Textura violeta
El acceso a la salud en Bolivia es uno de los problemas más graves de este país
SemMéxico, 10 de enero 2018.- El conflicto, inicialmente sectorial, entre el gremio médico y el gobierno por el rechazo al nuevo Código Penal boliviano, se ha ido profundizando a lo largo de los días y ampliando a otros sectores, al punto que el problema ya alcanza niveles políticos que ponen a Evo Morales en uno de los momentos más difíciles de su mandato.
En algún momento del conflicto, tanto el presidente Morales como la dirigencia profesional médica hablaron de su respectiva intención de mejorar el sistema nacional de salud para que este sea accesible y universal. Fue algo que pasó de manera tangencial y que hoy, parecería, quedó atrás como un simple discurso.
El acceso a la salud en Bolivia es uno de los problemas más graves de este país, con una larga historia de carencias, deficiencias y poca previsión que se reflejan finalmente en muertes prematuras para quien no puede pagar una atención privada. En los últimos años se hicieron inversiones en construcción de hospitales y compra de equipos; sin embargo; no se aplicó una política estatal de atención que logre niveles razonables de cobertura poblacional.
La insuficiencia de un servicio estatal de salud ha dado lugar, en las últimas décadas, a una proliferación de servicios médicos privados de distintas categorías. Con casos aislados de negligencia médica.
Es la sanción a este tipo de negligencias en el nuevo Código Penal lo que llevó a las calles a cientos de profesionales de la medicina y a una huelga de más de 45 días arguyendo que es muy difícil trabajar en condiciones lamentables y que no es justo sancionar penalmente a alguien cuando hace todo lo que está a su alcance. Más con un sistema judicial plagado de corrupción, reconocido desde el mismo gobierno. Tiene sentido la protesta.
Por otra parte, también es cierto que hay denuncias de que desde el servicio estatal de salud se direccionan pacientes al servicio privado y que además se pierden insumos y repuestos de equipos y material médico propiedad del estado. Por estos temas no hay protestas ni marchas de profesionales de la medicina.
El modelo de un sistema de salud estatal potente, al que enorgullezca pertenecer por ser valorado profesionalmente, que sea puntero en infraestructura y equipos, donde se atienda a cualquier persona por igual, donde las universidades puedan integrarse con investigación, parece que no está en la mente de nadie. Esos modelos existen y vale la pena copiarlos, hace falta dinero, mucho, pero también querer hacerlo.
El conflicto médico, que deja a miles de personas sin atención y que ha suspendido cientos de cirugías, se ha generado por algunos artículos del nuevo Código Penal no discutidos suficientemente por las partes involucradas. Conflicto al que se han sumado ahora otros sectores que, al revisar la norma, dicen, se ven también amenazados con posibles sanciones injustas. Se pide la anulación total de esa normativa legal.
En las siempre activas redes sociales circulan todo tipo de resúmenes, extractos e interpretaciones del nuevo Código Penal que a veces resultan absurdas o evidentemente falsas, con el ánimo no sólo de destrozar esta normativa sino con un evidente uso político. En este espacio se habla de la necesidad de un sistema de salud universal.
El tema del aborto fue uno de los puntos conflictivos de este Código y, pese a que es insuficiente, logra ampliar las posibilidades de llevar a cabo una interrupción de embarazo no deseado en condiciones más seguras. Este punto está hoy invisible ante las protestas de transportistas, de la prensa e inclusive de sectores religiosos por uno u otro artículo de la norma.
Al crecer el conflicto parece que las demandas del sector de la medicina se hicieron pequeñas, que lo bueno que pueda tener el Código ya no importa, mucho menos importa hablar de un servicio de atención de salud para toda la población.
