- Más de 100 organizaciones sociales demandan el ejercicio del derecho a la información como derecho humano.
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 19 de junio del 2023.- Con la petición de un Amicus Curiae para que la Suprema Corte de Justicia pueda resolver para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pueda sesionar con solo cuatro comisionados/as, Fundar, el Observatorio de Designaciones Públicas y Articulo 19, México y Centroamérica esperan sea la medida provisional mientras esperan que el Senado cumpla con el nombramiento de las y los comisionados pendientes. Además, hacen esta petición con una carta de apoyo de más de 100 organizaciones civiles.
El Amicus Curiae es la figura para que participen terceros como “amigos de la corte” por expertos en un juicio dado que el recurso de reclamación interpuesto por el INAI con el número 280/2023 para poder operar por la omisión del Senado para designar tres personas comisionadas les fue rechazada por la ministra a cargo de la Controversia Constitucional Loretta Ortiz Ahif.
Con la convicción de que los derechos humanos deben ser progresivos, y no se puede dar un paso atrás, destacan que la SCJN tiene la oportunidad de detener los daños que ha causado la inoperancia del INAI. Como sociedad recuerdan que costó más de 20 años construir un entramado institucional para combatir la cultura del secreto y descubrir las fallas, desvíos y proponer soluciones con base en datos confiables.
En la Carta se advierte de los daños irreparables en la garantía de los derechos humanos que tutela el INAI para resolver los más de 5 mil recursos de inconformidad, que se han acumulado hasta ahora, de la ciudadanía ante las instituciones que les han negado la información.
Solventar los recursos de protección de datos personales que la ciudadanía presenta cuando los sujetos obligados ponen en riesgo su derecho a la intimidad y confidencialidad. Atraer los recursos de revisión de los órganos garantes de transparencia de los estados. Así como emitir recomendaciones a los sujetos obligados para cumplir con la transparencia e interponer recursos de inconstitucionalidad cuando se atenta contra los derechos a la información protección de datos.
Se destaca que es relevante la lucha por la existencia y fortalecimiento del mecanismo constitucional de defensa de la ciudadanía, así como de sus facultades esenciales para impedir que otro poder público interfiera de manera decisiva en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales consistente con un Estado Constitucional de Derecho.
Al no poder sesionar por la falta de quorum previsto en el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública hay una parálisis en la resolución de recursos de revisión que se traduce en un impedimento para ejercer los derechos a la información. Actualmente son 5, 761 impugnaciones pendientes.
De acuerdo a los datos del INAI durante los cuatro primero años de la actual administración federal se incrementó en 19 por ciento las impugnaciones por falta de transparencia de los sujetos obligados. Mientras que del 2021 al 2022 el porcentaje tuvo un aumento del 16 por ciento.
La ausencia de información apunta a un ejercicio arbitrario, opaco y discrecional del poder, obstaculiza la rendición de cuentas e imposibilita el escrutinio social para verificar si las decisiones son realmente efectivas y cumplen con fines de interés público.
El Senado además del deliberado incumplimiento de sus obligaciones constitucionales al no designar a las/los tres comisionados, dos de ellas pendientes desde hace 441 días, se encuentra en desacato de diversas resoluciones judiciales que le mandatan nombra a las personas comisionadas pendientes.
En la Carta se anexan los nombres de las más de 100 organizaciones de la sociedad civil que hacen la petición.
SEM/MG
