces entre las fuerzas federales y protección civil en las comunidades afectadas (Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán) para detener las incursiones armadas y el hostigamiento criminal de manera definitiva.
2.- Brindar atención humanitaria inmediata e integral con enfoque de género, edad y diversidad: Suministrar de inmediato alimentos, refugios seguros y regularización educativa para niñas, niños y adolescentes. Esto debe implementarse respetando estrictamente su pertinencia cultural, lengua y costumbres y en coordinación con SIPINNA.
3.- Atención a personas y comunidades desplazadas sin condicionamiento de la denuncia penal: Facilitar el acceso al Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) Se debe eliminar de manera inmediata la exigencia de una denuncia penal como condición para recibir asistencia material y de protección.
4.- Mesa de trabajo: Instalar una mesa de trabajo interinstitucional coordinado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) con participación directa y representativa de las víctimas, autoridades comunitarias, actores sociales reconocidos en la región y organizaciones acompañantes.
5.- Implementar un protocolo especializado en salud mental y apoyo psicosocial para resarcir el daño acumulado por la exposición prolongada al miedo y la ruptura del tejido comunitario. Esto constituye una condición indispensable para la recuperación de las familias y las comunidades afectadas.
6.-Criterios de evaluación y registro confidencial para un retorno seguro: Diseñar protocolos con pertinencia cultural para evaluar los riesgos de seguridad antes de cualquier retorno. Un primer paso es la reposición inmediata de documentos de identidad mediante un sistema de registro foliado, anónimo y confidencial que garantice la protección de los datos personales de las personas desplazadas.
7.- Continuaremos señalando la falta en que incurre el Estado Mexicano al no promulgar una Ley general contra el Desplazamiento Forzado Interno en México, que lo tipifique como delito, conforme un registro nacional de personas desplazadas internas y establezca las competencias institucionales para la prevención, atención y restitución de derechos violentados por esta grave violación a los derechos humanos.
A T E N T A M E N T E
Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes
Chiapas: Desplazados Tseltales de Ocosingo Colectivo de desplazados COLEMBIJ de la zona norte Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. Voces Mesoamericanas Melel Xojobal (niñeces y adolescencias)
Chihuahua: Colectivo de personas desplazadas “Nuevo Amanecer” de Parral Comunidad de Baborigame de Guadalupe y Calvo Desplazados de la Comunidad del Manzano Desplazados de la Comunidad de Monterde Desplazados de la comunidad Coloradas de la Virgen Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Centro de los Derechos Humanos de la Mujeres A.C. Alianza Sierra Madre Equipo de Producción Documental “CRUZ”
Colima: Desplazados de Colima reubicados en Michoacán
Durango: Colectivo de personas desplazadas “Nuevo Amanecer”
Guerrero: Desplazados de la comunidad de Leonardo Bravo Desplazados de Zitlala Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Centro de derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello
Michoacán: Desplazados de Aguililla Desplazados de Chinicuila Desplazados de Coalcoman Desaparecid@s de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem) Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán
Oaxaca: Desplazados de Cuajilotes, Pueblo Viejo y Cerro Metate, San Juan Mixtepec Desplazados triquis de Tierra Blanca Copala Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI)
Sinaloa: Comunidad Mayo de Huites
Sonora: Colegio de Sonora Red Kaweruma para apoyo a Guarijios
Quintana Roo: Desplazados Kanjobales y Cakchiqueles de Maya Balam
Ciudad de México: Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos A.C. Centro de Seguridad Urbana y Prevención Centro de Investigación y Acción Social A.C. Aluna Acompañamiento Psicosocial A.C. Trabajo interestatal en Sinaloa, Sonora, Campeche, Quintana Roo y Chiapas; Foro para el Desarrollo Sustentable A.C.
El Centro Morelos afirma: El desplazamiento forzado no es una consecuencia de la violencia, sino una estrategia político militar
El Centro Morelos de DH hace un pronunciamiento, plantea exigencias ante lo que califica como la Omisión y Aquiescencia del gobierno federal, estatal y municipal ante el accionar de los grupos narcoparamilitares en comunidades de Chilapa de Álvarez.
Difundido el domingo 24 de mayo
Desde 1997, año en que se constituyó el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José Ma. Morelos y Pavón (Centro Morelos), al mismo tiempo que promovía y defendía los Derechos Humanos en los municipios de la montaña baja, ha sido testigo de la aplicación de una estrategia de contrainsurgencia y la aplicación de la nueva forma de acumulación de capital en el estado y, como consecuencia el exterminio y despoblación de las comunidades ancestrales de estas montañas.
En resumen, el desplazamiento forzado no es simplemente una consecuencia de la violencia delictiva, sino una estrategia política y militar diseñada para inmovilizar a la sociedad civil y facilitar el despojo territorial donde el terror se convierte en una herramienta política y nunca debemos olvidar que el capital criminal y el Estado no son entidades aisladas y esta relación se sostiene a través de las siguientes dinámicas: La
Corrupción y la cooptación donde los grupos delictivos establecen acuerdos paralegales, compran militares, jueces, fiscales, policías, gobernadores, presidentes municipales y financian campañas políticas para asegurar protección institucional, impunidad y territorios para operar y, en retribución fungen como el brazo ejecutor del Estado, exterminando opositores políticos, defensores del medio ambiente, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, madres buscadoras y, mediante el terror inhiben la organización popular para imponer los proyectos extractivistas.
Recordemos que después de la derrota armada de las organizaciones político-militares (ACNR, PDLP, EPR, ERPI entre otras), el ejército no regreso a sus cuarteles sino que se dedicó a repartir semilla de amapola y mariguana en la sierra y la montaña, asesorando y buscando compradores, simulando que apoyaban a la población más vulnerable, ahí inicia una nueva estrategia de la guerra de contrainsurgencia, con incipientes grupos de productores de amapola y mariguana que posteriormente se transformaron en los grupos delincuenciales hoy conocidos, y que cuando el descontento social empuja a los pueblos a organizarse para defender sus bosques y sus recursos minerales, exigiendo el cumplimiento de sus derechos humanos, ante el descrédito del ejercito por su participación activa en la llamada guerra sucia y ante las dificultades para imponer la nueva forma de acumulación del capital y la conservación del poder político, se promueve la creación de grupos de narco paramilitares para enfrentar en conjunto con el ejército y la policía la resistencia al despojo y saqueo de los recursos minerales y naturales, entonces nos damos cuenta que, Ningún hecho de violencia y sus secuelas son aislados y han dejado miles de personas asesinadas, desaparecidas y familias desplazadas, todas víctimas de la aquiescencia y participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Veamos el proceso de esta estrategia: 1992.
Reforma al artículo 27 constitucional abriendo al mercado las tierras y los recursos naturales de los pueblos originarios y de los ejidos. 1994. Levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas.1995. Masacre de Aguas Blancas.1996. Surgimiento del Ejército Popular Revolucionario en Guerrero. 1997. Constitución del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y pavón” en Chilapa justo cuando en la montaña baja el ejercito detenía, torturaba y encarcelaba a presuntos miembros de la guerrilla.1998.
Masacre de El Charco.1999 – 2000. Se forma el grupo narco paramilitar de los ardillos en Tlanicuilulco.2009. se da la formación del grupo delincuencial de los rojos en Chilapa.2015.
Del 9 al 15 de mayo los ardillos mantuvieron tomada Chilapa cabecera del municipio del mismo nombre con alrededor de 300 personas armadas, apoderándose temporalmente de la alcaldía bajo la justificación de combatir a “Los Rojos” dejando como saldo de estos hechos la desaparición de alrededor de 30 personas. Contexto Político: El ataque ocurrió en un clima de alta tensión electoral tras el asesinato del candidato a la alcaldía Ulises Fabián Quiroz el 1 de mayo.**
después de retirarse de Chilapa (mayo 2015), el grupo de civiles armados se constituyeron en la autodenominada Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, con presencia en diversas comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero para blindar los nuevos territorios conquistados que ahora abarca los municipios de Zitlala, Ahuacuotzingo, Tixtla, Atlixtac y otros más. 2015.
Se constituyó La policía comunitaria en la comunidad de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, en respuesta a la violencia de grupos delictivos en la zona.2017 se constituye en 10 comunidades del municipio de Chilapa y José Joaquín de Herrera la policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF). **
Son múltiples los ataques que han sufrido las comunidades indígenas nahuas del municipio de Chilapa que pertenecen a la policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF).2011 El Centro Morelos inicia acompañamiento a acompañamiento a familias desplazadas en la comunidad de la Laguna municipio de Coyuca de Catalán.2018 El Centro Morelos inicia acompañamiento a acompañamiento a familias indígenas desplazadas en el municipio de Zitlala y familias desplazadas de los municipios de Leonardo bravo y Eliodoro Castillo.2019.
Integrantes del Centro Morelos son agredidos física y sexualmente en Chichihualco por policías estatales entre los que iban sicarios del grupo de los Tlacos.2020. Integrantes del Centro Morelos se ven obligados a salir desplazados ante las agresiones y amenazas de integrantes de un grupo narco paramilitar, sin que hasta la fecha se hayan creado las condiciones para su regreso.2026. del 6 al 11 de mayo el grupo de los ardillos ataca las comunidades Acahuehuetlán, Xicotlán, Tula y Alcozacán del municipio de Chilapa, con un saldo de seis muertos, 6 heridos entre los que hay 2 bebes, desplazando a cientos de personas y se habla de algunos desaparecidos. (lo anterior sin tomar en cuenta las diversas masacres y asesinatos cometidos en contra de ciudadanos de comunidades que integran el CIPOG- CRAC-PC-PF.(Entre los acontecimientos enumerados hay muchos hechos sangrientos que no alcanzamos a incluir pero que solo refuerzan lo que hemos afirmado).
Ante esta crisis humanitaria tolerada por el estado y sus instituciones por acción, omisión y la Aquiescencia en que incurren las autoridades, el Centro Morelos Exige:
A la Presidenta de México; Claudia Sheinbaum Pardo.A la Gobernadora del Estado de Guerrero; Evelyn Salgado Pineda. A la presidenta municipal de Chilapa; Mercedes Carballo Chino.
1.- El cumplimiento puntual de lo que mandata el Artículo 1º Constitucional, El Artículo 1º de la Constitución Mexicana establece que todas las personas en el país gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales. Garantiza la igualdad, prohíbe la discriminación y obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos: Igualdad y No discriminación: Prohíbe cualquier discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Obligaciones de las autoridades: Las autoridades tienen el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Principio Pro Persona:
Todas las normas relativas a derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas.
2.- Por lo que, exigimos la aplicación de las normas internacionales en materia del desplazamiento interno y el marco jurídico y normativo de México, diseñado para salvaguardar a las personas vulnerables, centrándose especialmente en la Ley General de Víctimas de México y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, ya que Estos documentos establecen que el Estado tiene la obligación primaria de garantizar la protección, asistencia y reparación integral de quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos o delitos.
En esos instrumentos se definen conceptos fundamentales como la dignidad humana, la no criminalización y el enfoque diferencial para grupos con mayor vulnerabilidad, como mujeres y niños. Asimismo, se detallan derechos específicos que incluyen el acceso a la justicia gratuita, la búsqueda de la verdad y el suministro de servicios básicos durante el desplazamiento.
Finalmente, las normativas exigen que las autoridades actúen bajo principios de buena fe y debida diligencia, asegurando que las víctimas sean tratadas como sujetos plenos de derecho en todo momento
3.- El cumplimiento de las demandas de las comunidades de Xicotlán, Tula, Acahuehuetlán y Alcozacán planteadas a través de las organizaciones integrantes de la Misión Civil de Observación realizada del 22 – 24 de mayo de 2026.Atentamente¡Por Una Sociedad Fraterna y Una Vida Digna! Consejo Directivo del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A.C.
https://www.cepal.org
• Portada del sitio de la reunión: 
