Desde la mano izquierda
Por: Claudia Almaguer
SemMéxico. San Luis Potosí. 30 de enero 2021.- No hay circunstancias inexplicables cuando se quiere responder a fenómenos alarmantes como la violencia contra las mujeres, ninguna de sus prácticas surge de la nada o del azar, el agravamiento percibido en México y en San Luis Potosí, tampoco.
Durante todo el año 2020, diversos espacios dedicados a su análisis tanto a nivel internacional y nacional, desde la sociedad civil, la academia, el periodismo y la militancia feminista, advirtieron reiteradamente y al mismo tiempo en que se produjeron los cambios de vida debido a la Covid-19, que algunas de sus medidas y sus consecuencias afectarían a las mujeres de manera desproporcionada, principalmente a quienes fuesen ya víctimas de agresiones.
Partimos de reconocer la previa existencia de esa otra pandemia caracterizada por la desigualdad y la violencia machista contra las mujeres como circunstancia cotidiana e invisible pero creciente desde hace más de una década. Naciones Unidas registra su presencia en por lo menos 106 países, manifestando a nivel mundial que un 35% de las mujeres ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja y que diariamente son asesinadas 137 mujeres a manos de miembros de su familia, justo por eso las mujeres salimos a protestar el pasado 8 de marzo por millones y una semana después, aunque esa segunda crisis no nos calló, pareciera haber conseguido que las sociedades se olvidaran del problema.
De ese mes también proviene una aproximación realizada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, un informe técnico que indica como mensaje central la misma advertencia: “La pandemia exacerbará las desigualdades de género existentes y aumentará los riesgos de violencia de género. Es necesario priorizar la protección y la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas.” Para lo que se propuso hacer frente a la discriminación contra las mujeres en la respuesta al Covid-19 mediante la asociación con organizaciones defensoras de sus derechos, integrar a las mujeres en la participación y la toma de decisiones, fortalecer los medios de protección social y económica para enfrentar la desigualdad, así como asegurarse de que los sistemas para proteger a las mujeres de la violencia puedan continuar con su labor.
Así mismo, un informe de la ONU de julio de 2020 recomendó a los países abordar como prioridad política los planes de respuesta a la Covid-19 en consonancia con el llamamiento de su Secretario General para declarar los refugios de mujeres servicios esenciales, crear sistemas de alerta en espacios públicos, invertir en servicios en línea, asegurar que los sistemas judiciales continúen procesando a los maltratadores, impedir la liberación de presos por violencia machista entre otras.
La mala broma es que consta un documento emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/a-75-274-submission-mexico-es.pdf?la=es&vs=4209 en calidad de “aportación” donde se dijo que México estaba respondiendo mediante la existencia de la Ley General de Acceso de las Mujeres, el Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva así como la Intervención de Prevención de la Violencia de Género en la Juventud y la Adolescencia. Es decir, la dichosa respuesta se dio mentando una legislación que tiene vigente desde 2007.
Igualmente dijeron que el Instituto Nacional de las Mujeres estaba dando a conocer que el hostigamiento y el acoso sexual son delitos, que en las entidades ya había leyes de acceso a la vida libre de violencia y que México se sumaba a elaborar un Plan de Acción para poner fin al maltrato infantil. Nuevamente una mezcla de respuestas incoherentes con lo recomendado por la ONU pero que a su vez demuestran que el Gobierno Federal no tiene claro ni siquiera que las mujeres no son un grupo en situación de vulnerabilidad ni una minoría, además de que la discriminación padecida tiene raíces bien distintas.
Lo que sí hay es la información sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, de sus datos actualizados al 31 de diciembre de 2020 se registraron 260, 067 llamadas al 911 por incidentes de violencia, 940 feminicidios, 2783 homicidios dolosos de mujeres, 57, 495 lesiones dolosas, 220,028 por violencia familiar, 16543 violaciones y 4050 por violencia de género.
Es decir, de estos hechos y circunstancias producidas en México durante 2020 en las que se agredió a una o más mujeres mediante golpes, patadas, estrangulación, violación o asesinato, resultaron 3723 mujeres que perdieron la vida a manos de otros y 298116 mujeres que fueron victimizadas por la violencia machista.
Repetimos lo mismo que hace unos años, para erradicar la violencia contra las mujeres, se necesita dinero, estrategia y convicción, pero también voluntad política. Y ninguno de estos elementos está presente ahora ni al servicio de esta causa. A más ver.
