- Las elecciones se vieron empañadas por intimidación y graves violaciones de los derechos humanos
- Los partidos y candidatos de oposición enfrentaron restricciones indebidas de distinto tipo y persecución política
Redacción
SemMéxico, Ginebra, 23 de junio, 2025.- Los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación fueron severamente restringidos en muchos países durante el superciclo de elecciones que vivió el mundo en el lapso 2023-2025, de acuerdo con un informe presentado este miércoles 18 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Gina Romero, relatora especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica, afirmó en su informe al Consejo en esta ciudad suiza que “el ciclo electoral de 2023-2025 fue decisivo para la democracia y el espacio cívico a nivel mundial”.
Solo en 2024 “la mitad de la población del mundo eligió a sus representantes locales, nacionales e internacionales. Esto ocurrió en medio de una creciente tendencia mundial hacia el autoritarismo, el retroceso de la democracia y los ataques contra los derechos humanos”, indicó la experta, independiente y designada por el Consejo.
“En muchas jurisdicciones, las elecciones se vieron empañadas por intimidación y graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de la supresión generalizada de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, lo que afectó gravemente al derecho a participar en los asuntos públicos”, expuso Romero.
En el año 2023 decenas de países hicieron elecciones nacionales o federales, un centenar de naciones las efectuaron en 2024 -medios y analistas consideraron las de Estados Unidos como las más decisivas- y el ciclo continúa a lo largo de 2025.
Las libertades de reunión pacífica y asociación “son esenciales para unas elecciones transparentes, creíbles e inclusivas, que representen la libre voluntad de las personas, y para el sostenimiento de la democracia”, destacó la relatora.
Por el contrario, “los ataques o restricciones indebidas a estas libertades socavan la participación pública, la legitimidad electoral y la paz social”, indicó.
“Dado su papel crucial durante las elecciones, el umbral para imponer restricciones legítimas debería haber sido más alto de lo habitual, pero en la práctica estuvo por debajo del mínimo”, agregó.
El informe sostiene que el superciclo fue testigo de protestas generalizadas, ya que la gente denunció mala conducta electoral y buscó la participación política, pero las reuniones fueron severamente restringidas con limitantes, arrestos arbitrarios y fuerza excesiva, a veces letal, y el uso indebido de armas.
Los partidos y candidatos de oposición enfrentaron restricciones indebidas de distinto tipo y persecución política, incluyendo registros engorrosos, restricciones de financiamiento, descalificación y detención ilegal de candidatos y disoluciones.
“Un partido político no debe disolverse por expresar opiniones impopulares u ofensivas, por proponer reformas legislativas y abogar por cuestiones de interés público, o por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica”, afirma Romero.
También el papel de la sociedad civil -clave en la salvaguardia de la integridad electoral- fue estigmatizado, reprimido y criminalizado, incluso mediante legislación represiva. Los activistas de la sociedad civil sufrieron acoso, detenciones arbitrarias, tortura y asesinatos.
Los sistemas de justicia se utilizaron como arma para reprimir a la oposición, y los observadores electorales, reconocidos como defensores de los derechos humanos, también enfrentaron amenazas físicas y jurídicas.
En muchos países, se utilizaron leyes tipo sobre agentes extranjeros y contra el extremismo para impedir que la sociedad civil supervisara las elecciones, así como la legislación en materia de seguridad nacional.
El informe menciona que en casos como los de Costa de Marfil, Georgia, Hungría, Tanzania y Zimbabue, las elecciones fueron precedidas por leyes restrictivas sobre las organizaciones civiles y políticas.
En América Latina han avanzado legislaciones de ese tipo en países como El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela.
Romero también expresó su preocupación por la forma en que las tecnologías digitales, carentes de transparencia y supervisión, como el registro biométrico de votantes, el reconocimiento facial y el software espía, se utilizaron para reprimir, perseguir y reprimir a activistas y opositores políticos.
“Estos actos represivos crearon temor, limitaron severamente las libertades públicas y el pluralismo político y socavaron los procesos democráticos y el derecho al voto”, afirmó la relatora especial.
Por otra parte, hubo gobiernos recién elegidos que restringieron aún más el activismo cívico mediante restricciones de financiación y represión, estigmatización y criminalización.
En particular, el informe alerta de que la retórica del gobierno estadounidense que etiqueta a los organismos de ayuda, sus trabajadores y sus beneficiarios como “corruptos”, “criminales” y una “estafa”, alimenta una ola de estigmatización dañina, criminalización y persecución contra la sociedad civil y los movimientos sociales.
Por el contrario, los gobiernos “deben facilitar las libertades fundamentales antes, durante y después de las elecciones, fomentar la participación política inclusiva y tolerar las críticas”, afirmó Romero.
También deben garantizar el pluralismo; defender los derechos humanos de los actores de la sociedad civil, los observadores electorales y la oposición; derogar leyes represivas como la legislación sobre agentes extranjeros; y asegurar la rendición de cuentas y la reparación por cualquier violación, añadió.
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