Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México. 29 de enero 2021.- En México el género es otra forma de exclusión para acceder a la justicia, si bien hay instituciones de primera instancia como ministerios públicos o juzgados, los criterios son totalmente sesgados, no acaban de entender la problemática de las mujeres como los prejuicios en torno a la autonomía de la mujer, las capacidades para demandar sus derechos, pero el más importante es la falta de asesoría jurídica.
La académica y abogada Ana Laura Magaloni Kerpel celebró lo que hacen organizaciones feministas como Equis Justicia que defiende a las mujeres y ponen al descubierto las historias increíbles que argumentan los jueces. Citó como ejemplo que en caso de divorcio o pensión alimenticia si la demandante tiene una pareja mujer ya no se puede.
En la conferencia magistral “Democracia y Derechos Humanos”, organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), Magaloni se refirió a la gran paradoja de nuestro país de contar con un marco constitucional de avanzada en materia de Derechos Humanos, la reforma al Artículo 1ero. constitucional de 2011, y al mismo tiempo, la mayoría de los mexicanos viven en contexto de exclusión y desigualdad.
Desde su perspectiva el primer paso es colocar la mirada en los barrios pobres, conflictivos y hacinados de las poblaciones urbanas, ahí donde prevalece la ausencia de Estado, “pues si nunca han tenido acceso pleno a servicios básicos menos a defensa legal y a la justicia”, acotó.
Preguntó cómo le hace una madre para demandar al padre la pensión para su hijo. Cómo le hacen para tener derecho a servicios públicos tan básicos como el agua, la recolección de basura, la policía, el transporte, el alumbrado, ya no se diga las clínicas de salud, chiquitas y medicinas, son muy malos, muy escasos.
Una buena parte de estos servicios es responsabilidad de las autoridades locales y municipales y sin embargo nuestra agenda de inclusión, nuestra agenda de derechos humanos casi siempre está concentrada en el ámbito federal.
En este contexto criticó que no se haya construido un aparato mínimo de defensorías públicas, fiscalías locales, juzgados cívicos, ni las primeras instancias que logren proteger a la población que hagan realidad lo que comandan los derechos humanos.
Al respecto, consideró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se podría transformar en una muy buena defensoría pública, porque el modelo actual está agotado.
Reflexionó también que sería bueno que los abogados al igual que los médicos que se capacitan en los hospitales públicos, en lugar de tesis, se iniciaran en los juzgados de forma gratuita.
También advirtió que la pandemia va a colapsar las brechas de desigualdad en el acceso a la justicia, pero que también en tiempos de crisis son los momentos de acción para la reconstrucción del país y del mundo
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