Cámara de Diputados avaló agravar penas por delito de abuso sexual en menores de 15 años

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En los últimos cinco años aumentó en 87 por ciento el delito de abuso sexual en niños y niñas

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 13 de febrero 2022.- Con 447 votos a favor la Cámara de Diputados aprobó gravar penas por delito de abuso sexual en menores de 15 años con lo que se dio un paso importante en la consolidación de una política de prevención, disuasión consecuente en la materia y de combate a la impunidad, en opinión de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos del Partido Acción Nacional PAN.

El dictamen se turnó al Senado para sus efectos constitucionales, en el que se precisa que las penas previstas en el delito de abuso sexual en una persona menor de 15 años, o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho y por el uso de violencia, aumentarán conforme a lo dispuesto en el artículo 266 bis. 

Explicó la diputada Reza Gallegos que se propone que la persona que cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de 15 años o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, tenga una penalidad mayor de hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo a la de 6 a 13 años de prisión o cuando el delito se cometa por dos o más persona.

También, cuando el delito fuera cometido por algún familiar de la víctima, por algún servidor público o por quien abuse de la custodia o confianza en la guarda o educación de los menores. Además, la penalidad del delito se agravará por quien suministre algunas sustancias estupefacientes y psicotrópicas en contra de su voluntad o sin su consentimiento, agregó. 

Al considerar que en los últimos cinco años aumentó en 87 por ciento el delito de abuso sexual en niños y niñas, la diputada Reza Gallegos dijo “elevemos las penas de este delito; cuidemos a los niños y a las niñas de México”.

Consideró que el abuso sexual infantil es un delito que lastima, cala profundamente a las víctimas que lo padecen, pero también genera un sinnúmero de efectos familiares y sociales que deterioran el entorno comunitario.

Por lo que pidió que, en esta materia, debe haber una coordinación y colaboración entre los gobiernos estatales y federales e incluso incorporar en temas preventivos a las instancias municipales. Es preciso, dijo, que se refuercen todas las acciones y programas inherentes tanto a la prevención como a la investigación y esclarecimiento. 

Señaló que uno de los eslabones más débiles de la cadena es el relativo a la atención a las víctimas y la profundización de la justicia con equidad de género y con enfoque que priorice el interés superior de la niñez. 

El dictamen llena un vacío importante sobre la posibilidad de agravamiento de las sanciones penales, en caso de que el delito se configure por autoridades federales y cuando se actualicen las hipótesis, puntualizó.

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