La Opinión| No hay disculpa frente a la aquiescencia

Angélica de la Peña
SemMéxico, Ciudad de México, 18 de mayo, 2026.- La presidenta invitó al grupo sudcoreano de K-pop BTS a Palacio Nacional y montó un show en el Zócalo para compartir con ellos un saludo desde una ventana, y días después se presentó en la grabación del grupo irlandés U2 quienes filmaron un video clip en el Centro Histórico; si fuese una mandataria normal en situaciones normales, estaría bien.

Sin embargo no podemos dejar de señalarle su insensibilidad, falta de decoro y diferencia diametral de tratos frente a las madres buscadoras quienes exigen ser escuchadas por ella desde que llegó a la Presidencia.

Las familias están desesperadas porque no saben qué pasó con sus hijas e hijos desaparecidos, porque no saben si la autoridad investiga; no funciona la instancia oficial de búsqueda efectiva; y desconocen cuál es el paradero o suerte de sus seres queridos.

Las familias tienen que hacer lo que la autoridad no hace: buscarles. Y son revictimizadas por una presidenta impávida: porque las desapariciones forzadas que se reclaman no solo datan desde Calderón, Peña y López Obrador: durante su gobierno van aproximadamente 17 mil personas desaparecidas, y ahí van niñas y niños. No se necesita mucha ciencia para sospechar que siendo México uno de los primeros países en producción de pornografía infantil, su desaparición está ligada a la trata de personas. La crisis de la desaparición forzada es sistemática y generalizada: el Estado no investiga, no sanciona y no repara.

Qué tipo de asesores tiene Sheinbaum que le montan esos espectáculos que pretenden mostrar una simpática señora, pero que en realidad se ve frívola e insulsa, impropia de una Jefa de Estado; y peor, con un país en su peor momento. No se recuerda a un presidente en una situación semejante en la historia contemporánea de México donde por primera vez un gobernador en funciones sea solicitada su extradición a un juzgado de NY por acusaciones de vinculación al narcotráfico, y con él un senador, y ocho funcionarios, todos de Sinaloa y de su partido Morena.

Pero esto apenas empieza porque se anuncian más imputaciones contra otros funcionarios como lo mencionó el director de la DEA, Terrence C. Cole, en una reunión de trabajo en el Senado de EU. Ahí dijo tener pleno conocimiento de que altos funcionarios mexicanos han estado “en la cama con los cárteles mexicanos durante años” y enfatiza que el caso de Rubén Rocha es apenas el principio.

Este asunto debería tener toda su atención en lugar de departir risueña con los BTS en su despacho.

En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado al gobierno mexicano en su reciente informe, que si bien la autoría de las desapariciones corresponde en gran medida al crimen organizado, “se documenta la connivencia entre el crimen organizado y autoridades encargadas de tareas de seguridad y de procuración de justicia, así como autoridades políticas”. Y es enfática al señalar que la responsabilidad del Estado frente a las desapariciones es ineludible y ningún gobierno puede excusarse frente a las graves violaciones a los derechos humanos.

La desaparición forzada se perpetra por agentes del estado, con su apoyo o su conocimiento, es decir por aquiescencia: lo saben y lo permiten. Consienten con su silencio e inacción. Esa es la connivencia referida por la CIDH. Es de esperarse que la presidenta acepte la ayuda que ofrecen los organismos multilaterales. Ojalá.

Defensora de derechos humanos