- Oficina Especializada para la Atención de Casos de Violencia Basada en Género, el inicio de un camino
- En 2024 los asesinatos de mujeres por razones de género juzgados en la nación caribeña sumaron 76
Lisandra Fariñas
SemMéxico/SEMlac, La Habana, 20 de abril, 2027.- Que cualquier mujer golpeada, amenazada o humillada pueda llegar a un espacio seguro donde alguien la escuche, oriente y comprenda, sin cuestionamientos ni juicios, ha sido durante mucho tiempo un reclamo al sistema jurídico cubano, tanto del lado de las víctimas como de muchos profesionales del Derecho.
Hoy, a cinco meses de su creación, la Oficina Especializada para la Atención de Casos de Violencia Basada en Género (VBG), radicada en el Bufete Especializado en Recursos de Casación, en La Habana Vieja, apuesta por saldar, paso a paso, esa deuda.
Esta es la primera oficina de este tipo en la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) y sus impulsoras lo dicen sin eufemismos: no es un punto de llegada, es el inicio de un camino.
El servicio surgió como pate del proyecto «Apoyo a la Respuesta Nacional a la Violencia Basada en Género en Cuba», liderado por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), con el acompañamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y el financiamiento del gobierno de Canadá, y donde la ONBC es una de las nueve instituciones involucradas, por su rol en el aseguramiento del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.
Un servicio necesario
Desde su apertura, el pasado 25 de noviembre, la oficina ha atendido a 15 mujeres, en su mayoría jóvenes, víctimas de violencia física y psicológica, cuyos casos han sido derivados hacia procesos penales y familiares. También han llegado mujeres adultas atrapadas en situaciones de violencia asociada a litigios de vivienda, explica Yenisei Rodríguez Méndez, directora del bufete.
«La violencia de género no es solo un problema penal. Toca también el Derecho familiar, civil y administrativo; por ejemplo, cuando la pareja comparte una vivienda y la violencia ocurre en ese espacio», explica la especialista.
La dimensión del problema que esta oficina enfrenta la ilustran los datos más recientes del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género. De acuerdo con las estadísticas ofrecidas, en 2024 los asesinatos de mujeres por razones de género juzgados en la nación caribeña sumaron 76 mujeres de 15 años o más.
El 73,7 por ciento de esos crímenes ocurrió dentro del hogar, a manos de parejas o exparejas, dejando además un saldo de 70 menores sin amparo materno. Las víctimas eran predominantemente mujeres de entre 20 y 44 años.
Uno de los nudos que la oficina intenta desatar es el del desconocimiento. Muchas mujeres no denuncian porque no saben a dónde ir, señala Rodríguez Méndez, quien reconoce que el servicio necesita llegar a más personas, «que las víctimas sepan que no están solas».
Igualmente, «que quienes ejercen violencia entiendan que no hay impunidad, y eso también se logra en la medida en que se conozca de procesos penales en curso, que las denuncias tienen consecuencias», apunta.
Quienes llegan a la oficina son recibidas por un equipo de al menos dos especialistas: uno en materia penal y otro en derecho de familia y civil, porque los casos rara vez caben en una sola esfera del Derecho, indica Ana Isabel Zamora Sorí, abogada penalista y especialista de Derecho Penal del bufete.
«Lo primero es escucharlas. Permitir que se desahoguen, que nos muestren todo lo que necesitamos para comenzar con una labor de asesoría», describe.
Esa orientación es completamente gratuita, apunta. Si el proceso deriva en representación jurídica, el contrato se establece con una rebaja obligatoria del 50 por ciento para las víctimas de VBG. Y si la persona no tiene ingresos suficientes, el director de la unidad puede establecer un contrato exento de pago, aclara la directora del bufete.
El espacio físico también fue pensado con intención. El proyecto se ocupó de crear un entorno más acogedor, con privacidad, que transmitiera desde la entrada que ese es un lugar seguro. «Es gratificante ver que esas mujeres llegan aquí en una situación de vulnerabilidad y cómo agradecen la orientación jurídica y la ayuda desde el punto de vista emocional», dice la especialista.
Ver el proceso con otros lentes
Con ella coincide Yamilka Xiqué Pérez, abogada penalista y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, quien pone en perspectiva histórica lo que representa esta oficina.
«Este servicio ha sido una demanda histórica, incluso de los propios abogados, porque por mucho tiempo vimos que la víctima en el proceso penal era víctima del delito y del proceso, este último diseñado en función de mayores derechos para los acusados y donde se revictimizaba a la persona perjudicada», afirma.
Con la Constitución de 2019 y la nueva Ley del Proceso Penal, por primera vez, la víctima pasó a ser parte en el proceso penal y puede designar, incluso, sus propios abogados. Pero ese cambio legal solo se traduce en protección real si quien la acompaña sabe cómo hacerlo, advierte.
«En sentido general, los juristas no estamos familiarizados con los términos y las formas de tratar, ni incluso con el lenguaje corporal necesario para atender a una víctima de violencia de género», reconoce Xiqué.
La especialización, dice, cumple un propósito que va más allá de lo técnico: «que ellas puedan saber que llegan a un lugar donde van a ser atendidas, comprendidas, orientadas y vistas, sobre todo, como mujeres, como seres humanos que requieren ayuda y no como la ¿pobrecita? que ha sido golpeada».
Para la experta, hay que mirar el proceso penal con lentes de género. «Ni siquiera la actividad probatoria ocurre de igual manera que en otro proceso penal. La forma de llevar a cabo la representación técnica es diametralmente diferente, incluso, al resto de las víctimas de delitos de otras tipologías», señala.
Esa mirada entrenada permite identificar violencia donde antes se naturalizaban ciertos comportamientos que pueden constituir actos de violencia y antesala de formas más graves de ejercerla, explica Zamora Sorí.
Agrega dos claves. Primero, «como todo proceso legal, este también requiere pruebas. Hay que enseñar a la víctima cómo buscarlas, obtenerlas legalmente e incorporarlas al caso». Segundo: evitar la revictimización. Ella no debe declarar delante del acusado ni repetir su historia cada vez que cambie el instructor, fiscal o abogado. Incluso puede quedar exenta del juicio oral.
La abogada subraya que esta protección se extiende con especial énfasis a las víctimas menores de edad.
El eslabón que falta
Un consenso entre quienes sostienen el proyecto es que la respuesta jurídica no puede ir sola. El mayor desafío está en la articulación interinstitucional, con actores como la policía y la fiscalía, organismos que determinan si una víctima queda protegida o expuesta en las primeras horas críticas.
En 2024, los tribunales cubanos juzgaron 230 casos de delitos sexuales, de acuerdo con datos del Observatorio. Pero llegar a ese punto del proceso supone antes una cadena de respuestas que deben funcionar de manera coordinada, rápida y sensible.
«Cuando una persona está sometida a un régimen de violencia de género, lo primero que hay que hacer es protegerla. El proceso penal tiene concebido medidas cautelares que son de seguridad. Si no tenemos una efectividad de manera inmediata, con la policía y la fiscalía, se pierde esa protección a la vida, a la integridad física de la víctima, de sus hijos», advierte Zamora Sorí.
La jurista aclara que no se trata de recibir trato preferencial, sino de entender la lógica propia de estos casos. «No puede ir por el mismo camino que va un hurto ni robo con violencia, por graves que también sean esos delitos. La violencia de género tiene que tener una respuesta diferenciada», destaca.
Rodríguez Méndez sitúa esa articulación como el mayor reto del servicio. «Quisiéramos que avanzara más, para que los frutos del trabajo de la oficina sean más visibles y efectivos en la realidad concreta», dice.
Zamora Sorí añade que las alianzas requieren coherencia interna. «Cada institución debe tener su propio protocolo y luego articularlos entre sí», dice.
El otro desafío está en las propias víctimas. «Muchas mujeres sufren violencia durante años y no denuncian, ya sea porque no conocen el sistema legal, sienten miedo o no se sienten con fuerzas para cambiar su realidad», afirma.
Marisol Alfonso, jefa de la Oficina del Unfpa en Cuba, comparte esa lectura y señala el horizonte. «Lograr la articulación con otras instancias del ámbito jurídico, con el sector de la salud, con el sector social comunitario, para que estas respuestas sean mucho más articuladas y efectivas, es parte de los compromisos que hemos establecido en este proyecto», subraya.
Una respuesta que crece
Este bufete especializado es la punta visible de algo mayor. Su rol metodológico lo convierte en centro de referencia nacional: los especialistas del bufete emiten criterios técnicos, elaboran dictámenes y orientan la tramitación de asuntos de VBG en todos los bufetes del país, apunta su directora.
Han redactado el Protocolo de actuación para la defensa de los intereses de las víctimas de VBG, que unifica procedimientos y estandariza el trabajo técnico. Construyen, además, un fondo bibliográfico especializado y recopilan sentencias clave que ayuden a entender cómo aplicar la ley, tomando en cuenta no solo el género sino otras condiciones que hacen más vulnerable a una mujer: su edad, si tiene alguna discapacidad, su situación económica.
El proyecto opera en las 15 provincias del país. Pero la aspiración va más lejos. «Aunque el proyecto está en 40 municipios, este bufete, con su rol metodológico, es capaz de ofrecer asesoría al resto del país», dice Marisol Alfonso y apunta que en todas las provincias hay al menos un municipio con capacidades instaladas.
Yasnari Pérez Rodríguez, jefa del Departamento de Prevención y Trabajo Comunitario de la FMC, sitúa este servicio dentro del marco más amplio del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y de la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar.
Para ella, el principal desafío está en el acompañamiento a las víctimas en el ámbito comunitario y en la responsabilidad que tiene la propia organización de divulgar el servicio en esos espacios.
Cinco meses después de su inauguración, la oficina no es, aún, la respuesta completa que las víctimas de violencia de género en Cuba necesitan y merecen.
Pero quienes hoy laboran allí consideran que es un paso clave en el camino hacia la erradicación de barreras institucionales y a favor de un sistema jurídico que responda a las necesidades de las sobrevivientes a la violencia machista.
SEM-SEMlac/lf
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