Estado mexicano discrimina a las víctimas de violencia de género contra mujeres

• Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio señala que una víctima recibe 15 % de lo que se gastan en personas privadas de su libertad
• En Veracruz recibir “ayuda” significa papeleo, trámites y mucho tiempo en oficinas

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Xalapa, Ver., 14 de mayo, 2024.- En Veracruz una víctima de violencia machista, como seguramente ocurre en el resto del país, recibe apenas un 15 por ciento “de ayuda” económica, en comparación con lo que el Estado mexicano gasta en la manutención de una persona privada de su libertad por cometer un ilícito, esté o no sentenciada.

Carolina Ramírez y Graciela Luna, ambas integrantes de la Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio, afirman en entrevista para SemMéxico que su análisis surgió luego de la publicación de un artículo de la investigadora Elena Azaloa Garrido denominado Las cárceles en México hoy, en el que afirma que en promedio una persona privada de su libertad cuesta al Estado mexicano la cantidad de 209 mil 561 pesos al año.

Cuando vimos el artículo lo comentamos, dice Carolina Ramírez una de las fundadoras del Colectivo, sobreviviente de un ataque que casi le cuesta la vida a manos de su expareja, “porque nos llenó de indignación pensar en las migajas, aunado al papeleo que nuestras compañeras pasan para recibir esa ayuda” de manos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de esta entidad.

Explica que la suma lleva a considerar que cada mes el Estado mexicano gasta entonces más de 17 mil pesos, cifra que aumenta a casi 20 mil pesos en Veracruz, esto de acuerdo con información de la Secretaria de Seguridad Pública, añade Graciela Luna y por tanto las víctimas reciben apenas un 14 por ciento de la cantidad que se destina a personas que han cometido un delito en la entidad

Ramírez y Luna explican que la comparación muestra la realidad de las víctimas directas, indirectas y sobrevivientes de violencia misógina, la gran mayoría que sobreviven con secuelas físicas y emocionales, así como discapacitantes, porque hay una diametral diferencia, “los victimarios no tienen que enfrentar los problemas que las víctimas sí tenemos después de un episodio de violencia.

Las víctimas de algún delito que se encuentran en el Registro Estatal de Víctimas (Veracruz) y que pueden acceder a los apoyos otorgados por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, que incluyen: asesoría legal, psicológica y monetaria, tienen un tope máximo de cinco mil pesos mensuales, distribuidos en: abasto alimentario y desplazamiento. 

El problema no sólo se reduce a que se trata del 14 o 15 por ciento del total del dinero que destina a la manutención de personas privadas de su libertad, sino que enfrentamos otros problemas que van desde engorrosos trámites, papeleo y, por supuesto, que los cinco mil pesos solo se otorgan la mitad del año y muchas veces no se renueva al año siguiente.

Carolina Ramírez también sostiene que la mayoría de la población penitenciaria está conformada por hombres, muchos de ellos cometieron delitos contra mujeres como violencia familiar y tentativa de feminicidio.

Eso nos lleva a reflexionar sobre la situación en la que quedamos las víctimas, “mujeres de por sí vulneradas por un sistema misógino y machista, que al denunciar un delito perdemos incluso el trabajo, ya que buscar justicia legal no es compatible con tener un empleo formal, además de las vejaciones y la revictimización. Los victimarios, en cambio, comen y duermen, trabajen o no trabajen, revela Carolina Ramírez.

Graciela Luna también refiere que, como sobrevivientes de un delito machista, enfrentamos una situación de precarización derivado de la pérdida de nuestros empleos, sin acceso a servicios de salud de calidad, sin duda hay inequidad entre las víctimas y los víctimarios.

En un mundo ideal, los principios que rigen el funcionamiento de las instituciones dedicadas a impartir justicia: prontitud, completitud,imparcialidad, gratuidad, independencia y efectividad en sus fallos, no serían algo excepcional sino la regla.

Como lo dice la definición de víctima: hemos sufrido un daño inmerecido y ese estatus jurídico, nos permite exigir una justicia pronta, completa, imparcial, gratuita e independiente. Es decir, concluyen ambas, en el papel todo está muy bien, pero hay un abismo con la realidad.

SEM/sj