En 12 años cerca de 10 mil agresiones contra defensoras de la tierra y el territorio en Mesoamérica, un incremento exponencial, 860 en México.
Entre 2012 y 2024 al menos 35 defensoras de la tierra y el territorio fueron asesinadas, en México 6, por protestar por el Tren Maya y las empresas mineras
Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 23 de abril, 2025.- Al menos 6 defensoras de la tierra y el territorio fueron asesinadas y 860 agredidas en México por oponerse al megaproyecto del tren maya, la granja porcina en Yucatán, el corredor interoceánico en Oaxaca, la explotación del agua de la empresa Bonafont en Puebla y diferentes proyectos mineros e inmobiliarios a lo largo del país.Así lo sostiene el informe más reciente de agresiones a defensoras de la tierra difundido por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, IMD que abarca 12 años de análisis y registros, y se difundió ayer en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, -22 de abril- 2025. Entre 2012 y 2024, se documentaron 9,629 agresiones contra defensoras y organizaciones por la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica. De ellos más de mil registrados en México con el 13.4 por ciento; de 35 asesinatos, 6 ocurrieron en México, 18 por ciento, y además se agregan 860 agresiones como respuesta a actos de resistencia, sólo entre 2018-2024.El Mapa Mundial de Justicia Ambiental sostiene que el 11 por ciento del territorio nacional está concesionado a la explotación minera, lo que ha generado, como se documenta, 211 casos de conflictos ambientales en México. El informe sostiene que gran porcentaje del territorio mesoamericano está concesionado para la explotación minera, y que este 11 por ciento de México es mayor al 1.6% en Honduras, 4.84% en Guatemala.En el periodo estudiado de 12 años dice la IMD las defensoras asesinadas se registraron principalmente en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.Considera que las defensoras de la tierra y el territorio se colocan como uno de los colectivos con mayor número de agresiones documentadas, representando 22,3% del total de 43,186 agresiones registradas contra defensoras de derechos humanos en la región desde 2012. En este año (2024) de actualización, advierten que no contaron con datos referentes a Guatemala.El caso emblemático de agresión en México, con la complicidad de las autoridades, es cómo se criminalizó a la abogada amuzga de Guerrero, Kenia Hernández. El informe (que publicamos completo) señala que de 2016, hasta diciembre de 2024 fueron asesinadas 22 defensoras de la tierra y el territorio en Mesoamérica: 6 en México, 3 en Guatemala, 2 en El Salvador, 9 en Honduras y 2 en Nicaragua.Narra que la cancelación del megaproyecto eólico Gunaa Sicarú en 2022, en México, se hizo gracias a la lucha colectiva de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, el cual incluyó un litigio transnacional en tribunales civiles de Paris (Francia) contra la empresa Electricité de France (EDF). Sin embargo, enfrentar los intereses económicos detrás de la destrucción y apropiación de tierras y territorios también ha implicado vivir múltiples y dolorosas violencias.E México, El Salvador y Guatemala las agresiones contra defensoras de tierra y territorio registradas durante estos años representaron 13.4%, 12.7% y 12.3% respectivamente.  Revelaciones del informe Entre 2012 y 2024, el sistema de registro de la IMD se documentaron 9,629 agresiones contra defensoras y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica. En el mismo periodo, al menos 35 de ellas fueron asesinadas en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. |
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, -22 de abril- la IMD difundió una separata informativa denominada La tierra , para quienes la trabajan y la defienden. El tema central: 10+ Años de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica (2012-2024)”, un informe que detalla las condiciones y situación de casos emblemáticos de mujeres agredidas o asesinadas por defender la tierra.El documento se enfoca al análisis particular de los casos de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales que fueron publicados de manera general, en el informe denominado Datos que nos duelen, redes que nos salvan. De 2012-2023. Este nuevo informe profundiza actualiza la información con datos preliminares de 2024.Se declara que la violencia que viven las defensoras mesoamericanas de la tierra, el territorio y los bienes naturales está vinculada con el capitalismo extractivista que se impone en toda la región, unido a las opresiones estructurales, de carácter clasista, racista y patriarcal que se ejercen sobre los cuerpos y territorios de las mujeres.Ahora, considerando en este contexto, el análisis histórico de la evolución de las agresiones contra estas defensoras presenta tres puntos de inflexión, en cada uno de los cuales se da un incremento exponencial en el número de agresiones registradas.El primero en 2017, año siguiente al femicidio territorial de Berta Cáceres, relacionado con las vividas por las compañeras hondureñas que se oponían a megaproyectos y exigían justicia para la lideresa lenca asesinada; el segundo en 2020, caracterizado por las respuestas autoritarias de los gobiernos ante la sindemia por COVID-19; y el tercero en 2022, marcado por la profundización en las políticas de militarización de los territorios y el aumento de los desalojos, lo que se expresa en un incremento significativo de las agresiones de carácter colectivo caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza, con un respaldo evidente de autoridades y cuerpos armados y la manipulación de los marcos jurídicos que legalizan la represión y la violencia. México no es excepción. Otro aspecto importante que pone de relieve el informe es que los logros históricos de la resistencia y las luchas de las comunidades en defensa del territorio y los bienes comunes pueden ser revertidos en cualquier momento, según la voluntad del gobierno de turno. Es el caso de la prohibición de la minería metálica en El Salvador, la cual fue conseguida en 2017 y que recientemente, en diciembre de 2024, ha sido legalizada nuevamente. Finalmente, el informe ofrece una síntesis de siete casos paradigmáticos de la diversidad de formas de cómo las defensoras de la tierra y el territorio, sus comunidades y organizaciones son agredidas: el asesinato como la culminación de una serie prolongada de agresiones y la impunidad de los responsables intelectuales en el caso de Berta Cáceres; la reiteración y sistematicidad de las agresiones en los casos de la lideresa campesina Francisca Ramírez, en Nicaragua, y de la defensora garífuna Miriam Miranda en Honduras; la instrumentalización del sistema legal para criminalizar a las defensoras, como en los casos de la abogada amuzga Kenia Hernández, en México, y de la lideresa campesina María Concepción Hernández en Zacate Grande, Honduras; la violencia ejercidas de manera colectiva, como la vivida por la comunidad de Santa Marta en El Salvador, con la criminalización de sus líderes y los hostigamientos y amenazas contra el resto de la comunidad; o la expresada en los constantes desalojos violentos que viene enfrentando la comunidad de Agua Blanca Sur, en El Progreso, Honduras, perpetrados por fuerzas públicas de seguridad y la complicidad de los intereses privados con instituciones del Estado. LEER EL INFORME: LA TIERRA, PARA QUIENES LA TRABAJAN Y LA DEFIENDEN10+ Años de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica (2012-2024)Abril 2025Desde 2012, en la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) hemos desarrollado un sistema de registro de agresiones que documenta, cuantifica y permite realizar un análisis de género sobre la violencia ejercida contra la diversidad de mujeres y disidencias sexo-genéricas que defendemos derechos humanos en Mesoamérica.1 La riqueza de este sistema, pionero en el mundo, es que en su interacción con el resto de las estrategias de la Protección Integral Feminista contribuye a la protección de las defensoras identificando las violencias y realidades concretas que vivimos tanto individualmente como en nuestras colectividades. La presente separata, “LA TIERRA, PARA QUIENES LA TRABAJAN Y LA DEFIENDEN.10+ Años de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica (2012-2024)”, se enfoca en el análisis particular de los casos de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales que se integran, de manera general, en nuestro informe “Datos que nos duelen, redes que nos salvan. 10+ Años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica (2012-2023)”, profundizando en los mismos y actualizándolos con datos preliminares de 2024.2En la IM-defensoras llamamos agresiones a las acciones violentas que atentan contra la dignidad e integridad de una o varias defensoras o de sus organizaciones en un determinado periodo de tiempo, pudiendo ser físicas, emocionales, espirituales y psicológicas, directas o indirectas.Para 2023 y 2024 no contamos con datos referentes a Guatemala. DEFENDER LA VIDA EN TERRITORIO HOSTILLas defensoras de derechos humanos, con nuestros pueblos, comunidades y organizaciones, nos organizamos en diferentes territorios para resistir ante las violencias que nos acechan, proteger la vida y el bienestar colectivo y construir esperanza y alternativas de vida digna. Nuestra sola existencia como sujetas políticas desafía los mandatos patriarcales que pretenden silenciar el poder de las mujeres y disidencias sexo-genéricas. El mundo por el que luchamos es diametralmente opuesto al que pretenden imponernos y, por ello, nuestra labor pone en riesgo los intereses de los poderosos. En Mesoamérica vivimos bajo un modelo económico, político y cultural de herencia colonial que se manifiesta en opresiones estructurales y una continuidad histórica de violencias patriarcales, capitalistas y racistas sobre los cuerpos y territorios de las mujeres. En el contexto de crisis global provocada por este modelo, en nuestra región se agravan las desigualdades económicas, la violencia, la pobreza y los impactos del cambio climático. Los poderes que se benefician de este modelo de muerte encuentran en la represión, la violencia y el uso de la fuerza la única forma de contener nuestro poder colectivo.A lo largo de estos 13 años, como consecuencia directa del capitalismo extractivista que se impone en nuestros territorios, las defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales han representado uno de los colectivos con mayor número de agresiones registradas, tal y como se desprende del hecho que 22,3% del total de las 43,186 agresiones contra defensoras que documentamos entre 2012 y 2024 en Mesoamérica fueron perpetradas contra compañeras que defendían estos derechos (Gráfico 1).  ¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS, LAS DEFENSORAS DE LA TIERRA?Las defensoras de la tierra y territorio defendemos tanto nuestro derecho a permanecer o a retornar a nuestros territorios, como el de salvaguardar la red de la vida, protegiendo y defendiendo los derechos de la naturaleza y velando por el resguardo del agua, los ríos, las montañas, los bosques, las semillas y la diversidad de especies animales. Defender la tierra significa también defender nuestros medios de reproducción de la vida y nuestras cosmovisiones, las cuales, alejándose de la acumulación y explotación capitalista, establecen otros vínculos y formas de relacionarnos con el territorio y la naturaleza. Defendemos también una manera de entender el territorio no como un lugar geográfico y de explotación humana, sino como el lugar donde descansan nuestros ancestros y donde encontramos identidad y arraigo.La mayoría de defensoras de la tierra y el territorio agredidas somos mujeres indígenas, garífunas o afrodescendientes que habitamos en zonas rurales, trabajamos la tierra, realizamos trabajo de base y hemos sido excluidas de la propiedad y las decisiones sobre el futuro de nuestros territorios.1 Ante Estados-nación que perpetúan políticas coloniales de aniquilación de las cosmovisiones, culturas y lenguas de los pueblos originarios y otras comunidades, las defensoras indígenas y afrodescendiente protegemos nuestros saberes, nuestro derecho a la autonomía e identidad cultural, nuestros territorios y los bienes naturales. Las defensoras de tierra y territorio resistimos y denunciamos colectivamente las consecuencias de despojo y muerte que conlleva el capitalismo extractivo porque estamos convencidas de que hacerlo es fundamental para proteger y sostener la vida en todas sus manifestaciones.Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas: Situación de las Defensoras de derechos humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos. 2019.¿POR QUÉ NOS ATACAN? Nuestras luchas incansables han dado frutos concretos como la primera ley del mundo que prohibía la minería metálica, aprobada en El Salvador en 20171 —y lamentablemente revertida en diciembre de 2024 [VER CASO SANTA MARTA]; la derogación en 2022, en Honduras, del proyecto de muerte y despojo que representan las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), como respuesta a las demandas de un movimiento social con enorme fuerza popular y feminista;2 la suspensión del proyecto de construcción del Canal Transoceánico en Nicaragua, fruto de la lucha del movimiento campesino y organizaciones ambientalistas del país [VER CASO FRANCISCA RAMÍREZ]; o la cancelación del megaproyecto eólico Gunaa Sicarú en 2022, en México, gracias a la lucha colectiva de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, el cual incluyó un litigio transnacional en tribunales civiles de Paris (Francia) contra la empresa Electricité de France (EDF).3 Sin embargo, enfrentar los intereses económicos detrás de la destrucción y apropiación de nuestras tierras y territorios también ha implicado que vivamos múltiples y dolorosas violencias.Entre 2012 y 2024 hemos documentado un total de 9,629 agresiones contra defensoras y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica. En el mismo periodo, 35 compañeras fueron asesinadas.En Honduras, 62% del total de agresiones que registramos en el periodo señalado se dirigieron contra defensoras de la tierra, territorio y bienes naturales, erigiéndose así en el tipo de derecho defendido con más agresiones documentadas en este país (6,764). Por su parte, en México, El Salvador y Guatemala las agresiones contra defensoras de tierra y territorio registradas durante estos años representaron 13.4%, 12.7% y 12.3% respectivamente. Entre 2012 y 2024 también hemos documentado 738 agresiones vinculadas a acciones de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos de la región, cuyas luchas en ocasiones se entrecruza con la defensa de la tierra y el territorio. “En todos los territorios donde hay pueblos indígenas y afrodescendiente con los últimos recursos del planeta, las defensoras reciben agresiones directas por la defensa de la tierra y el territorio… tiene que ver con un exterminio ya que para hacer avanzar el modelo extractivo se llevan a quienes lo cuidan y lo protegen.”Melissa Cardoza, defensora hondureña.El informe 2023 de Global Witness indica que México, Honduras, Guatemala y Nicaragua están entre los 10 países del mundo con mayor cantidad de asesinatos por defender la tierra y el medioambiente.4 El Estado de la Región registró en el período 1990-2020, en Centroamérica, que 80.2% de los conflictos socioambientales estuvieron relacionados con la extracción de minerales y materiales de construcción, conflictos por el uso de la tierra asociados a actividades como la agricultura, pesquería, ganadería y forestería, gestión del agua, uso de combustibles fósiles y justicia climática/energética.5 El Mapa Mundial de Justicia Ambiental ha documentado 211 casos de conflictos ambientales en México, 31 en Guatemala, 24 en Honduras, 12 en Nicaragua y 7 en El Salvador.6 Gran porcentaje del territorio mesoamericano está concesionado para la explotación minera: 1.6% en Honduras, 4.84% en Guatemala,7 11% en México8 y 23% en Nicaragua.9IM-Defensoras: SORORIDAD / Ley aprobada: El Salvador libre de minería metálicaIM-Defensoras: [PRONUNCIAMIENTO] Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ante extradición de JOH y derogación de las ZEDES.ProDESC: ¡Revés a EDF en México! Comunidad zapoteca de Unión Hidalgo y ProDESC consiguen la cancelación definitiva del megaproyecto eólico Gunaa Sicarú. 2 de junio de 2022.Global Witness: Siempre en pie. Personas defensoras de la tierra y el medioambiente al frente de la crisis climática. Septiembre 2023.Estado de la región: Conflictividad ambiental: una aproximación para el análisis de las presiones sobre los ecosistemas y sus recursos. 2021.EJAtlas – Global Atlas of Environmental Justice. https://ejatlas.org/ Martínez Espinoza, M.I., 2017. El extractivismo minero en América Latina: planteamientos, paralelismos y presunciones desde el caso de Guatemala. En Perfiles Latinoamericanos, 27 (53). https://doi.org/10.18504/pl2753-001-2019La Jornada: “Concesionado a mineras, 11% del país hasta por 100 años”. 20 de mayo de 2021.Fundación del Río: Nicaragua y su oro perverso. 14 de julio de 2022.  DEFENDER LA TIERRA, UNA ACCIÓN COLECTIVA QUE SE REPRIME COLECTIVAMENTEEn este contexto, en nuestra región destacan las agresiones perpetradas en el marco de acciones colectivas de defensoras y comunidades que mantienen viva sus luchas frente al avance del extractivismo en la agroindustria, la minería y la explotación forestal [VER CASO SANTA MARTA]. El carácter colectivo de estas agresiones se debe a que la defensa de la tierra y los bienes comunes no es individualizable,1 ya que sin comunidad y colectividad no es posible defender el territorio. Así, muchas de las agresiones que registramos, como la militarización de territorios y los desalojos, implican violencia directa y generalizada en contra de comunidades, incluyendo a menores de edad y personas adultas mayores, entre otras poblaciones vulnerables [VER CASO AGUA BLANCA SUR].Vázquez, E. 2019. ¿Defensoras o comunidades en resistencia? Los procesos colectivos de defensa territorial frente a la individualización del “defensor/a ambiental”. En Informe de la Ruta por la verdad y la justicia para la naturaleza y los pueblos. Acción Ecológica. UNA VIOLENCIA QUE SE PROLONGA Y ACRECENTAEl análisis de la evolución de las agresiones contra las defensoras de tierra y territorio entre 2012 y 2024 señala tres puntos de inflexión: el primero en 2017, año siguiente al asesinato de Berta Cáceres; el segundo en 2020, caracterizado por las respuestas autoritarias de los gobiernos ante la sindemia por COVID-19; y el tercero en 2022, marcado por la profundización en las políticas de militarización de los territorios y el aumento de los desalojos.El asesinato, en marzo de 2016,de nuestra compañera Berta Cáceres, dirigente comunal indígena lenca que resistía contra el proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca para proteger el río Gualcarque [VER CASO BERTA CÁCERES], marcó un punto de inflexión, en Honduras y en el resto de la región, que dio visibilidad tanto al liderazgo que ejercen las mujeres indígenas contra el extractivismo capitalista, como a las diferentes manifestaciones de la violencia y la impunidad a las que se enfrentan. De esta forma, el año siguiente a su asesinato, 2017, presenta un incremento sustancial de las agresiones que está relacionado con las vividas por las compañeras que en Honduras se oponían a megaproyectos y exigían justicia para Berta. A partir de entonces, a través de nuestro sistema de registro, en las formas y mensajes de las agresiones contra las defensoras de la tierra y territorio identificamos tendencias y patrones que buscan, sin éxito, apagar sus luchas.1 Desde el asesinato de Berta Cáceres, en marzo de 2016, hasta diciembre de 2024 fueron asesinadas 22 defensoras de la tierra y el territorio en Mesoamérica: 6 en México, 3 en Guatemala, 2 en El Salvador, 9 en Honduras y 2 en Nicaragua. Posteriormente, con el inicio de la sindemia por COVID-19 en 2020, registramos un aumento de agresiones contra las defensoras de tierra y territorio en todos los países de la región. Esto responde a un contexto de crecientes políticas autoritarias donde, con diferentes matices en cada país, se utilizó la emergencia sanitaria como pretexto para imponer medidas represivas, restringir derechos y profundizar procesos de militarización. Así, las restricciones a la movilidad de las personas defensoras de derechos humanos habilitaron el avance de las políticas de despojo contra los territorios y los cuerpos de las mujeres. En Centroamérica, los gobiernos se ampararon en la necesidad de salir de la crisis económica tras la sindemia, para ello incrementaron las concesiones mineras y dinamizaron otras industrias extractivas como los monocultivos.2A partir de 2022 identificamos una nueva escalada regional de agresiones contra defensoras de tierra y territorio. El gráfico 2 muestra como en 2023 las agresiones contra estas defensoras aumentaron significativamente (160% en relación al año precedente, 2022). En este incremento tienen un importante peso las agresiones de carácter colectivo, las cuales pasaron de representar 46% de las registradas en 2020 a 86% en 2024. En los últimos años las agresiones colectivas se han caracterizado por el uso excesivo de la fuerza, con respaldo evidente de autoridades y cuerpos armados, de la mano con la militarización de los territorios y la manipulación de los marcos jurídicos que legalizan la represión y la violencia.En Honduras, este aumento responde a la agudización de los conflictos territoriales a partir de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, la cual ha legitimado desalojos masivos [VER CASO AGUA BLANCA SUR] y ha utilizado el derecho penal para criminalizar a quienes luchan por la tierra para favorecer a empresas aceiteras, azucareras y sectores terratenientes [VER CASO MARIA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ]. Sólo en los últimos 3 años (2022-2024) registramos 4,851 agresiones contra defensoras de tierra y territorio en este país. Un caso paradigmático es el de las agresiones contra el pueblo garífuna, el cual viene enfrentando asesinatos, desaparición forzada, violentos desalojos forzados,3 incendios provocados en sus casas de salud ancestral, detenciones arbitrarias, racismo institucionalizado y agresiones contra su espiritualidad,4 entre otras, en un contexto de intento de despojo de sus tierras ancestrales [VER CASO MIRIAM MIRANDA].En México, entre 2022 y 2024 documentamos 860 agresiones contra defensoras de tierra y territorio que se enfrentan a grandes intereses económicos detrás de proyectos extractivos o de infraestructura [VER CASO KENIA HERNÁNDEZ]. Algunas de las agresiones registradas se dieron en el marco de actos de resistencia ante el megaproyecto del tren maya, la mega granja porcina en Yucatán, el corredor interoceánico en Oaxaca, la explotación del agua de la empresa Bonafont en Puebla y diferentes proyectos inmobiliarios a lo largo del país.Finalmente, en el Salvador, la reciente aprobación en diciembre de 2024 de la Ley de Minería Metálica que revierte la histórica prohibición de esta actividad nociva para el medio ambiente, ha desencadenado un proceso de movilización popular que, bajo la vigencia del Régimen de excepción vigente, unido al precedente de la criminalización de cinco ambientalistas de la Comunidad de Santa Marta y la situación de riesgo y amenaza que enfrenta el conjunto de esta comunidad [VER CASO SANTA MARTA], nos recuerda que nuestros logros pueden ser revertidos y que es necesario no dejar nunca de reivindicarlos y defenderlos, y nos obliga a permanecer alerta ante un posible incremento de las agresiones contra las defensoras de la tierra y el territorio de este país.IM-Defensoras: Tendencia en defensoras de tierra, territorio y justicia. 2021.Acafremin: La pandemia de la Covid-19 y el aumento de las industrias extractivas en los países de Centroamérica. 17 de agosto de 20202.IM-Defensoras: [Alerta Defensoras] HONDURAS / Criminalizan a defensoras garífunas tras detenerlas en violento e ilegal desalojo de la comunidad de Punta Gorda, Roatán. 9 de noviembre de 2022. IM-Defensoras: [Alerta Defensoras] HONDURAS / Racismo institucionalizado contra defensoras y defensores de la tierra ancestral de Punta Gorda. 25 de noviembre de 2022. BERTA CÁCERES: Femicidio territorial e impunidad intelectual.En la noche del 2 de marzo de 2016, sicarios vinculados a la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) irrumpieron en el hogar de la defensora lenca Berta Cáceres en La Esperanza, Intibucá, y la asesinaron a balazos. Berta era una reconocida defensora feminista de la tierra y el territorio, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) e integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras que, en 2015, había recibido el Premio Goldman, uno de los reconocimientos más prestigiosos en la defensa del medio ambiente. Su asesinato tuvo un impacto inmediato e inusitado a nivel global, generando multitud de expresiones de repulsa y exigencia de justicia en todo el planeta.Una semana antes, Berta había denunciado en conferencia de prensa el asesinato de cuatro líderes de su comunidad y el creciente contexto de amenazas, ataques y hostigamiento contra el COPINH y las comunidades en resistencia frente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de DESA, el cual amenazaba la existencia del Río Gualcarque, un río sagrado y vital para la subsistencia de las comunidades lencas.Su asesinato fue la culminación de una larga secuencia de ataques en contra de ella, su organización y su entorno: detenciones arbitrarias, criminalización, hostigamiento, amenazas de muerte, entre otras, motivo por el cual desde 2009 contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado nunca cumplió. El COPINH lo ha calificado como “femicidio territorial”, ya que al matar a Berta no sólo buscaban silenciarla a ella, sino también la lucha de la organización y las comunidades que ella lideraba en la defensa del territorio ancestral lenca, cuyo control y apropiación es el objetivo final de los perpetradores.Desde entonces el COPINH no ha dejado de liderar una exigencia de justicia que hasta la fecha ha supuesto la cancelación del Proyecto de Agua Zarca y el enjuiciamiento y condena firme a 8 personas, incluyendo a los autores materiales y a algunos co-autores intelectuales como David Castillo, gerente de DESA, o Sergio Rodríguez, empleado de la familia Átala, propietaria de la empresa. Esta búsqueda de justicia no ha estado exenta de ataques en contra del COPINH, de la familia de Berta o incluso de organizaciones, periodistas y personas defensoras de derechos humanos que la han apoyado.No obstante lo logrado, la justicia en el caso Berta Cáceres no será plena mientras persistan las políticas extractivistas de despojo territorial a las comunidades lencas y sigan en la impunidad los principales responsables intelectuales de su crimen: la familia Átala, de cuya implicación en el asesinato existen diversos indicios que hasta la fecha la justicia hondureña se ha negado a considerar. Por ello, en febrero de 2025, fruto del trabajo del COPINH y CEJIL, se instaló en Honduras un Grupo Interdisciplinario de personas Expertas Independientes, entre cuyas funciones está investigar la autoría intelectual del crimen y su impacto sobre las comunidades lencas y proponer un plan de reparación integral.  KENIA HERNÁNDEZ: Defensora indígena presa por defender el libre tránsito por las carreteras de México.La noche del 18 de octubre de 2020, Kenia Hernández fue detenida arbitrariamente en una caseta de peaje del Estado de Puebla y tras permanecer en paradero desconocido y sin que se le informará sobre su situación durante horas, fue trasladada a un penal del Estado de México. Seis días después, el 24 de octubre, tan sólo una hora después de que una jueza del Estado de México le concediera libertad bajo medidas cautelares, Kenia fue detenida de nuevo, esta vez por orden de un juez federal. Se la acusaba por supuestos de delitos de “robo con violencia armada” y “ataques a las vías de comunicación” en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Autovías Concesionaria Mexiquenses. Ésta era la tercera detención que vivía en apenas cuatro meses, después de que el 6 de junio fuera detenida por primera vez y la mantuvieran privada de libertad durante 5 días. Desde entonces Kenia ha estado presa y ha enfrentado procesos judiciales, de ámbito estatal y federal, por once delitos cuyas penas acumuladas suman más de veinte años de cárcel. Todos estos delitos están vinculados con actos de protesta para exigir el libre tránsito por las carreteras del país.Kenia es una abogada y feminista amuzga que, como coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive y cofundadora e integrante del “Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero” (MOLPEG) acompañaba a sobrevivientes de violencia machista, a familiares de víctimas de feminicidio, a personas injustamente privadas de libertad y a personas afectadas por las actividades de empresas extractivas. Previo a su detención, Kenia había tenido que desplazarse del Estado de Guerrero debido a la persecución y amenazas que, debido a su labor como defensora, había recibido por parte de agentes estatales y paramilitares.Kenia ha estado presa en distintas cárceles, incluyendo un penal de alta seguridad, el CEFERESO 16, en el Estado de Morelos, al que fue trasladada después de que la Fiscalía General de la República y representantes de CAPUFE la señalaran como “una persona que pone en riesgo a la sociedad porque se manifiesta mucho”. En este penal la defensora sufrió condiciones de precariedad, maltrato y vulneración a sus derechos que llegaron a poner en riesgo su vida e integridad, entre éstos: negación de acceso a consultas médicas y a agua potable, situaciones extremas de aislamiento, control de su correspondencia y restricciones a las reuniones con su defensa jurídica y a la visita de sus hijos; motivo por el cual se declaró dos veces en huelga de hambre. Incluso bajo estas condiciones, Kenia no dejó de ejercer como defensora de derechos y, entre otras acciones, organizó talleres para las mujeres indígenas y promovió el autocuidado entre las otras reclusas, ya que en ese centro penitenciario se han registrado varios suicidios. Gracias a su lucha y al trabajo de las organizaciones que la acompañan, consiguió que la trasladaran a otro penal con un régimen menos restrictivo, en el que actualmente permanece presa.El caso de Kenia es un ejemplo de la persecución y ensañamiento con que el sistema capitalista, racista y patriarcal pretende someter a las mujeres indígenas que se atreven a dar un paso adelante y organizarse para defender el territorio y los bienes comunes. MARÍA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ: Criminalización, hostigamiento y persecución judicial en Honduras.La tarde del domingo 22 de septiembre de 2019, agentes de la Dirección General de Investigación (DPI) se personaron con una orden de captura en la vivienda de la defensora María Concepción Hernández, quien es integrante de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, y la detuvieron y trasladaron a las dependencias de la DPI en Amapala. El día siguiente, María Concepción fue liberada con medidas alternativas a prisión, quedando sometida a proceso por un presunto delito de “usurpación de tierras” y “daños continuados y agravados” en perjuicio de Jorge Cassis Leiva, un terrateniente que a través de amenazas, atentados e intimidación estaba desalojando a campesinos y campesinas que ostentaban la propiedad legítima de sus tierras en la comunidad de Playa Blanca, en la península de Zacate Grande. Dos meses más tarde, el 25 de noviembre, tras presentarse de manera voluntaria a la audiencia inicial del proceso de criminalización que enfrentaba, la defensora fue detenida de nuevo, esta vez junto a su hijo menor de edad y los también defensores Santos Hernández y Abel Pérez – quienes estaban siendo criminalizados en otro proceso – quedando todas estas personas privadas de libertad en espera de la audiencia de declaración de personas imputadas, programada para el día siguiente.María Concepción fue liberada de todos las cargos que se le imputaban, no obstante, casi cuatro años después de los hechos relatados, el 1 de abril de 2023, agentes de la DPI la volvieron a detener cuando acudió al Centro Penal de Nacaome para visitar a su compañero Santos Hernández. Para detenerla, los agentes alegaron una orden de captura del 29 de agosto de 2019, la misma con la detuvieron la primera vez y que debería haber sido cancelada, puesto que la defensora había sido absuelta de las acusaciones que la motivaron. En el momento de esta tercera detención, María Concepción se encontraba con su hijo menor de edad, el cual quedó en situación de total indefensión y vulnerabilidad. A ello se suma que las autoridades de la DPI se negaron a facilitar información sobre el estado y situación de la defensora a integrantes de ADEPZA y de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos que acudieron al lugar de la detención, ni tampoco les permitieron tener contacto con ella. Finalmente, gracias al acompañamiento de estas organizaciones y a la presión y solidaridad que se hicieron presentes, la defensora fue liberada y la orden de captura cancelada.La criminalización y persecución judicial enfrentada por María Concepción Hernández y otras compañeras y compañeros de la ADEPZA, así como la impunidad en la que permanecen las reiteradas violencias de que son objeto, se vinculan con el hecho de que la península de Zacate Grande es una zona geográfica estratégica para los intereses económicos de terratenientes y empresas – en ella estaba previsto instalar una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) – y se fundamentan en la complicidad de los poderes económicos con instituciones policiales y de justicia corruptas. FRANCISCA RAMÍREZ: Despojada de su nacionalidad y en el exilio tras múltiples agresiones por defender los derechos de las comunidades campesinas en Nicaragua.En septiembre de 2018, la lideresa campesina Francisca Ramírez, conocida como Doña Chica, comunicó públicamente que se exiliaba de su país, Nicaragua, ante los constantes ataques, amenazas y hostigamiento que estaba viviendo. Unos meses antes, en julio, Edén Pastora, un militante histórico del partido de gobierno, había hecho unas declaraciones en una televisión oficialista donde la señalaba y amenazaba: “La Chica Ramírez anda buscando que la encarcelen y que la maten porque ya mucho molesta, primero con lo del Canal y ahora con esto [en referencia a sus denuncias de las graves violaciones a derechos humanos que se estaban cometiendo en el país]”.Estos graves señalamientos se producían mientras Nicaragua se hallaba sumida en una oleada de violencia gubernamental, represión y persecución política que había dejado centenares de muertos y de personas presas políticas desde el inicio, el 18 de abril, de las protestas populares contra la reforma del seguro social, las cuales vinieron precedidas de otro importante movimiento de indignación y protesta ante el incendio de la Reserva Indio Maíz, una de las reservas naturales más extensas del país. Ese mismo mes de abril, Doña Chica había sufrido un atentando contra su vida mientras encabezaba una marcha en Nueva Guinea.La persecución política y los ataques contra Francisca se remontan a años atrás, cuando como coordinadora del Consejo para la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía desempeñó un papel fundamental en la lucha en contra del “Canal Interoceánico”, un megaproyecto financiado con capital extranjero que atravesaba el país desde la costa del Atlántico hasta la del Pacífico. Su construcción ponía en riesgo el Gran Lago Cocibolca, una de las principales reservas de agua potable de Centroamérica, y conllevaba expulsión, despojo y miseria para las comunidades campesinas de los territorios afectados.Durante su lucha contra el Canal, Doña Chica y su familia fueron objeto de reiteradas agresiones: su casa fue allanada; vivió detenciones arbitrarias en 2014, 2015 y 2016, ésta última mientras participaba en la “Caravana mesoamericana por el buen vivir”, junto con otros líderes campesinos y jóvenes ambientalistas de distintas nacionalidades que también fueron detenidos y finalmente expulsados del país; en una ocasión sufrió la confiscación, y en otra la destrucción parcial, por parte de la policía, de los vehículos con los que se desplazaba y desarrollaba su trabajo; su hijo sufrió un atentado; mientras que el hostigamiento y las campañas de difamación y desprestigio en contra suya y de otras defensoras que se oponían al Canal fue constante. Como consecuencia de ello, en 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió Medidas cautelares.Cuando estalló la crisis socio-política en abril 2018, Doña Chica participó en las protestas y, por su trayectoria de lucha contra el Canal, reconocida internacionalmente, se erigió en una de las voces de referencia y con mayor legitimidad en la denuncia de las brutales violaciones a derechos humanos que el gobierno estaba cometiendo, lo que intensificó el hostigamiento, las amenazas y ataques en su contra.Una vez en el exilio las agresiones contra Doña Chica no han cesado: se la ha despojado arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense, se le han confiscado sus bienes y se la ha declarado prófuga de la justicia, además de haber sido objeto de diversos ataques a través de medios digitales que buscan su estigmatización y desprestigio. MIRIAM MIRANDA: Violencia sistemática, reiterada y recurrente por defender los derechos del pueblo Garífuna.Tan sólo en los últimos cinco años, de enero de 2020 a diciembre de 2024, nuestro sistema de registro ha documentado 98 agresiones contra la defensora garífuna Miriam Miranda, coordinadora de la de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) e integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. De estas agresiones, 62 fueran perpetradas directamente contra su persona y 36 se produjeron en acciones colectivas en las que ella estaba participando. Este dato da cuenta de la situación permanente de riesgo y amenaza que vive esta defensora, pese a que desde 2011 es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).La reiteración y recurrencia de los ataques contra Miriam Miranda están relacionadas con el hecho de que es una de las voces más visibles y reconocidas, tanto a nivel nacional como internacional, en la defensa de los derechos del pueblo garífuna y en la denuncia de las violencias sistemáticas que este pueblo enfrenta en Honduras incluyendo: el despojo de sus tierras ancestrales, desalojos violentos de las comunidades en resistencia, femicidios e impunidad de los mismos, criminalización, desaparición forzada y asesinato de sus liderazgos, ataques y burlas a su cosmovisión, racismo institucional, entre otras expresiones criminales del capitalismo racista y colonial que impera en el país. Entre las agresiones sufridas por Miriam a lo largo de su dilatada trayectoria como defensora, las hay de todo tipo y gravedad. Muchas de ellas han sido perpetradas por instituciones del Estado, como autoridades, fuerzas públicas de seguridad —policiales y militares— o instancias de justicia; muchas otras por actores vinculados a otros poderes fácticos, como terratenientes, empresarios nacionales y extranjeros e integrantes del crimen organizado. Entre las más graves, puesto que en ellas su vida corrió serio peligro, destacan el secuestro que vivió en 2014, junto con otros compañeros de la OFRANEH, por parte de hombres armados vinculados con el crimen organizado, y del que pudieron librarse gracias al apoyo de la comunidad de Vallecito; y la tentativa de atentado contra su vida que tuvo lugar en septiembre de 2023, cuando hombres armados con fusiles de asalto rodearon su casa, y que afortunadamente no se consumó gracias, otra vez, al acuerpamiento y las prácticas de protección colectiva de la comunidad de Vallecito. A estas se suman múltiples amenazas y actos de intimidación, campañas de difamación, diversos intentos de criminalizarla, hostigamiento y persecución judicial, agresiones en el marco de protestas pacíficas, o las constantes detenciones y retenciones arbitrarias de la que es objeto por parte de las fuerzas de seguridad.El caso de Miriam es paradigmático tanto por reflejar la flagrante omisión de las autoridades responsables de garantizar su protección, pese a existir mandatos al respecto como el de la CIDH; como por poner de relieve la importancia de las prácticas comunitarias y colectivas de protección, en las que la OFRANEH y la comunidad de Vallecito destacan como un referente para toda la región.  SANTA MARTA: La represión comunitaria como mecanismo de control e imposición extractivista.La madrugada del 11 de enero de 2023, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a cinco defensores ambientalistas y líderes comunitarios de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, todos ellos integrantes de la Asociación para el Desarrollo Económico Social (ADES Santa Marta). Ocho días después se les decretó prisión provisional por un supuesto delito ocurrido décadas atrás, durante el conflicto armado interno. Este fallo se dio sin indicios sólidos y con base a pruebas contradictorias entre sí; además también se les acusó de “Asociaciones ilícitas”, delito establecido en el régimen de excepción impuesto desde hacía nueve meses en el país.Desde el primer momento, la comunidad de Santa Marta y otras organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su temor a que tras la criminalización de los ambientalistas podría ocultarse la intención por parte del Gobierno de allanar el camino, mediante la represión y el silenciamiento de liderazgos, para volver a legalizar la minería metálica, ya que la comunidad de Santa Marta era unos de los principales referentes del movimiento popular que en 2017 consiguió la prohibición de esta actividad extractiva en el país.Con los 5 ambientalistas encarcelados, la comunidad se movilizó para lograr su libertad, promoviendo campañas de solidaridad que tuvieron repercusión a nivel nacional e internacional, logrando que instancias y mecanismos internacionales de derechos humanos se pronunciaran. Muchas de las acciones estuvieron lideradas por defensoras de la comunidad, entre ellas las compañeras e hijas de los defensores criminalizados, quienes al adquirir una mayor visibilidad se vieron expuestas a distintas agresiones y a una mayor situación de riesgo, pues todo ello sucedía en el contexto de un régimen de excepción en cuyo marco se cometían todo tipo de arbitrariedades y vulneraciones a derechos. Así, en diciembre de 2023, un día después de hacerse pública una comunicación de la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU expresando su preocupación por la situación de los cinco ambientalistas, fue detenido arbitrariamente Manuel Gámez, hijo de Vidalina Morales, presidenta de ADES y una de las voces más visibles de la comunidad, reconocida internacionalmente por su lucha incansable en defensa del medio ambiente.Fruto del acompañamiento y la movilización para la solidaridad, en octubre de 2024 el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque declaró a los cinco ambientalistas inocentes de los cargos que se les imputaban y ordenó su libertad. Sin embargo, tan sólo un mes después, en noviembre, a petición de la FGR se invalidó el resultado del juicio y se decretó su repetición, violentando así uno de los principios básicos del debido proceso penal, el que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.Los hechos no tardaron en corroborar los temores iniciales y el 23 de diciembre, con los votos del partido de gobierno y sus aliados, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley General de Minería Metálica, revirtiendo la prohibición de esta actividad nociva para el medio ambiente, las comunidades y la población. A partir de entonces, las amenazas, actos de intimidación y vigilancia contra integrantes de la comunidad y ADES Santa Marta se intensificaron, mientras organizaciones y movimientos sociales de todo el país empezaban a movilizarse de nuevo para decir “No a la minería”. AGUA BLANCA SUR: La complicidad del Estado con los intereses privados para desalojar y despojar a las comunidades campesinas.La madrugada del 22 de enero de 2025, más de 100 agentes policiales irrumpieron sin orden judicial en un terreno recuperado por parte del Movimiento Independiente de Hombres y Mujeres sin Tierras en la comunidad Agua Blanca Sur, en El Progreso, Yoro, y desalojaron a más de 250 familias que vivían allí. Durante el desalojo, empleados de la Empresa Azucarera (AZUNOSA) agredieron y amenazaron, bajo resguardo de la policía, a campesinas y campesinos de la comunidad y utilizaron maquinaria pesada para destruir más de 300 manzanas de cultivos de maíz, frijoles y yuca que eran el sustento de estas familias. Unos meses antes, el 5 de junio de 2024, las familias de la comunidad de Agua Blanca Sur había vivido un desalojo de similares características, durante el cual la Policía golpeó y roció con gas pimienta a campesinos y campesinas, incluyendo a menores de edad, y con empleados de AZUNOSA usando maquinaria pesada para demoler sus pertenencias y destruir los cultivos.Las hostilidades contra los campesinos y campesinas de la comunidad de Agua Blanca Sur por parte de AZUNOSA y las instituciones policiales y judiciales del Estado hondureño comenzaron en 2023, después de que el Grupo Agua Blanca Sur, que está afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo regional Progreso, iniciara una recuperación de tierras. Sus integrantes empezaron a vivir hostigamiento por parte de elementos de la Policía Nacional que llegaban a los predios con amenazas de desalojo, sin orden judicial. También denunciaron la presencia de drones que sobrevolaban los predios. La mañana del 15 de noviembre de ese año, la Policía detuvo sin orden de captura a la defensora Maribel Díaz García, quien se encontraba en su casa, acusándola del delito de usurpación de tierras y trasladándola a las oficinas de la Dirección Policial de Investigación de El Progreso, donde al cabo de unas horas fue puesta en libertad bajo medidas cautelares. Un día después, la Policía Nacional y guardias de seguridad de la empresa AZUNOSA cumplieron con las amenazas y efectuaron el desalojo de los predios.El mes siguiente, el 4 de diciembre de 2023, fue detenida otra defensora del grupo campesino Agua Blanca Sur, Jensy Manzanares, bajo la acusación de “usurpación de tierras”. En ese momento ya eran ocho las campesinas criminalizadas. Pocos días más tarde, el 12 de diciembre, la Policía ejecutó un nuevo desalojo, el cual fue ordenado por el Juzgado de Letras regional El Progreso y notificado por la jueza Diana Núñez, quien sólo dio un plazo de treinta minutos a las familias para sacar sus pertenencias, plazo que no fue respetado pues las autoridades procedieron a ingresar maquinarias pesadas destruyendo todo, incluyendo quintales de maíz.Los desalojos violentos, ilegales y con la participación de empresas privadas que ejercen violencia con total impunidad vividos por los campesinos y campesinas de Agua Blanca Sur desde 2023 es un patrón en Honduras, que viven también las comunidades campesinas del Aguán y otros territorios, al igual que las comunidades lencas y garífunas. En todos ellos se hace evidente la instrumentalización de los marcos legales en beneficio de los poderosos para despojar y criminalizar a quienes defienden la tierra y los bienes comunes. |
