- Impedirá que personas con sentencias por violencia de género ocupen cargos públicos y de elección popular.
- Grave normalización ha hecho la sociedad sobre los “deudores alimentarios”, dice activista.
Patricia Briseño
SemMéxico, Oaxaca, 16 de febrero del 2023.- Luego de siete meses en la congeladora, el Congreso de Oaxaca aprobó la reforma a la Constitución local para prohibir que las personas condenadas por violencia familiar, delitos sexuales o deudoras alimentarias ocupen cargos públicos y de elección popular.
“La también conocida como Ley 3 de 3 contra violencia de género, es una iniciativa que surge de la lucha de colectivas y activistas feministas, a la que nos sumamos otras mujeres impulsándola desde distintas trincheras”, comentó la diputada local Concepción Rueda Gómez, una de las impulsoras de la reforma desde el parlamento, desde dónde afrontó múltiples resistencias de sus pares.
La legisladora morenista reconoció la intervención del gobernador, Salomón Jara al sumarse a la acción afirmativa enviando el paquete de reformas a la Constitución Política Local y a diversas leyes estatales para restringir el acceso a cargos públicos a personas que estén inscritas en el Registro de Deudor Alimentario Moroso.
La reforma a la Constitución de Oaxaca en los artículos 21 Bis, 34, 65 Bis, 68, 101, 113, 114, 114 Bis, 114 Ter y 114 Quarter, impedirá el acceso a cargos públicos y de elección popular a mujeres y hombres que hayan sido condenadas o condenados mediante resolución firme por delitos cometidos por razones de género; por violencia familiar, por delitos sexuales y no estar inscrito como persona deudora alimentaria morosa en cualquier registro oficial a menos que acredite estar al corriente del pago, cancele en su totalidad la deuda o bien, tramite el descuento pertinente ante las instancias que así correspondan, en términos de lo dispuesto en la ley de la materia.
El decreto aplicará en los tres poderes del estado así como en los organismos autónomos y electorales, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del estado.
Sin embargo, Rueda Gómez anotó que la incipiente “Ley 3 de 3” en Oaxaca, aún está incompleta, en tanto no se hagan las modificaciones a las leyes secundarias, sobretodo, si se mantiene la “resolución firme”.
“Se requiere cambiar “resolución firme” a “vinculación a proceso”, de otra manera, será letra muerta. Es necesario darle dientes a la ley 3 de 3, en Oaxaca”, subrayó.
Los trapitos al sol, sacan tendero en la Cámara
Un presidente municipal y un guardia de seguridad del gobernador Salomón Jara están entre una veintena de deudores alimentarios que este miércoles fueron exhibidos en las afueras del recinto parlamentario en San Raymundo Jalpan, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca.
Carolina Bustamante Vázquez, una de las madres que protesta, apunta que la gravedad de este problema se encuentra en la desafortunada normalización que del problema ha hecho la sociedad frente a los deudores alimentarios, que afectan principalmente a las infancias.
Esa normalización, añadió, inicia con la propia familia que solapa las conductas reprobables que está atravesada por toda clase de violencias, desde las afectivas o emocionales hasta las económicas, además de la violencia física.
Por otra parte, esta normalización la encontramos en sus trabajos, donde son encubiertos por sus jefes, para que no paguen las pensiones a sus hijos e hijas, condición que es más visible en el ámbito político, como sucede con el presidente municipal de San Cristóbal Suchixtlahuaca o con un deudor que trabaja como escolta del gobernador Salomón Jara y otros muchos que hemos denunciado desde hace meses.
Por ello, explicaron que la aprobación de la ley es fundamental, “no pueden dejar que deudores alimentarios ocupen cargos públicos o de elección popular, porque si no son capaces de cuidar a sus familias, a su propia sangre, ¿qué pueden esperar las demás personas? Cuestiona Carolina Bustamante.
El dato:
La propuesta denominada “Ley 3 de 3 contra la violencia de género” impediría que sean nombrados como servidores públicos, personas que hayan sido sancionadas, condenadas o vinculadas a proceso, por violencia familiar, agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos sexuales, o a la intimidad corporal, quienes estén inscritos o tienen registro vigente como deudores alimentarios, mediante resolución.
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