Por: Lizbeth Álvarez Martínez.
SemMéxico. 29 de enero de 2021.- Las mujeres indígenas son violentadas de manera particular, pues además de ser objeto de violencia física, psicológica o emocional, patrimonial, económica, sexual, violencia obstétrica y política por ser mujeres, se les discrimina por ser indígenas.
Margarita y Lucía, son parte del grupo de mujeres que atienden la Casa de la Mujer Indígena en Tlaola, Puebla.
Ya tenían el caldo de pollo en la estufa y el café caliente para platicar sobre los casos de violencia que viven las mujeres en esa comunidad.
Margarita es la que acompaña a las mujeres que han sido violentadas al Ministerio Público: “Me levanto muy temprano para dar acompañamiento a esas mujeres que necesitan ayuda, pero a veces me da coraje, pasa el tiempo y regresan con su agresor. Sé que no es fácil salir de ese círculo de violencia en el que viven, pero poco a poco van conociendo sus derechos humanos y dejando atrás la violencia en la que viven.”
Por su parte, María Lucía de la Cruz, es la que realiza las traducciones del español al náhuatl: “Doy las capacitaciones tanto en náhuatl como en español para que todas las mujeres conozcan de sus derechos. Me gusta el trabajo que realizo. Cuando se necesita voy al Ministerio Público a realizar alguna traducción para que se eviten injusticias en las declaraciones de las denunciantes. Cuando viene a la CAMIS les preparo un café aquellas mujeres, un agua caliente para que ellas se sientan seguras y tranquilas”.
La pandemia por covid-19 provocó un aumento de los casos de violencia contra las indígenas en sus comunidades, constata Rubí Nolasco Cruz, representante legal de la Casa de la Mujer Indígena (CAMI) “Yoltica”, en Tlaola, Puebla, por lo que han tratado de mantener sus servicios, pese a los riesgos que corren y al recorte de 350 mil pesos que el gobierno federal les aplicó el año pasado.
Iniciando el año 2021, las responsables de la Casa Yoltica habían decidido cerrar por unos días. Sin embargo, en menos de ochos días tuvieron que abrir: “Las mujeres fueron a tocarnos las puertas de nuestras casas. Es una grosería dejarlas afuera. Saben que damos acompañamientos, que trabajamos los temas de violencia”, señaló la abogada, entrevistada para SEMMEXICO en la sede de la CAMI.
“Varios hombres que trabajaban fuera de la comunidad regresaron por la falta de empleo. Entonces, la falta de trabajo y la incertidumbre son detonantes de la violencia” y llegan a agredir a sus esposas y demás integrantes de la familia, reconoció la especialista.
Aunado a lo anterior, “las cargas de trabajo aumentan para las mujeres. Le sumas también que ellas son las que se encargan de la educación de sus hijos y, luego, sin acceso a internet”, relata.
“Decidimos regresarnos a la casa haciendo guardias”, explica, por lo que la casa fue acondicionada con las medidas necesarias, entre otras: tapete y gel desinfectantes y las indicaciones para el uso correcto del cubrebocas.
Quienes atienden los CAMI no solo enfrentan el tema de la pandemia por covid-19. Nolasco Cruz refiere que, debido a la política de austeridad del gobierno federal, hubo un recorte entre el 25 y 30 por ciento a instancias que atienden la violencia contra las mujeres.
“Nosotras, cada año metemos un proyecto, pero nos avisaron que probablemente no iba a ver recursos para las CAMI”. Debido a ello, dijo, “Iniciamos un cabildeo con autoridades a nivel federal, con el apoyo de mujeres representantes que están como diputadas, que legislan. Armamos esta red de apoyo”. No obstante, el año pasado les quitaron 350 mil pesos para operar la CAMI.
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público había hecho este recorte, pero “en esta pelea de presupuesto nos autorizan un recurso emergente. Se recuperaron las becas que les dan a las integrantes de la casa de la mujer. Abonamos así al tema de la prevención de la violencia contra la mujer”, recalcó.
A pesar de la pandemia y el recorte presupuestal, la CAMI ha mantenido el 80 por ciento del ritmo de trabajo. El año pasado recibieron entre 45 y 60 mujeres a quienes les dieron apoyo jurídico y psicológico, además de los acompañamientos al Ministerio Público o a hospitales, señala Nolasco Cruz.
Añade que en los talleres de capacitación que dan en las comunidades atienden de 200 a 300 mujeres por año. Los temas que abordan son, entre otros, derechos humanos, salud sexual reproductiva, prevención de abuso sexual en escuelas, empoderamiento de niña.
Las acciones de las CAMI constituyen una herramienta para el acceso a los derechos de las indígenas. Son un espacio donde se brinda atención con pertinencia cultural, perspectiva de género y de derechos humanos para prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos.
