SemMéxico, Cd. de México, 7 abril 2018.- La Cámara de Diputados aprobó el punto de acuerdo que exhorta al presidente Enrique Peña Nieto a suscribir la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de esa forma se busca que disfruten de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa.
Así lo informó el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y quien impulsó el punto de acuerdo, Francisco Martínez Neri ante quienes integran la LXIII Legislatura.
Martínez Neri señaló que la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores por parte del Estado Mexicano, se favorecería a casi 13 millones de mexicanos y mexicanas mayores de 60 años.
De acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2017 habitan en el país casi 13 millones de personas de 60 y más años. Entre 1970 y 1990 el porcentaje de personas adultas mayores pasó de 5.6 a 6.4 por ciento, cifra que aumentó en 2017 al representar el 10.5 del total de la población. “Las estimaciones de CONAPO indican que para 2030 esa cifra se elevará a 14.9 por ciento y se estima que para el 2050 alcance el 24.7 por ciento”.
Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2016, en el país hay 33.5 millones de hogares y en 30.1 por ciento de estos reside al menos una persona de 60 y más años, dice el punto de acuerdo.
Mientras las mujeres adultas mayores con trabajo remunerado apenas alcanzan el 20 por ciento del total de ese grupo de población, los hombres rebasan el 50 por ciento, y el porcentaje de la población de 60 y más años que no es económicamente activa es del 66.1 por ciento, y de estos, más de la mitad se dedica a los quehaceres del hogar (54 %), es decir, se trata de mujeres mayoritariamente.
Cabe señalar que en México el porcentaje del valor econonómico del trabajo no remunerado en los hogares, se compone de una aportación de las mujeres que asciende a 18 por ciento, y la de los hombres, con 6 por ciento. Adicionalmente la carga de trabajo global en los hogares (horas por semana en trabajo doméstico, de cuidados y de crianza), es mayor en ellas que en ellos.
Las mujeres adultas mayores, que componen la mayoría en la población etaria en México, y que subsisten con un bajo porcentaje de percepciones (pensiones o jubilaciones), se convierten en un grupo poblacional que padece de manera desproporcionada -y grave- la mayor desigualdad, rezago y pobreza, a pesar de su contribución al PIB nacional, en comparación con la población de hombres.
Por otra parte, la población ocupada tiene 60 años y más estimada en casi cinco millones, la mitad labora por cuenta propia. No tienen acceso a instituciones de salud por su trabajo poco más del 60 por ciento; laboran sin contrato escrito el 61.8 por ciento y el 47.7 por ciento no tiene prestaciones. El 73.2 por ciento trabaja en la informalidad. Solo el 26.1 por ciento tiene una pensión (ENESS/2013).
Como en el resto de Latinoamérica, dice el documento presentado por el perredista Francisco Martínez Neri, el proceso de envejecimiento de la población está ocurriendo a un ritmo acelerado en comparación con los países desarrollados y en contextos socioeconómicos frágiles, con altos niveles de pobreza y crecientes desigualdades sociales y económicas.
En 2015 la Asamblea de la Organización de Estados Americanos adoptó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que entró en vigor en noviembre de 2017.
Hasta hoy, han ratificado, ese instrumento regional jurídicamente vinculante, por seis países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. La Convención fomenta un envejecimiento activo en todos los ámbitos y dispone la incorporación y priorización al tema del envejecimiento en las políticas públicas.
Es por ello que integrantes del Congreso exhortan al Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República, para que, realicen los procedimientos necesarios a efecto de adherir a nuestro país a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores y se incorpore al sistema jurídico mexicano.
SEM/sje
