- También la presentación de la propuesta de iniciativa completa hecha por el poder Ejecutivo en “la mañanera del pueblo”
- El feminicidio tiene sustento en una epistemología que comprende la desigualdad y la discriminación contra las mujeres
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 22 de mayo, 2026.- Una evaluación pública y participativa, profunda y con información de las dos últimas décadas de operación desde que fue publicada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, en toda la República mexicana, y en las materias jurídicas en las que se ha plasmado este derecho, solicitaron expertas feministas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Al terminar los tres días del Foro en defensa y exigencia del cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) realizado luego de que la Presidencia de la República presentara una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el delito de Feminicidio, pidieron también que dicha iniciativa completa se presente públicamente.
En una segunda petición señalan que se presente públicamente la propuesta de iniciativa completa que el poder ejecutivo federal comunicó en el espacio de la mañanera del pueblo, de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de Feminicidio, para su análisis y debate democrático con la sociedad civil interesada.
Las expertas feministas expresan su beneplácito porque distintas autoridades del gobierno federal se interesan en la violencia contra las mujeres que lleva al feminicidio de miles de mujeres en este país, así como para erradicar la impunidad que, en estos casos, según distintas instituciones públicas y ciudadanas, es mayor al noventa por ciento.
Luego explican que el término de feminicidio no surge de imaginar asesinos solitarios y de película, sino que tiene sustento en una epistemología que comprende la desigualdad y la discriminación contra las mujeres como la estructura que sostiene la violencia contra las mujeres y su impunidad.
Por ello, reiteran que cualquier acción que se quiera realizar, si no parte de dicha epistemología, corre el riesgo de ser contraproducente y generar un retroceso en lo logrado hasta ahora.
Recuerdan que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias se realizó en un proceso científico, participativo y crítico de la legislación vigente en México. La tipificación del delito de feminicidio también. Sabemos que toda norma es perfectible, y somos las primeras en buscar su mejora, pero el hecho de ni siquiera conocer oficialmente con el proyecto completo de iniciativa Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de Feminicidio por parte del ejecutivo federal, deja a la especulación y preocupación el proceso.
Las firmantes, entre las que destacan Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Red de Investigadoras por la vida y la libertad de las mujeres, y Alda Facio Montejo, ex relatora sobre discriminación contra las mujeres y niñas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señalan que “el vacío no es total”.
Explican que la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados hace pocas semanas, y el antecedente del año 2022 del entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, establecen elementos que no se pueden aceptar.
“Respecto del tipo penal, las más de veinte agravantes a las hipótesis de razón de género, muchas de ellas duplicándose entre sí; la confusión dolosa entre la condición sexuada de las mujeres y la identidad de género, así como los rangos de sanción más allá del límite constitucional son algunos de los elementos que advierten que la propuesta, más que una solución será un nuevo obstáculo para el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia”.
Advierten que en aspectos para las políticas de prevención, atención, investigación y reparación del daño, hay duplicidad con la normatividad vigente, tanto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, la Ley General de Víctimas y el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que preocupa por la inseguridad y confusión jurídica que puede generar.
A manera de recordatorio exponen que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, reconocido en la normatividad internacional que México ratificó y armonizó en la normatividad general administrativa, pero también, penal, laboral, familiar, electoral y del servicio público, “requiere de la mayor ética, conocimiento científico y participación democrática para que su efectivo fortalecimiento sea una realidad”.
Este pronunciamiento fue firmado además por Imelda Marrufo Nava, coordinadora general de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Mónica Luna Blanco, perita en antropología social con perspectiva de género del Laboratorio de Antropología Aplicada para la atención de violencia feminicida; la abogada feminista Andrea Medina Rosas.
Además de Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, magistrada penal en el Supremo tribunal de Justicia de Chihuahua; Indira P. Gómez, abogada independiente; Aimeé Vega Montiel, CEIICH,UNAM; la economista Magdalena García Hernández, economista, Giulia Marchese, investigadora especializada en datos de género y geografía política y la abogada feminista y directora de justicia Pro Persona, Ana Yeli Garrido,
https://www.cepal.org
• Portada del sitio de la reunión: 
