Dulce María Sauri Riancho
SemMéxico. Cd. de México. 18 de noviembre 2020.- Fueron tres días seguidos de sesiones, 38 horas y 18 minutos de trabajo legislativo (el último tramo de 20 horas con 31 minutos, de jueves a la mañana del viernes) para discutir y finalmente aprobar por mayoría en la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021.
En este prolongado lapso se registraron 330 intervenciones para proponer más de 1,000 modificaciones al dictamen de la Comisión de Presupuesto que se discutía en el pleno. Una a una, casi todas fueron rechazadas, pues en el saldo final apenas una decena prosperó, todas, propuestas de Morena.
Esta prolongada jornada legislativa marca un hito no solo por su duración y el número de “reservas” inscritas y después expuestas en tribuna, por primera vez se empleó el sistema de sesiones semipresenciales para registrar asistencia, discutir y votar un presupuesto.
Con el Reglamento de Contingencia Sanitaria y una aplicación desarrollada por la Dirección de Tecnologías de la Información de la propia Cámara de Diputados, 500 legislador@s estuvimos “presentes”, en el salón de sesiones o fuera de él, tan cerca como las oficinas de San Lázaro o tan lejos como Tijuana o Mérida.
La participación de quienes lo demandaron fue posible mediante la plataforma Zoom, si no se encontraban físicamente presentes por no formar parte de los 129 legisladores acreditados por los ocho grupos parlamentarios.
Finalmente, a las 5:35 de la mañana del viernes 13 pasado, 305 diputad@s votaron a favor y 151 en contra del PEF 2021.
Antes de 1988, al proyecto de Presupuesto del Presidente de la República no se le tocaba ni con el “pétalo de una coma”: entraba y salía en los mismos términos planteados por el Ejecutivo federal. En los años siguientes hubo algunas turbulencias, como las acontecidas en diciembre de 1994, cuando se desató la crisis económica.
El complejo proceso de aprobación del Presupuesto cobró cierto grado de dificultad desde que se abrió paso el pluralismo político en la Cámara de Diputados.
A partir de 1997, cuando el PRI perdió la mayoría, numerosos grupos representantes de organizaciones sociales del campo y las ciudades, gobernadores y presidentes municipales de todo el país, rectores de universidades, y en general quienes solicitaban asignación de recursos visitaban las oficinas de la Comisión de Presupuesto buscando la forma de plantear directamente sus demandas, empleando incluso la técnica del plantón o del cierre de los accesos al complejo de la Cámara.
En esta misma Legislatura, el primer y segundo año hubo bloqueos de distintas agrupaciones, lo que llevó el año pasado a tener que cambiar la sede de San Lázaro a un local privado en Santa Fe, para poder desahogar la discusión presupuestal y votar casi una semana después del plazo que marca la Constitución.
Este año, la pandemia desalentó las manifestaciones y los bloqueos, pero también considero que influyó la muy escasa respuesta a las demandas en los dos años previos impuesta por la mayoría absoluta de Morena.
El hecho es que el proceso de este año se desarrolló íntegramente en las instalaciones de San Lázaro y que concluyó dos días antes de la fecha límite, el 15 de noviembre. Una vez más, se confirma que al tercer y último año de la Legislatura se alcanza plenamente la capacidad de organización para discutir ampliamente el PEF, por el tiempo necesario para abordar las distintas propuestas de modificación.
Cuando se discutió y aprobó la reelección consecutiva en diciembre de 2013, se adujo que se abría la posibilidad de acumular experiencia legislativa para ponerla al servicio de la ciudadanía.
En 2021 será la primera ocasión en que se aplicará esta disposición en el ámbito federal, en este caso, en la integración de la LXV Legislatura que fungirá entre septiembre de 2021 y el 1º de agosto de 2024.
La reelección consecutiva hará posible que al menos algunos de las y los diputados que participaron en el estudio, dictaminación y discusión del PEF 2021, estén presentes en noviembre próximo, debatiendo y aprobando el PEF 2022.
Capitalizar esta experiencia es, en parte, asunto de los partidos políticos que pueden presentar la propuesta de reelección de sus diputad@s a consideración del electorado.
Y desde luego, la última palabra la tendrán quienes voten por refrendar la confianza o castigar a sus representantes que aspiran a ser reelegidos.
La pandemia impidió culminar el proceso legislativo que hubiera establecido en la Ley Electoral (LEGIPE) y en la de Partidos Políticos las bases legales para regular la participación de quienes aspiren a reelegirse.
A falta de leyes específicas para el proceso en curso, el Instituto Nacional Electoral (INE) será responsable de establecer los criterios y procedimientos para las y los aspirantes a ser reelectos, sujetándose al marco constitucional y legal que establece esa posibilidad sin más restricción que ser postulado/a por el mismo partido que en 2018, salvo que haya renunciado antes del 28 de febrero de 2020.
Considero que la función clave del INE en el proceso de reelección consecutiva de las y los diputados federales es la fiscalización: de los recursos asignados a los legisladores para la realización de su encomienda; de su acceso y presencia en los medios de comunicación institucionales, como el Canal del Congreso; de su tiempo, que tendría que dividirse entre el trabajo legislativo del último periodo de sesiones ordinarias que se inicia el 1º de febrero y concluye el 30 de abril de 2021, un mes antes de la fecha electoral del 6 de junio.
La Cámara de Diputados debe mantener su ritmo de trabajo hasta el final de la Legislatura, tal como demandan quienes representamos.