Ante la creciente violencia obstétrica diputadas piden atención humanizada del parto
En el Senado aprueba dictamen para que entidades federativas impidan a perpetradores la patria potestad y se proteja a huérfanos del feminicidio
Las diputadas Pinete Vargas y Fernández Cruz impulsan cambios a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para parto humanizado
Libertad López
SemMéxico, Ciudad de México, 29 de diciembre, 2023.- En la última sesión del Senado de la República, como si se acabara el tiempo, arreció la discusión y los dictámenes alrededor de la maternidad, sin resolver cuestiones apremiantes como legislar sobre aborto y cuidados. En todos los casos de discusión se dice que es en favor de las mujeres.
También en la legislación que terminará en unos meses, se quedaron iniciativas de justicia para las trabajadoras. Si importa, en cambio, agregar y agregar asuntos de ley, en torno al feminicidio, que en cifras crece, no hay recursos suficientes para los centros de justicia y siguen acumulándose en todo el sistema judicial, las demandas de las buscadoras por desapariciones.
Así fue como el 13 de diciembre se aprobó un dictamen para solicitar a los gobiernos de los Estados se hagan cargo, armonizando sus leyes de garantizar la patria potestad en caso de feminicidio.
También de último minuto las diputadas María del Carmen Pinete Vargas y Nayeli Arlen Fernández Cruz, ambas del Partido Verde Ecologista de México propusieron transformar los modelos de atención de salud reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar conductas que permitan, fomenten y toleren la violencia contra las mujeres.
El dictamen que el Senado aprobó, en la sesión del 13 de diciembre, para solicitar a los congresos locales de diversas entidades federativas para que armonicen su legislación en materia de guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de feminicidio.
La Maternidad
La iniciativa de las diputadas del PVEM propone reformar y adicionar el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que la Secretaría de Salud fomente y propicie condiciones para hacer efectivo el ejercicio de estos derechos, a las parturientas.
Además, plantean “educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida, a fin de dotarlos de instrumentos que les permitan otorgar una atención materno-infantil con perspectiva de género y promover un parto humanizado, intercultural y seguro que fortalezca el respeto de los derechos y la dignidad de las mujeres”.
Todo lo cual está firmado en acuerdos internacionales y en leyes y protocolos. Mientras más de 36 millones de mexicanas, no pueden acceder a los servicios básicos de maternidad y este año 545 mujeres murieron en el parto.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH emitió a los servicios oficiales de salud 2 recomendaciones generales y más de 20 recomendaciones particulares por violencia obstétrica, debido al mal trato a mujeres en condición de parto.
De esta manera la iniciativa de la diputadas se turnó a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen, indican que es preciso eliminar las violaciones reiteradas en materia materno-infantil y establecer las condiciones para la humanización del parto y el respeto médico de las decisiones de las mujeres.
Argumentan que, ante la falta de un marco jurídico que incorpore los derechos humanos de las mujeres, la pertinencia cultural y una perspectiva de género se realizan procedimientos rutinarios que no precisamente tienen sustento en evidencia científica y que causan daño físico, humillaciones y prácticas médicas degradantes para la dignidad e integridad de las mujeres.
“Se justifica también que, en nombre de la necesidad médica, no se respete la autonomía reproductiva y la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus cuerpos”, agrega. Y no se menciona la CNDH.
De ahí que se requieran acciones de política pública con perspectiva de género, diseñadas desde la interseccionalidad e interculturalidad, para combatir la violencia obstétrica y garantizar el respeto del derecho a la salud de niñas, adolescentes y mujeres, librándolas de los graves efectos de la violencia, con medidas que garanticen su acceso universal a los servicios de salud obstétrica.
Explican que, tanto la Ley General de Salud como la NOM-007-SSA2-1993, denominada “Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio”, regulan la atención obstétrica; sin embargo, la norma oficial no incluye el término “violencia obstétrica” ni preceptos dirigidos al personal de salud en el sentido de educar para evitarla y promover el parto humanizado con pertinencia intercultural.
Las legisladoras destacan la importancia de incluir en el marco normativo la promoción de un parto humanizado y un enfoque basado en derechos humanos, que evite el maltrato y la violencia hacia la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica.
Añaden que “la atención tiene que brindarse con perspectiva de género e interculturalidad”, con lo cual se reconocerá a las mujeres mexicanas el derecho a un parto digno a nivel biológico y psicológico, ya que podrán elegir y/o evitar procedimientos invasivos e innecesarios, con acceso a información sobre cómo evoluciona el trabajo de parto y el estado de salud de su hija o hijo.
Urge Senado a congresos locales a legislar sobre pérdida de patria protestad por feminicidio
El dictamen para que los congresos locales de diversas entidades federativas armonicen su legislación en materia de guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de feminicidio fue una propuesta promovida por la presidenta de la Mesa Directiva, la morenista tlaxcalteca Ana Lilia Rivera Rivera.
Se urge a los congresos locales a que hagan las adecuaciones normativas correspondientes en su legislación local en materia de suspensión de la guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de feminicidio, desde el momento de la vinculación a proceso de los perpetradores, que se ostentan como padres biológicos.
Concretamente, las entidades a las que se les hace el llamado son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Jalisco.
También a Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas.
En el documento, las y los senadores detallaron que el pasado 2 de marzo fue avalada una reforma al Código Penal y Civil del estado de Puebla, iniciativa bautizada como “Ley Monzón” que consiste en suspender la patria potestad a posibles feminicidas y retirarla si se confirman las sentencias.
Con ello, la entidad se convirtió en el primer estado del país en promulgar una ley de este tipo y sentó un precedente que activistas, colectivos feministas y familiares de víctimas esperan que se convierta en ley nacional.
Por ello, las y los legisladores coincidieron en la necesidad de que se discuta y analice este tipo de modificaciones en los códigos penales de todas las entidades federativas.
Con este exhorto se busca impulsar la modificación del marco legal del sistema jurídico mexicano, con el propósito de legislar en favor de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de la violencia feminicida.
Además de proteger no sólo a las mujeres ante la violencia extrema que se ejerce contra ellas por ser mujeres, sino también garantizar la seguridad e interés superior de la niñez, de sus hijas e hijos que quedan en la orfandad por el delito de feminicidio.
