- “20 años que Inés continua siendo víctima de injusticia, de que no hay una sentencia a su favor y sigue siendo revictimizada con este tema de que no hay todavía”, expuso Téliz García.
Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico, Chilpancingo, Guerrero, 18 de octubre del 2022.- El centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan, a través de su abogado Rogelio Téliz García, manifestó su preocupación ya que a 20 años de haber sido víctima de violencia sexual, Inés Fernández Ortega, no solo continua sin recibir justicia, si no que ha sido revictimizada. Luego de la suspensión de la audiencia definitiva que se llevaría a cabo este lunes, fue pospuesta para el lunes 24 del mes en curso.
El representante de Tlalchinollan y abogado personal de Fernández Ortega, lamentó la suspensión de la audiencia finalmente programada para este lunes, de un proceso que inicio en el año 2002, que derivó en la detención de uno de los victimarios, Humberto “N”, quien se encuentra preso en el Campo Militar número 1 de la Ciudad de México. La justificación fue que “no hubo convalidación” para celebrar la Audiencia.
“Como Tlalchinollan nos preocupa que este asunto todavía no se resuelve, todavía no tenemos una sentencia, desde el 2002 al día de hoy, son 20 años que doña Inés continua siendo víctima de injusticia, de que no hay una sentencia a su favor y sigue siendo revictimizada con este tema de que no hay todavía”, expuso Téliz García.
Son también nueve años de proceso que no pueden concluir, por lo que pidió al poder judicial que el próximo lunes se lleve a cabo la audiencia tal y como está programada, que no permitan ningún impedimento por parte del acusado y ese día o los próximos, se pueda dictar una sentencia.
El abogado consideró que la sentencia que emita el juez federal debería de ser condenatoria luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así lo dictó en un juicio internacional el 30 de agosto de 2010.
“Para nosotros tiene que ser una sentencia condenatoria al igual que en el caso de Rosenda Cantú”, dijo.
Agregó que en una plática con el juez, les comentó que no se preocuparan, que revisaría el caso y de acuerdo a las pruebas desahogadas, dictaría una sentencia conforme a derecho.
Al mismo tiempo, el abogado manifestó su preocupación, porque en los últimos días, el ejército mexicano ha tenido una posición muy fuerte y dura, y ha estado influyendo en comunidades y defensores de derechos humanos.
“Nos preocupa esa situación, de suspensión de audiencia, porque no nos vayan a salir con que es inocente cuando no lo es”, expresó, aunque dijo confiar en la capacidad del poder judicial y que dictará una sentencia condenatoria “porque hay las pruebas, hay los elementos y todos los medios probatorios para condenarlo”, asentó.
A través de una intérprete, la señora Inés Fernández dijo que ella fue notificada de que este lunes se celebraría una audiencia pero lamentablemente no se pudo realizar porque en la Ciudad de México no realizaron los trámites necesarios para que pudiera la persona que está detenida comparecer.
“Yo lo que pido, es que ya se realice porque llevo ya muchos años luchando para que esta persona sea castigada, por eso es que yo estoy aquí, porque me interesa que se realice esta audiencia”, dijo.
Derivado de esta suspensión, organizaciones como el Centro Comunitario de Ayutla, y el Colectivo Contra la Impunidad, protestaron en la entrada principal de los Juzgados del Poder Judicial en Acapulco.
Del caso y los antecedentes
Inés Fernández Ortega, es una mujer indígena perteneciente a la comunidad indígena Me’phaa, residente en Barranca Tecoani, Estado de Guerrero.
El 22 de marzo de 2002, Inés Fernández Ortega se encontraba en su casa en compañía de sus cuatro hijos, cuando un grupo de aproximadamente once militares, vestidos con uniformes y portando armas, ingresaron a su casa. Uno de ellos la tomó de las manos y, apuntándole con el arma, le dijo que se tirara al suelo. Una vez en el suelo, otro militar con una mano tomó sus manos y la violó sexualmente mientras otros dos militares miraban.
Al momento de los hechos tenía casi 25 años, estaba casada con el señor Prisciliano Sierra, con quien tenía cuatro hijos.
Por estos hechos, presentó una denuncia el 24 de marzo de 2002 ante el Ministerio Público del Fuero Común; y desde entonces, Inés Fernández se ha enfrentado a diversos obstáculos para tener acceso a la justicia con investigaciones plagadas de omisiones y negligencias.
SEM/MG
